Al analizar los datos, sobresale la naturaleza pública de varios de ellos y el financiamiento y amparo estatal de la producción a través del canal público de televisión que es Venezolana de Televisión (VTV) y de otros organismos públicos como el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), que replica el contenido de algunos de estos medios en su página web oficial”, precisa el referido informe.

El asedio digital vulnera el derecho de toda persona, entre ellas los periodistas, a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, como está consagrado en el artículo 60 de la Constitución. Pero, además, este tipo de hostigamiento a los y las profesionales de la comunicación social puede trascender de lo virtual a lo real y poner en peligro sus derechos a la integridad física, la libertad personal y, en casos extremos, a la vida.

El asedio digital es una modalidad del discurso estigmatizante contra las personas periodistas, que se ha consolidado como patrón de hostigamiento en Venezuela. 

Los agresores se valen de la ligereza con que circula la información en redes sociales para focalizar el ataque contra periodistas o medios, generalmente como represalia por difundir algún contenido específico que revele acciones u omisiones de interés público. 

Las redes sociales se convierten en tribunales de facto. Se echa mano de la desinformación con la intención de desprestigiar la labor de los y las comunicadores sociales y, en algunas ocasiones, el discurso estigmatizante precede procedimientos administrativos o judiciales contra las y los profesionales del periodismo. Luego se activa un ejército digital al servicio del oficialismo para viralizar las agresiones.

Sobre el uso de “tropas tuiteras” del oficialismo, el observatorio Probox precisó que en 2021 se registraron 1969 tendencias en Twitter, de las cuales 1.196  (92,43%) fueron impuestas por el oficialismo “para manipular la opinión pública, desviar la atención sobre algún evento nacional o para simular apoyo a narrativas propias y las de sus aliados”.

Un informe de Amnistía Internacional titulado “Represión calculada: estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” da cuenta del deliberado propósito de rechazar, atacar y censurar cualquier cuestionamiento público que afecte los intereses gubernamentales. 

“Los medios de comunicación que hicieron estigmatizaciones más frecuentemente antes de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo arrestos fueron ‘Con el Mazo Dando’, ‘Misión Verdad’ y el portal web ‘Lechuguinos’. Al analizar los datos, sobresale la naturaleza pública de varios de ellos y el financiamiento y amparo estatal de la producción a través del canal público de televisión que es Venezolana de Televisión (VTV) y de otros organismos públicos como el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), que replica el contenido de algunos de estos medios en su página web oficial”, precisa el referido informe.

El asedio digital vulnera el derecho de toda persona, entre ellas los periodistas, a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, como está consagrado en el artículo 60 de la Constitución. Pero, además, este tipo de hostigamiento a los y las profesionales de la comunicación social puede trascender de lo virtual a lo real y poner en peligro sus derechos a la integridad física, la libertad personal y, en casos extremos, a la vida.