IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 21 de mayo de 2013, funcionarios de prensa negaron, nuevamente, el acceso al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nación, a Maru Morales, reportera de la fuente parlamentaria de El Nacional, diario privado de circulación nacional. La reportera informó que pudo observar que periodistas de otros medios privados y públicos no tuvieron inconvenientes para ingresar a cubrir la sesión. También, el 22 de mayo, Morales no pudo realizar su labor informativa en la sede administrativa del poder legislativo.
De manera reiterada se le ha limitado el acceso de la prensa a esta institución pública. La semana pasada el director de prensa del parlamento, Ricardo Durán descalificó a Morales.
Razones personales
El 21 de mayo, Maru Morales asistió a la sede de la Asamblea Nacional para cubrir la consignación de una propuesta de reforma de la Ley de Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que presentó la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, actividad a la que fueron convocados los medios de comunicación.
“La mayoría de mis colegas reporteros de otros medios públicos y privados había ingresado escasos minutos antes de mi sin ningún problema. Sin embargo, cuando me identifiqué con el personal de seguridad por mi nombre y medio de comunicación para el cual trabajo, el funcionario de seguridad Alexis Lozano me pidió que le entregara mi credencial para el proceso de renovación”, denunció la reportera ante el Colegio Nacional de Periodistas, información que envío a IPYS Venezuela.
“La petición me sonó rara porque el proceso de acreditación no ha comenzado, y tiene un retraso de 5 meses”. Reporteros de la fuente han denunciado a IPYS Venezuela que los credenciales para permitir el acceso de la prensa a la Asamblea Nacional se vencieron en el mes de enero y no se ha realizado un nuevo proceso para su renovación.
Ante esta situación, Morales llamó a una trabajadora de prensa del parlamento que estaba cerca de la puerta de acceso y le explicó la limitación para su acceso. La funcionaria le respondió que tenían la orden de no permitir el ingreso de Morales a las instalaciones del poder legislativo y que si el periódico deseaba podría solicitar la acreditación de otro periodista, pero que ella no podía ingresar.
“Le pregunté por qué y quién había dado la orden y (la funcionaria) me respondió que no sabía por qué y que si quería saber más detalles me comunicara con Ricardo Durán, director de Comunicación de la AN”, describió la periodista.
Morales contó que le solicitó tanto al efectivo de seguridad como a la representante del departamento de prensa que le mostraran el oficio que contenía la decisión que limitaba su acceso como periodista al parlamento, sin embargo le respondieron que ésta era una orden verbal, y que no había ninguna decisión por escrito. “Pregunté si había restricción similar a otros periodistas y me indicaron que no”, comentó.
“Reporté el incidente a varios diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que en el transcurso del rato fueron llegando: María León, presidenta de la Comisión de Familia y defensora de los derechos de la Mujer; Pedro Carreño, jefe de la fracción y presidente de la Comisión de Contraloría; William Ojeda periodista; entre otros”.
Morales permaneció dos horas en la sede parlamentaria. Funcionarios de seguridad, cerca del mediodía le informaron que el director de prensa, quien le podía explicar qué estaba sucediendo, iba en camino. La periodistas esperó un rato, y en ese tiempo Durán no llegó.
De acuerdo al escrito que envió Morales a IPYS Venezuela, su jefa y coordinadora de Política de El Nacional Ronna Rizquez, se comunicó vía telefónica con Ricardo Durán. El funcionario “le manifestó que la decisión de no dejarme entrar a la AN fue personal aunque consultada (no aclaró con quién la consultó) y que estaba motivada en la nota que publiqué el pasado 7 de mayo en la página web de El Nacional donde daba cuenta de las nuevas restricciones que a partir de ese día aplicarían para la cobertura de la fuente parlamentaria, principalmente en la sede administrativa ubicada en la torre José María Vargas, esquina de Pajaritos” (http://m.el-nacional.com/nota/185981492.html).
Ese mismo día, el director de Prensa de la Asamblea Nacional desmintió la nota escrita por la periodista. Además, calificó a Maru Moralescomo “operadora política de la oposición”, en una nota de prensa difundida en la web del ente parlamentario y otros medios del Estado. Crítico la labor periodística de Morales y dijo que ella se dedicaba a entorpecer el trabajo del equipo de prensa del parlamento (http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/1978).
El 22 de mayo, Maru Morales asistió a una reunión entre diputados de la subcomisión de medios de la Asamblea Nacional y representantes del Colegio Nacional de Periodistas. Asistió como miembro agremiada de esta organización profesional. Allí no tuvo ningún inconveniente al momento de su ingreso. Sin embargo, al salir de la reunión, la reportera intentó cubrir las reuniones de otras comisiones que se realizaban en la sede administrativa del parlamento, pero funcionarios le ordenaron que se retirara, informó Morales en su cuenta en Twitter@morapin.
“Esta situación representa una violación de derechos consagrados en la Constitución, en la Ley de Ejercicio del Periodismo, en la Ley sobre el derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en la Ley contra la Discriminación y otros instrumentos aprobados por el Poder Legislativo venezolano, entre ellos: derecho al libre acceso a la información pública, derecho a la libertad de expresión, derecho al trabajo, derecho al trato igualitario y no discriminatorio”, explicó Maru Morales.
