IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Fenix sobrevuela Amazonas
Mapa de Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
Es un mediodía soleado y caluroso en Puerto Ayacucho, con el termómetro marcando 34 grados. En uno de los sitios obligados de comida amazónica de la ciudad donde la “Nena Silva”, dueña del restaurant “La Pusana”, nos atiende con esmero. Nuestro banquete incluye sopa “ajicero”, Dorado de rio al ajillo y “Piscillo” de pescado, sabores reforzados con generosos salpiques de Catara, el picante de bachacos “culones” típico de la región.
Como bebidas jugos de Copoazú y Túpiro, voluptuosos frutos de la selva, junto con Yucuta de Mañoco, la harina de yuca que ayuda a los indígenas a soportar calores e inclemencias varias. Nos acompaña Gregorio Mirabal, el indígena curripaco que recientemente, en su VI Congreso, ha sido elegido Coordinador General de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), una de las coaliciones más antiguas de la entidad. “Esto alguna vez fue el centro indígena más adelantado del continente”, nos dice. Miramos alrededor: La Pusana es lo único vivo en una amplia estructura de cemento y hierro con edificios de oficinas, churuatas y un anfiteatro en franco estado de abandono.
“Esto lo hizo el gobierno del ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez -segundo mandato- para que fuera sede de ORPIA”. El lugar es toda una metáfora de una organización que alguna vez podía detener leyes y proyectos oficiales, convocando a sus pares, y que hoy para algunos apenas son siglas que recuerdan los días en que el turismo hacía aterrizar cuatro vuelos diarios en la ciudad.
Según los datos del Censo Nacional Población y Vivienda 2011, del Instituto Nacional de Estadísticas, en Amazonas viven 146.480 personas, siendo la entidad con menos población del país. Sin embargo, proporcionalmente es la que posee mayor población indígena, con el 70% en las zonas rurales y 30% en la zona urbana. Estas cifras revelan la importancia del ejercicio de la representatividad indígena y del peso que podrían tener, organizados y organizadas, para el diseño y ejecución de las políticas públicas en el estado.
Los antecedentes
Según el periodista indígena Juan Noguera la primera lucha que emprendieron los pueblos originarios en Amazonas tenía que ver con el tema educativo. “Fue por allá en el año 1979 cuando se dieron los primeros pasos en la educación intercultural y salió el decreto. En ese momento una organización específica no había”, comenta.
Eran tiempos en que la Constitución, que databa de 1961, establecía un “Estado homogéneo” para el país, considerando a los pueblos indígenas como una subcategoría de campesinos, “residuo histórico y aislado del desarrollo”, valorándolos en tanto cultura “folklorizada” y proponiendo su “asimilación” a la nación. Si eran “campesinos”, como afirmaba la Carta Magna, también lo debía ser el tipo de educación que debían recibir. “En 1984 -agrega Noguera- hubo una intención del Ministerio de ruralizar la educación intercultural y aparecieron los famosos programas de educación intercultural, que eran unos libros grandes hechos desde una visión muy occidental”.
Si el primer conflicto importante era el tema educativo el segundo, mucho más político, los obligó a crear una figura organizativa: “En el año 1992, pasó el Territorio Federal Amazonas a tener la figura de estado, allí se produjo otro conflicto de tipo político porque las organizaciones indígenas buscaron tener representatividad, vamos a decir, ejerciendo una participación política que en unos primeros momentos no le daban importancia. Y por eso surgió ORPIA”.
Al calor de la discusión sobre la nueva división territorial, un 12 de septiembre de 1993 en una asamblea realizada en la Casa Comunal de la Escuela Básica de Paria Grande, con 131 delegados acreditados, nace ORPIA. Allí se establece su Acta Constitutiva y sus Estatutos Sociales, siendo su primer Coordinador General Guillermo Guevara, quien años después sería uno de los primeros diputados indígenas en la Asamblea Nacional.
En 1994, de manera inconsulta a sus principales afectados, se aprueba la Ley de División Político-Territorial del estado Amazonas. ORPIA encabeza la objeción de la normativa. Además de la no participación en la redacción, los indígenas objetaban que la división resultante de la ley no correspondía con la división territorial tradicional de los 20 pueblos originarios de la amazonía venezolana.
De manera conjunta el movimiento indígena introdujo, en febrero de 1995 ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -institución que hoy es el Tribunal Supremo de Justicia- un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad. Posteriormente, realiza un proceso de consultas en las comunidades para elaborar una propuesta propia.
El 5 de diciembre de 1996, la institución judicial dicta sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando la elaboración de una nueva ley que respetase los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de esta decisión, la Asamblea Legislativa aprueba el 10 de diciembre de 1997, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de División-Político Territorial del estado Amazonas, de nuevo sin participación de los originarios. La Corte se vuelve a pronunciar a favor del movimiento indígena ordenando abstenerse de cualquier actuación tendiente a aprobar una Ley de División Político-Territorial que no se adecuase a los términos señalados en el proyecto de los pueblos y comunidades indígenas.
Fue en estas jornadas que ORPIA mostró su músculo organizacional. “Realizamos varias marchas en Puerto Ayacucho, movilizando gente del interior del estado hacia el Consejo Legislativo y la Gobernación. Recuerdo marchas con 3.500 personas. Incluso realizamos manifestaciones en Caracas. Fuimos la primera organización indígena que tomamos por tres días la Corte Suprema de Justicia. Al final, fuimos recibidos por los magistrados”, relata Gregorio Mirabal.
Noguera rememora que ante la efervescencia participativa de los indígenas el gobierno de turno promovió la creación de la Federación Indígena de Bolívar (FIA), teniendo sus representantes evidentes nexos con las instituciones: “ORPIA surgió como una contraparte. Es tanto que algunos de ellos -FIA- eran representantes del gobierno”.
El 8 de septiembre de 1995, se realiza de nuevo en la Escuela Básica de Paria Grande el II Congreso de ORPIA, donde resulta reelecto Guillermo Guevara en la directiva. Bajo su liderazgo, la coalición participa en la mayoría de los conflictos relacionados con indígenas: Paralización del Proyecto de Construcción de la Carretera Sipapo-San Fernando de Atabapo; campaña en contra de la minería ilegal; actuación para detener el avance de la invasión en tierras de las comunidades indígenas de Manuare y Carinagua (Cuenca del Río Cataniapo); apoyo a la etnia Yabarana en la búsqueda de soluciones a la invasión de las tierras en el Río Parucito; acción en el conflicto de tierras de la comunidad Piapoco de Picatonal; protesta por la realización de evento ciclístico en tierras de comunidades piaroa de Manapiare; solución al conflicto de tierras de la comunidad guajiba de Morichalito con el Polígono de Tiro, etc.
En 1997, ORPIA avanza en su complejidad organizativa al crear lo que considera su “brazo político”: el Movimiento Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA). Mirabal lo recuerda así: “ORPIA tenía prohibido por estatutos hacer proselitismo político. En 1997, en pleno conflicto por la ley de división territorial, no teníamos ningún diputado que nos defendiera, nuestras luchas eran desde afuera. Analizamos eso y llegamos a la conclusión que teníamos que tener representantes indígenas en los órganos de Poder. Así nació el PUAMA”.
En el año 1998, logran la elección de un diputado al Consejo Legislativo Regional. Tras la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el reconocimiento del derecho a la participación política de los pueblos indígenas, el PUAMA logra dos Alcaldías indígenas en las elecciones del año 2000. Sería el comienzo de una historia de postulaciones exitosas, entre las cuales se cuentan diputados a la Asamblea Nacional (Guillermo Guevara) y gobernadores de estado (Liborio Guarulla).
Derechos reconocidos y desmovilización
En 1999, la discusión de una nueva constitución moviliza a los indígenas de todo el país, incluyendo a los de Amazonas. Uno de los constituyentistas indígenas era el propio coordinador general de ORPIA, con lo que el protagonismo y las propuestas generadas desde Puerto Ayacucho siempre estuvieron presentes. El resultado, no sin tensiones, fue un capítulo entero de derechos para los pueblos indígenas, el llamado Capítulo VIII, reconocido por todas las organizaciones aborígenes y de derechos humanos del país, así como diferentes activistas pro-indígenas, como un importante reconocimiento de un amplio abanico de garantías para su calidad de vida.
Sobre esto el abogado Luis Jesús Bello, miembro de la organización Wataniba, afirmó: “Por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera amplia, sino que se confirmó a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos. Se trata del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidades culturales y sociales propias, diferenciadas de las del resto del población venezolana, que les dan derechos, atributos y potestades específicas”.
Tras la CRBV otras normativas sobre derechos indígenas fueron aprobadas, como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). Para las organizaciones y especialistas este marco normativo, en su conjunto, es el avance más importante para los pueblos indígenas en la gestión del presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, las expectativas generadas por las leyes no tuvieron el impacto esperado en las condiciones de vida de las poblaciones aborígenes. Por ejemplo la demarcación y entrega de territorios, que según la CRBV debía realizarse en un plazo de dos años, para el 2013 apenas había sido cumplido en un 5%.
Para las organizaciones, paradójicamente, hubo una consecuencia inesperada: La pérdida de independencia y autonomía de sus iniciativas, lo cual contradice las características del derecho a la libre asociación. Mirabal lo resume en una frase: “Después de la aprobación de todas las leyes indígenas creímos que sólo con apoyar al gobierno los derechos se iban a materializar. Y nos desmovilizamos”. El actual coordinador de ORPIA describe lo que les sucede como “una crisis de terapia intensiva”.
Derecho a asociarse libremente
- “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. Artículo 16. Convención Americana sobre Derechos Humanos
Al respecto, lo sucedido con ORPIA ha sido un proceso similar al experimentado por el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) fundado 4 años antes, que agrupa a 8 organizaciones regionales indígenas del país, incluyendo a la propia ORPIA. El profesor Luis Fernando Angosto lo ha descrito de la siguiente manera: “En sus estatutos fundacionales Conive establecía la independencia política frente a partidos políticos como uno de sus principios fundamentales, pero desde 1999 pasó a estar estrechamente identificada con el movimiento bolivariano y con las alianzas partidistas que lo articulan.
Esta identificación es frecuentemente verbalizada por sus dirigentes en actos públicos, pero puede además ser inferida por el maniobrar político de la organización, por el tipo de eventos que organiza o en los que participa y por la fluida transferencia de personal político desde la organización a los órganos gubernamentales y estatales”.
Tras el V Congreso de CONIVE, realizado del 24 al 26 de marzo de 2006 y donde resultó electa como coordinadora general la diputada (PSUV) Nicia Maldonado, se aprobó en 2010 un reglamento electoral interno que establece que el candidato “Debe estar comprometido con la causa indígena y el proceso revolucionario y bolivariano que lidera el Presidente Hugo Chávez Frías”.
Hay investigadores que han planteado la pérdida de identidad indígena de Conive, al ser sustituida por una de carácter “socialista y revolucionaria”. Al respecto el abogado y miembro del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes Vladimir Aguilar comenta la participación política de CONIVE bajo la tarjeta electoral del PSUV “lo que significa el abandono de la identidad indígena para asumir una identidad política diferente como militantes del PSUV”.
Sobre la situación de CONIVE Guillermo Arana, indígena Huöttüjä y uno de sus fundadores opinó: “Las organizaciones indígenas se fueron a la palestra política, lo que desvía totalmente la lucha. CONIVE pasó de ser una organización horizontal a una vertical y eso bajó el trabajo que estuvimos haciendo. Y al final se crea ese enfrentamiento por cuestiones de los partidos, ya no se veía como una lucha social, una lucha colectiva, un bloque, sino como de partidos. Al final CONIVE sufrió un tiempo oscuro, difícil, que todavía está padeciendo”.
La crisis de CONIVE, y en general del movimiento indígena venezolano, no sólo era estimulada por la presión de los partidos políticos aliados por el gobierno bolivariano, sino también desde el propio Ministerio del Poder Popular Pueblos Indígenas (MINPI), una institución creada en el año 2007. Aguilar, al hacer un balance de su actuación señala: “Para nosotros ha sido muy nefasto, pues ha sido una burocracia indígena enquistada en el aparato del Estado en connivencia con el resto de los ministerios, que han venido aplicando políticas desarrollistas en territorios y habitats indígenas sin ningún tipo de consulta”.
