El 21 de diciembre de 2019, el periodista Elides Rojas López fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y encarcelado en la sede del organismo en Boleíta, estado Miranda, por la presunta comisión de actos de instigación al odio, tal como lo denunciara el empresario Raúl Gorrín Belisario.

La denuncia de Gorrín Belisario se sustenta en una nota periodística publicada en el portal web del diario El Universal, en la cual Gorrín Belisario fue mencionado. Esa nota periodística no fue escrita, ni planeada, ni revisada o editada por Elides Rojas, para entonces Vicepresidente de Información de El Universal.

Rojas fue excarcelado el 22 de diciembre de 2019, pero permaneció sometido a una medida cautelar de prohibición de salida del país que limitó el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho al debido proceso y el derecho al trabajo.

En noviembre de 2020, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Control Estadal del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas envió el expediente a la Fiscalía Octava con Competencia Nacional del Ministerio Público, a cargo del doctor Ronald Gil Da Silva, a quien le solicitó expresamente que formalizara el correspondiente acto conclusivo. En esa oportunidad se verificó la inactividad procesal en la causa, pues no hubo ninguna acción para impulsarla, ni del Ministerio Público ni del denunciante.

En catorce oportunidades, Rojas López dirigió comunicaciones formales al Ministerio Público, sin obtener respuesta. Finalmente, después de casi dos años, el tercer fiscal encargado, Yorman Flores, accedió al cierre de la causa penal en contra del periodista.

En febrero de 2021, el Ministerio Público abrió una averiguación contra el periodista del diario El Carabobeño, Kevin Arteaga, por la cobertura periodística a una protesta ciudadana que había ocurrido meses atrás.

Según la correspondiente alerta de IPYS Venezuela, el comunicador fue citado en calidad de ‘investigado’ sin que fuera previamente informado de los hechos que motivaban la actuación fiscal. El 19 de enero fue entregado en la sede del medio de comunicación un oficio del Ministerio Público, firmado por la fiscal auxiliar María Alejandra Macualo Cermeño, a través del cual solicitaron al departamento de recursos humanos del diario los datos filiatorios del reportero, sin dar detalles respecto al motivo de ese requerimiento. Al día siguiente la casa editorial envió lo solicitado y el viernes 29 de enero recibió un segundo documento correspondiente a la citación de comparecencia ante el Ministerio Público.

El departamento jurídico de El Carabobeño y Foro Penal agotaron las vías legales para conocer la causa de la investigación antes de acudir a la citación por desconocer los elementos de tal acción.

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga”, estas garantías deben cumplirse como parte del debido proceso.

La oficina en Venezuela de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos —comunicada de la situación desde el inicio—, solicitó información al Ministerio Público y a las autoridades judiciales de Carabobo, pero no obtuvo respuesta.

El hostigamiento contra Kevin Arteaga y otros periodistas de El Carabobeño tuvo otros episodios en los meses siguientes, durante sus labores habituales de reportería, como lo denunció IPYS Venezuela.

 

Por sus investigaciones sobre los negocios del empresario vinculado al oficialismo Alex Saab, el periodista Roberto Deniz de Armando.info ha sido víctima de un sistemático y prolongado asedio digital, además de sufrir las consecuencias de la acusación penal interpuesta por Saab en su contra, por la que se vio obligado a salir del país en 2018.

Este hostigamiento, ejercido por perfiles de simpatizantes oficialistas vinculados con la campaña a favor del empresario colombiano, se ha caracterizado por la difusión de mensajes descalificativos que acusan al reportero y al medio de extorsionadores, tarifados, mentirosos, sicarios de la comunicación, entre otros insultos.

En octubre de 2021, IPYS VENEZUELA reportó que el Tribunal de Primera Instancia de Control N°32, a cargo de la jueza Yoly Mariana Torres Sandoval, dictó una orden de captura contra el periodista Roberto Deniz, “por la presunta comisión del delito de instigación al odio”, previsto y sancionado en el artículo 20 de la normativa Contra el Odio. Además, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) allanaron la casa de sus padres en Caracas.

La criminalización del trabajo periodístico de Deniz a través de las redes sociales se ha agudizado desde que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Esta decisión se produjo tras más de un año desde su detención en el noroeste africano, en junio de 2020.

En julio de 2022, el comunicador social oficialista Pedro Carvajalino publicó un tuit que muestra un montaje gráfico con el rostro de Deniz donde lo señala de ser “El extorsionador de Twitter”. Esta fue la tercera vez en el año que Carvajalino arremetía contra Deniz, y a partir de sus publicaciones intimidatorias otros adeptos al oficialismo se sumaron al ataque y tildaron de delincuente, palangrista, y otros descalificativos al reportero de investigación.

