IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 11 de marzo de 2013, Guillermo Zuloaga, uno de los mayores accionistas de Globovisión, planta televisiva privada que opera en Caracas, Distrito Capital, anunció que el canal tiene “una oferta formal de compra”, lo cual implica la venta a un nuevo accionista. Admitió que por razones políticas, económicas y jurídicas que hacen económicamente insostenible, se estaría haciendo la negociación del canal, que según informó, se concretará después del 14 de abril, luego de las elecciones presidenciales, que se realizarán tras el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez.
En una carta enviada a los trabajadores del canal, Guillermo Zuloaga afirmó que se vio obligado a aceptar la propuesta de compra que le presentó Juan Domingo Cordero, inversionista y representante de negocios del sector bancario privado del país.
Justificó esta acción al señalar: “Somos inviable económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja. Ni siquiera podemos subir los sueldos lo suficiente para compensar la inflación y mucho menos para compensar la devaluación. Somos inviables políticamente, porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla” (http://globovision.com/articulo/globovision-informara-este-lunes-sobre-versiones-de-supuesta-venta-del-canal)
Zuloaga, también, señaló que por las discordancias y las amenazas emitidas desde el gobierno nacional él coloca en duda que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -organismo encargado de regular el espectro radioeléctrico del país y ente adscrito a la Vicepresidencia de la República- renueve la concesión al canal que le permite operar en señal abierta Caracas y otros estados de la región central del país, luego del vencimiento de la misma, que será en el año 2015.
Zuloaga afirmó, además: “estamos acosados por las instituciones del Estado, apoyadas en un TSJ (Tribunal Supremo de Justicia, máximo órganos poder judicial) cómplice que las ayuda y colabora en todo aquello que nos pueda perjudicar”.
Intereses político-partidistas
A la par, Guillermo Zuloaga admitió que la conducción de esta empresa televisiva se inclinó hacia el sector político opositor, en el proceso de elecciones presidenciales del 8 de octubre de 2012, en las que resultó electo el Presidente Hugo Chávez: “tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en nuestro poder, a riesgo del capital de los accionistas y conscientes de las implicaciones que esta actitud podría traer, para lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre. Era la oportunidad, como venezolanos, para recuperar nuestro país. En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo logramos, pero la oposición perdió”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57 y 58 garantiza el derecho a la libertad de expresión y establece que la información debe ser plural e imparcial.
Cualquier acción o presión directa o indirecta, auspiciada por actores estatales o por particulares (gobiernos o empresas privadas), que afecte los principios de pluralidad e imparcialidad o pretenda silenciar ideas y opiniones son contrarios a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Coyuntura electoral
El anuncio de la negociación del canal se realizó 6 días después que ocurriera el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, y luego de 2 días de que el Consejo Nacional Electoral (poder electoral) informara que las elecciones presidenciales se realizarán el 14 de abril de 2013, en las cuales se medirán por el sector oficialista Nicolás Maduro, quien fue juramentado por el poder legislativocomo Presidente encargado; Henrique Capriles Randonski, con el respaldo de las fuerzas opositoras agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática; y otros 3 candidatos.
A pesar de que diversos periodistas del canal han manifestado que este medio seguirá realizando su labor informativa manteniendo una línea crítica que ha caracterizado a Globovisión, la posibilidad de venta del canal puede generar incertidumbre sobre el ejercicio independiente y plural de Globovisión -único canal dedicado, en su mayoría, a contenidos informativos del país- durante los próximas semanas, las cuales estarán dedicadas a la coyuntura electoral que vive el país.
Accionistas
Hasta ahora, Globovisión está representada por la empresa Corpomedios GV inversiones cuyas inversiones en un 60% le corresponden a Unitel Vzla C.A (pertenecientes a Guillermo Zuloaga); un 20% es propiedad de DNS inversiones (perteneciente a Daniela Nuñez Scannone); y un 20% es posesión del Sindicato Ávila, cuyos fondos son representados por Nelson Mezerhane (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/infografia-asi-se-distribuyen-las-acciones-de-glob.aspx).
