IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Entre el 7 y 8 de marzo de 2016, la reportera de El Pitazo y la Televisora del Táchira, Lorena Bornacelly, fue señalada por cuentas anónimas que respaldan acciones de protestas en el estado Táchira, al suroeste del país. Por segundo día consecutivo, Bornacelly fue expuesta a través de la red social Twitter.
Desde la cuenta @sorocaima1515 se indicó a los usuarios @marupita y @Sororita que debían reportar a la comunicadora por ser “sapa” y mostraban la imagen de la bio (pequeño campo de texto con la descripción personal o laboral del usuario) de Lorena Bornacelly.
Esto generó una serie de insultos a la periodista de cuentas afines.
Desde la noche anterior, Bornacelly se encontraba reseñando las protestas que se han registrado en los municipios San Cristóbal y Cárdenas.
En el transcurso del último año, IPYS Venezuela registró dos casos en los que funcionarios policiales y militares impidieron a la periodista cumplir con sus funciones informativas en la capital andina.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una ciberagresión con fines intimidatorios.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho que tienen los ciudadanos de expresar e informar libremente sus ideas u opiniones, a través de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.
Además, su numeral 9 señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. En base a este numeral, IPYS Venezuela rechaza las agresiones en contra de los periodistas afectados y exige al gobierno venezolano que investigue estos hechos, sancione a sus autores y asegure a las víctimas una reparación adecuada.