En enero de 2021, el periodista independiente Obeysser Prada, fue objeto de asedio digital luego de difundir información a través de su cuenta en Twitter sobre la actuación de Tamani Bernal, hijo del para entonces “protector” del estado Táchira. 

Según la alerta de IPYS Venezuela, Prada recibió amenazas desde varias cuentas en Twitter, además de mensajes de Whatsapp y llamadas de números telefónicos provenientes de Estados Unidos, España, México y Reino Unido.

De acuerdo con una de las fotos de perfil de los números usados, la organización que concentra a los victimarios lleva por nombre “Anonymous Border Security Command”, que en español se traduce como “Comando Anónimo de Seguridad Fronteriza”.

El mensaje repetido de forma íntegra por los diferentes números, contenía la amenaza de hackear el teléfono y las redes sociales del comunicador. 

El jueves 28 de enero, Prada denunció ser víctima de varios intentos de ingreso a su correo electrónico desde dispositivos ubicados en otros países.

En mayo de 2021, el periodista informó a IPYS Venezuela que el Ministerio Público abrió una averiguación en su contra por la presunta comisión del delito de instigación al odio y que la misma quedó en manos de la fiscal Herly Quintero Bautista. El 29 de julio de 2021, la jueza Décima de Control de Táchira, Andrea Carolina González Cárdenas, dictó orden de aprehensión contra Prada.

Desde 2016, el comunicador ha denunciado recibir ataques y hechos de amedrentamiento a través de cuentas falsas en redes sociales y números telefónicos anónimos. Tres denuncias reposan en la Fiscalía del Ministerio Público (MP) del estado Táchira sin recibir respuesta escrita oficial.

 

El 19 de junio de 2015, los periodistas aragüeños fueron convocados por el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PSUV por el estado, Elvis Amoroso, a una actividad que tendría lugar en Villa de Cura. El punto de encuentro sería la sede del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Cuando Beatriz Lara Mendoza y el reportero gráfico Alfredo Paradas llegaron al lugar, se desarrollaba el traslado de aproximadamente 20 detenidos. La reportera trató de indagar con el inspector Edgar Villegas, quien intempestivamente comenzó a insultarla.

Un texto escrito por Gregoria Díaz, corresponsal de IPYS Venezuela, narra y describe la escalada en el ataque: “Me importa un coño de la madre con quien quieras hablar, te me vas de aquí, fuera” es la airada respuesta del inspector Villegas mientras la periodista le exigía respeto. Pero siguió gritándole. “Qué voy a estar respetando a una puta y zorra como tú. Fuera de aquí”.

Paradas intervino, pero Villegas lo empujó y al caer al suelo el reportero gráfico fue pateado por otros ocho funcionarios del Cicpc. 

La periodista ofreció mayores detalles de la arremetida de Villegas en su contra: “Me sujeta por el brazo y el cabello. Me empuja contra una pared. Buscó fracturarme el brazo derecho. Entonces amarró su mano con mi cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra la pared, mientras me decía: informa, informa si eres periodista, ¿qué vas a informar?

Un año y medio después el Ministerio Público acusó a Edgardo José Villegas Reyes por los delitos de trato cruel, inhumano y degradante y privación ilegítima de libertad. Sin embargo, el retardo procesal operó como mecanismo de impunidad. Beatriz Lara Mendoza huyó de Venezuela con sus dos hijos.

El 11 de febrero de 2020 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, retornaría a Venezuela y los medios se preparaban para el correspondiente registro. Grupos afectos al oficialismo también se prepararon, pero para arremeter brutalmente contra el grupo de periodistas que acudieron al aeropuerto internacional Simón Bolívar.

14 profesionales de la prensa fueron agredidos, 11 de ellos físicamente. Todo ocurrió “en presencia de funcionarios de cuerpos policiales, que no ejecutaron ninguna acción para evitar que la prensa fuera amedrentada”, denunció Ipys Venezuela.

Maiker Yriarte, reportero de Vivo Play y TVV, y su camarógrafo César Díaz sufrieron las lesiones más graves. Lo más visible fue la herida sangrante en una de las manos del periodista. Yriarte y Díaz tuvieron que ser trasladados de emergencia a un centro de salud, donde les pusieron collarines, pues la golpiza les lesionó la región cervical.

“Me quitaron los lentes, los zapatos; me quitaron el micrófono”, decía Yriarte pocos minutos después de la arremetida en su contra y todavía aturdido.

Nurelyin Contreras, de Punto de Corte; Leonaibet Díaz, de VPI TV; Nadezka Noriega, de El Pitazo; César Saavedra y Estefany Brito, de CNVE 24; Daniel Hernández, de El Estímulo; Reynaldo Mozo e Iván Reyes, de Efecto Cocuyo; y Aymara Alonso, de EVTV, también sufrieron golpes, patadas y empujones.

