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Apartheid en el seno del poder popular

Apartheid en el seno del poder popular

Los reductores de velocidad para las vías fueron comprados con donaciones de los comerciantes, los vecinos y el consejo comunal los Caobos Norte, en Caracas. Reunir el dinero no fue sencillo, pasaron varias semanas antes de cubrir el presupuesto y, finalmente, comprar los llamados “ojos de gatos” que están destinados a disminuir la incidencia de accidentes de tránsito por exceso de rapidez de los vehículos.

Nadie quiso acudir al gobierno. La última vez que asistieron a una instancia manejada por el oficialismo fue antes de la muerte del presidente Hugo Chávez, ocurrida el 5 de marzo de 2013. Arminda Rivas, abogada e integrante del consejo comunal, junto a otros compañeros, fueron a la oficina de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), órgano rector de estas asociaciones, en el barrio El Guarataro, en el oeste de la ciudad, para realizar trámites. Pero antes de iniciar algún papeleo, una funcionaria increpó al grupo: “¿Están inscritos en el partido?”.

Sin carnet del partido

Ninguno de los miembros del consejo comunal los Caobos Norte milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez. No simpatizan con el gobierno y consideran que eso ha sido motivo suficiente para ser excluidos.

Aunque no hay estadísticas que lo validen, la fortuna de los consejos comunales de la capital de Venezuela, en muchos casos, pende de su afinidad con la revolución bolivariana. Es una cuenta que se lleva a voces, solo algunas denuncias hechas en la prensa o el vivo testimonio de las asociaciones puede dar fe de que la inclusión, en ocasiones, está sujeta al color político.

En el municipio Chacao, en el Área Metropolitana de Caracas, el conteo de consejos comunales excluidos sobrepasa a la mitad de los conformados. De 25 asociaciones registradas en el censo de comunas de 2013, al menos 15 se consideran excluidas por no comulgar con el proyecto político oficial. “No se nos dice directamente que somos rechazados, pero sí lo demuestran con acciones. En un encuentro de los consejos comunales con el presidente Chávez en el Poliedro de Caracas para otorgar recursos destinados a proyectos sociales, por ejemplo, no fuimos convocados, solo acudieron simpatizantes del gobierno. Cuando el jefe del Estado, Nicolás Maduro, se reunió otra vez con las asociaciones, tampoco fuimos invitados. Siempre nos ignoran por no pertenecer al PSUV”, contó María Méndez, vocera del consejo comunal Zona II del Casco de Chacao.

Consejo Comunal por estatus en el Área Metropolitano de Caracas

Olga Jiménez, que pertenece a esa asociación, ratifica el testimonio. Enumera a los consejos comunales que, según ella, en el municipio comparten como denominador común la exclusión de instancias del Estado: “Casco de Chacao zonas I, II, III, IV y VI; Bello Campo, Los Palos Grandes, El Bosque Sur de Chacaíto, y otros más hemos sido apartados porque la mayoría de sus miembros no son afines con el Gobierno”.

Las denuncias sobre exclusión fueron compiladas alguna vez por diputados de la Asamblea Nacional. El parlamentario William Ojeda se encargó en 2011 de coordinar acciones contra la discriminación de estas organizaciones. Promovió la creación del movimiento “Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos”, se reunió con representantes de las organizaciones, archivó los casos de segregación en un grueso expediente, recogió firmas a favor de la inclusión, creó un blog en Internet y se pronunció ante los atropellos.

Manuel Inciarte, que perteneció al consejo comunal Colinas de Los Caobos -localizado en la parroquia El Recreo de Caracas- estuvo en el grupo. “Hubo un momento en que agarró mucha fuerza el movimiento. Supimos que no éramos pocos en esa situación, porque llovían infinidades de denuncias sobre exclusión por no pertenecer al PSUV. Me impresionó saber que muchos no son reconocidos por el Gobierno debido a posturas políticas”, recordó.

Pero la vida del frente fue arrebatada de un zarpazo. Ojeda, que militaba en el partido político Un Nuevo Tiempo (fundado por Manuel Rosales, adversario de Chávez en las elecciones del 3 de diciembre de 2006 y, actualmente, asilado en Perú), decidió cambiarse de filas. El parlamentario se pronunció públicamente el 6 de septiembre de 2012 a favor del gobierno y en contra de las propuestas económicas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma de las fuerzas políticas de oposición.

Además del giro político, Ojeda no dejó rastros del expediente con los casos de consejos comunales excluidos. Abandonó el frente sin ofrecer mayores detalles a sus miembros. Inciarte, que estuvo activo en la defensa de las organizaciones por validar su derecho a asociarse libremente, cuenta que no pudieron recuperar el documento: “Con el tiempo, paulatinamente, se perdió energía y ya ni siquiera el blog, que creamos para informar y conocer casos, está actualizado”. Ojeda no fue el único político en asumir la bandera de los consejos comunales excluidos. Los diputados opositores Miguel Ángel Rodríguez, Vestalia Sampedro y Deyalitza Aray denunciaron a medidos de 2011 que se vulneraban los derechos de asociarse libremente a estas organizaciones. Anunciaron acciones judiciales contra la discriminación y propusieron unirse en defensa de las agrupaciones excluidas.

