IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 14 de octubre de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, Marco Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Humberto Prado (Observatorio Venezolano de Prisiones) Marino Alvarado de PROVEA, Ligia Bolívar (Centro de DD.HH de la UCAB) Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela, Carlos Correa de Espacio Público y Tinedo Guía presidente del Colegio Nacional de Periodistas, viajarán a Washington (EE. UU) con el fin de participar en el período de sesiones número 156 de la Comisión Interamericana de DD.HH, dónde denunciaran “supuestas” violaciones de Derechos Humanos.
En la sección “Los mazazos” de su programa semanal, Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal, Venezolana de Televisión, Cabello leyó un mensaje en el que el informante anónimo “Patriota avioncito” indicó: “el guión ya se encuentra elaborado”. Pues opina que es muy probable que el día 19 de octubre del año en curso, tras el evento, los defensores expongan supuestas violaciones de DD.HH en el país, y hablen sobre el hostigamiento de “patriotas cooperantes ” a defensores y activistas.
Cabe recordar que el primero de octubre de 2015 Marino Alvarado, defensor y activista de PROVEA, fue secuestrado, golpeado y robado en su lugar de residencia en presencia de su hijo de nueve años de edad. Esto tras ser tildado de mentiroso por Diosdado Cabello en dicho programa, y de hacer referencia de manera negativa a supuestos viajes al extranjero, en sucesivas ocasiones.
Así, patriota “Casabe rojo”, informante anónimo, acusó a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, de poseer una tarifa en dólares para el cobro de los servicios de su organización. Además, Cabello indicó que Romero discrimina entre los ciudadanos al momento de dar este servicio. Esto en referencia a la publicación de una serie de Tweets en los que Romero indicaba que si el ciudadano Tareck William Saab, Defensor del Pueblo Venezolano, consideraba que habían sido violados sus derechos al ser detenido e interrogado por autoridades mexicanas que no le permitieron el ingreso al país por una alerta nivel 1 emitida por la policía internacional, este podría denunciar la situación ante la organización que preside, sin discriminación alguna.
Estas declaraciones configuran una violación a la libertad de expresión ya que se hace un uso abusivo del poder y los recursos del Estado para intimidar a defensores y activistas de derechos humanos en el país.
