IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 15 de septiembre del año 2015, Iris Varela, jefa del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, indicó, en el marco del III Festival de la Voz Penitenciaria, que emprendería acciones legales en contra de la ONG “Una ventana a la libertad”, que tiene 17 años de actividad en el país, y a su coordinador general, Carlos Nieto Palma, por la denuncia reiterada de problemas de alimentación en los recintos penitenciarios en Venezuela.
Palma contó al equipo de IPYS Venezuela que hace aproximadamente un mes, la organización comenzó a denunciar la crisis alimentaria de las penitenciarías en el país. “Publicamos un video en youtube donde reos de Yare IIII (cárcel venezolana) cocinaban carne de gato para comer”, expresó el abogado.
“Resulta que yo por allí tengo un video, precisamente las personas que le entregaron el videíto a un señor de una tal ONG… Vamos a tomar acciones legales”, declaró Varela. Además aseguró no se podía permitir el hecho de que “sigan atacando un esfuerzo enorme que ha hecho el Ministerio para transformar la realidad penitenciaria que se vivía en el país”, concluyó.
(Del minuto 28: 37 al minuto 31)
“Nosotros no nos vamos a ir del país, ni nos vamos a esconder. Estamos listos para enfrentarnos a la justicia venezolana”, indicó Nieto. A pesar de Varela no ha realizado una denuncia formal, Nieto expresó que ha recibido numerosas amenazas a través de su cuenta en la red social Twitter, de cuentas anónimas, que él supone, están manejadas por personas cercanas al gobierno nacional.
Esta alerta a la libertad de expresión configura una declaración agraviante vinculada a una amenaza de acción legal con fines intimidatorios.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho que tienes los ciudadanos de expresar e informar libremente sus ideas u opiniones, a través de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.
Además, su artículo 9 señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. En base a este numeral, IPYS Venezuela rechaza las agresiones en contra de los periodistas afectados y exige al gobierno venezolano que investigue estos hechos, sancione a sus autores y asegure a las víctimas una reparación adecuada.
Al respecto, el 21 de septiembre de 2015, 12 organizaciones venezolanas emitieron un comunicado en el que rechazan firmemente la amenaza expresada por la ministra para el Servicio Penitenciario contra Nieto Palma, por considerarla un patrón criminalización y persecución contra defensores de DD HH.
A continuación, el comunicado:
