Misma pauta

El 21 de diciembre de 2019, el periodista Elides Rojas López fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y encarcelado en la sede del organismo en Boleíta, estado Miranda, por la presunta comisión de actos de instigación al odio, tal como lo denunciara el empresario Raúl Gorrín Belisario.

La denuncia de Gorrín Belisario se sustenta en una nota periodística publicada en el portal web del diario El Universal, en la cual Gorrín Belisario fue mencionado. Esa nota periodística no fue escrita, ni planeada, ni revisada o editada por Elides Rojas, para entonces Vicepresidente de Información de El Universal.

Rojas fue excarcelado el 22 de diciembre de 2019, pero permaneció sometido a una medida cautelar de prohibición de salida del país que limitó el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho al debido proceso y el derecho al trabajo.

En noviembre de 2020, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Control Estadal del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas envió el expediente a la Fiscalía Octava con Competencia Nacional del Ministerio Público, a cargo del doctor Ronald Gil Da Silva, a quien le solicitó expresamente que formalizara el correspondiente acto conclusivo. En esa oportunidad se verificó la inactividad procesal en la causa, pues no hubo ninguna acción para impulsarla, ni del Ministerio Público ni del denunciante.

En catorce oportunidades, Rojas López dirigió comunicaciones formales al Ministerio Público, sin obtener respuesta. Finalmente, después de casi dos años, el tercer fiscal encargado, Yorman Flores, accedió al cierre de la causa penal en contra del periodista.

En febrero de 2021, el Ministerio Público abrió una averiguación contra el periodista del diario El Carabobeño, Kevin Arteaga, por la cobertura periodística a una protesta ciudadana que había ocurrido meses atrás.

Según la correspondiente alerta de IPYS Venezuela, el comunicador fue citado en calidad de ‘investigado’ sin que fuera previamente informado de los hechos que motivaban la actuación fiscal. El 19 de enero fue entregado en la sede del medio de comunicación un oficio del Ministerio Público, firmado por la fiscal auxiliar María Alejandra Macualo Cermeño, a través del cual solicitaron al departamento de recursos humanos del diario los datos filiatorios del reportero, sin dar detalles respecto al motivo de ese requerimiento. Al día siguiente la casa editorial envió lo solicitado y el viernes 29 de enero recibió un segundo documento correspondiente a la citación de comparecencia ante el Ministerio Público.

El departamento jurídico de El Carabobeño y Foro Penal agotaron las vías legales para conocer la causa de la investigación antes de acudir a la citación por desconocer los elementos de tal acción.

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga”, estas garantías deben cumplirse como parte del debido proceso.

La oficina en Venezuela de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos —comunicada de la situación desde el inicio—, solicitó información al Ministerio Público y a las autoridades judiciales de Carabobo, pero no obtuvo respuesta.

El hostigamiento contra Kevin Arteaga y otros periodistas de El Carabobeño tuvo otros episodios en los meses siguientes, durante sus labores habituales de reportería, como lo denunció IPYS Venezuela.

Por sus investigaciones sobre los negocios del empresario vinculado al oficialismo Alex Saab, el periodista Roberto Deniz de Armando.info ha sido víctima de un sistemático y prolongado asedio digital, además de sufrir las consecuencias de la acusación penal interpuesta por Saab en su contra, por la que se vio obligado a salir del país en 2018.

Este hostigamiento, ejercido por perfiles de simpatizantes oficialistas vinculados con la campaña a favor del empresario colombiano, se ha caracterizado por la difusión de mensajes descalificativos que acusan al reportero y al medio de extorsionadores, tarifados, mentirosos, sicarios de la comunicación, entre otros insultos.

En octubre de 2021, IPYS VENEZUELA reportó que el Tribunal de Primera Instancia de Control N°32, a cargo de la jueza Yoly Mariana Torres Sandoval, dictó una orden de captura contra el periodista Roberto Deniz, “por la presunta comisión del delito de instigación al odio”, previsto y sancionado en el artículo 20 de la normativa Contra el Odio. Además, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) allanaron la casa de sus padres en Caracas.

La criminalización del trabajo periodístico de Deniz a través de las redes sociales se ha agudizado desde que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Esta decisión se produjo tras más de un año desde su detención en el noroeste africano, en junio de 2020.

En julio de 2022, el comunicador social oficialista Pedro Carvajalino publicó un tuit que muestra un montaje gráfico con el rostro de Deniz donde lo señala de ser “El extorsionador de Twitter”. Esta fue la tercera vez en el año que Carvajalino arremetía contra Deniz, y a partir de sus publicaciones intimidatorias otros adeptos al oficialismo se sumaron al ataque y tildaron de delincuente, palangrista, y otros descalificativos al reportero de investigación.

En enero de 2021, el periodista independiente Obeysser Prada, fue objeto de asedio digital luego de difundir información a través de su cuenta en Twitter sobre la actuación de Tamani Bernal, hijo del para entonces “protector” del estado Táchira. 

Según la alerta de IPYS Venezuela, Prada recibió amenazas desde varias cuentas en Twitter, además de mensajes de Whatsapp y llamadas de números telefónicos provenientes de Estados Unidos, España, México y Reino Unido.

De acuerdo con una de las fotos de perfil de los números usados, la organización que concentra a los victimarios lleva por nombre “Anonymous Border Security Command”, que en español se traduce como “Comando Anónimo de Seguridad Fronteriza”.

El mensaje repetido de forma íntegra por los diferentes números, contenía la amenaza de hackear el teléfono y las redes sociales del comunicador. 

