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El 16 de enero de 2013, la planta privada Globovisión presentó ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente encargado de regular el espectro radioeléctrico en el país, un “escrito de oposición” ante el procedimiento administratorio sancionatorio abierto por este ente público contra este medio de comunicación, el 9 de enero de 2013, por presuntamente incitar al “desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas”, y generar “zozobra”, y “alteraciones del orden público” (/alerta?id=3245&y=2013&m=01 ).
La investigación se inició contra la planta televisiva por la difusión de 4 micros audiovisuales referentes al artículo 231 de la Constitución Nacional, y comparaciones de declaraciones de autoridades del Estado Venezolano, relacionados al inicio de un nuevo período constitucional y el acto de juramentación del primer mandatario. Este hecho se enmarca en un contexto nacional, en el que el Presidente de la República, se encuentra en un proceso de recuperación que ha sido “complejo y difícil”, según voceros oficiales; lo cual le impidió asistir al acto de juramentación, ante la Asamblea Nacional, de su nuevo período constitucional tras resultar reelecto en las elecciones presidenciales celebradas el 7 de octubre de 2012.
En el escrito que presentó a Conatel, la televisora “denunció que la medida cautelar incurre en evidente censura previa, obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones sobre un asunto de relevancia constitucional, y por lo tanto restringe de manera injustificada, desproporcionada e ilegítima la libertad de expresión, y limita el efectivo desarrollo del proceso democrático” ( http://globovision.com/articulo/globovision-presenta-ante-conatel-su-oposicion-a-la-medida-que-prohibio-difusion-de-micros).
El documento estipuló que en la acción administrativa de Conatel “no explica cómo los micros podrían incitar a lo señalado, ni aporta algún indicio serio de que haya en Venezuela alguna manifestación de odio, intolerancia, alteraciones del orden público o desconocimiento de las autoridades, provocada por la difusión de los micros. El acto se basa en una simple presunción individual del funcionario, meramente subjetiva, que no está respaldada por evidencia alguna de que en Venezuela hay o podría haber alguna manifestación de lo señalado”.
De igual manera, Globovisión exigió al ente regulador que revoque “la medida cautelar, restituya el derecho a difundir y recibir informaciones y opiniones sobre la interpretación del artículo 231 Constitucional, y permita la libre circulación de información, ideas y opiniones sobre este asunto”.
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