En Pampatar, dos activistas que no pertenecen al partido oficialista, fueron retratadas y sacadas de la lista de los que reciben las bolsas Clap. Ambas piensan que de cara a los procesos electorales venideros puede acentuarse la violencia política con enfoque de género

Ana Carolina Arias – 12/01/24

Trabajar por la comunidad y recibir apoyo de la alcaldía del municipio Maneiro, en Nueva Esparta, les costó a Mariangel Acosta y Nelsy Brito, que las sacaran del listado de las personas que reciben el beneficio de la bolsa Clap.

Ambas viven en el sector las Casitas, Pampatar, al este de la isla de Margarita, y desde septiembre de 2023 las eliminaron del registro comunitario para acceder, mediante su pago previo, al programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Acosta y Brito cuentan que viven precariamente y que esa bolsa de comida las ayudaba en la manutención de la alimentación del hogar, pero además sienten que este acto discriminatorio transgrede el derecho que tiene toda persona de formar parte o unirse libremente a una organización.

Si bien el programa Clap no limita a hombre o mujer de registrarse para ser beneficiario, las consecuencias para una mujer son más graves, por la influencia que ésta ejerce en el hogar como cabeza de familia y administradora de las tareas básicas, como la alimentación, que aunque se considere un estereotipo no deja de ser una realidad para muchas.

Las experiencias de organización y participación social o comunitaria en el país están profundamente afectadas por la polarización política, lo que rompe el tejido social genuino, con especial influencia en las mujeres a quienes se les hace difícil acceder a espacios que no se adaptan a su realidad. 

Este año, el informe de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (Ipys-Venezuela) titulado “Las más jóvenes, las más vulneradas: El impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años”, determinó que 75 % las mujeres encuestadas no participa en actividades comunitarias.

Se pueden identificar varias causas sociales del descontento y desatención, en especial por las más jóvenes: las pocas oportunidades económicas, el hecho que se sientan generalmente que no son escuchadas, las tensiones familiares que podría generar, el poco tiempo disponible, la situación con la inseguridad, las tareas domésticas y de cuidado para aquellas que son madres, el trabajo y los estudios. 

Pero, cuando deciden involucrarse en estas actividades, la marcada discriminación política es un intento también de poner freno al activismo social, es un camino para reducir la posibilidad de liderazgo, de minimizar la capacidad de vínculos con la comunidad, y por ende resta oportunidades de ir escalando posiciones públicas, tal como ocurrió hace un par de meses en Maneiro.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 20, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22, reconocen “el derecho de toda persona a formar o unirse libremente a una organización o grupo para actuar, expresar, promover, ejercer, defender de manera colectiva fines de interés común, y la capacidad para llevarlos adelante a través de los medios y las acciones que sus miembros consideren idóneos”.

“Son mujeres igual que nosotras”

“Todo empezó en septiembre cuando estábamos arreglando las calles por las festividades de la Virgen del Valle y pasaron dos líderes de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que nos tomaron foto. Luego nos notificaron que no podíamos comprar la bolsa del Clap porque no pertenecemos al partido de ellas (al oficialista), sino a uno distinto (Fuerza Vecinal), el del alcalde Morel David. Cuando nos vinieron a ofrecer el gas la líder de calle nos dijo que podíamos solamente comprar el cilindro, pero no podíamos comprar la bolsa del Clap ni las proteínas que venden”. 

Así lo relata Mariangel Acosta, de 37 años de edad, madre de dos niñas, quien aseguró que su activismo es propiamente social, “yo soy coordinadora y lo que hago es organizar actividades con la comunidad y buscar que la Alcaldía nos apoye, no hablamos de política, buscamos mejoras para todos sin distinción”, asegura, sin dejar de manifestar que considera la acción una injusticia, pues perder el derecho que es visto como un beneficio colectivo le ha traído consecuencias en la disposición del presupuesto familiar.

“No me arrepiento de la acción social que hago, pero no es secreto que la comida nos falta y aunque esa bolsa no la entregan siempre, soy ama de casa, no trabajo, lo que gana mi esposo es poco y eso es una ayuda”, dice.

Su vecina, Nelsy Brito, de 66 años de edad, quien vive sola pues su hijo migró, también fue víctima de la decisión discriminatoria que puede tipificar como violencia de género. “Me sentí un poco afectada, me vulneraron mis derechos”, afirma.

Este año, las periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz analizaron, a través de un especial de cuatro entregas, los obstáculos que impiden la creación de una política de protección más efectiva para las mujeres en el país.

Entre los principales obstáculos se encuentran: la falta de capacitación, sensibilización y empatía entre los funcionarios encargados de la protección de las mujeres, junto con la burocracia y distintas trabas en el proceso legal para las denuncias.

Como resultado, muchas mujeres abandonan los procedimientos legales contra sus agresores, lo que permite que continúen cometiendo actos de violencia y hostigamiento. Otras como Nelsy Brito prefieren no denunciar ni buscar mecanismos de protección. “Intentar defenderme puede significar enfermarme de impotencia. Se lo dejo todo a Dios”, dice.

“Es una injusticia, pero quién nos va a hacer caso”, se pregunta Brito ante la posibilidad de un reclamo, y agrega su compañera, “las injusticias se quedan en el aire, en otro sector que también les quitaron el beneficio a unas personas con discapacidad hicieron denuncias, protestaron e igual no les retribuyen el beneficio”.

