jueves , mayo 16 2024

Luis Carlos Díaz tiene libertad condicional y medidas de censura

Infografía Alimié Torres Martínez

Gracias mil. El juicio sigue su curso y no puedo dar declaraciones evidentemente. Tengo mil historias, pero por ahora no podemos decir nada”. Estas fueron las palabras que pudo dirigir Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de derechos humanos y ciberactivista venezolano a sus familiares los primeros minutos de su libertad condicional luego de haber sido llevado a juicio en el Tribunal 31 de Control en el Palacio de Justicia de Caracas.

“Viva el periodismo venezolano, los infociudadanos venezolanos”, dijo a las 11 y 10 de la noche, en las afueras de El Helicoide, a su salida del centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estuvo recluido entre el 11 y el 12 de marzo y también presentado en instancias judiciales.

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Luego de 30 horas encarcelado, Luis Carlos Díaz salió en libertad pero con restricciones que le prohíben dar declaraciones a los medios sobre su caso, salir del país libremente, participar en manifestaciones públicas, y tendrá que presentarse cada ocho días en tribunales, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), organizaciones que forman parte de la defensa judicial del periodista. Le imputaron el delito de instigación pública, según lo establecido en el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal, que puede implicar una pena de hasta seis años.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, y organizaciones como IPYS Venezuela y Espacio Público, exigen condiciones de libertad plena para Luis Carlos Díaz, conductor radiofónico del Circuito Unión Radio y uno de los ciberactivistas con mayor influencia en Venezuela. Luis Carlos Díaz tiene más de 14 años de experiencia como infociudadano y se ha destacado por su trabajo de capacitación en favor de los derechos digitales.

Naky Soto, periodista y esposa de Díaz, contó a los medios que el periodista fue torturado en el momento de su detención arbitraria. Lo golpearon con un casco cuando lo interceptaron por la zona de Country Club en Caracas, mientras manejaba bicicleta, cerca de las cinco y media de la tarde. 

Durante 26 horas, se desconoció el paradero del ciberactivista pues los cuerpos de seguridad no ofrecieron información sobre los motivos ni el lugar de detención. Su esposa solo supo de él a las 2:15 de la mañana, cuando funcionarios llevaron a Díaz a su residencia y practicaron un allanamiento en el que le confiscaron teléfonos, computadoras y memorias extraíbles, que eran los equipos de trabajo activos y en desuso que tenía en su vivienda. Voceros de Provea contaron que los funcionarios llevaron una orden judicial y trasladaron a dos vigilantes del edificio que fungieron como testigos.

Naky Soto, quien tiene una condición oncológica, narró que los funcionarios que llegaron a su casa también la amenazaron y le dijeron que no hiciera mucho ruido con este caso por ella también era “sujeto de aprehensión” porque trabaja con su esposo. Díaz le pudo contar a su esposa que al momento de su detención los funcionarios le dijeron que ella también estaba detenida y que se encontraba en el Hospital Militar. Soto aseguró que amenazaron a su esposo con llevar un cadáver hasta su casa para hacerlos responsables de un supuesto asesinato.

Estas prácticas pueden ser consideradas como mecanismos de tortura física y psicológica según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 1 determina como una violación a los derechos humanos los abusos físicos y psicológicos que se utilicen durante una detención como medida de castigo, intimidación o coacción.

Por este caso se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, organismo que tenía una delegación en Caracas para el momento. También se pronunció la presidenta de esta instancia, Michelle Bachelete. Amnistía Internacional declaró que Luis Carlos Díaz era un preso de conciencia y se unió al clamor de su liberación plena.

Juicio de castigo

Entre las dos de la mañana y las seis de la tarde se desconoció el lugar de detención de Luis Carlos Díaz. Pasadas las seis y media de la tarde, Vladimir Villegas informó en Actualidad 90.3 FM, en una transmisión en vivo, que una fuente oficial le acababa de notificar que el periodista había sido había recibido libertad plena. Así también lo anunció de inmediato la emisora, en un avance informativo. La información resultó ser falsa.

Sus abogados y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se trasladaron hasta el Palacio de Justicia, y a las 7:10 de la noche constataron que habían habilitado una audiencia. El proceso comenzó media hora después y denunciaron que le quisieron imponer una defensa pública a pesar de que el periodista ya contaba con abogados. La sesión culminó a las 9:50 p.m. De los tribunales, ubicados en el centro de Caracas, lo trasladaron hacia la sede del Sebin y fue excarcelado pasadas las 11 de la noche.

Acusaciones oficiales

Cuatro horas después de la detención de Luis Carlos Díaz, Nicolás Maduro, en cadena nacional de obligatoria transmisión en el espectro radioeléctrico nacional, dijo que había dos personas detenidas por el sabotaje eléctrico, pero no precisó quiénes eran.

Cerca de las 7 de la noche del día siguiente, Maduro dijo que había conformado una comisión especial para investigar los ataques cibernéticos y aseguró que las fallas a las telecomunicaciones que afectaron a todo el país era supuestamente un hecho provocado junto con las fallas eléctricas, y que esto debía rechazarse.

Díaz fue excarcelado y queda con una causa judicial abierta por acusaciones falsas en su contra. El 8 de marzo de 2019, desde la cuenta en Twitter de Con el mazo dando, que es el programa que dirige Diosdado Cabello, el segundo a bordo del oficialismo en Venezuela, acusaron a Luis Carlos Díaz de ser parte un “operativo blackout” y ser un “influencer fascistoide”, responsabilizándolo de ser parte de un plan cibernético que afectó todo el territorio nacional.

Estas acusaciones con información tergiversada también fueron dirigidas en contra del periodista Nelson Bocaranda y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó,  juramentado presidente encargado.

En días anteriores el ciberactivista Luis Carlos Díaz grabó un video que se hizo viral, en el que le explicaba a los ciudadanos cómo informar, registrar y difundir en un escenario del colapso de las telecomunicaciones en Venezuela. Su mensaje fue desvirtuado y se utilizó para dirigir mensajes agraviantes en su contra.

Un tuit del psicólogo @felixfarias01 Félix Farías presenta el video original de la entrevista que se manipuló para la elaboración del kake que se publicó en “Con el mazo dando” @ConElMazoDando.

Apoyo en redes

A la mañana siguiente de su liberación, Luis Carlos Díaz envió un mensaje por Twitter desde la cuenta de su esposa: “Entenderán que: Medidas cautelares no es lo mismo que libertad plena. No puedo hablar del tema. No tengo acceso a los equipos con los que trabajaba: fueron incautados. Las redes fueron fundamentales en esto. La mejor manera que tengo de agradecer tanto apoyo es seguir trabajando”.

Front Line Defenders instó a las autoridades en Venezuela a: liberar de forma inmediata e incondicional a Luis Carlos Díaz; tomar todas la medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Luis Carlos Díaz y Naky Soto. Y poner fin a la campaña de desprestigio en curso realizada a través de los medios de comunicación estatales contra el defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, entre otros.

Entre 2002 y 2019, se han contabilizado 72 procedimientos judiciales contra periodistas y trabajadores de medios, en los que se han utilizado los mecanismos legales para restringir la libertad de información y opinión en Venezuela.

IPYS Venezuela insiste que Luis Carlos Díaz debe contar con libertad plena porque no cometió ningún delito. Esta organización también rechaza la medida de censura que se le impuso al periodista y recuerda que es parte de un patrón que se ha aplicado en contra de periodistas, representantes de medios, activistas sociales y disidentes del oficialismo que han sido privados de libertad en los últimos años.

 

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