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La violencia armada dejó 477 huérfanos en Anzoátegui en 2013
Victimas de la violencia
Un hecho violento le marcó la vida a Ana (nombre ficticio), de 13 años de edad. En un enfrentamiento entre bandas delictivas fue asesinada su madre y una de esas balas la hirió en la espalda.
El suceso sangriento se registró el domingo 8 de septiembre de 2013 en la calle Pinto Salinas, cruce con Las Garzas del sector Chuparín Arriba, en la zona alta de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. La mujer atendía, junto con su suegro y su esposo, un carrito de perros calientes frente a su casa. Aproximadamente a las 7:30 pm, cuando recogían el puesto pues había finalizado la jornada, se inició el tiroteo y las balas la alcanzaron a ella y a la adolescente.
Para Ana, el duelo que inició ese día no fue solamente por la pérdida de su mamá Liliana, sino que además tuvo que aprender a vivir con su nueva condición: no puede mover sus piernas, pues la bala le quedó alojada en la médula ósea.
Aunque los médicos no le dan posibilidades de que vuelva a caminar, ella no ha perdido las esperanzas. “Papi, cuando pueda caminar otra vez regalaré mi silla”, es lo que siempre le dice a su padre Alexander, quien tuvo que asumir la crianza total de Ana y sus otros dos hermanitos.
La fe de que la niña se recuperará también alberga a su progenitor. “Yo tengo fe en Dios de que mi hija caminará y eso no me la quita nadie”.
La vida de Ana y sus hermanos cambió en segundos: vieron morir a su madre, se cambiaron de casa y de colegio, ya que antes vivían con Liliana y ahora lo hacen con su padre, quienes tenían cerca de cuatro años separados. “A raíz del accidente, los tres niños se vinieron a vivir conmigo, los tuve que cambiar de escuela, para ponerlos en una más cerca de donde residimos”.
Refirió que no ha sido fácil, pero poco a poco ha ido saliendo adelante. Ana está en terapia de rehabilitación física, pero no asiste a ayuda psicológica, a diferencia del menor de sus hermanos, de 8 años, quien sí es llevado a un especialista regularmente. “Él ha tenido reacciones de rebeldía y es el más sentimental. Sé que todos lo necesitan, pero por los momentos sólo él está recibiendo la ayuda”.
Alexander agregó que está claro que un amor de madre no se supera, pero que los niños se han adaptado a su “nueva vida”.
Ana forma parte de la lista de los al menos 477 huérfanos que dejó la violencia armada en el estado Anzoátegui en 2013.
Según las estadísticas que anualmente documenta el periódico El Mío, diario privado local esta cifra de víctimas secundarias son parte de las familias de 213 padres que fueron asesinados a manos del hampa en la entidad oriental, de los cuales 211 son hombres y 13 son mujeres.
De los 12 meses del año pasado, el más violento fue septiembre, en el que 28 progenitores (26 padres y 2 madres) perdieron la vida en diferentes hechos, siendo 66 la cantidad de huérfanos.
Andan libres
Entre uno de esos casos del noveno mes del 2013 está el de Ana y su mamá Liliana, cuyo crimen no ha sido esclarecido en su totalidad. Cuatro sujetos involucrados en el tiroteo que dejó incapacitada a la jovencita, continúan libres por las calles. Mientras que otros dos individuos, identificados como Víctor José Gallardo Totesaut alías “el coniño” y Orlando José Rojas Osun apodado “niño orlandito” fueron capturados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Para la psicóloga que trabaja el tema de víctimas secundarias de la violencia, Magally Huggins Castañeda, la situación de Ana es delicada, ya que necesita de apoyo emocional, afectivo y socioeconómico para seguir adelante dentro de las limitaciones que padece. “Ella está pasando por un duelo que representa la pérdida de su madre, pero a la vez un duelo propio por la pérdida de una de sus capacidades. Necesita ayuda especializada para poder ir superando esos procesos dolorosos y aprender a vivir con su historia, sin que le impida avanzar en su vida”. La especialista sostiene que el caso de Ana es la realidad de los 7 millones de venezolanos que han perdido han un familiar en manos de la violencia y que de alguna manera son víctimas secundarias de este fenómeno social. “Todas esas personas que son tocadas por la violencia en segundo plano necesitan apoyo que los ayude a salir adelante y a la creación de su propio duelo de la manera más sana, ya que en el entorno de impunidad que existe y sin las herramientas adecuadas para superar una pérdida la salida más fácil es la venganza, generando más violencia”. Agregó que “el drama de las víctimas secundarias de la violencia necesitan una respuesta institucional, que responda por la pérdida y que además le ofrezcan una seguridad social y emocional a sus familias”.
