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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que Venezuela cierre el año con un decrecimiento en su actividad económica de 8%. Según los datos de este organismo, mientras Venezuela es el país con el peor rendimiento económico en el año, América Latina crecerá en 2,2%, su tasa más alta desde 2013
Daniela Alvarado/ Equipo de IPYS Venezuela
Venezuela atraviesa una crisis económica profunda de acuerdo a los análisis del Fondo Monetario Internacional, organismo que ha estimado una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y una recesión económica, así como una inflación que podría escalar a 1400% según cálculos de la firma Ecoanalítica.
Este escenario se desarrolla en un marco de opacidad y oscurantismo de los indicadores macroeconómicos. Los estándares internacionales de Mercosur, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos coinciden en que la difusión de las estadísticas oficiales son necesarias para la salud de las economías nacionales. Estos organismos consideran que los Estados deben permitir el acceso y difusión de los datos estadísticos oficiales y las naciones están en la obligación de rendir cuenta a nivel económico.
Por órdenes oficiales ha prevalecido un fenómeno que va en contra del derecho fundamental del acceso a la información, contemplado en la Constitución Nacional: la opacidad en materia económica
En los últimos cuatro años estos estándares internacionales se han desconocido en Venezuela, pues por órdenes oficiales ha prevalecido un fenómeno que incluso va en contra del derecho fundamental del acceso a la información, contemplado en la Constitución Nacional: la opacidad en materia económica.
El economista venezolano José Manuel Puente declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo al Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo. La gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública, que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse, señaló Puente.
De acuerdo al artículo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una prioridad garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. También se destaca la necesidad de que los Estados aprovechen “las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible” y “apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo”.
La Carta Democrática Interamericana, por su parte, señala en su artículo 4 que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa
Estos principios se han desconocido en Venezuela. Un ejemplo de ello, ocurrió el viernes 3 de noviembre del 2017, cuando el Fondo Monetario Internacional afirmó que el gobierno venezolano incumplió las normas de entrega de información de los datos económicos para permitir el control de su evolución macroeconómica en el organismo multilateral. La declaración fue hecha pública un día después de que el gobierno anunciara su intención de reestructurar la deuda externa.
La declaración del FMI fue publicada un día después de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara la creación de una comisión presidencial para reestructurar y refinanciar la deuda externa venezolana, después de pagar el tramo de deuda de 1.121 millones de dólares que tenía previsto Pdvsa, principal empresa petrolera del Estado, por los bonos 2017.
El FMI espera que esta decisión exhorte a las autoridades venezolanas a volver a comprometerse con el Fondo mediante la provisión de datos de manera oportuna y regular.
Datos ocultos
Instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no entregan cifras imprescindibles para el análisis económico. En el marco normativo nacional el artículo 319 de la Constitución reza que el BCV deberá difundir informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas. El Artículo 7 numeral 13 de la Ley del Banco Central de Venezuela establece que esta institución tiene entre sus deberes “acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y de balanza de pagos.
El artículo 31 de la Ley del BCV señala que la gestión del BCV se guiará por el principio de transparencia, con base al cual “debe mantener informado de manera oportuna y confiable al Ejecutivo Nacional y demás instancias del Estado, a los agentes económicos públicos y privados, nacionales y extranjeros y a la población acerca de Ia ejecución de sus políticas, Ias decisiones y acuerdos de su Directorio, los informes, publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas pertinentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, que permitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana”.
De acuerdo a una investigación que desarrolló -en la Universidad Católica Andrés Bello- Mariengracia Chirinos, periodista y directora de libertades informativas de IPYS Venezuela, desde el 2013 el Banco Central de Venezuela comenzó a presentar retrasos en la divulgación de sus balances sobre el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y el desabastecimiento, comprometiendo el deber constitucional y su objetivo fundamental de garantizar la estabilidad de los precios y preservar el valor de la moneda. Los informes se publicaban con irregularidad hasta que desaparecieron los informes mensuales de inflación, hasta que se dejaron de difundir los datos anuales que dan cuenta de esta materia.
A estas actuaciones de opacidad se suman decisiones judiciales. El 4 de agosto de 2015 el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la demanda por abstención o carencia —recurso que tienen los ciudadanos para protegerse cuando funcionarios públicos actúan de forma arbitraria, y no cumplen con sus obligaciones— contra el presidente del BCV, Nelson Merentes, interpuesta el 14 de julio de ese mismo año por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela por incumplir la rendición de cuentas de las cifras macroeconómicas sobre la economía venezolana.