Sanciones y agresiones
IPYS Venezuela ha registrado 54 alertas en lo que va de 2013. En 14 de casos se han reportado por incidentes contra Globovisión y sus equipos periodísticos. Esto representa el 27% de los casos registrados. Es decir, 3 de cada 10 casos de violaciones a la libertad de expresión, registrados en lo que van de año han afectado a la televisora o a sus trabajadores.
Globovisión es un medio que ha mantenido una línea crítica a la gestión gubernamental en los últimos 12 años. Esta situación ha llevado a los trabajadores y a la empresa a enfrentar agresiones, sanciones administrativas, judiciales, amenazas, y acciones de intimidación, en su mayoría, por parte de representantes estatales.
Conatel ha aplicado 8 acciones administrativas contra Globovisión. Uno de ellos implicó una sanción con el pago de una multa por el 7,5% de sus ingresos brutos de la empresa, que equivalían a 9.300.000 bolívares fuertes (unos 2.100.000 dólares al cambio oficial en Venezuela, para el momento). Este procedimiento se ejecutó el 18 de enero de 2013 y fue consecuencia de su cobertura informativa sobre la crisis penitenciaria que se presentó en la cárcel El Rodeo, ubicada en las adyacencias de Caracas, en junio de 2011.
También, el 09 de enero de 2013, por presuntamente incitar al “desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas”, y generar “zozobra”, y “alteraciones del orden público”, Conatel abrió otro procedimiento administrativo sancionatorio a esta planta televisiva privada. La investigación se realizó por la difusión de 4 micros audiovisuales referentes al artículo 231 de la Constitución Nacional, y comparaciones de declaraciones de autoridades del Estado Venezolano.
Conatel alegó que el canal presentó una errada interpretación del artículo 231 de la Constitución, el cual se refiere al inicio de un nuevo período constitucional, así como el procedimiento de juramentación del presidente electo mediante votaciones populares. Esta situación se enmarcó en el inicio de un nuevo período presidencial en Venezuela, al resultar reelecto Hugo Chávez, como primer mandatario nacional en octubre de 2012, y tras su ausencia del territorio nacional por reposo postoperatorio, autorizado por la Asamblea Nacional. Hasta la fecha, el ente regulador no había emitido ninguna conclusión por este caso.
Por otra parte, este canal no fue incorporado para operar en durante el proceso de prueba de la Televisión Digital Abierta, proyecto que inició en febrero de 2013 con el impulso del ejecutivo nacional, que pretende migrar a un sistema digitalizado para optimizar la calidad de la televisión en Venezuela. El medio rechazó esta situación por considerar que la decisión era discrecional por parte del gobierno nacional que podría afectar la viabilidad operativa de esta planta televisiva.
Presiones
IPYS Venezuela aboga tras esta decisión de los accionistas de Globovisión se mantenga la estabilidad para sus trabajadores, la independencia y pluralidad de su labor periodística y en la continuidad de un medio de comunicación abierto a la denuncia de los problemas de los ciudadanos.
De igual manera, IPYS Venezuela recuerda que para que exista un pleno ejercicio de la libertad de expresión es necesario que respeten garantías para que medios de comunicación y periodistas puedan realizar su trabajo de forma plural, independiente y sin ningún tipo de riesgo. La libre expresión e información es necesaria para la consolidación de los principios democráticos, así como para potenciar la convivencia ciudadana en la sociedad. Estos derechos, además, deben estar por encima de intereses individuales, políticos y económicos de los representantes de las empresas mediáticas.
Por otra parte, la mayor fuente de ingresos publicitarios en Venezuela proviene del sector estatal. Existe un uso abusivo del poder estatal al aplicar discreciones para la inversión económica en los medios televisivos, radioeléctricos e impresos, favoreciendo a los medios públicos y con afinidades con el gobierno nacional, en sus líneas editoriales.
