IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El gobierno nacional trazó una estrategia televisada a lo largo de cuatro meses en defenta de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, como parte de las pautas de las cadenas nacionales dirigidas por el Presidente de la Reúplica, y también como prioridad en los espacios informativos y de opinión de Venezolana de Televisión.
Agosto, 2016.
Caracas, 15 de agosto de 2016.- Desde el 3 de abril hasta el 4 de agosto de 2016, 102 emisiones justificaron, desde la vocería gubernamental, la actuación de los Comités de Locales de Abastecimiento y Producción para combatir “la guerra económica”, la “especulación” y la escasez de alimentos en Venezuela. Según el monitoreo que realizó IPYS Venezuela, de estas transmisiones 11 fueron cadenas oficiales y 91 formaron parte de la programación habitual de VTV.
En 13 oportunidades, durante el lanzamiento del programa económico, el Presidente de la República aseguró que Venezuela y su gobierno sufren una supuesta “guerra económica”. Desde el Balneario de Catia La Mar, en el estado Vargas, Nicolás Maduro justificó una alocución oficial para ofrecer un balance de distribución de alimentos en las comunidades de esa entidad. Lo acompañaron Aristóbulo Istúriz; Rodolfo Marco Torres, y otros seis militantes del PSUV, entre gobernadores, ministros y diputados del Parlamento.
A través de un análisis de la programación de los medios oficiales, incluyendo cadenas nacionales de radio y televisión, los espacios informativos y de opinión, Ipys Venezuela comprobó que éstos se hicieron eco del nuevo medio de distribución de alimentos controlado por el Estado.
Ipys Venezuela describe también cómo, aunque el Presidente insiste en que los CLAP son una organización comunitaria espontánea, designa como jefe de control de la operación a Freddy Bernal.
Ipys Venezuela deja también al descubierto el silencio que, desde la pantalla de la estatal de Venezolana de Televisión, se ha guardado en relación a la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad, o a los conflictos sociales, económicos y políticos que han afectado a los ciudadanos. VTV no dio cabida a la cobertura de alguna de las protestas ciudadanas ocurridas entre enero y junio de 2016 en rechazo al desabastecimiento de alimentos, que de acuerdo con la documentación del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ascendieron a 3.507 durante el primer semestre de 2016.
El 2 de junio, por ejemplo, el canal del Estado omitió la protesta que hubo ese día en rechazo a los CLAP, en la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas; pero sí tuvo lugar para transmitir una cadena de obligatoria transmisión en radio y televisión que duró 1 hora y 30 minutos (empezó a las 3:15 pm). La agenda la ocupaba la “Gran movilización de los pueblos indígenas”. En ese espacio Nicolás Maduro argumentó que los CLAP configuraban “la línea para enfrentar la desestabilización de la guerra económica,que esta gente (la disidencia) lleva a todos lados, pero por donde ellos semeten, nosotros llegamos y los derrotamos”.
Ni el Presidente, ni ningún vocero de la televisora, hizo alusión al malestar de los ciudadanos que aguardaban en filas para comprar comida en uno de los abastos de la avenida. Tampoco abordaron la acción represiva que lideraron los funcionarios de seguridad del Estado, Guardias Nacionales y Policía Nacional, quienes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.
14 medios estatales financiados por el MINCI
Para 2016, el Gobierno de Venezuela destinó más de la mitad del presupuesto del Minci a financiar exclusivamente a 14 “medios y sistemas de información estatales”, de alcance nacional, local y con proyección internacional.
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La política de control cambiario que rige a la economía de Venezuela impide hacer estimaciones precisas en base a divisas extranjeras en relación de la inversión pública para financiar a los medios estatales, debido a que se manejan distintas tasas de cambio oficiales. Esto genera obstáculos para la rendición de cuentas por parte del sector oficial y restringe un proceso de escrutinio público detallado en esta materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Considera que “los medios públicos deberían desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática”. Sostiene que “para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función” deben ser “independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos”. También establece que los Estados deben asegurar que los medios públicos tengan “autonomía financiera que impida injerencias arbitrarias también del sector gubernamental”.