Por su parte el ex diputado indígena a la Asamblea Nacional y ex Coordinador de ORPIA Guillermo Arana se refiere a la poca participación de las comunidades originarias tanto en el proceso de conformación del ministerio como de sus directores: “El presidente Chávez nombró una ministra, creó el Ministerio y una estructura que realmente si uno la revisa la ve muy falsa, no cuadra. Hay tantos viceministros ahí, (…) y les colocó unos nombres así como por ejemplo “Viceministro para los Morichales, Charcos y Raudales”, “Viceministerio para las Sabanas y las Piedras”. Pienso que eso podría cuadrar con el Ministerio del Ambiente. Pero para nosotros, que somos seres humanos, se debió hacer, ¡qué sé yo!, un Viceministerio para los Pueblos Jivi, los Pueblos Piaroa y que haga un trabajo mucho más cercano”.
Durante 6 años la jefatura del MINPI estuvo a cargo de Nicia Maldonado, indígena Yekuana del estado Amazonas formada dentro de ORPIA. Paradójicamente, lejos de reforzar la organización a sus orígenes, diferentes testimonios aseguran que su trabajo ha contribuido, decisivamente, a la división del movimiento indígena del país. Según un testimonio que pidió resguardar su identidad la burocratización y desvinculación del trabajo y necesidades de las comunidades le ha ganado la animadversión del movimiento indígena de Amazonas. “Una evidencia son los resultados de las pasadas elecciones regionales, en las que se postuló a la gobernación y perdió por más de 10.000 votos de diferencia. Eso para una participación de 60.000 electores es una paliza”.
Defendiendo las autoridades tradicionales
Un activista de derechos humanos radicado en Puerto Ayacucho, el cual solicitó mantener su anonimato, describió las tendencias que actualmente existen dentro del movimiento indígena del estado. Una es representada por ORPIA. Una segunda por la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (COIBA), fundada en el año 2004 y vinculada antiguamente al Partido Patria Para Todos (PPT) y ahora al Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) cuya jefatura regional es ejercida por el gobernador Liborio Guarulla. Una tercera tendencia sería el denominado Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae’puru, vinculado a Nicia Maldonado y el MINPI. “Con el Frente -nos dice otra fuente que rogó no ser identificada- se han intentado sustituir las organizaciones indígenas. Se ha intentado vender como un frente, pero todos son empleados del ministerio sin trabajo de base”.
La mayoría de los testimonios recopilados a miembros de organizaciones indígenas de Amazonas coincidieron que no han disfrutado los derechos que aparecen tanto en la Constitución como en el resto de leyes. En la entidad no se ha demarcado y entregado oficialmente ningún territorio indígena, la situación sanitaria es calificada como “grave”, hay deficiencias que atender en materia educativa y no han sido consultados los proyectos de minería que han venido implementándose en los últimos años. Como si la presencia de garimpeiros fuera poco, ha venido denunciándose, con pocos oídos comprensivos en la pirámide estatal, la presencia de supuestos irregulares armados en sus territorios: Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La promoción de figuras como los Consejos Comunales y Comunas, pilares de las políticas públicas dirigidas al sector indígena en los últimos años, también es objeto de rechazo. “El impacto de los Consejos Comunales -sostiene Gregorio Mirabal- a lo interno de las comunidades ha sido negativo, pues ha desplazado a las autoridades tradicionales”.
Guillermo Guevara añade: “No hubo consulta previa e informada para eso, y así no funciona. Eso se debió hacer porque la ley y la CRBV están allí, y dicen que deben ser consultados todos los proyectos que van dirigidos a las comunidades y pueblos indígenas. Y luego los personeros también que manejan esas cuestiones. Cuando no les interesa este Consejo Comunal indígena entonces van a buscar otro y lo hacen paralelo, buscan la documentación y buscan firmas que no son reales. Todas estas cosas están pasando aquí”.