Adversidad familiar
La violencia es una realidad para muchas familias, pero para estas 213 que perdieron a unos de sus miembros en 2013 es un duelo que aún es sentido. Bruno Renaud, sacerdote y teólogo, quien además es párroco de Petare, el sector más violento de Caracas, sostiene que la violencia es un fenómeno urbano, pues va acompañada del crecimiento de la pobreza, la cual es mayor en la urbe, por la falta de fuentes de empleo. “Estamos en una sociedad con un alto índice de desempleo juvenil, que tienen más aspiraciones y menos capacidad para satisfacerlas”. Comentó que la corrupción que existe en el país ha creado una sensación psicosocial de una pobreza sentida como injusta, es decir que lleva pensar que en Venezuela hay más de lo que cada persona tiene, por lo que merece más. Para el especialista esta visión se convierte en un: “me están maltratando al no darme lo que merezco, por eso yo hago lo mismo pero pago con violencia para conseguir lo que quiero”. “Otro factor que influye en el crecimiento de la violencia es que, actualmente, existe un descalabro de la familia y de la religión que antes representaban una especie de control social. Hoy en día no es así, se ha ido perdiendo el respeto por estas figuras que eran las principales trasmisoras de valores. Esto ha favorecido el desarraigo y la pérdida de juicio, en donde la falta de autoridad permite que las acciones que se desarrollan en la sociedad sean violentas, marcadas por el “no importa, hago lo que quiero”.
Deuda estatal
En el estado Anzoátegui, como en el resto del país, no existe una instancia gubernamental que atienda los casos de víctimas de la violencia. En el año 2012, se anunció la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que involucra a la Fiscalía del Miniserio Público en el levantamiento de un Registro Nacional de Víctimas para ayudar desde el punto de vista económico y psicológico a las víctimas de la violecia. Pero esta iniciativa no pasó más allá del anuncio. El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, indicó que el Estado venezolano no cuenta con una política de atención a los hijos de asesinados, por lo que esa desatención termina generando más violencia cuando estas víctimas ya son adultos. Napoleón Suárez, representante regional del Movimiento por la Paz y por la Vida – iniciativa gubernamental que se enmara en la Misión A toda vida Venezuela, enfocada a la ejecución de planes de seguridad ciudadana-manifestó que junto con el gobierno regional diseñan un plan para crear nuevas medidas para contrarrestar la violencia a través de las sugerencias del pueblo organizado. En enero de este año se llevó a cabo la primera reunión en asamblea popular en Barcelona, la capital del estado.
Oscuridad informativa
La opacidad en la información oficial es una de las principales restricciones que deben enfrentar las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan investigaciones sobre violencia e inseguridad ciudadana en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia, en su reporte anual 2013, reseñó que desde 2003, en el país no se tiene acceso libre a las estadísticas de criminalidad y delitos. “Hasta esa fecha, las cifras de delitos conocidos por la policía eran públicas, se podían obtener sin trabas de las autoridades y estaban disponibles en los anuarios y en las páginas electrónicas de los organismos competentes para cualquier investigador o ciudadano. El incremento notable que se reportó en ese año 2003, en el cual ocurrieron 11.342 homicidios y que mostraba que en los cinco años anteriores se había más que duplicado los asesinatos, fue quizá lo que motivó la decisión gubernamental de prohibir la difusión de la información”, argumentó el OVV en su informe anual. “Diez años después de censura oficial, la situación de violencia interpersonal no ha mejorado y las muertes violentas continúan aumentando. Al finalizar 2013, cerraremos el año con un estimado conservador de 24.763 muertes violentas en el país y una tasa igualmente conservadora de 79 fallecidos por cada cien mil habitantes”. Estos datos corresponden al Observatorio Venezolano de Violencia. Esta organización, además, señaló en su informe 2012, que cualquier política pública para la atención del problema de inseguridad y violencia en el país, debe “ser transparente y plural, debe convocar a todos los venezolanos honestos y de buena voluntad para prevenir y controlar el delito y para que, más allá de las legítimas diferencias sociales y políticas, podamos construir un futuro común en convivencia y paz”. Las limitaciones de acceso a la información pública en materia de seguridad ciudadana y violencia -al igual que los demás temas de interés colectivo- debería estar disponibles para la consulta libre de la sociedad civil en general. El artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular”.