IPYS Venezuela rechaza estas acciones emprendidas personalmente contra Maru Morales, debido que configuran un uso abusivo del poder estatal. Además, dificultan el ejercicio periodístico y tienen una repercusión en la ciudadanía, ya que se restringe el derecho a recibir información pertinente y oportuna sobre la actividad legislativa.
Etiquetas: limitaciones arbitrarias a la cobertura de asuntos públicos, uso abusivo del poder estatal, censura previa
___________________________________________________________________________
Lea la versión en inglés
Caracas: reporter vetted at the parliament
On May 21, 2013, press officials once again denied access to Maru Morales, parliamentary source report of El Nacional -a private newspaper that circulates nationwide- into the legislative federal palace, headquarters of the national assembly. The reporter informed that she was able to observe that journalists from other private and public media had no problem entering and covering the session. Also, on May 22, Morales was unable to do her job of informing at the legislative power administrative headquarters.
The press has been repeatedly been limited access to this public institution. Last week Ricardo Durán, the parliament´s press director, disqualified Morales´ work.
Personal reasons
On May 21, Maru Morales went to the headquarters of the national assembly to cover the filing of an amendment proposal to the Law on Women´s Right to a Life Free from Violence, by the attorney general of the republic Luisa Ortega Díaz, an activity to which the media were called.
“The majority of my colleagues, reporters from other public and private media, had gone in scarce minutes before me without any problem. However, when I identified myself to the security staff with my name and media I work for, security official Alexis Lozano asked me to hand in my credential to renew it”, the reporter denounced at the National College of Journalists, information she also sent to IPYS Venezuela.
“This petition sounded weird to me because the accreditation renewal process has not begun, and is already delayed by 5 months”. Source reporters have denounced at IPYS Venezuela that the credentials to permit access by the press to the national assembly ran out in January and the renewal process has not been started.
In light of this situation, Morales called a parliament press employee who was nearby the access door and explained the limitations she was facing to entering the place. The female official responded that they had an order not to allow Morales to enter the legislative power offices and that if the newspaper wished, they could request the accreditation of another journalist, but she could not enter.
“I asked why and who had given the order and (the female official) responded that she did not know why and that if I wanted to know more details I should contact Ricardo Durán, the NA´s communications director”, the journalist described.
Morales recounted that she asked the security officer and the press department representative to show her the document containing the decision to limit her access as a journalist into parliament and they responded that it was a verbal order, and there was no decision in writing. “I asked if there was a similar restriction on other journalists and they said no”, she commented.
“I reported the incident to several congressmen of the Partido Socialista Unido de Venezuela which were arriving during this event: María León, chairwoman of the Family commission and women´s rights spokesperson; Pedro Carreño, head of the fraction and chairman of the comptrollership commission and William Ojeda, journalist, among others”.
Morales remained for two hours at the parliamentary offices. Security officials, close to midday informed her that the press director, who could explain to her what was going on, was on his way. The journalist waited for a while and during that period of time Durán did not arrive.
Based on the writ sent by Morales to IPYS Venezuela, Ronna Rizquez, her boss and politics coordinator at El Nacional, communicated by phone with Ricardo Durán. The official “told her that the decision not to let me into the NA was personal although it was consulted (he did not clarify who he consulted with) and the reason was the note I published last May 7 on the web page of El Nacional where I mentioned the new restrictions to be applied as of that date to cover the parliamentary source, principally at the administrative offices located in José María Vargas tower, in the corner of Pajaritos” (http://m.el-nacional.com/nota/185981492.html).
That same day, the press director of the national assembly denied the note written by the journalist. He also called Maru Morales an “opposition political operator” in a press note aired at the web page of the parliamentary entity and other state-owned media. He criticized the journalistic work of Morales and said that she was dedicated to hinder the team work of the parliament´s press team (http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/1978).
On May 22, Maru Morales attended a meeting among congressmen of the national assembly´s media sub-committee and representatives of the National College of Journalists. She attended as a syndicated member of that professional organization. She had no inconveniences when entering the premises. However, when exiting the meeting, the reporter attempted to cover the meetings of other committees which were taking place at the parliament´s administrative offices, but officials ordered her to leave, Morales informed in her Twitter account @morapin.
“This situation represents a breach of right consecrated in the constitution, in the Law on the Exercise of Journalism, in the Law on Women´s Right to a Life Free from Violence, in the Law against Discrimination and other instruments approved by the Venezuelan legislative power, including: the right to free access to public information, the right to freedom of expression, the right to work and the right to fair, non-discriminatory and equal treatment”, Maru Morales explained.
IPYS Venezuela rejects these personal actions taken against Maru Morales, since they are an abusive use of the state´s power. They also hinder journalistic work and have a repercussion on the citizens, since it restricts their right to pertinent and timely information on legislative activities.
Labels: arbitrary limitations to covering public affairs, abusive use of the state´s power, censorship before the fact