El jueves 28 de enero, Prada denunció ser víctima de varios intentos de ingreso a su correo electrónico desde dispositivos ubicados en otros países.

En mayo de 2021, el periodista informó a IPYS Venezuela que el Ministerio Público abrió una averiguación en su contra por la presunta comisión del delito de instigación al odio y que la misma quedó en manos de la fiscal Herly Quintero Bautista. El 29 de julio de 2021, la jueza Décima de Control de Táchira, Andrea Carolina González Cárdenas, dictó orden de aprehensión contra Prada.

Desde 2016, el comunicador ha denunciado recibir ataques y hechos de amedrentamiento a través de cuentas falsas en redes sociales y números telefónicos anónimos. Tres denuncias reposan en la Fiscalía del Ministerio Público (MP) del estado Táchira sin recibir respuesta escrita oficial.

El 19 de junio de 2015, los periodistas aragüeños fueron convocados por el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PSUV por el estado, Elvis Amoroso, a una actividad que tendría lugar en Villa de Cura. El punto de encuentro sería la sede del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Cuando Beatriz Lara Mendoza y el reportero gráfico Alfredo Paradas llegaron al lugar, se desarrollaba el traslado de aproximadamente 20 detenidos. La reportera trató de indagar con el inspector Edgar Villegas, quien intempestivamente comenzó a insultarla.

Un texto escrito por Gregoria Díaz, corresponsal de IPYS Venezuela, narra y describe la escalada en el ataque: “Me importa un coño de la madre con quien quieras hablar, te me vas de aquí, fuera” es la airada respuesta del inspector Villegas mientras la periodista le exigía respeto. Pero siguió gritándole. “Qué voy a estar respetando a una puta y zorra como tú. Fuera de aquí”.

Paradas intervino, pero Villegas lo empujó y al caer al suelo el reportero gráfico fue pateado por otros ocho funcionarios del Cicpc. 

La periodista ofreció mayores detalles de la arremetida de Villegas en su contra: “Me sujeta por el brazo y el cabello. Me empuja contra una pared. Buscó fracturarme el brazo derecho. Entonces amarró su mano con mi cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra la pared, mientras me decía: informa, informa si eres periodista, ¿qué vas a informar?

Un año y medio después el Ministerio Público acusó a Edgardo José Villegas Reyes por los delitos de trato cruel, inhumano y degradante y privación ilegítima de libertad. Sin embargo, el retardo procesal operó como mecanismo de impunidad. Beatriz Lara Mendoza huyó de Venezuela con sus dos hijos.

El 19 de junio de 2015, los periodistas aragüeños fueron convocados por el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PSUV por el estado, Elvis Amoroso, a una actividad que tendría lugar en Villa de Cura. El punto de encuentro sería la sede del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Cuando Beatriz Lara Mendoza y el reportero gráfico Alfredo Paradas llegaron al lugar, se desarrollaba el traslado de aproximadamente 20 detenidos. La reportera trató de indagar con el inspector Edgar Villegas, quien intempestivamente comenzó a insultarla.

Un texto escrito por Gregoria Díaz, corresponsal de IPYS Venezuela, narra y describe la escalada en el ataque: “Me importa un coño de la madre con quien quieras hablar, te me vas de aquí, fuera” es la airada respuesta del inspector Villegas mientras la periodista le exigía respeto. Pero siguió gritándole. “Qué voy a estar respetando a una puta y zorra como tú. Fuera de aquí”.

Paradas intervino, pero Villegas lo empujó y al caer al suelo el reportero gráfico fue pateado por otros ocho funcionarios del Cicpc. 

La periodista ofreció mayores detalles de la arremetida de Villegas en su contra: “Me sujeta por el brazo y el cabello. Me empuja contra una pared. Buscó fracturarme el brazo derecho. Entonces amarró su mano con mi cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra la pared, mientras me decía: informa, informa si eres periodista, ¿qué vas a informar?

Un año y medio después el Ministerio Público acusó a Edgardo José Villegas Reyes por los delitos de trato cruel, inhumano y degradante y privación ilegítima de libertad. Sin embargo, el retardo procesal operó como mecanismo de impunidad. Beatriz Lara Mendoza huyó de Venezuela con sus dos hijos.

El 10 de abril de 2017, funcionarios de Conatel se presentaron intempestivamente en la sede de Studio 92.1 FM, en Punto Fijo. Nelson Urbina, director de la radioemisora falconiana, no estaba presente, pero debía acudir de inmediato, pues los agentes estatales estaban dispuestos a confiscar los equipos y a detener a los empleados. 

La historia fue documentada por IPYS Venezuela a través del reportaje especial Emisoras en vilo. Allí se cuentan las vicisitudes de los trabajadores de Studio 92.1 FM y de otras estaciones de radio, de un total de 41 que fueron clausuradas por Conatel en 2017.

Los funcionarios de Conatel alegaban que Studio 92.1 estaba operando clandestinamente. Urbina explicó que durante muchos años habían hecho las gestiones que les indicó el organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela para cumplir con los requerimientos a efectos de obtener la licencia para operar. Más específicamente, el director de Studio 92.1 FM les precisó que en 2007 pagaron 8.279,04 bolívares para reservar la frecuencia 92.1 FM. 

Lo cierto es que la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobada en 2011, endureció las reglas y no bastaba la reserva de la frecuencia: toda actividad radiofónica sin concesión se considera clandestina, independientemente de los años que haya estado al aire ni de la audiencia que haya cultivado.