En un artículo, el antropólogo Esteban Monsonyi cuestionó a su vez esta figura impuesta desde el Estado: “Se le ha encasquetado un conjunto de Consejos Comunales completamente eurocéntricos y centralizados en la capital de la República, inclusive en el aspecto financiero. Este nuevo “modelo” nada tiene que ver con el avanzado articulado de nuestra Constitución Bolivariana”.
Ante este escenario son diferentes los obstáculos que deben transitar las organizaciones indígenas de Amazonas para la defensa de sus derechos. Gregorio Mirabal apunta: “La politización de todo. La situación actual del país, con la polarización, ha limitado mucho. El Estado tiene a los Consejos Comunales indígenas como aliados incondicionales. No les gustan las organizaciones indígenas porque dicen lo bueno y lo malo del gobierno, y al gobierno sólo le gusta escuchar lo bueno. Entonces las organizaciones son vistas como un estorbo”.
Quienes desean ejercer su derecho a la libre asociación, con la libertad de expresión implícita, deben enfrentarse a la criminalización de las autoridades como respuesta a sus denuncias. “La actitud del ministerio indígena -nos dice nuestro anónimo defensor de derechos humanos- fue dividir y desprestigiar a las organizaciones, acusándolas con el argumento de que eran de la “Cuarta República” o de la “Democracia representativa”. Luis Shatiwe, de la Organización Yanomami Horonami comenta que “este movimiento no es algo como ellos siempre manifiestan: Saboteadores. Nos dicen que nosotros saboteamos las políticas, hablamos mal, que somos oposición, todo eso”.
De acuerdo a la opinión de Mirabal “no hay un proceso de criminalización abierto, sino que te obstaculizan solapadamente. Con los adecos (gestión gubernamental de décadas pasadas dirigidas por las fuerzas del partido Acción Democrática) lográbamos cosas, las peleábamos y nos reprimían, pero las lográbamos. Ahora es como que estamos en una casa muy bonita, con la estructura, pero los derechos no se materializan”.
El movimiento indígena no sólo puede ser criminalizado por sus críticas, sino también si realiza alianzas “políticamente incorrectas” a opinión de los funcionarios. Una dimensión tiene que ver con los recursos que reciben para su trabajo, pues una condición para la cooptación es la necesidad de depender financieramente de las instituciones estatales: “Antiguamente cuando ORPIA estaba en su mejor momento -aclara su actual coordinador general- teníamos convenios con Unicef, embajadas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones. Eso se acabó, pero lo estamos intentando retomar”.
El temor de ser cuestionados por recibir financiamiento no estatal ha limitado el trabajo de la organización. En el pasado VI Congreso uno de los acuerdos fue “asumir la organización del próximo Congreso de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en Puerto Ayacucho”, una coalición regional a la que ORPIA pertenece desde hace varios años.
El temor de ser señalados por trabajar con dinero proveniente de la cooperación internacional motivó que la reunión, cuyo eje era discutir los proyectos desarrollistas en el continente, fuera mudada a Villavicencio, Colombia, donde se realizó el 15 de diciembre de 2013. Guillermo Guevara, el primer coordinador de ORPIA, opinó: “La gente tiene miedo porque los colaboradores no son gente apreciada por este gobierno. Por cuestiones de incomodidad buscaron otro lugar y perdimos la oportunidad de realizarlo y ser un poco más fuertes”.
Los retos del futuro
El VI Congreso de ORPIA se realizó los pasados 14 y 15 de septiembre de 2013 en Puerto Ayacucho, 6 años después del V Congreso, aún cuando los estatutos plantean que su realización debe ser trianual. Mirabal, quien fue electo por 351 delegados de 17 organizaciones indígenas de base, en representación de 14 pueblos indígenas de los siete municipios del estado, denomina a su gestión como una “nueva etapa”.
De hecho, el cónclave tenía como objetivo expreso el “reimpulso” de la organización cuando se cumplían 20 años de su fundación. “Los últimos 7 años la dirigió un equipo que estaba vencido pues no quiso hacer el Congreso por 7 años. Desvirtuaron todo lo que eran los principios. Se tuvo que hacer el VI Congreso para recuperar la imagen y la historia de ORPIA. Existen señalamientos de manejos irregulares, declinaron ante el Ministerio de Pueblos Indígenas a cambio de beneficios, prebendas y cargos, poniendo a la organización a la orden de quien le diera recursos. La organización fue retomada por los fundadores, con experiencia y solvencia moral, y esperamos superar eso”, explica Mirabal.