En este sentido, las presiones indirectas de tipo económico, como la asignación discrecional de publicidad oficial, divisas para la compra de insumos o regulaciones fiscales, para premiar o castigar a los medios de comunicación, por su orientación informativa, puede afectar el trabajo informativo de un medio de comunicación, por lo que resulta contraria a la libertad de expresión. Así lo establece la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al contemplar: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente…”.
Puede revisar las alertas de IPYS Venezuela en relación a los ataques a la libertad de prensa que han afectado la labor de Globovisión, en /alertas.aspx
Etiqueta: Amenazas de acciones administrativas, amenazas de acciones legales, retiro de publicidad oficial por razones informativas/ ideológicas, otras funciones estatales no específicas.
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Lea la versión en inglés
Owner of Globovisión announced that the TV station shall be sold after the presidential elections
On March 11, 2013, Guillermo Zuloaga, one of the largest shareholders of Globovisión, a private TV station that operates in Caracas, capital district, announced that the channel has received “a formal purchase offer”, implying the sale to a new shareholder. He admitted that for political, economic and legal reasons, that make the channel economically unfeasible, negotiations shall take place which – he informed – shall conclude after April 14, after the presidential elections due to the death of President Hugo Chávez.
In a letter sent to the channel´s employees, Guillermo Zuloaga stated that he was compelled to accept the purchase proposal presented by Juan Domingo Cordero, an investor and business rep of the nation´s private banking sector.
He justified this by pointing out that “We are economically unviable because our revenues no longer cover our cash needs. We cannot even raise the salaries to compensate for the inflation and even less to compensate for the devaluation. We are politically at jeopardy, since we are in a completely polarized country and we are on the other side of an almighty government that wishes to see us fail. We are legally at stake because our license ends soon and there is no willingness by the holders of renewing it.” ( http://globovision.com/articulo/globovision-informara-este-lunes-sobre-versiones-de-supuesta-venta-del-canal)
Zuloaga also stated that due to the discord and threats issued by the national government he also doubts that the National Telecommunications Commission (Conatel) -the entity in charge of regulating the nation´s radio-electric spectrum, ascribed to the Vice-presidency of the republic- shall renew the channel´s concession to operate in open signal in Caracas and other states in the country´s central region after it expires in 2015.
Zuloaga also stated that “we are stalked by state institutions supported by the TSJ (Supreme Court of Justice, the highest legal power entity), an accomplice that aids and abets and collaborates in every endeavor that could damage us”.
Political Party Interests
At the same time, Guillermo Zuloaga admitted that the TV company´s line was inclined towards the opposing political sector in the presidential elections held in October 2012, which re-elected President Hugo Chávez: “I took the decision to do everything in our power, risking the shareholders´ capital stock and conscious of the implications of this action, to get the opposition to win the October elections. It was the opportunity, as Venezuelans, to get our country back on track. We did an excellent job at Globovisión and we almost achieved it, but the opposition lost”.
Articles 57 and 58 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela guarantees the right to freedom of expression and sets forth that information must be plural and impartial.
Any direct or indirect action or pressures, fostered by state entities or individuals (governments or private enterprise), affecting the principles of plurality and impartiality or aiming at silencing ideas and opinions run counter to the freedom of expression and the right to information.
Elections watershed
The announcement of the channel sale negotiation was done 6 days after the death of President Hugo Chávez, and 2 days after the National Elections Council (elections power) informed that the presidential elections would take place on April 14, 2013, the official party candidate in which is Nicolás Maduro, who was sworn in by the legislative power as the president in charge; Henrique Capriles Radonski, backed by the opposing forces grouped under the Mesa de la Unidad Democrática; and 3 other candidates.
Although several journalists of this channel have stated that this media shall continue to inform maintaining the critical line which has characterized Globovisión, the possible sale of the channel could generate uncertainty in the independent and plural exercise of Globovisión -the only TV channel devoted mostly to information content in the nation- in coming weeks, which shall focus on the nation´s elections watershed.
Shareholders
So far, Globovisión is represented by Corpomedios GV Inversiones, 60% of the capital stock of which is in the hands of Unitel Vzla C.A (belonging to Guillermo Zuloaga), 20% is in the hands of DNS Inversiones (belonging to Daniela Nuñez Scannone) and 20% is owned by Sindicato Ávila, represented by Nelson Mezerhane (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/infografia-asi-se-distribuyen-las-acciones-de-glob.aspx).