“En el año 2011 ellos hicieron una evaluación de la estación, de cómo estábamos emitiendo. Y todo estaba perfecto. Entonces, confirmaron que estábamos en el aire y no nos dijeron nada. Volví a Conatel a preguntar: ‘¿por qué no me asignan la frecuencia?’ Y me decían que no estaban asignando”, recordó Urbina.

Después del cierre de Studio 92.1 FM y la confiscación de sus equipos (un amplificador, una consola de audio, un par de micrófonos con parales, CPU, mouse, teclados, monitores, reproductores, entre otros aparatos), el periodista viajó a Caracas con la esperanza de revertir la medida que lo sacó del aire. Se planteó encarar a la directora de Conatel para esa época, Enrique Quintana Sifontes. Pero no pasó más allá de la recepción de la sede capitalina del organismo.

Urbina trasladó sus reclamos a tribunales e, inicialmente, alegó la violación del debido proceso, pues la medida de cierre se ejecutó en días no hábiles, durante el asueto de Semana Santa. Sin embargo, su demanda no fue respondida. Los tribunales, alineados con Conatel, también guardaron silencio y, en definitiva, Studio 92.1 FM fue acallada.

«Apreciados productores y empleados, cumplo con la penosa noticia de informarles que Conatel acaba de notificarme la extinción de la habilitación y concesión de Éxtasis 97.7 FM. Ordenó apagar la radio». De esta forma, el director de la emisora, José Luis Rincón, anunció la clausura, luego de 29 años de servicio a la población de Táchira.

El 21 de julio de 2024 la censura en la radiodifusión venezolana alcanzó a Éxtasis 97.7 FM Rincón precisó a IPYS Venezuela que fue visitado por una comisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes le entregaron la notificación del cese de operaciones de la radio, firmada por el ministro de Información y Comunicación, Freddy Ñáñez.

Aunque los funcionarios de Conatel le indicaron que podía apelar la medida, lo obligaron a salir del aire de inmediato, pues había vencido la habilitación para operar el dial.

La clausura de Éxtasis 97.7 FM se ejecutó inmediatamente después de que en esa emisora fue entrevistada Delsa Solórzano. Días antes, la voz de María Corina Machado también se había escuchado por la radioemisora. Ambas candidatas de la elección primaria de la oposición habían usado el término “dictadura” para referirse al régimen político encabezado por Nicolás Maduro.

Rincón explicó a través de una transmisión en Instagram que, al igual que otros miembros de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, había realizado gestiones ante Conatel para renovar la licencia y continuar operando, sobre todo después de que el año anterior el organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela había cerrado 107 estaciones radiales. 

Como suele suceder, las gestiones de Rincón y del resto de los radiodifusores venezolanos para obtener los permisos establecidos en la ley fueron infructuosas: Conatel no respondió a las reiteradas solicitudes. 

Rincón, así como otros 20 trabajadores, entre periodistas, locutores, técnicos y personal administrativo, perdieron su empleo. “Éxtasis ha sido abierta a todos los pensamientos, a todas las ideas políticas. Es una radio que se ha ocupado del tema ambiental, cultural, deporte, educación, temas sociales. Hemos cumplido con la responsabilidad social con el Táchira y el país”, expresó el radiodifusor de 70 años de edad.

Como en otros casos, Éxtasis ha tratado de subsistir en el entorno digital. Sin embargo, las deficiencias de conectividad en Táchira implican un obstáculo adicional.

La periodista Mari Montes, quien cubre la liga profesional de béisbol en Estados Unidos, denunció el 12 de enero que ha sido acosada de manera sostenida mediante la red social  X.  Montes precisó que, desde 2018, el usuario identificado como Jesús Aguilera Esteller (@44Jesteller) ha formulado y publicado comentarios misóginos y difamatorios en su contra.

Aguilera, comparte contenido deportivo, especialmente de Venezuela y suele hacer referencia al usuario de la periodista Mari Montes en X, @porlagoma. Entre otros señalamientos, afirmó que la reportera tuvo una relación afectiva con Óscar Prieto, expresidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, a quien él llama “Capulina” y “Sargento García”.

En otras publicaciones, @44Jesteller emitió insultos hacia el periodista Daniel Álvarez Montes, hijo de Mari Montes, quien también cubre las Grandes Ligas.

IPYS Venezuela verificó que, entre agosto de 2018 y julio de 2023, Aguilera publicó en su perfil 76 mensajes ofensivos y comentarios misóginos sobre Montes o su hijo, incluso en situaciones que inicialmente no estaban vinculadas a la reportera. En ese lapso, otros usuarios en X, seguidores de @44Jesteller, replicaron la narrativa machista de ataque contra la comunicadora.

El acoso sostenido y de carácter misógino contra Mari Montes por parte de Jesús Aguilera Esteller y sus seguidores en X, no solo cuestiona la capacidad de la periodista, sino que afecta su reputación y puede degenerar en acciones que pongan en riesgo su integridad física.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que “los ataques en línea que tienen como objetivo a las mujeres periodistas adquieren características específicas relacionadas con el género, y son generalmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Este tipo de violencia conduce a la autocensura y es un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública”.

Durante 2022, la periodista Nilsa Varela, directora del diario regional El Vistazo, de El Tigre, estado Anzoátegui, fue víctima de una campaña de acoso, desprestigio y agravios a través de redes sociales, medios digitales y espacios tradicionales.  El alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, su hijo Sandino Paraqueima, funcionarios municipales y otros simpatizantes de su administración se sumaron a esta campaña contra Varela.

