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Presidente de la República acusó a reporteros de “provocar violencia” en mercado popular

El 2 de noviembre de 2013, por el delito de “provocar violencia” acusó el Presidente de la República Nicolás Maduro a los reporteros del Diario 2001, periódico de gestión privada.  Sus declaraciones surgieron luego que el reportero gráfico Jorge Santos, y las reporteras Eliscartt Ramos y Dayana Escalona fuesen agredidos y detenidos de manera arbitraria cuando cubrían una jornada popular de venta de alimentos de la Feria Navideña de la red Mercal, impulsada por el gobierno nacional. Este incidente ocurrió en el Paseo Los Próceres, en las adyacencias de Fuerte Tiuna, instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en Caracas.

Durante una alocución oficial, el Presidente de la República afirmó que el Diario 2001 envió a un equipo de periodistas a “provocar violencia” durante la jornada popular de venta de alimentos en el Paseo Los Próceres. “Están en un estado de desesperación aguda”, argumentó Maduró.

En relación a la agenda mediática, Nicolás Maduro dijo: “Algunos titulares  (de la prensa privada) denotan severos problemas en el equilibrio emocional de los burgueses dueños de los medios de comunicación en Venezuela. Hay problemas graves que pasan del odio, de la revancha, del racismo, del desprecio al pueblo”. Llegan a niveles de “locura”.

El hecho

Desde las 12:30 pm hasta la 7:00 p.m, en la sede de la 35° Brigada de la Policía Militar,  estuvieron detenidos Eliscartt Ramos, Dayana  Escalona, y Jorge Santos, a quien además le diagnosticaron una lesión en la cervical producto de los golpes que le propinaron funcionarios, mientras realizaba su labor fotográfica.

El equipo reporteril acudió al sitio por una convocatoria enviada por el Ministerio de la Alimentación. Los periodistas pudieron evidenciar que el sitio también se encontraban reporteros de otros medios públicos y privados. Eliscartt Ramos, quien cubre la fuente de economía para el Diario 2001, dijo que ésta era una información de interés público, debido a que el mercado se realiza anualmente a propósito del inicio de la temporada navideña.

Los reporteros fueron agredidos por funcionarios militares cuando Santos tomaba fotografías de un conflicto cuando una multitud de personas que estaban en la fila se desesperó y empezaron a forcejean con los efectivos se seguridad.

De acuerdo al relato que presentaron los afectados a IPYS Venezuela, las personas tenían alrededor de 6 horas esperando para comprar los productos de la cesta de comida de Navidad a precios solidarios. Cuando en uno de los puestos del mercado apareció el pernil, ingrediente indispensable para preparar el plato navideño venezolano, los ciudadanos que se encontraban en las colas desesperaron. Comenzó una congestión y apareció el uso abusivo de la fuerza de los militares, quienes reprimieron a los presentes, como mecanismo para reestablecer el orden.

Santos relató a IPYS Venezuela que él tomó fotografías de esta situación. De inmediato, un funcionario militar se le lanzó encima, lo haló por la correa de su cámara fotográfica y le ordenó que se la entregara. El fotógrafo no accedió y en seguida otro efectivo de seguridad lo abordó y lo tomó bruscamente por el cuello. Fue rodeado por otros militares quienes le propinaron otros golpes y le dañaron sus anteojos. En medio de la agresión, Santos fue despojado de su cámara fotográfica.

El reportero gráfico explicó que los uniformados también rodearon a las reporteras que estaban en el sitio con él, quienes también fueron empujadas en medio de la situación.

Eliscartt Ramos describió que luego los funcionarios los conminaron a que los acompañaran porque estaban detenidos, por supuesta ofensa a la autoridad, a pesar de que no había ninguna orden judicial.  El equipo reporteril fue trasladado hasta la sede de la 35° Brigada de la Policía Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, zona militar. Allí permanecieron retenidos por 7 horas. Luego de la intercepción del representante legal del Diario 2001 y el apoyo jurídico de IPYS Venezuela los reporteros fueron dejados en libertad.

