IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Efectivos policiales hicieron interrogatorios ilegales en el Hospital “José María Benítez” de La Victoria, en el estado Aragua para dar con el origen de imágenes y videos que fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales sobre la muerte de infantes por consumo de yuca amarga. IPYS Venezuela condena las acciones de persecución contra las fuentes de información
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) amedrentó al médico pediatra, Feder Álvarez, secretario del Colegio de Médicos de Aragua y profesor universitario de la Universidad de Carabobo. Los funcionarios policiales lo amenazaron con detenerlo. Así lo adviertió la Sociedad Venezolana de Pediatría en un comunicado dirigido el 16 de febrero al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la República, Alfredo Ruiz y Tarek William Saab, respectivamente.
En el documento, la sociedad de pediatría, refirió que el SEBIN realizó “visitas” al hospital, al consultorio y a la residencia del doctor Álvarez, sin órdenes de un tribunal, con la “clara intención de amedrentarlo, luego que cumpliera con su deber de alertar a la población sobre el consumo de la yuca amarga”.
La Sociedad Venezolana de Pediatría exhortó al Defensor del pueblo y al Fiscal General a interponer sus buenos oficios a favor del médico pediatra, quien en el cumplimiento de su deber, alertó a través de un audio difundido por la mensajería instantánea Whatsap, sobre los riesgos y consecuencias del consumo de la yuca amarga y que devino en la muerte de 8 personas, 6 niños y 2 adultos en apenas 4 días, luego de haber ingerido el tubérculo.
Silencio oficial
Desde el 9 de febrero, se reportó el ingreso al Hospital “José María Benítez” de La Victoria, en el estado Aragua, de varios grupos familiares con evidentes síntomas de intoxicación alimentaria y que de acuerdo a los diagnósticos médicos, fue el resultado de la ingesta de yuca amarga, que además produjo un saldo de 6 niños y 2 adultos fallecidos en un lapso de 4 días.
Desde que se tuvo conocimiento de la alerta sanitaria, el 10 de febrero, ninguna autoridad nacional o regional se ha pronunciado al respecto, pese a los intentos de periodistas y medios por obtener respuesta de los entes y funcionarios correspondientes. De hecho, las corresponsales de los portales Crónica Uno y El Pitazo, Gregoria Díaz, Gabriela Aguilar, respectivamente, acudieron el día miércoles 14 de febrero a la sede de la Corporación de salud del estado Aragua para obtener una versión oficial sobre el caso.
Ni el presidente de la institución, Juan Dávila ni la directora de contraloría sanitaria Ady Contreras, se encontraban, de acuerdo a lo informado por el personal de seguridad. La ingeniera Contreras, quien fue designada Directora Nacional de Contraloría Sanitaria del Ministerio para la Salud, dos días antes de la emergencia sanitaria en la región, difundió un audio vía Whatsap en el que aseguraba que las autoridades correspondientes atendían de manera oportuna y eficaz a los afectados con la intoxicación.
Al difundir la información sobre la primera muerte de una niña de 3 años, las periodistas Gabriela Aguilar de El Pitazo, Laudelyn Sequera de Analítica y Gregoria Díaz, de Crónica Uno, acudieron al hospital Benítez para obtener información oficial sobre el caso. A partir de ese momento y hasta el martes 13 de febrero, acudieron a la ciudad de la Victoria y al propio centro asistencial para recoger testimonios directos con familiares de los afectados y de las víctimas y de ello hay registros periodísticos.
A partir del martes 13 de febrero, cuando ya se registraban 4 muertes por intoxicación, se obtuvo información extraoficial que comisiones del SEBIN y de la Dirección de contrainteligencia militar, DGCIM, habrían acudido al hospital de la Victoria para interrogar al personal médico y de enfermería, además de revisar videos obtenidos de las cámaras de seguridad del hospital y determinar el origen de imágenes y videos que daban cuenta en los diferentes medios tradicionales, digitales y redes sociales, de la emergencia que se produjo en ese centro asistencial, a raíz de la intoxicación de al menos 35 personas, provenientes de los municipios Revenga y Santos Michelena y de las cuales 8 murieron.
Estas actuaciones por parte de los organismos de seguridad e inteligencia en contra del médico Feder Álvarez, repiten el patrón desarrollado en septiembre del 2014 cuando de igual forma el SEBIN iniciara actos de persecución y amedrentamiento en contra del doctor Ángel Sarmiento, para entonces presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, tras la denuncia que realizó sobre las ocho muertes ocurridas en el Hospital Central de Maracay, por una “extraña enfermedad”. La denuncia del doctor Sarmiento originó una persecución en su contra que finalmente lo obligó a exiliarse por la amenaza de detención que aún existe en su contra.
La sociedad de pediatría repudia en este momento el amedrentamiento contra uno de sus agremiados, que no ha hecho otra cosa que “cumplir con su deber pese a las deplorables condiciones de los hospitales públicos en las que labora el personal médico para preservar la salud de los ciudadanos”.
IPYS Venezuela condena las acciones de persecución contra las fuentes de información. Este tipo acciones en contra de galenos y periodistas son contrarios a los estándares internacionales de libertad de expresión y el derecho a la información consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de la Organización de Estados Americanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
La opacidad gubernamental en materia de salud pública se ha vuelto un a práctica recurrente que merece condena. El Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, mediante la Observación General n° 14, del año 2000, ha establecido que el Derecho a la salud no solo se refiere al acceso a la atención médica oportuna, sino también a las condiciones básicas determinantes para garantizarla.
Dentro del principio de accesibilidad a la salud convergen 4 dimensiones no discriminación, accesibilidad física , accesibilidad económica y acceso a la información.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de buscar, recibir y difundir información sin impedimento alguno. Esta garantía está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 51 y 143, que establecen el derecho del acceso a la información pública, y la responsabilidad de los funcionarios e instituciones estatales de difundir información de interés colectivo, de manera oportuna.
