El 8 de mayo de 2008, personal de seguridad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), negó el acceso al equipo periodístico del canal Globovisión, a la conferencia de inauguración del "Primer Consejo Energético Suramericano", que reunió a ministros de varios países de la región.

El 3 de julio de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que junto a un grupo de abogados y expertos del organismo preparan un proyecto de ley contra los denominados "delitos mediáticos", con el fin de establecer sanciones penales para periodistas y medios de comunicación.

El 10 de julio de 2009, el canal Órbita TV, que opera en la zona norte del estado de Anzoátegui, cesó sus operaciones alegando dificultades económicas debido a las presiones ejercidas por el gobierno regional sobre los anunciantes.

El 8 de mayo de 2008, policías del Municipio Libertador, en Caracas, agredieron a la periodista Loemerly Salismey y al camarógrafo Ralphy Aldana, del canal Ávila TV. Además, detuvieron a David Sivira, miembro de seguridad del canal que acompañaba a los periodistas por tratarse de una comisión riesgosa. Los hechos sucedieron cuando los periodistas cubrían el desalojo que realizaban los efectivos a un grupo de inquilinos en el sector de San Bernandino, en el centro de la capital.

El 22 de julio de 2009, la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Venicce Blanco, prohibió la entrada a los medios de comunicación, tanto privados como estatales, a la sede del Palacio de Justicia.

El 21 de julio de 2009, una treintena de policías llegó hasta la sede de la emisora Playera 101.9 FM para arrestar al concejal de oposición y coordinador del partido Primero Justicia, Emilio Guzmán, quien opinó en su programa "Claro y Raspao" sobre una denuncia de presunta corrupción dentro de la policía de Puerto Píritu, en la provincia de Peñalver, estado Anzoátegui, al noreste del país.