Estos ataques discursivos iniciaron posterior a la cobertura periodística que hizo El Vistazo sobre el conflicto que generaron las altas tarifas de la empresa de aseo urbano, Fospuca, en dicha localidad. 

En un artículo de opinión publicado el 28 de julio de 2022 en el diario regional El Oriental, titulado “La Guillotina” y firmado por Sandino Paraqueima, hijo del alcalde de El Tigre, se refiere el diario El Vistazo como “El mentirazo”. Se acusa a El Vistazo de “crear una matriz de opinión en contra del alcalde”, de “chantajear a la gente” y se intenta descalificar a su directora, Nilsa Varela, al mencionarla como «acomplejada bipolar».

A partir de esta publicación, varios perfiles en Facebook que reúnen a personas de El Tigre difundieron una serie de insultos, ataques y montajes de titulares falsos en las que se suplantaba la identidad del medio y se les acusaba de estar presuntamente vinculados a una banda delictiva. En varias de las publicaciones además señalaron a Varela de tener un acuerdo y relación amorosa con el exalcalde de Simón Rodríguez, Ernesto Raydan, a quien denunció a través del portal del medio de comunicación por instigación al odio cuando éste ostentaba el máximo cargo municipal.

El lunes 15 de agosto de 2022 se hizo de conocimiento público que Nilsa Varela denunció a Ernesto Paraqueima, a su hijo, Sandino Paraqueima, quien es director del portal Mundo Oriental, y a tres trabajadores de la alcaldía de Simón Rodríguez por delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, basados en “Acoso y Hostigamiento, violencia mediática y psicológica”. 

Las otras tres personas demandadas por Varela son Nelson Millán, director de Ambiente y encargado de mantenimiento de la alcaldía de Simón Rodríguez; Williams Urquiola, director del Terminal Cleto Quijada y Orlando Marín, director de Promoción y Acompañamiento del Poder Popular del Despacho Municipal. La denuncia fue presentada el 9 de agosto ante la Fiscalía 18 del Ministerio Público dedicada a casos contra la Violencia de Género de El Tigre, dirigida por la fiscal doctora Yurilma Prado.

La información estaba respaldada por cinco fotografías y datos científicos sobre la “Carabela Portuguesa”, una especie de medusa avistada en Playa Grande, Choroní, estado Aragua. Sin embargo, el periodista Gustavo Carrasquel Parra, autor del contenido, fue amedrentado y acusado de atentar contra el turismo local.

El 30 de marzo de 2023, Gustavo Carrasquel Parra, quien también es director de la organización ecologista y conservacionista Fundación Azul Ambientalistas, mostró en Instagram la llamativa especie animal y advirtió que podía ser peligroso acercársele. Por ello, fue objeto de una campaña de desprestigio  por parte de un grupo de habitantes de Choroní que integran el grupo de WhatsApp llamado “Comité Único de Seguridad Social Choroní (CUSS)”. 

El grupo de personas  que actuó contra Gustavo Carrasquel Parra divulgó mensajes que incitaban a la violencia: “Golpea a nuestro pueblo. Por las redes golpeenlo a él también” y  “Vamos a darle”.

Además de estos mensajes intimidatorios, un funcionario de Corpoelec Aragua, también publicó una foto del periodista en la que lo declara como “Persona no grata” en dicha parroquia. 

Frente al temor de que estos ataques y acusaciones sean una amenaza a su integridad física, el periodista hizo un llamado a las autoridades del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que iniciaran las investigaciones correspondientes contra aquellos que generaron los ataques discursivos.

La solicitud formulada por Gustavo Carrasquel Parra para preservar su integridad personal  no fue debidamente atendida por el Ministerio Público ni por el Cicpc. La impunidad fortalece este tipo de ataques contra las personas periodistas.

El ejercicio del derecho a rectificación o respuesta es lo que corresponde  en caso de que alguien esté inconforme con la publicación de un contenido periodístico. Y esa fue la opción que ofreció el periodista José Luis Guerra a un funcionario público. Sin embargo, ese funcionario público optó por la intimidación, por la amenaza de “meter preso” al comunicador social.

El 8 de septiembre  de 2023 un funcionario del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) amenazó, vía llamada telefónica, al periodista José Luis Guerra, de la cuenta informativa Atarraya, con “meterlo preso” por publicar un trabajo en Instagram sobre una plaga de murciélagos que afecta al ganado en la localidad San Juan De Cotúa, en el municipio Ribero del estado Sucre.

Guerra contó al equipo de IPYS Venezuela que en horas de la mañana recibió un mensaje en el que le dijeron que el funcionario, de apellido Venegas, estaba molesto y en desacuerdo con la información, pues “el instituto ha aplicado vacunas [contra la rabia al ganado]”.

Luego, en una llamada del funcionario, el periodista le dijo que si tenían esas pruebas y había un representante del Insai que quisiera emitir un derecho de réplica, Atarraya les daba el espacio. Pero Venegas rechazó la opción y le dijo a Guerra que quería “verlo cara a cara”.

“Le respondí que no podía ir a conversar con él porque los directores del medio no están en Sucre, porque el funcionario estaba alterado y no sabía cómo iba a reaccionar”, contó Guerra. Ante esto, Venegas exigió que se eliminara la publicación y dijo que “si quería meterlo preso, lo iba a meter preso” y que “si querían guerra, guerra iban a tener”.

Portuguesa Reporta surgió el 16 de julio de 2017 como un oasis en el desierto informativo en que se había convertido el fértil territorio de este estado llanero de Venezuela. Fue la respuesta de un grupo de periodistas comprometidos con el ejercicio libre de la profesión frente a dos situaciones: una estructural, relacionada con la progresiva desertificación informativa; y otra coyuntural, vinculada con la censura al referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.