Sanctions and assaults
So far, IPYS Venezuela has recorded 54 alerts in 2013, 14 of which were reported on incidents against Globovisión and its reporter crews. This represents 27% of the cases recorded, meaning to say that 3 of every 10 cases of breach of freedom of expression recorded so far this year have affected that TV station or its employees.
Globovisión is a media that has maintained a critical line against the government´s performance in the past 12 years. This has led to the workers and the company enduring aggressions, administrative and legal sanctions, threats and intimidatory actions mostly by state representatives.
Conatel has applied 8 administrative actions against Globovisión, one of which was a sanction and payment of a fine representing 7.5% of the company´s gross profits, equivalent to 9,300,000 bolívares fuertes (2,100.000 dollars at the official exchange rate in Venezuela at the time). This procedure was executed on January 18, 2013 for the information coverage of the jail crisis in June 2001 at the El Rodeo prison, located in the outskirts of Caracas.
Also, on January 9, 2013, for allegedly inciting to “disown the legitimately constituted authorities” and generating “gloom and doom” and “alterations in the public order”, Conatel opened another sanction-based administrative procedure against this private TV station. The investigation was due to the diffusion of 4 audiovisual micros regarding article 231 of the national constitution, and comparisons on statements by Venezuelan state authorities.
Conatel alleged that the channel offered a mistaken interpretation of article 231 of the constitution, which refers to the start of a new constitutional period, and the swearing in of the elected President through popular votes. This was a propos of the start of a new presidential period in Venezuela, since Hugo Chávez had been re-elected as the head of state in October 2012, and due to his absence from the national territory on account of his post-op recovery authorized by the national assembly. The regulatory entity had so far not issued any conclusion on this case.
On the other hand, this channel was not incorporated to operate during the Open Digital Television test period, which started in February 2013 spearheaded by the national executive, the aim of which is to migrate to a digitalized system to optimize the quality of television in Venezuela. The media repealed this situation and deemed it discretionary on the part of the national government and could affect the operational feasibility of that TV plant.
Pressures
In light of this decision by the shareholders of Globovisión, IPYS Venezuela vouches for the continued stability of its employees, Independence and plurality of journalistic work and the continuity of a media open to denouncing the problems faced by the citizens.
Likewise, IPYS Venezuela is aware that in order for freedom of expression to be fully accomplished, the warranties for the media and journalists to do their job in a plural, independent and risk-free manner must be respected. Freedom of expression and information is necessary to consolidate the democratic principles, and maximize peaceful cohabitation among citizens in society. Besides, these rights must be above individual, political and economic interests of the representatives of media companies.
On the other hand, the largest source of advertising income in Venezuela comes from the state-owned sector. There is an abusive use of the state´s power when applying discretionary measures to the economic investment in TV, radio-electric and printed media, in pro of public media with affinity to the national government in their editorial lines.
In this regard, indirect economic pressures such as the discretionary allocation of official publicity, foreign currency to purchase inputs or tax regulations to award or punish the media for their information orientation can affect a media´s task of informing, and all this runs counter to freedom of expression, as set forth in the Declaration of Principles of Freedom of Expression of the Inter-American Human Rights Commission, to wit: “The use of the state´s power and the public treasury resources; the concession of tax prebends; the arbitrary and discriminatory allocation of official publicity and official credits; the granting of radio and television frequencies, among other actions, for the purposes of exerting pressure and punishing or rewarding and offering privileges to social communicators and the media based on their information tendency lines attempts against freedom of expression and must be expressly prohibited by law. Social media have a right to carry out their tasks in an independent manner…”
You can check the IPYS Venezuela alerts regarding the attacks to freedom o
f press which have affected the labor conducted by Globovisión at /alertas.aspx
Label: Threat of administrative actions, threat of legal actions, withdrawal of official publicity for information/ ideological reasons, other non-specific state functions.