Chirinos reveló que de estas omisiones estadísticas destacan los informes mensuales y anuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) —documento que permite calcular la inflación en Venezuela y analizar el comportamiento del mercado nacional— del que solo se conocen las cifras hasta el 2015, siendo estas últimas publicadas en febrero de 2016, año del que no se ha hecho ninguna publicación oficial. Al no difundir los datos correspondientes a la escasez e inflación el BCV incumple las normas que regulan el INPC en Venezuela, publicadas el 3 de abril de 2008 en la Gaceta Oficial Nº 38.902.
Anabella Abadi, economista y analista de políticas públicas, señaló a IPYS Venezuela que la falta de acceso y difusión de la información estadística oficial limita, de manera radical, la toma de decisiones del sector privado. “Depender de información extraoficial y/o de estimados de privados hace que las personas y empresas usen cifras diferentes, llevándolos a interpretar el entorno de manera poco acertada, lo que en ocasiones atenta contra su sostenibilidad” explicó Abadi.
Sobre los motivos para que las autoridades venezolanas no proporcionen información actualizada sobre estos indicadores económicos fundamentales, la economista venezolana reflexionó: “Si suponemos que la Administración Pública Central maneja la información estadística oficial, entonces la falta de políticas públicas acertadas parecen demostrar que las decisiones se basan en razones políticas y no técnicas. Por tanto, la falta de difusión de cifras oficiales evita que los ciudadanos puedan hacer contraloría al accionar del Gobierno Central”.
En diciembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal para el 2017, aunque esta competencia de acuerdo a la constitución es de la Asamblea Nacional.
Para el año 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció que el presupuesto para el presente año estaría valorado en Bs 8.479.301.000.000. La cifra fue calculada a un costo del barril de petróleo de 30 dólares, y 76% del mismo será destinado para misiones y grandes misiones. Este presupuesto quintuplicó al de 2016, contemplado en Bs 1.548.574.000.000 y aprobado por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, en octubre de 2015.
Analistas económicos rechazaron que le hayan conculcado las facultades de aprobación el presupuesto nacional al parlamento. El artículo 313 de la Constitución Nacional vigente establece: “La administración económica y financiera del Estado, se regirá por el presupuesto aprobado anualmente por la Ley”, por lo tanto, el Ejecutivo nacional tiene la obligación de presentar el presupuesto de la nación ante el Parlamento.
Ninguna de estas leyes ha sido entregada ante la Asamblea Nacional. El 13 de octubre del 2017 el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) —junta conformada únicamente por oficialistas—. Por segundo año consecutivo el presupuesto de la nación no fue entregado a la Asamblea Nacional para su aprobación.
José Manuel Puente explicó que, en la medida en que el desempeño macroeconómico de Venezuela ha ido empeorando durante estos cuatro años de recesión económica, se ha registrado un aumento sistemático de la inflación y del desabastecimiento. “Ante la incapacidad de generar una política económica coherente la solución mágica que consigue la Revolución es simplemente ocultar las cifras, creyendo que eso desaparecerá los problemas que afectan a los venezolanos”, dijo el economista.
Incumplimiento de acuerdos
El Directorio Ejecutivo del FMI en Washington, indicó que Venezuela no ha cumplido su obligación de proporcionar, dentro del plazo requerido, “ciertos datos sobre las operaciones del instituto de seguridad social y sobre las exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen”. La institución también dio a conocer que se reunirá dentro de seis meses para considerar el avance en la implementación.
“Proporcionar estos datos, además de otros indicadores económicos clave, es una obligación de todos los miembros del Fondo para permitir el monitoreo efectivo de la evolución macroeconómica en cada país”, así como sus efectos en otros, aseguró el Fondo. Venezuela lleva más de diez años sin someterse a la evaluación económica anual del FMI a través del llamado Artículo IV, mediante el cual dicho organismo mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros todos los años.
José Manuel Puente indicó que los recursos públicos pertenecen a todos los venezolanos, y es un derecho tener acceso a los datos económicos que den cuenta de los gastos que efectúa la población. “En las democracias más modernas los ciudadanos cumplen una labor muy importante de contraloría para mejorar las políticas económicas y garantizar su correcta implementación. De manera que sin datos públicos abiertos la contraloría social no existe y por ende tampoco la democracia. Es por eso que los países más opacos en materia económica y fiscal tienden a ser los más corruptos”, declaró Puente.