Mariángel Moro, cofundadora y gerente de Contenidos de Portuguesa Reporta, recuerda que los dos principales medios de comunicación regional (Última Hora y El Regional) no soportaron los obstáculos impuestos por el gobierno a la prensa independiente: “Ambos medios ya no pudieron mantener el formato impreso; Última Hora limitó su presencia a la web con un equipo muy reducido, mientras que El Regional desapareció”.

Portuguesa Reporta nació en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) con el propósito de llenar el vacío que habían dejado los medios tradicionales de Portuguesa. Rápidamente, conquistaron una audiencia, que actualmente suma 80,2 mil seguidores en Instagram. Esa receptividad les permitió avanzar hacia una página web, en la cual expresan su misión: “Nuestra meta es acercarnos a la verdad, por ello somos un medio independiente y pluralista. Trabajamos con el compromiso de servirles y darles voz a los ciudadanos y a sectores más vulnerables de la población de Portuguesa y Venezuela. Creemos en el periodismo honesto que sustenta su verdad en hechos comprobables”.

En 2021, Portuguesa Reporta formalizó su personalidad jurídica como empresa. Sin embargo, no ha sido ni es precisamente una empresa rentable y todas las nueve personas que integran el equipo tienen otras fuentes de ingreso. Se nutren de publicidad privada, pero ello apenas alcanza para el mantenimiento del sitio web y el pago de servicios públicos.

En palabras de Mariangel Moro, “hacemos esto por convicción, porque amamos al periodismo y creemos que cada vez es más necesario para fortalecer la democracia en Venezuela”.

La mayoría de las personas que integran el equipo de Portuguesa Reporta son mujeres, todas tienen más de diez años de trayectoria periodística y todas son reconocidas y respetadas en la región. “La independencia y la credibilidad son nuestras principales fortalezas; el prestigio ganado es lo que nos anima a seguir adelante”, expresa Mariángel Moro. Sin embargo, ello les ha costado un férreo veto de parte de los organismos del Estado, lo cual, afortunadamente, no les ha impedido escrutar periodísticamente la gestión pública en Portuguesa.

En 2019, cuando la mayoría de los medios de comunicación impresos de Venezuela sucumbían por la monopolización estatal de la comercialización de los insumos, surgió Entérate, un periódico hiperlocal gratuito que, literal y simbólicamente, comenzó a jugar otro papel.

Gabriela Rojas es la timonel del proyecto y tiene la ventaja de haber aprendido (hasta convertirse en una experta) lo que no se enseña en las escuelas de Comunicación Social, pero que es imprescindible en el nuevo ecosistema mediático venezolano: la sustentabilidad de los medios emergentes. 

Frente a la imposibilidad de obtener papel periódico, Entérate optó por cualquier papel que permitiera la impresión: “Hemos usado todo tipo de papel y hemos confirmado que el tipo y calidad no le importan a la gente. Por encima de todo está la necesidad de informarse y compartir información que consideran útil”, explica Gabriela.

Crear y mantener un periódico implica dos principales desafíos: la producción y la distribución. Gabriela cuenta que inicialmente los recursos para costear la producción de Entérate se obtuvieron de la cooperación internacional, pero que a la fecha existe un modelo mixto: 60% de los recursos financieros provienen de actores extranjeros comprometidos con la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, y 40% de empresas que pueden incluir a Entérate en sus programas de responsabilidad social.

El elemento diferenciador de Entérate en términos de sustentabilidad es la distribución: los y las lectoras del periódico son sus pregoneros y pregoneras. Esa participación protagónica de la gente en la distribución del periódico ha generado una apropiación del producto hasta ser valorado como un patrimonio comunitario, explica Gabriela.

La mayor fortaleza de Entérate es que se hace con la gente y para la gente: “Somos un equipo de cuatro periodistas mujeres y un pasante, pero construimos la agenda informativa a partir de las necesidades que nos manifiestan en las comunidades. La gente nos pauta. Incluso varias veces al año desarrollamos una jornada que llamamos ‘La Redacción va a la calle”: durante dos días nos instalamos en una comunidad y hacemos la edición que va a salir dos semanas después con los y las vecinos”.

Lo que cuenta Gabriela refuerza esa sensación de empoderamiento comunitario derivada de ser tomados en cuenta y poder contar historias. Y la editora de Entérate lo confirma: “Nos esforzamos por compartir información útil. Por ejemplo, a solicitud de una de nuestras lectoras, elaboramos una página sobre todo lo que debe saber una persona si es detenida por un cuerpo de seguridad del Estado”  

Entérate se distribuye en 27 comunidades populares del Área Metropolitana de Caracas. “Casi 60% de las zonas donde llegamos son desiertos informativos. Por ejemplo, estamos en una comunidad de Las Mayas (parroquia Coche) donde no hay conectividad, ni siquiera para enviar y recibir mensajes de texto. Entérate trata de cubrir ese déficit comunicacional. Y la gente de esa comunidad sabe que el periódico va a llegar cada 15 días. Lo espera con ansias y lo reclama cuando tarda, aunque sea un día, en llegar”.

Gabriela Rojas agrega que Entérate pasa de mano en mano, que las maestras lo usan como material escolar, que sus páginas se pegan en las paredes de los lugares más visibles de las comunidades.

Para 2024, cuando la mayoría de los medios de comunicación impresos en Venezuela han sucumbido, Entérate ha aumentado su tiraje de 2.500 a 5.500 ejemplares y sigue jugando otro papel: es un oasis en medio de los desiertos informativos que se extienden por la capital del país.