Ramos y Santos explicaron que durante esas horas, los policías del ejército los amenazaron en diversas oportunidades con iniciar  en su contra una investigación penal, bajo los estándares de la justicia militar. El amedrentamiento fue, principalmente, dirigido contra Ramos a quien lo intimidaban con imputarlo por supuesta “agresión al  centinela” y por la presunta violación a una zona militar.

Jorge Santos narró que a él lo querían presentar como victimario, alegando que había agredido a un funcionario militar.  Señaló que lo intimidaban diciéndole que debían esperar que llegara a la sede militar el funcionario que supuestamente había sido víctima de una agresión propiciada por él, situación que el reportero gráfico desmintió.

En varias oportunidades los reporteros preguntaron por la cámara que les había sido confiscada, y los funcionarios alegaban que ellos no tenían conocimiento del destino de la herramienta de trabajo. Ramos dijo que, incluso, uno de los militares alegó que desconocían a qué se estaba refiriendo el fotógrafo porque ellos entendían que él andaba sin cámara.

Al final de la tarde del 2 de noviembre informaron al periódico que la cámara había aparecido. Al momento de levantar esta información se desconocía el estado de los equipos.

Santos refirió que durante el tiempo de espera en la instalación militar, él pudo reconocer  a uno de los militares que lo estrujó por el cuello, a través de una fotografía que se encontraba en la sala. Dijo que era el general Carlos Enrique Yánez Figueredo.

Eliscartt explicó que durante la estadía en la instalación militar no fueron interrogados, que recibieron un trato respetuoso y no los despojaron de sus pertenencias. En ese lapso de tiempo, ella pudo redactar la información sobre su pauta periodística que fue publicada al día siguiente en la edición impresa del periódico, en la que también publicó una reseña sobre el incidente.

Luego de resolver el conflicto, Santos recibió asistencia médica, estuvo hospitalizado durante la noche y le diagnosticaron una lesión en la cervical.

Con el acompañamiento de IPYS Venezuela, el 2 de noviembre de 2013, los reporteros acudieron al Ministerio Público a denunciar esta situación y pidieron protección para su integridad.

Precedente

Sobre el Diario 2001 cursa una investigación legal por parte de la Fiscalía General de la República, luego que el Presidente de la República, Nicolás Maduro pidiera cárcel y el castigo más severo para los representantes de este medio. Esto ocurrió tras la publicación del titular “La gasolina la echan con gotero”, a propósito de un reportaje periodístico que se refería a irregularidades en la distribución de gasolina en estaciones de servicio de hidrocarburos en Caracas, de acuerdo a las denuncias presentadas por varios ciudadanos que sirvieron como fuente de información. Esta situación ocurrió el 10 de octubre de 2013, el mismo día que Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República ordenara el inicio de la investigación contra el medio por presuntamente “generar zozobra” y propiciar un supuesto “plan desestabilizador” contra el gobierno nacional. En el marco de esta acción, el 17 y 18 de octubre de 2013, fueron llamados a declarar en calidad de testigos Luz Mely Reyes, directora del Diario 2001; Omar Luis, subdirector; y Juan Ernesto Paez-Pumar, jefe de información de mismo diario.

Resulta preocupante el uso desmedido del poder por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra los equipos periodísticos. Las declaraciones del Presidente de la República en relación a este hecho configuran un aval de la impunidad de las violaciones a las libertades informativas. Asimismo, ee enmarcan en una actitud de criminalización los periodistas y medios privados, impulsada por altos funcionarios de los poderes públicos.

Éste caso es el número 229 que reporta IPYS Venezuela durante 2013. La mayoría de las agresiones registradas tienen como victimarios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

En el año, se contabilizan 28 casos de agresiones físicas;  28 ataques a las herramientas de trabajo, 9 detenciones arbitrarias, y 16 amenazas de acción legal.

 

 

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