Ahora, ambas ven con pena que no haya sororidad, vecinas con quienes han convivido muchos años, personas iguales con disposición comunitaria, la única diferencia es la organización política a la que se han unido. “Son mujeres igual que nosotras, ella (líder de calle) dice que no fue su culpa, que la jefa fue quien dio la orden, pero aunque seguimos siendo vecinas ya no es la misma relación. Ella siente el rechazo porque en cierta parte sentirá culpa, pues fue quien dio la información”.

Necesidades comunitarias latentes

El sector Las Casitas de Pampatar es uno de los más populosos del municipio Maneiro, con un aproximado de 400 viviendas en la que conviven familias de hasta seis miembros, por lo que su población se estima en más de dos mil personas. Por años ha registrado severos problemas de saneamiento, falta de servicios, inseguridad, deterioro de calidad de vida, y es en ello en donde quisieron incidir Mariangel y Nelsy.

Mariangel ha vivido siempre en Las Casitas, su familia también es de allí; se convirtió en coordinadora de actividades sociales luego que su esposo fue cambiado a enlace dentro de la estructura política del partido Fuerza Vecinal. “Nuestro trabajo es más que todo organizar a la comunidad, hacer que participen en las mejoras, por eso en la festividad de la Virgen del Valle la Alcaldía nos apoyó con pintura, ahora en Navidad nos ayudaron para poner luces, hacemos acción social porque buscamos el beneficio para todos”.

Una de las actividades que destaca es lo referido al servicio de agua. En la isla de Margarita la hidrológica distribuye el agua en ciclos que duran hasta 40 días, y es necesario abastecerse con camiones cisternas. “Aquí la mayoría de la gente no tiene tanques o están dañados, entonces el Alcalde facilita cisternas y nosotras distribuimos el agua casa por casa, también tiene un programa de alimentación gratuito y en cada oportunidad que se entrega coordinamos los tickets sin distinción política ni de nada”.

Asimismo, su actividad en la comunidad abarca el ámbito de la salud, con el programa “Tu comunidad saludable” a través del cual se recogen récipes de las personas con necesidades y solicitud de exámenes de laboratorio que luego son gestionados con la Alcaldía.

Mariangel y Nelsy reconocen en su trabajo dos elementos significativos que las lleva a asegurar que seguirán adelante con su labor social. Primero que es muy importante alentar la participación de la comunidad y hacerla corresponsable de las soluciones, y segundo, que la convivencia se fundamenta en la igualdad, de allí que las retaliaciones no deben existir y los beneficios que ellas gestionan se mantendrán para todos.

Frenar el liderazgo resta aspiraciones

En el ámbito latinoamericano la percepción es que los proyectos de ley en materia de acoso y/o violencia política de género avanzan muy lentamente, y mientras tanto el camino para que las mujeres logren representación en el ámbito político sigue lleno de obstáculos.

Venezuela figura entre los países que cuenta con una Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero en el ámbito político las barreras se mantienen altas.

Sobre el tema, Cristina Conti, presidenta de la Fundación Mujer Margarita y activista en derechos de género, explica que la violencia política enfocada en género tiene sus características. 

Su análisis es que limitar el acceso a un programa social estaría forzado para ser catalogado como violencia política enfocada en género, porque le puede ocurrir a un hombre al igual que una mujer , sin embargo, sí puede ser visto como una barrera en el camino de la mujer para ir subiendo peldaños y mantener aspiraciones políticas, lo cual es común en cargos de elección popular.

“Es visto y comprobado que las mujeres sí participan en los partidos políticos, pero ¿cuántas logran que las postulen?, se pregunta, al tiempo que responde, “el porcentaje es muy bajo, le dan cabida en la militancia, en actividades de organización, logística, campaña, pero a la hora de elegir candidatos, voltean la cara y no eligen mujeres sino a hombres”.

Sostiene que estas circunstancias son barreras de género, porque se impone la hegemonía masculina. “A la mujer le cuesta subir de peldaños, la violencia se enfoca en barreras y conductas que frenan el crecimiento del liderazgo de la mujer”.

En los dos casos públicos y, recientemente conocidos en la isla de Margarita, se refleja una realidad nacional con un patrón que lo define como un tipo de violencia basada en género: el retiro de beneficios (lo que debilita su situación económica porque las mujeres son cabeza de hogar) y la intimidación por pertenecer a otra organización política.

Las afectadas, como hemos visto en sus declaraciones, reconocen que se les está violando no sólo el derecho a la libre asociación, porque sus afiliaciones políticas son razón para la discriminación y para el control político; sino que además les afecta la alimentación, porque no tienen acceso a un programa colectivo de productos a bajo costo; las exponen e  intimidan, porque las fotografían en sus actividades, y les resta posibilidad de convivir en paz porque el conflicto queda latente.

Ampliando sus consideraciones, Conti destaca que en el ámbito político las mujeres viven situaciones diferentes a los hombres. “por ejemplo en una entrevista se suele gastar tiempo en preguntarle a una mujer como hace para compaginar la vida política y la vida familiar por las obligaciones propias como mujer, en cambio a un hombre van directo a consultar sus planes, acciones, metas”.

Afirma que, tal tratamiento corresponde a los sesgos y estereotipos, que a la postre pueden perjudicar la carrera o aspiraciones de una mujer, por cuanto este tipo de planteamientos lleva a minimizar capacidades o imponer condiciones de vida limitativas.

Por eso Brito y Acosta ven importante visibilizar situaciones como la que están viviendo, y agregan que el venidero año 2024, por constitucionalmente estar previstos procesos electorales en Venezuela, la tendencia es a “poner el ojo” en los contrarios, y es necesario frenar actos de posible discriminación y sectarismo, sobre todo los que desdigan de la sororidad.