Pistola en mano, el motorizado fue al grano: “Si no me entregas el celular te quiebro”. Aquel hombre golpeaba furiosamente la ventana de su automóvil. Ella no se resistió y bajó el vidrió, pero solo lo necesario para abrir una hendija por donde entregarle el teléfono. 

Aunque era la tercera vez en menos de seis meses que la habían asaltado para robarle el teléfono celular, tardó varios minutos en recomponerse emocionalmente. Antes de que volviera a sus cabales, el motorizado regresó a buscarla y la sometió nuevamente. Esta segunda vez, arreciaron los golpes de pistola a la ventana del automóvil y las amenazas de muerte. Esta segunda vez, el agresor hizo una exigencia más específica y reveló un propósito más claro: “Coño, pajúa, dame la clave, dame la clave, dame la clave… A mí no me interesa el celular sino la información que allí tienes guardada”.

Anamaría González Oxford comprendió que ese tercer asalto y el hostigamiento en su contra que había recrudecido durante 2017 no eran incidentes aislados ni vinculados al hampa común. Comprendió que era víctima de persecución política y que era el momento de huir del país.

La persecución había sido literal: el motorizado que la atacó la había perseguido por todo el centro comercial donde estuvo ese día, como quedó registrado en cámaras de seguridad. Ese registro fue apenas una de las muchas pruebas que fundamentaron su solicitud de asilo en España. 

El 24 de diciembre de 2017 escapó del país, apenas con una maleta pequeña y el llanto contenido para no llamar la atención de los funcionarios del aeropuerto Simón Bolívar.

¿Quiénes y por qué perseguían a Anamaría? “Toda mi carrera periodística se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación política y en las últimas dos décadas trabajé como asesora de dirigentes de oposición muy prominentes, entre ellos Henrique Capriles Radonski. En 2017, Diosdado Cabello me mencionó en su programa de televisión Con el mazo dando, lo cual significó un antes y un después. A partir de ese momento, estaba bajo constante asedio. Llegamos a descubrir que una persona que nos prestaba apoyo logístico era un agente infiltrado del Sebin, que reportaba todos nuestros movimientos a la policía política en tiempo real”. 

Uno de los momentos más apremiantes para la periodista fue cuando advirtió que su hijo de 11 años de edad también estaba en peligro. Con la urgencia del caso, sacó al muchacho del país;  ni siquiera alcanzó a terminar el año escolar. La persecución se había extendido a otros miembros de su familia y Anamaría se empeñó en que todos huyeran de Venezuela antes que ella y de la manera menos traumática posible. 

Durante el primer año y medio en España, Anamaría contó con la “protección subsidiaria”, concedida a quienes solicitan asilo. Ello le dio cierta estabilidad migratoria, que incluía, por ejemplo, acceso a la seguridad social.

“En diciembre de 2019, cuando fui a renovar por tercera vez la documentación como solicitante de asilo, un funcionario me llama a una oficina y en privado me dice: ‘su solicitud de asilo ha sido aprobada, a partir de este momento usted es una persona refugiada y goza de la protección del Estado español’. Yo me quedé fría y comencé a llorar y a llorar y a llorar… No podía parar. Al tiempo comprendí que mi estremecimiento iba más allá de la resolución de un problema personal; era el reconocimiento de las autoridades españolas de que en Venezuela existe persecución política, el reconocimiento de una verdad”.

La periodista relata que le costó mucho reconocerse como víctima de persecución política y que, incluso, requirió acompañamiento psicológico: “Como mecanismo de defensa, yo había normalizado el asedio que sufrimos quienes somos identificados por el gobierno venezolano como adversarios políticos. En mi caso, todas mis comunicaciones telefónicas y electrónicas fueron interceptadas. Pero ahora pienso distinto y quiero que mi caso llegue a la Corte Penal Internacional”.

No es fácil conseguir asilo en España. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la tasa de reconocimiento de protección internacional se redujo a 12% en 2023 y cuatro de cada diez solicitudes fueron rechazadas. En el primer semestre de 2024, España recibió 88.206 solicitudes de asilo; de las cuales la mayoría (33.165, equivalentes a 37,6%) fueron de personas venezolanas. Según el estudio de IPYS Venezuela “Periodistas en el exilio», España es el segundo destino más recurrente de los y las periodistas que abandonan el país.

No es fácil hacer periodismo en el exilio. Así lo resume Anamaría: “Esta huida me desestructuró como profesional y como persona. He tenido pocos trabajos formales. Al año de mi llegada a España, me diagnosticaron depresión aguda. Sin embargo, he logrado recuperarme y mantengo la conexión con Venezuela; sobre todo, mediante la ong que fundé para ayudar a personas migrantes y refugiadas en España, la mayoría de ellas mujeres venezolanas. Esa ong se llama Red Reto. Creo que nos corresponde asumir colectivamente los desafíos del exilio”.

Fernando Peñalver tiene una cicatriz en la cabeza, una marca que le impide olvidar la hostilidad contra la prensa en Venezuela.

El recuerdo está intacto en su memoria: “Eso ocurrió el 13 agosto de 2009. Un día antes, la Asamblea Nacional había aprobado una reforma a la Ley de Educación que restringía el ejercicio de la libertad de expresión. Un grupo de periodistas de la Cadena Capriles salimos a la calle a protestar. Era una protesta pacífica: cuando los automóviles que circulaban por la avenida Urdaneta se detenían con la luz roja del semáforo, nosotros nos colocábamos en medio de la vía con pancartas y repartíamos unos papelitos para informar sobre los perjuicios de la ley. De pronto, de la sede de Ávila TV, uno de los medios de comunicación alineados con el oficialismo, salieron un montón de tipos que, sin mediar palabras, nos cayeron a golpes y a patadas. Uno de ellos, que estaba armado con un palo, me golpeó en la cabeza”.

