El 07 de septiembre de 2012, funcionarios de la Guardia Nacional impidieron el acceso a Lexis Gándica, reportera de Globovisión, medio televisivo privado, a cubrir una rueda de prensa que ofrecería Wilmer Barrios, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb), unidad militar responsable de coordinar los mecanismos de seguridad en los procesos electorales.

El domingo 9 de septiembre, Lorena Benítez, periodista de YVKE Mundial, emisora del Sistema Nacional de Medios Públicos (dependencia del poder ejecutivo) denunció haber recibido ataques a su integridad física por parte de simpatizantes del candidato a la presidencia de la República, Henrique Capriles Randoski. El hecho, presuntamente, ocurrió durante una caminata por el sector la Pastora, al oeste de Caracas, organizada por el Comando Venezuela, fuerza política que impulsa la candidatura de Capriles, para las elecciones del próximo 7 de octubre.

El 19 de septiembre, se restringió la impresión de los diarios Últimas Noticias; El Mundo, Economía y Negocios; Líder; Tal Cual, y el semanario 6to Poder, debido a un conflicto sindical de la Operadora la Urbina, C.A. (Oluca), proveedora de servicios de impresión de la Cadena Capriles-, uno de los consorcios de medios impresos más importantes del país- y a otras empresas de comunicación.

El 26 de septiembre, la Embajada de Venezuela en El Salvador negó la visa de entrada a Paolo Lüers, corresponsal y columnista del Diario de Hoy, de El Salvador, para cubrir el proceso electoral a celebrarse el próximo 7 de octubre.

El 26 de septiembre, Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, dependencia adscrita al ejecutivo nacional, prohibió que un equipo reporteril del diario la Voz realizara su labor periodística sobre los avances de las obras Cabletren de Petare, que se construye al noreste de Caracas.

El 11 de agosto de 2010, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la acción de nulidad interpuesta por RCTV International contra la Providencia Administrativa que contiene la "Norma Técnica Sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual" y que calificó a RCTV como un servicio de producción nacional audiovisual, por lo que debía dar cumplimiento inmediato a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.