El 3 de abril de 2013, Luz Mely Reyes, directora del Diario 2001, medio impreso de capital privado, relató a IPYS Venezuela que la reportera gráfica Dagne Cobo fue víctima de un hurto en la sede de la Universidad Central de Venezuela, cuando se encontraba registrando imágenes sobre una protesta estudiantil en la Universidad Central de Venezuela.

El 3 de abril de 2014, Leonardo Rodríguez reportero gráfico del diario El Nacional, medio impreso de capital privado con sede en la ciudad de Caracas, fue abordado por un grupo simpatizantes oficialistas quienes lo despojado de su equipo de trabajo cuando se encontraba cubriendo hechos de violencia registrados en la sede de la Universidad Central de Venezuela.

El 30 de Marzo de 2014, Manuel Sainz, periodista y conductor del noticiero en Venevisión, un canal de capital privado, fue agredido verbalmente a través de su cuenta de twitter. Se desconocen las causas de la agresión. Sin embargo, los tuits contenían mensajes contra la labor periodística desempeñada por Sainz, condenándolo por su aparente censura durante el contexto de protestas.

El 28 de marzo de 2014 Karla Salcedo Flores, periodista de Venevisión, medio de capital privado, fue agredida junto a su equipo por simpatizantes del oficialismo, mientras cubría una pauta en Plaza Venezuela del diputado para la Asamblea Nacional y Coordinador Nacional del partido político “Primero Justicia”, Julio Borges.

El 28 de marzo de 2014, Madelyn Palmar y Jesús Gonzalez, periodistas del estado Zulia, y Doricer Alvarado, periodista del estado Lara; corresponsales de Globovisión, canal de noticias las 24 horas, anunciaron, a través de sus cuentas de red virtual de Twitter , su renuncia al mencionado canal . La periodista Madelyn Palmar, corresponsal del estado Zulia, conversó con IPYS y confirmó los hechos.

El 25 de marzo de 2014, funcionarios de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidieron el paso a trabajadores de la prensa que se disponían a cubrir la audiencia de presentación de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, ciudad capital del estado Táchira, acusado de desacato por presuntamente no cumplir con la orden de emitida por la Sala Constitucional de controlar las manifestaciones y el levantamiento de barricadas.