Once periodistas más fueron heridos en ese ataque. Los grupos paramilitares afectos al chavismo actuaban impunemente. A pesar de la gran cantidad de registros que permitían identificar a los agresores, nunca fueron sancionados. Apenas dos semanas antes de la agresión, el 30 de julio de 2009, la fiscal general de la República Luisa Ortega para la época había presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de delitos mediáticos; “una medida sin precedentes en la cruzada del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías para restringir la libertad de informar”, advirtió oportunamente el Comité para la Protección de los Periodistas.

Fernando es un periodista deportivo; a eso se dedicó durante 25 años de su trayectoria en medios como Meridiano, El Globo, El Nuevo País y Últimas Noticias. También trabajó en organismos del Estado como el Instituto Nacional de Deportes y la agencia de noticias Venpres. El progresivo debilitamiento de los medios tradicionales en Venezuela lo condujo al desempleo, y el desempleo a dar un salto imprevisto: del deporte a la política. En 2014 se encargó de la dirección de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática, una función que culminó un año después. Fernando volvió a quedar desempleado y, quizás, más expuesto.

En 2015, cuando la crisis económica de Venezuela obligó a la gente a hacer largas colas para adquirir productos de primera necesidad, Fernando y su esposa, que tenía la nacionalidad chilena, comenzaron a pensar en huir del país. El 15 de septiembre de 2016 él estaba  volando a Santiago de Chile.

“Los primeros meses en el exilio fueron muy duros y me tocó hacer oficios menores”, recuerda Fernando y se apresura a aclarar que eso de oficios menores tiene que ver con la limpieza de casas ajenas. El tono de su relato vira a la emoción cuando recuerda que en julio de 2017 volvió a hacer periodismo: “Me incorporé al equipo de Publimetro, un periódico gratuito que se distribuía en las estaciones del Metro de Santiago. Comencé cubriendo días libres y vacantes hasta que logré un cargo fijo. Fue como un renacer profesional y estaba muy contento”.

Pero allá en Chile, sufrió las consecuencias de algo que ya había sufrido en Venezuela: el cambio de dueños y de la línea editorial del medio para el cual trabajaba. Su trabajo en Publimetro se acabó después de casi tres años. Fernando volvió a quedar desempleado en medio de la pandemia por COVID-19 y tuvo que regresar a los “oficios menores”. Era un retorno a la dinámica de supervivencia, del día a día, que suele atrapar a los y las periodistas venezolanos en el exilio. 

Trabajó en la limpieza de un hospital público: “Era un trabajo rudo. Estaba expuesto a desechos biológicos y hasta me tocó cargar personas fallecidas”. Actualmente, Fernando labora como vigilante nocturno, trabaja de noche y duerme de día.

Fernando imagina una situación ideal: que los y las periodistas venezolanos sean tan valorados como los profesionales de la medicina que también han migrado a Chile. Comenta que los médicos y médicas venezolanas constituyen un tercio de los que están empleados en los hospitales públicos de Chile. Ello, en su opinión, ha contribuido a desvirtuar las narrativas xenofóbicas que dificultan aún más la situación de la diáspora. 

“Pero en Chile es muy difícil insertarse en el mercado de medios”, aterriza Fernando. Sin embargo, no se queda anclado en las dificultades y está dispuesto a aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para hacer periodismo, aunque sea freelance.

El anclaje que más valora Fernando es su conexión con Venezuela a través de la música: “Siempre he estado vinculado al movimiento coralista. Una de las cosas que hice antes de irme de Venezuela y que me llena de satisfacción fue participar en el montaje de la Cantata Criolla, de Antonio Estévez”. 

En el exilio, se reinsertó en el mundo de la música coral, específicamente en un coro de migrantes que forma parte de un proyecto denominado Música para la Integración. “Tenemos dos años montando la Cantata Criolla aquí en Chile”, dice con orgullo Fernando.

Si hay un medio de comunicación venezolano que ha perseverado en develar los abusos de poder en Venezuela, ese es Armando.Info. Por ello ha pagado un elevado costo: un inclemente hostigamiento judicial ha obligado a sus directivos y algunos de sus reporteros a resguardarse en el exilio.

Armando.Info se distingue por hacer mucho más que reportajes de alto impacto. Planifica y desarrolla líneas de investigación que muestran, con contundentes soportes documentales, la dimensión de la gran corrupción en Venezuela y su efecto pernicioso en los derechos humanos.

La constancia de Armando.Info es una de sus mayores fortalezas, por ejemplo para escrutar el desempeño de los actores claves de las elecciones presidenciales en Venezuela. 

En 2019, Armando.Info publicó el seriado Jueces Políticos: una radiografía del sistema judicial venezolano sustentada en el cruce de una data oficial de todos los jueces del país con los registros de militantes del partido de gobierno y con el Registro Nacional de Contratistas. “Más de la mitad de los jueces tienen militancia chavista y varios construyen, importan o prestan servicios para el Gobierno”, concluyó Armando.Info.

