IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 9 de junio del 2015, el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, PROVEA, publicó un informe titulado: “Informe Anual DDHH: Exclusión y autoritarismo caracterizaron gestión gubernamental en 2014”, donde señala entre otras informaciones que diversos entes gubernamentales como el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, o los diversos ministerios no han publicado las cifras actuales de pobreza, inflación, boletines epidemiológicos o Memorias y Cuentas.
Aunque Inti Rodríguez, coordinador de comunicaciones de PROVEA, indicó que efectivamente no se envió una carta de solicitud de información o entrevista a estos entes gubernamentales para la realización de este estudio, explicó a IPYS Venezuela que la publicación oportuna de estas cifras es una obligación constitucional del estado y así lo entiende la organización.
Entre las diversas denuncias que se hacen en el Informe PROVEA 2014, cabe resaltar que el INE no publica las cifras de escasez, inflación y pobreza desde el mes de febrero de 2014; El Ministerio del Poder Popular para la salud dejó de publicar la información correspondiente a los boletines epidemiológicos, desde el mes de octubre de 2014. Lo mismo ocurre con la Memoria y Cuenta de diversos ministerios que son publicadas extra temporalmente, dificultando así la contraloría social. Es importante resaltar que de acuerdo a lo dicho por Rodríguez, estas estadísticas existen, sin embargo, se mantienen como información de consumo interno. Por tanto, es posible conseguir información, como las memorias y cuentas, a través de “terceros”, dijo el coordinador.
“El INE y el BCV, siempre han sido muy puntuales con la publicación de cifras oficiales, hasta que comenzó a aumentar la pobreza, la inflación…”, indicó Inti Rodríguez. En este sentido, expresó su preocupación pues debido a esta deformación del sistema, la contraloría social se ha visto afectada gravemente pues es muy difícil acceder y empoderarse de la información pública, y así poder conocer en qué se invierte el dinero del gasto público o si realmente se está haciendo avances en la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.
Este hecho se enmarca en una limitación de acceso a la documentación de interés público.
