Aunque la población femenina, en las cárceles venezolanas, llega a 7 %, esto no las aleja de sufrir actos de violencia basadas en el género

María Eugenia Hermoso – 08/01/24

La cifra que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) es que en el país hay 33.558 personas presas, de las cuales 2.560 son mujeres, lo que equivale al 7 % de la población penitenciaria. De la totalidad de mujeres en prisión, 82 son extranjeras.

Una gran diferencia en comparación al número de hombres que incurren en delitos. Sin embargo esto no las aleja de las distintas violaciones a sus derechos, entre ellos el goce y disfrute de su sexualidad.

En Venezuela existe una sola cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en el estado Miranda. Mientras que en todo el territorio nacional hay 16 anexos femeninos, seis de ellos con medidas provisionales en los estados Aragua, Monagas, Lara y Mérida. 

En Aragua está Tocorón, donde estuvo recluida Leila Duarte, sentenciada a 12 años de prisión, señalada de complicidad en una estafa cometida por su hermano. 

Casada y madre de dos hijos, ingresó al penal en el año 2017. Su esposo, nunca estuvo de acuerdo con la ayuda que ella le prestaba a su hermano Juan José, quien llegó a cometer reiteradas estafas electrónicas y utilizó la cuenta bancaria de su hermana, dejándola responsable del hecho. 

“Todos sabían que yo era inocente, hasta la fiscal me lo decía. Sin embargo, las pruebas me acusaban, de verdad vi con tristeza como mi familia se fue desmoronando. A nivel de pareja, mi esposo me apoyó mucho, me visitó muchas veces mientras estuve recluida en un lugar céntrico, busco abogados, vendió su carro para costear este problema”.

Las visitas para Leila, eran cortas y controladas. Una vez trasladada a Tocorón, su esposo la visitaba y en una oportunidad organizó una visita conyugal, para la cual tuvo que demostrar que estaban legalmente casados, que ella estaba esterilizada y, además, tuvo que pagar un alto monto, contó Leila con tristeza. 

“Fue la peor experiencia de nuestras vidas, el ambiente era asqueroso, podría decirte que un basurero era más limpio, nos permitieron estar allí 20 minutos y las burlas afuera del lugar medio tapado con una sábana sucia no se hicieron esperar, no pudimos sencillamente hacer nada. Al salir mi esposo fue sacado del lugar y me ocurrió lo más espantoso, fui abusada sexualmente por un interno de la cárcel vecina, pues los presos de Tocorón paseaban libremente de un recinto a otro”. 

Después de ese evento, muy pocas veces Leila volvió a ver en una visita a su compañero de vida. El abuso sexual quedó en silencio en ese momento, ella golpeada y las amenazas sobre la vida de sus familiares hizo que pidiera que ninguno incluyendo sus hijos volvieran al recinto.  

“Fue más una exigencia, nada tenían que hacer allá, lastimosamente perdí mi matrimonio y también a mis hijos, con la crisis en el país ellos tuvieron que emigrar en el año 2019. Ahora estoy libre, gracias a un beneficio de reducción de pena, pero mi madre falleció, mi hermano quien me hizo tanto daño murió en una cárcel extranjera y mis hijos están en otro país con su papá y una nueva vida.”

Tras este caso, Henry Quijada, abogado venezolano, observó cómo se ha convertido en letra muerta la modificación realizada en el mes de septiembre del año 2021, por la Asamblea Nacional venezolana, a la Ley De Reforma Del Código Orgánico Penitenciario, la cual reza lo siguiente:

Artículo 115. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a la visita conyugal, con la frecuencia y requisitos establecidos en el Reglamento del presente Código y las normas previstas en los reglamentos respectivos.

Para el jurista, las instalaciones penitenciarias no están aptas para el fiel cumplimiento de esta normativa garantizando la dignidad y la privacidad que representa la total intimidad y respeto como seres humanos.

 “Así como no se cumple el espacio idóneo y privado para la asistencia jurídica ejercida por los abogados. Mucho menos las visitas conyugales. El sistema penitenciario es deficiente y no aporta una reinserción a mujeres que han caído en delito”, dijo.

Magaly Vázquez, secretaria general de la UCAB, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas, Acienpol, quien participó en el mes de abril en el encuentro virtual: Mujeres en Prisión “un enfoque diferenciado con perspectiva de género”, organizado por el OVP, destacó que el sistema penal venezolano no está concebido con una perspectiva de género.

“Una información levantada por la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU reportaba que, en Venezuela, las mujeres son sometidas a violencia sexual, de género, a humillaciones. En un documento de paz del año pasado que recoge algunos datos de 2021, se reflejaba que son objeto de persecución y criminalización. Reportaron 73 casos y, si bien en el informe se reconoce que no fue por motivos de género, se trata de mujeres en cuyos casos sobresalen algunas actitudes discriminatorias, incluso configuran acciones de violencia que sí son basadas en el género”.

En esa oportunidad indicó que, aunque se han mostrado avances en la creación de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia en 1999 y que luego fue sustituido por la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de la Violencia, hoy día en Venezuela se sigue viendo la permanencia de un derecho sexista.

No todas son culpables

Magaly Huggins, psicólogo social, criminóloga además coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), con muchos años de experiencia y lucha en pro de los derechos humanos, está más que convencida de que el “olvido es el peor de los castigos” y es justamente ese el que se le aplica a la población femenina detenida además en los espacios sobrantes de la población masculina.

Para la especialista, el Estado venezolano tiene una gran deuda con las privadas de libertad: en salud, en reinserción social y en materia de sexualidad se está llevando la batuta.  “El ejercicio del derecho a la sexualidad es sólo privilegio masculino, lo cual genera conductas sexuales que pueden ser realizadas para satisfacer una necesidad”.

En Aragua, el anexo femenino de Tocorón, donde hay 288 reclusas, se encuentra a 23 km de distancia de los tribunales de justicia. Llegar a estos espacios es toda una aventura en donde reina la inseguridad, la ausencia de transporte y la soledad en una carretera ahora controlada por la delincuencia.

“Muchas veces las mujeres caen presas por apoyar a un marido que después las abandona, nunca más las va a visitar”. Pese a que no existe la visita conyugal, muchos son los casos de presas que terminan embarazadas. Lamentablemente, son a causa de violaciones, sobornos, chantajes e intercambios sexuales en pro de alimentos o de la misma vida.

A todo este panorama gris se suma el hecho de que en las cárceles, de acuerdo al OVP existe un hacinamiento de “alto riesgo” de 188,94 %, que sobrepasa el 20 % de la capacidad real instalada. En estos lugares no hay enfermerías ni mucho menos medicinas para una mujer que tenga a su hijo en prisión, no hay agua, no hay comida. Muchas presas son menores de 40 años y la gran mayoría tiene hijos, no tiene pareja y tiene baja escolaridad.

No deberían estar desamparadas 

UVL hizo una guía sobre las leyes y artículos que que hacen referencia a las garantías que deben tener las mujeres presas, que puede visitar en el siguiente enlace