Tan profundo conocimiento del sistema judicial venezolano fue una ventaja al momento de examinarla actuación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que legitimaron los controversiales resultados oficiales de la elección presidencial del 28 de julio. La pericia de los reporteros de Armando.Info también les permitió ponerle rostros a los jueces antiterroristas que enviaron a la cárcel a aproximadamente dos mil personas por su vinculación con la oposición, por expresar su descontento con los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral o, simplemente, por ser percibidas por el gobierno como adversarias.

El equipo de Armando.Info hizo un formidable ejercicio de fact checking al analizar las imágenes del video mediante el cual el oficialismo publicitó la auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales, realizada por magistrados del TSJ y supuestos expertos nacionales e internacionales. En el reportaje ¡Teatro! Tribunal Supremo, tu auditoría fue puro teatro, publicado el 8 de septiembre de 2024, se demostró que los supuestos expertos eran funcionarios de confianza del rector del Consejo Nacional Electoral Carlos Quintero y dos académicos vinculados al oficialismo.

El 25 de agosto de 2024, Armando.Info reveló la trayectoria profesional de cuatro de los jueces de la jurisdicción antiterrorista. En el reportaje El cuarteto del terror judicial, los periodistas demostraron con documentos públicos que Carlos Enrique Liendo Acosta, Ángel Betancourt Martínez, Franklin Mejías Caldera y Joel Abraham Monjes fueron los ejecutores de un plan diseñado por las más altas autoridades del sistema de administración de justicia para infundir el terror, como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en su informe del 17 de septiembre de 2024, también hizo mención de las autoridades judiciales: “…el Tribunal Supremo de Justicia, órgano rector del Poder Judicial y, en general, los actores judiciales, operaron con falta de independencia y sometidos a las injerencias del Ejecutivo”.

Cómo privatizar unas elecciones fue el título del reportaje publicado el 18 de agosto de 2024, mediante el cual Armando.Info detalló las relaciones de poder detrás de las elecciones en Venezuela. En esta oportunidad, presentaron una “anatomía” de  la empresa Ex-Cle, a la cual definen como “el misterioso proveedor del Estado venezolano que, en la práctica, funciona como una especie de CNE paralelo bajo la única jurisdicción de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dos de las figuras más poderosas del chavismo-madurismo, y del rector Carlos Quintero, de cuyo personal de confianza en el CNE -especialistas en software y analistas de redes, entre otros- se nutre la nómina actual de Ex-Cle”.

Armando.Info es un ejemplo del aprendizaje acumulado por el mejor periodismo venezolano luego de tantos años de ataques contra la prensa independiente.

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) es una coalición editorial de tres medios de comunicación venezolanos para la producción de contenidos periodísticos de altísima calidad. Runrunes, El Pitazo y TalCual han sumado sus recursos y talentos para planificar, desarrollar y difundir investigaciones sobre lo que el poder quiere ocultar.

Por lo general, ARI emprende trabajos de largo aliento que suponen largos plazos. Sin embargo, esta alianza puso al servicio de  las urgencias informativas derivadas de la coyuntura política en Venezuela un recurso que la distingue: La Conversa ARI.

La Conversa ARI es un espacio para el análisis periodístico dirigido por Ronna Rísquez, coordinadora de ARI, y por los directores de Runrunes, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Bátiz; y de TalCual, Víctor Amaya. 

En la víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, La Conversa ARI se hizo eco de la creciente represión contra la prensa independiente: “el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López acusó a portales informativos de hacer ‘denuncias tendenciosas’ a través de sus redes sociales”. 

Sin embargo, luego del 28 de julio la represión se extendió a toda persona que se expresara contra los controversiales resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, según los cuales Nicolás Maduro habría sido reelecto como presidente de la República.

Rebelde, como se define, ARI persistió en sus esfuerzos de nutrir La Conversa con un vigoroso debate sobre la cuestionada transparencia del proceso electoral y, en particular, sobre la aplicación de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, como lo determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Estamos ante la sofisticación del aparato represivo venezolano, cada vez los métodos son más violentos, más cruentos, hay patrones vinculados al miedo y la intimidación, hemos visto un rol protagónico de los colectivos, del Sebin y los cuerpos policiales”, dijo Wanda Cedeño, coordinadora nacional de la organización Voto Joven, cuando participó en La Conversa ARI. 

Para ese momento, 2 de agosto, la organización Foro Penal había registrado 835 personas detenidas en el contexto de manifestaciones ciudadanas contra los resultados electorales oficiales, entre ellas 79 adolescentes.

Una invitada estelar de La Conversa ARI aportó una perspectiva más amplia: “Miles de ONG cerradas, inexistencia de prensa independiente y confrontación directa con las iglesias es el escenario actual de la Nicaragua presidida por Daniel Ortega, uno que podría reflejarse en un futuro en Venezuela”, advirtió la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus.

La experta hizo mención especial de la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, aprobada por la Asamblea Nacional controlada hegemónicamente por el oficialismo, el 15 de agosto de 2024, en el contexto de la represión postelectoral. Una ley similar fue aprobada y es aplicada por el régimen de Daniel Ortega para profundizar el cierre del espacio cívico en Nicaragua.

Goebertus señaló en esa oportunidad que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional estaban registrando el desmedido aumento de la represión en Venezuela a efectos de su eventual calificación como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, destacó los déficits democráticos estructurales que empeoran la situación:“El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial para avanzar en este tipo de casos, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados y el país está lejos de una justicia transicional”.

Cada vez más, la promoción y defensa de los derechos humanos marcan la agenda de La Conversa ARI. Cada semana, el liderazgo de la Alianza Rebelde Investiga convoca a conversar sobre lo que el poder no quiere que la ciudadanía converse.