No hubo respuestas del Gobierno. Aray, ahora, lamenta que el boomerang político venezolano haya provocado la pérdida de norte en la lucha por defender los derechos de los consejos comunales excluidos. “Supimos sobre más de 4.000 casos en el país. La gente nos comentaba sobre la imposibilidad de participar en estas asociaciones debido al cerco ideológico. Siempre se les colocaba algún obstáculo al momento de registrarse, actualizarse o solicitar recursos para emprender proyectos destinados a la comunidad. A veces no se les dice explícitamente que son excluidos por no simpatizar con el chavismo, sino que se le colocan muchas trabas”, agregó.

Es ilustrador el caso del consejo comunal Simón Bolívar, localizado en Nueva Caracas, en el sector de Pérez Bonalde, al oeste de Caracas. Nunca han sido invitados a enfilarse en PSUV, pero sus proyectos extrañamente son emprendidos debido a la ausencia de recursos. Tamara Vivas, miembro de la organización, opina, al igual que otros compañeros, que la mala fortuna se debe a un tema político. “La mayoría somos opositores y, a diferencia de otros consejos comunales, no recibimos fondos para ejecutar arreglos en la comunidad”, comentó.

Conformado en 2008, la asociación fue calificada como “modelo” por Fundacomunal debido a sus buenas prácticas. Vivas recuerda que, luego, hubo un cambio de actitud de parte de la institución. “Ni siquiera nos han permitido adecuar el consejo comunal, eso no nos permite operar con legalidad. Hemos tenido que apelar a la ayuda de alcaldías opositoras para llevar a cabo fumigaciones, desmalezamiento y poda de árboles, jornadas de vacunación, entre otras actividades”.

Los soviets de Chávez

El presidente Hugo Chávez vio en los consejos comunales algo más que una manera de asociación. “Los soviets eran algo así, algo parecido a los consejos comunales, pero luego los soviets desaparecieron. Aquí los consejos comunales tienen que ir trascendiendo. ¡Ah, si los dejamos aislados, van a desaparecer! Hay que engranarlos en unidades superiores. Eso de mancomunidad a mí me suena al pasado, vale. Yo sigo leyendo por ahí mancomunidad. No. ¡Es la comuna! Es la comuna, en construcción, y luego pudiéramos hacer, que a mí me gusta más la palabra, federación de consejos comunales. Me gusta porque tiene que ver con el concepto de federación de Ezequiel Zamora, no con la federación burguesa que pretende dividir el país en 24 republiquitas. Es la federación del pueblo, la federación zamorana”, señaló el mandatario en 2009.

Joel Alfonso, presidente de Fundacomunal, niega que en el seno de la institución se aplique una especie de “apartheid” contra las asociaciones no identificadas con el socialismo. “No es cierto que nosotros excluimos. Este año, al contrario, vamos a fortalecer espacios. Lo que sucede es que hay zonas en que no tenemos promotores para el acompañamiento de los consejos comunales. Se han recibido denuncias, muchas veces no se conforman o dejan de recibir recursos por problemas al momento de registrarse”.

Pero la política es fundamental en estas organizaciones. En el censo comunal, hecho en septiembre de 2013, se registraron 534 actividades políticas emprendidas por estas asociaciones en el Área Metropolitana de Caracas. No es una cifra menor, si se considera que está en segunda posición con relación al resto de eventos hechos por estas asociaciones: culturales, jornadas de salud, cartas de residencia, entre otros.

Consejos Comunales del Área Metropolitano de Caracas

En el municipio Libertador -único bastión del chavismo en el Área Metropolitana de Caracasm, de acuerdo a los resultados electorales de los comicios municipales de diciembre de 2013- hubo 414 actividades políticas el año pasado promovidas por consejos comunales, mientras que en el resto de las jurisdicciones Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo, cuya tendencia es opositora, solo organizaron 120. William Requejo, presidente de la asociación civil Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, ha hecho seguimiento a los consejos comunales durante años. “Recientemente, en 2013, hicimos un estudio para la Universidad Central de Venezuela sobre consejos comunales. Tomamos una muestra de 1.000 en el país y podría decirse que 93%, aproximadamente, aseguran identificarse con el chavismo en instituciones del Estado. Sin embargo, algo preocupante que notamos fue una creciente falta de credibilidad de las comunidades sobre estas organizaciones sociales”, explicó.

