Trabajadores de Guayana alzan su voz de protesta

Trabajadores de Guayana alzan su voz de protesta

Un infarto sorpresivo cortó su reclamo el 27 de enero de 2014. Fue como el cuento del lobo que viene, pero cuando llegó, nadie en el pueblo estaba preparado. Su nombre era Oswaldo García, de 62 años de edad, y accionista Clase B de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Luego de 25 años trabajando en la siderúrgica, García reclamaba el reembolso de las acciones que le entregó la empresa al jubilarse. Entró al auditorio de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), su acalorada defensa de sus exigencias laborales se combinó con deficiencias cardiovasculares que presentaba y le produjeron su fallecimiento.

Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, está acostumbrada a las protestas, es una de las ciudades más activas en cuanto a manifestaciones pacíficas en Venezuela. Aquí se concentra un grupo importante de las industrias básicas del país, lo que ha mantenido activos a los trabajadores en la exigencia de sus derechos laborales. Pero, particularmente, el caso de García suscitó enorme malestar, aunque no se considera directamente una violación a los derechos humanos, su condiciones de salud se vieron de alguna manera afectadas ante situación.

Los reclamos laborales se han hecho sentir en esta región del país y la solución por parte del Estado a estas demandas sigue siendo materia pendiente. Muchos de los reclamantes habían profetizado que en algún momento uno de ellos moriría esperando su pago y la situación con García pareció darles la razón.

Según Elita Barroso, periodista especializada en la fuente laboral, en Bolívar se presencian variantes de protestas en orden de frecuencia e intensidad: el cierre de puentes y vías principales, para colapsar el tráfico de determinadas áreas donde se encuentran edificios gubernamentales. Marchas, donde la masa trabajadora toma las calles y avenidas. Tomas simbólicas del edificio de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), casa matriz y otras empresas básicas, encadenarse a las puertas de esos edificios, huelgas de brazos caídos, huelga de hambre y una de las más impresionantes, la huelga de sangre, donde el manifestante se cose la boca o se corta para exigir atención.

En su Informe Conflictividad Social en Venezuela en 2013, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) junto con el portal ConflictoVE registró al menos 4.410 protestas. Lo cual es el equivalente a 12 protestas diarias en todo el país. Según este documento la principal causa de los movimientos laborales, fue la lucha por los derechos de los trabajadores, que motivaron 1.791 episodios, correspondientes a un 40, 61 por ciento.

Protestas Laborales 2011-2013

Protestas constantes

Esta realidad se vive semanalmente en Guayana, donde hay un promedio de tres protestas cada siete días, según afirma la periodista Zoleimi Fernandez, que indica que es una ciudad activa en lo que a reclamos se refiere, ya que constantemente se gesta algún tipo de petición sindical.

Barroso considera que el cierre total de la ciudad es la última medida a aplicar, y que indica el clamor por sus derechos del sector laboral. “De la cobertura, me impacta la huelga de sangre, donde se cosen la boca, o ver a los viejitos apostados frente a la CVG, haciendo huelga de hambre, porque se deterioran muy rápido”.

Un secreto a voces es que Sidor lleva la batuta de las protestas en el estado Bolívar, y esto lo confirma Barroso al decir que la siderúrgica es un referente para los demás sindicatos y los logros de esta, impulsan a los otros a pedir mejoras y reivindicaciones.

“A veces los trabajadores tienen razón de protestar, porque el gobierno les promete, les promete y promete, pero en otras ocasiones afectan a toda la ciudad con sus reclamos” dijo Barroso.

En 2013 las huelgas en Guayana fueron sistemáticas, incluyendo un lapso de 20 días donde Sidor se paralizó y otra en junio donde la industria básica Ferrominera del Orinoco hizo lo propio.

La criminalización del derecho a la protesta es una frase repetida en el informe de 2013 del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) con respecto a Guayana. El documento está disponible en observatoriodeconflictos.org.ve. Con ella se hace referencia a la costumbre de militarizar Ciudad Guayana cada vez que hay marchas o protestas sindicales, a la detención arbitraria de líderes y la amenaza de prisión a los que protestan.

