El miércoles 11 de agosto de 2010, Elías Jaua, vicepresidente de Venezuela, solicitó ante la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) que los dueños o directivos de entidades bancarias no puedan ser propietarios o accionistas en las juntas directivas de medios de comunicación. Esa propuesta -hecha a nombre del presidente Chávez- es parte del proyecto de reforma de la Ley General de Bancos.

El viernes 13 de agosto de 2010, el Tribunal 2º de Control Militar prohibió al general retirado Antonio Rivero, "dar declaración a cualquier medio nacional e internacional relativo a información que comprometa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".

El viernes 24 de septiembre de 2010, el Bloque de Armas -conglomerado editorial-denunció en un comunicado que se les ha negado el acceso a la información de los programas de carreras hípicas, lo que los obliga a suspender la edición de cinco revistas especializadas.

El martes 21 de septiembre de 2010, representantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República (Ministerio Público), en Caracas, para solicitar que se realice una investigación a los usuarios de las redes sociales en internet donde se habrían difundido mensajes de burla sobre las recientes muertes de personas simpatizantes al gobierno del presidente Hugo Chávez.

El 15 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó, de forma preliminar, el proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional", que establece sanciones para las "organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos", que reciban financiamiento extranjero.

El 14 y 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que incluye restricciones para los contenidos de internet, y el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), que amplía el control del Estado sobre las licencias para medios radioeléctricos.