Los funcionarios amenazaron a la periodista con detenerla si seguía grabando la detención de un manifestante Policías agredieron a periodista Rosa Virginia Garrido en San Felipe, Yaracuy Policías agredieron físicamente a la periodista Rosa Virginia Garrido el pasado 31 de marzo en el estado Yaracuy, en las inmediaciones de la plaza Teófilo …

Los militares advirtieron al reportero que estaba “fichado” como trabajador de Caraota Digital En otro incidente registrado ese mismo día, policías de Chacao, estado Miranda, impidieron a la directora del portal de noticias Efecto Cocuyo y a su hijo cubrir la escasez de combustible en una estación de servicios de …

El estudio de escenarios políticos valió para que el servicio de inteligencia de Nicolás Maduro sumara otro nombre a la lista de perseguidos Ahora las intimidaciones no son solamente contra medios o instituciones, sino contra ciudadanos Luis Alejandro Borrero | IPYS Venezuela Santiago Guevara no predice el futuro. Quizá no …

En menos de tres días nueve universidades venezolanas, públicas y autónomas, podrían perder su identidad en internet y la interconexión digital debido a una deuda que el gobierno nacional mantiene con el Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe (Lacnic, por sus siglas en inglés), proveedor de los servicios IP en la región.

Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) retuvo al periodista Gregory Jaimes y al camarógrafo Giovanni Molina, ambos trabajadores de Notiminuto y los obligaron a borrar una entrevista que tenían sobre el allanamiento a las oficinas centrales de Odebrecht Venezuela.

A las diez de la noche del 11 de febrero de 2017 fueron liberados Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela en Zulia; María José Túa, periodista de la misma ONG; y los reporteros brasileros Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, luego que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo de seguridad del Estado, los sorprendió haciendo fotos del Puente Nigale (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo que comunicaría la subregión Guajira con la Costa Oriental del Lago –COL-) en horas del mediodía. Esta obra inconclusa estuvo a cargo de la trasnacional brasilera Odebrecht y avalada por el Ministerio para el Poder Popular de Transporte y Comunicaciones.