Sigue siendo caso emblema el juicio a Rubén González, secretario de Sintraferrominera, que aún sigue en pie de lucha, bajo un proceso judicial abierto, luego de que estuviese preso por liderizar una protesta.

Marelys Torres, periodista que trabajó la fuente de sindicatos para el Semanario especializado en el tema laboral El Crítico explicó que en su consideración el derecho a la protesta no se está respetando en la actualidad, por las represalias que se toman luego de la actividad, como las denuncias hechas contra trabajadores por parte de las autoridades con la finalidad de ponerlos presos.

Torres considera que la conflictividad ha disminuido y existe menos contención violenta por parte de las autoridades. “En 2007 y 2008 era más represivo. A cada rato sacaban a la Guardia Nacional, y detenían hasta a los jubilados y a los periodistas que cubrían los hechos”.

Amenazas a periodistas

Los trabajadores de la prensa se sienten en riesgo dentro de las protestas, y en el caso particular de Barroso, la periodista contratada por un sindicato le hizo llegar amenazas de golpearla si no suavizaba su cobertura respecto a ese ente en particular. “En el último cierre de calles de Sidor, los trabajadores insultaron al fotógrafo y a la periodista. Preocupa que ahora hay hasta pistolas en las protestas” comentó.

Conflictividad laboral

“En 2013 los trabajadores se mantuvieron en el primer lugar del ranking de las protestas en Venezuela. Aunque en un porcentaje menor que en los últimos dos años, reportando una disminución de 21% en comparación con 2012”, así lo reseñó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De acuerdo, a los datos, en 2011 se reportaron 2093 protestas por exigencias de los trabajadores; en 2012 sumaron 2256, mientras que 2013 cerró con 1791.

El OVCS considera que “las concentraciones, marchas, cierres de calle, huelgas de hambre, paralizaciones, asambleas permanentes y entrega de volantes fueron algunas de las expresiones de lucha realizadas por trabajadores de empresas públicas y privadas”. De estas categorías, resaltaron los paros y las huelgas de los trabajadores. El Observatorio de Conflictividad, destacó en su investigación anual que en junio de 2013, “los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, en el estado Bolívar, realizaron una huelga de más de 10 días para exigir cancelación de pasivos laborales y reenganche de compañeros despedidos. Ante la acción de los trabajadores, el gobierno nacional militarizó la industria. La acción del gobierno fue rechazada por los manifestantes quienes la catalogaron como criminalización del derecho constitucional a la huelga. Luego de la presión de los trabajadores, desde el Ejecutivo se ordenó retirar a los militares y conformar mesas de diálogo y negociación para resolver el conflicto, que fue levantado luego de ciertos acuerdos entre autoridades y dirigentes sindicales. Cerrando el segundo semestre de 2013, se reportaron asambleas y protestas de trabajadores quienes señalaron el incumplimiento de los acuerdos que habían favorecido el levantamiento de la huelga, las autoridades informaron que los acuerdos se harían efectivos a partir de la segunda semana de julio”.

En 2013, además, en Guayana se desarrollaron “paros laborales de larga duración, destacando el que protagonizaron los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) a finales de año que duró más de 20 días”, de acuerdo a la documentación que realizó la organización no gubernamental.

El OVCS, también, llamó la atención ante la criminalización del derecho a la sindicalización y a la protesta. “Lejos de mejorar la situación en este aspecto, observamos una tendencia por parte de las autoridades a judicializar a dirigentes sindicales y trabajadores por protestar por sus derechos o por tratar de organizarse en sindicatos. El juicio a Rubén González, Secretario General de Sintraferrominera continuó durante 2013, cuando se llevaron a cabo varias audiencias en el Tribunal de Caracas que lleva la causa. Este caso es emblemático pues dicho dirigente sindical está encausado por dirigir una protesta por la cual ya fue a la cárcel”.

Protestas de 2013

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó en su informe anual, que en 2013 se mantuvieron las exigencias laborales como las principales motivaciones de las protestas pacíficas en el país. El estado Bolívar reporta un grueso de las manifestaciones ante las demandas constantes de los trabajadores, principalmente, en el sector de las industrias básicas estatales.