El 22 de agosto de 2008, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a María de los Ángeles Peña, periodista y documentalista freelance; Tomás Becerra, documentalista, estudiante de comunicación e integrante de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos; Mariluz Guillñón, periodista y colaboradora de organizaciones de derechos humanos, y Kellys Amundaray, periodista de la Fundación Homo et Natura, en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, al norte del país.

El 5 de septiembre de 2009, Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda y jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), informó sobre la apertura de un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión y anunció, como parte de las acciones del Estado para "democratizar" el espectro radioeléctrico, el cierre de 29 radioemisoras, que no identificó.

El 9 de septiembre de 2009, el Ministerio Público nombró a Rosa Bueno Monsalve, fiscal 42° del Área Metropolitana de Caracas, para que investigue a Globovisión por la difusión de mensajes de texto enviados por los televidentes que, según la denuncia, incitan al "desconocimiento de las leyes" y llaman al golpe de estado.

El 6 de julio de 2008, el alcalde Orlando Gómez, de la población de Libertad, en el estado de Barinas, irrumpió en la cabina de radio Llanera 100.1 FM para insultar y agredir al periodista Raúl Chirinos, conductor del programa "Tertulia Vecinal".

Mediante un aviso publicado en su página web, el 17 de setiembre de 2009 la Asamblea Nacional acusó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de desestabilizar y conspirar contra el gobierno venezolano, por realizar en Caracas el Foro de Emergencia sobre Libertad de Expresión el pasado 18 de septiembre.

La noche del 31 de julio de 2009, el Ministro de obras Públicas y Vivienda y Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Diosdado Cabello, anunció la revocatoria de las licencias y cierre inmediato de transmisiones a 32 radioemisoras y 2 televisoras, por presunta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, debido al supuesto incumplimiento de un proceso de actualización de datos que ordenó CONATEL y que realizó en junio pasado.