Desde hace pocos años, ORPIA cuenta con el apoyo de una nueva figura asociativa: La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), un espacio informal -reiteran que no son una organización- de discusión surgido en el marco del debate del proceso de demarcación en Amazonas.
Según, Luis Bello, “ORPIA estaba en un proceso de crisis. La COIAM coincide con el proceso de organización del pueblo Yanomami. Es una instancia de coordinación para problemas comunes que se ha venido pronunciando por problemas colectivos”. Sobre la relación entre ambas instancias el trabajo de la COIAM espera fortalecer, sin sustituir, el protagonismo que a juicio de todos debe ser asumido por ORPIA. La COIAM cuenta, a su vez, con la energía de nuevas organizaciones indígenas que brindan un aire nuevo al movimiento. Tras una concurrida asamblea en la comunidad de Parima, en el corazón de la selva, 2.500 yanomamis acordaron los pasados 18 al 20 de julio de 2011, la creación de la Organización Yanomami “Horonami”.
Describe Luis Shatiwe: “A las comunidades, nosotros les hicimos dos preguntas “¿Organización o política?” y el mayor porcentaje lo que nos dijeron es “lo mejor para nosotros es organización”. Los que no creyeron no participaron en la asamblea, los que sí creímos participamos, pues creemos de verdad que la organización es una herramienta fundamental para la defensa de la vida”.
El 4 de diciembre de 2011, en la comunidad de Guarapana, una segunda asamblea con 585 participantes eligen, según sus usos y costumbres, la primera junta directiva de Horonami, siendo designado el yanomami Andrés Blanco como su coordinador general. En julio de 2012 una reunión de su junta directiva ampliada aprueba un plan de trabajo que incluye el diagnóstico participativo de los servicios de salud, el monitoreo de las actividades de minería y el inicio de la autodemarcación del territorio yanomami.
En su esfuerzo por volver a ser lo que alguna vez fue, las autoridades del VI Congreso de ORPIA realizaron la tercera semana de enero de 2014, en Puerto Ayacucho una jornada de planificación de una agenda de trabajo, la primera decidida de manera autónoma en mucho tiempo. Sin embargo, los retos y dilemas para el futuro son múltiples. Uno de ellos es identificar todos los elementos que impiden al movimiento indígena su verdadero protagonismo en su ejercicio del derecho a la libre asociación.
Vladimir Aguilar ha escrito: “El balance del proceso de cooptación política del movimiento indígena venezolano está por hacerse. Pero debe ser el propio movimiento quien lo haga y en el tiempo que él mismo determine”. El investigador merideño, no obstante, es optimista: “Aquí el proceso de rescate de lo que se quiso ser en un tiempo determinado es exactamente el mismo que cuando se creó el CONIVE, a través de las organizaciones regionales. A esto responde el resurgimiento que estamos viendo en estos momentos en organizaciones como las de Amazonas”.
La presencia de veteranos de las luchas indígenas con capacidad de reflexión crítica y autocrítica, de una historia propia, de diversas organizaciones tradicionales así como la emergencia de nuevas figuras asociativas, y por último el acompañamiento paciente de sus aliados configuran un escenario de posibilidades diferente al que existe en Bolívar y Zulia, donde la reflexión sobre la necesidad de recuperación de la independencia organizaciones no ha alcanzado los niveles de Amazonas.
Además de la preocupación por la demarcación de tierras, la salud, educación, minería ilegal y presencia de grupos irregulares, el VI Congreso de ORPIA acordó el recuperar del abandono y acondicionar su sede en Puerto Ayacucho. Así como los indígenas deben mantener las conquistas alcanzadas hasta ahora, un marco normativo garantista de sus derechos, deben mirar al futuro para construir lo nuevo manteniendo lo positivo de lo viejo: una instalación rehabilitada que mejore el esplendor de antaño para el uso de las organizaciones, que como plus continúe ofreciendo lo mejor de la cocina amazónica de la mano de la “Nena Silva”.