Los agresores eran fácilmente identificables en los registros audiovisuales del hecho, los cuales aún están disponibles online. A pesar de todas las evidencias y de que  las víctimas formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público, el ataque permanece impune.

El 10 de abril de 2017, funcionarios de Conatel se presentaron intempestivamente en la sede de Studio 92.1 FM, en Punto Fijo. Nelson Urbina, director de la radioemisora falconiana, no estaba presente, pero debía acudir de inmediato, pues los agentes estatales estaban dispuestos a confiscar los equipos y a detener a los empleados. 

La historia fue documentada por IPYS Venezuela a través del reportaje especial Emisoras en vilo. Allí se cuentan las vicisitudes de los trabajadores de Studio 92.1 FM y de otras estaciones de radio, de un total de 41 que fueron clausuradas por Conatel en 2017.

Los funcionarios de Conatel alegaban que Studio 92.1 estaba operando clandestinamente. Urbina explicó que durante muchos años habían hecho las gestiones que les indicó el organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela para cumplir con los requerimientos a efectos de obtener la licencia para operar. Más específicamente, el director de Studio 92.1 FM les precisó que en 2007 pagaron 8.279,04 bolívares para reservar la frecuencia 92.1 FM. 

Lo cierto es que la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en 2011, endureció las reglas y no bastaba la reserva de la frecuencia: toda actividad radiofónica sin concesión se considera clandestina, independientemente de los años que haya estado al aire ni de la audiencia que haya cultivado.

“En el año 2011 ellos hicieron una evaluación de la estación, de cómo estábamos emitiendo. Y todo estaba perfecto. Entonces, confirmaron que estábamos en el aire y no nos dijeron nada. Volví a Conatel a preguntar: ‘¿por qué no me asignan la frecuencia?’ Y me decían que no estaban asignando”, recordó Urbina.

Después del cierre de Studio 92.1 FM y la confiscación de sus equipos (un amplificador, una consola de audio, un par de micrófonos con parales, CPU, mouse, teclados, monitores, reproductores, entre otros aparatos), el periodista viajó a Caracas con la esperanza de revertir la medida que lo sacó del aire. Se planteó encarar a la directora de Conatel para esa época, Enrique Quintana Sifontes. Pero no pasó más allá de la recepción de la sede capitalina del organismo.

Urbina trasladó sus reclamos a tribunales e, inicialmente, alegó la violación del debido proceso, pues la medida de cierre se ejecutó en días no hábiles, durante el asueto de Semana Santa. Sin embargo, su demanda no fue respondida. Los tribunales, alineados con Conatel, también guardaron silencio y, en definitiva, Studio 92.1 FM fue acallada.

«Apreciados productores y empleados, cumplo con la penosa noticia de informarles que Conatel acaba de notificarme la extinción de la habilitación y concesión de Éxtasis 97.7 FM. Ordenó apagar la radio». De esta forma, el director de la emisora, José Luis Rincón, anunció la clausura, luego de 29 años de servicio a la población de Táchira.

El 21 de julio de 2024 la censura en la radiodifusión venezolana alcanzó a Éxtasis 97.7 FM Rincón precisó a IPYS Venezuela que fue visitado por una comisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes le entregaron la notificación del cese de operaciones de la radio, firmada por el ministro de Información y Comunicación, Freddy Ñáñez.

Aunque los funcionarios de Conatel le indicaron que podía apelar la medida, lo obligaron a salir del aire de inmediato, pues había vencido la habilitación para operar el dial.

La clausura de Éxtasis 97.7 FM se ejecutó inmediatamente después de que en esa emisora fue entrevistada Delsa Solórzano. Días antes, la voz de María Corina Machado también se había escuchado por la radioemisora. Ambas candidatas de la elección primaria de la oposición habían usado el término “dictadura” para referirse al régimen político encabezado por Nicolás Maduro.

Rincón explicó a través de una transmisión en Instagram que, al igual que otros miembros de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, había realizado gestiones ante Conatel para renovar la licencia y continuar operando, sobre todo después de que el año anterior el organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela había cerrado 107 estaciones radiales. 

Como suele suceder, las gestiones de Rincón y del resto de los radiodifusores venezolanos para obtener los permisos establecidos en la ley fueron infructuosas: Conatel no respondió a las reiteradas solicitudes. 