Vecinos olvidados

En el sector La Quebradita I, en la urbanización Arvelo de San Martín, en el municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas, creen que los consejos comunales no están al servicio de los vecinos. La expropiación del estacionamiento Lotto 4, ocurrida el 8 de enero por orden del Estado venezolano para construir viviendas en el terreno, dejó en duda el compromiso de las organizaciones con la comunidad. “Hemos salido a las calles para protestar contra el cierre del garaje porque es el único que tenemos en la zona y eliminarlo dejaría a merced de los delincuentes nuestros vehículos. Además, la construcción de más edificios colapsaría los servicios públicos y perjudicará a varios trabajadores del garaje. Pese a que los voceros del consejo comunal nos apoyaron al principio, repentinamente cambiaron de opinión y ahora son aliados del Gobierno del Distrito Capital”, aseguró Nancy Suárez, vecina del sector. Un estudio del Observatorio de Participación y Convivencia Social de Venezuela, publicado por la Fundación Centro Gumilla en 2008, evidencia que en 29% de 1.138 de los casos abordados son marcadas las diferencias entre los consejos comunales y sus comunidades. “Es preocupante, puesto que ello estaría señalando la constitución de consejos comunales como franquicias personales para captación de renta, dejando las necesidades de los pobladores al margen, pero utilizándolos para su propio beneficio. Esto podría tener su correlato en que en aquellos sitios donde más se manifiestan este tipo de conducta, la participación comunitaria es menor”, concluye la investigación.

Batallas por espacios

Para Julio Gómez, vocero de la comuna en construcción Los Frailes de Catia (instancia que agrupa a los consejos comunales de Gato Negro, Altavista, Cutira, Ruperto Lugo y Los Frailes), en el oeste de Caracas, la revolución bolivariana es todo. “Sin el socialismo y el comandante Chávez no hubiesen consejos comunales. Pero el sueño de conformarnos en comunas, que asociaría a varios consejos de un sector y lograría mayor apoyo, ha sido difícil debido a la poca coordinación de algunos funcionarios”, dijo. Son muchos los consejos comunales que, más allá de la exclusión por ideología, encuentran obstáculos en la burocracia. El reclamo común es la falta de renovación de las vocerías de las organizaciones (hecha cada dos años), que depende en gran medida de la certificación legal de Fundacomunal. “Eso provoca que, no pocos, voceros se perpetúen en los consejos comunales. Contamos con casos de vocerías vencidas desde hace cinco años. Sucede, igualmente, que hay personas que no quieren salir de esos puestos, porque obtienen beneficios personales. Yo, por ejemplo, en mi consejo comunal, Nuevo Día Casco Central, denuncié casos de corrupción”, agregó Gómez.

Fondos que comprometen

La asignación de recursos económicos, procedentes del Ejecutivo, a los consejos comunales para desarrollar proyectos es debatido. En el oficio número 01-00 000687, fechado el 17 de agosto de 2010, de la Contraloría General de la República se informa a la ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, entonces Isis Ochoa, sobre la necesidad de fiscalizar a las organizaciones sociales debido a que manejan fondos otorgados por el Estado o la banca pública. En el documento se sugiere una revisión al acta modificatoria de los estatutos de esas asociaciones, incluida en la Ley de Consejos Comunales vigente desde el 28 de diciembre de 2009, que excluye al Estado como contralores y concede la responsabilidad a las comunidades. La diputada Aray opina que los fondos otorgados a consejos comunales deben ser fiscalizados por la Contraloría General de la República para evitar corrupción. “No todos los consejos comunales reciben recursos, pero los que sí obtienen deben justificar gastos. Hemos insistido en que esto se incluya en la reforma de la ley contra la corrupción. Debemos cuidar que no se desvirtúe el sentido de estas organizaciones”, acotó. Sin embargo, en el consejo comunal los Caobos Norte están aliviados por no recibir dinero del Estado. “Estamos conscientes que percibir recursos de instancias manejadas por el Gobierno podría comprometernos, preferimos continuar asociados de manera independiente. Por eso, nunca hemos pensado en solicitarlos, solo hemos querido adecuarnos con la finalidad de cumplir con la legislación. Pese a las trabas, no abandonamos el consejo comunal. Deseamos mantenernos en este espacio para demostrar que no todos pensamos igual”, dijo Rivas.

 

Libertad de asociación al margen

William Requejo, presidente de la asociación civil Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, considera que en el caso de los consejos comunales excluidos por no ser oficialistas se incurre en la violación del derecho de libertad de asociación. “Es muy claro que se vulnera este derecho, incluso en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales ya se discrimina al englobarlos en la ideología socialista”, dijo. Indicó que la pasividad de los ciudadanos, pues muchos no acceden a las instituciones del Estado para exigir el cumplimiento de sus derechos.

 

    • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “como parte de la libertad de asociación, los Estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos (u organizaciones de la sociedad civil) a fondos de cooperación financieros tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación. Bajo esta lógica, los organismos que se creen con el fin de coordinar o dar seguimiento a nivel estatal de la recepción y manejo de recursos deben estar orientados a promover y no a restringir las posibilidades de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Segundo Informe sobre la Situación de defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas, Comisión Interamericana de DDHH

 

Participación limitada

534 actividades políticas han sido efectuadas por estas organizaciones en el Área Metropolitana de Caracas.

Consejos Comunales registrados en Venezuela