Rincón, así como otros 20 trabajadores, entre periodistas, locutores, técnicos y personal administrativo, perdieron su empleo. “Éxtasis ha sido abierta a todos los pensamientos, a todas las ideas políticas. Es una radio que se ha ocupado del tema ambiental, cultural, deporte, educación, temas sociales. Hemos cumplido con la responsabilidad social con el Táchira y el país”, expresó el radiodifusor de 70 años de edad.

Como en otros casos, Éxtasis ha tratado de subsistir en el entorno digital. Sin embargo, las deficiencias de conectividad en Táchira implican un obstáculo adicional.

La periodista Mari Montes, quien cubre la liga profesional de béisbol en Estados Unidos, denunció el 12 de enero que ha sido acosada de manera sostenida mediante la red social  X.  Montes precisó que, desde 2018, el usuario identificado como Jesús Aguilera Esteller (@44Jesteller) ha formulado y publicado comentarios misóginos y difamatorios en su contra.

Aguilera, comparte contenido deportivo, especialmente de Venezuela y suele hacer referencia al usuario de la periodista Mari Montes en X, @porlagoma. Entre otros señalamientos, afirmó que la reportera tuvo una relación afectiva con Óscar Prieto, expresidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, a quien él llama “Capulina” y “Sargento García”.

En otras publicaciones, @44Jesteller emitió insultos hacia el periodista Daniel Álvarez Montes, hijo de Mari Montes, quien también cubre las Grandes Ligas.

IPYS Venezuela verificó que, entre agosto de 2018 y julio de 2023, Aguilera publicó en su perfil 76 mensajes ofensivos y comentarios misóginos sobre Montes o su hijo, incluso en situaciones que inicialmente no estaban vinculadas a la reportera. En ese lapso, otros usuarios en X, seguidores de @44Jesteller, replicaron la narrativa machista de ataque contra la comunicadora.

El acoso sostenido y de carácter misógino contra Mari Montes por parte de Jesús Aguilera Esteller y sus seguidores en X, no solo cuestiona la capacidad de la periodista, sino que afecta su reputación y puede degenerar en acciones que pongan en riesgo su integridad física.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que “los ataques en línea que tienen como objetivo a las mujeres periodistas adquieren características específicas relacionadas con el género, y son generalmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Este tipo de violencia conduce a la autocensura y es un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública”.

Durante 2022, la periodista Nilsa Varela, directora del diario regional El Vistazo, de El Tigre, estado Anzoátegui, fue víctima de una campaña de acoso, desprestigio y agravios a través de redes sociales, medios digitales y espacios tradicionales.  El alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, su hijo Sandino Paraqueima, funcionarios municipales y otros simpatizantes de su administración se sumaron a esta campaña contra Varela.

Estos ataques discursivos iniciaron posterior a la cobertura periodística que hizo El Vistazo sobre el conflicto que generaron las altas tarifas de la empresa de aseo urbano, Fospuca, en dicha localidad. 

En un artículo de opinión publicado el 28 de julio de 2022 en el diario regional El Oriental, titulado “La Guillotina” y firmado por Sandino Paraqueima, hijo del alcalde de El Tigre, se refiere el diario El Vistazo como “El mentirazo”. Se acusa a El Vistazo de “crear una matriz de opinión en contra del alcalde”, de “chantajear a la gente” y se intenta descalificar a su directora, Nilsa Varela, al mencionarla como «acomplejada bipolar».

A partir de esta publicación, varios perfiles en Facebook que reúnen a personas de El Tigre difundieron una serie de insultos, ataques y montajes de titulares falsos en las que se suplantaba la identidad del medio y se les acusaba de estar presuntamente vinculados a una banda delictiva. En varias de las publicaciones además señalaron a Varela de tener un acuerdo y relación amorosa con el exalcalde de Simón Rodríguez, Ernesto Raydan, a quien denunció a través del portal del medio de comunicación por instigación al odio cuando éste ostentaba el máximo cargo municipal.

El lunes 15 de agosto de 2022 se hizo de conocimiento público que Nilsa Varela denunció a Ernesto Paraqueima, a su hijo, Sandino Paraqueima, quien es director del portal Mundo Oriental, y a tres trabajadores de la alcaldía de Simón Rodríguez por delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, basados en “Acoso y Hostigamiento, violencia mediática y psicológica”. 

Las otras tres personas demandadas por Varela son Nelson Millán, director de Ambiente y encargado de mantenimiento de la alcaldía de Simón Rodríguez; Williams Urquiola, director del Terminal Cleto Quijada y Orlando Marín, director de Promoción y Acompañamiento del Poder Popular del Despacho Municipal. La denuncia fue presentada el 9 de agosto ante la Fiscalía 18 del Ministerio Público dedicada a casos contra la Violencia de Género de El Tigre, dirigida por la fiscal doctora Yurilma Prado.