La exclusión de canales internacionales de las parrillas de televisión por suscripción en Venezuela ha sido una de las expresiones más visibles del progresivo cierre del espacio informativo en el país. Aunque cada suspensión ha ocurrido en circunstancias y bajo argumentos distintos, la revisión de estos episodios revela que las medidas han coincidido con momentos de elevada tensión política y, con frecuencia, han sido adoptadas después de la difusión de investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción, coberturas de protestas o transmisiones de acontecimientos de alto interés público.
Las consecuencias de este proceso adquieren hoy una relevancia aún mayor en el contexto de la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio de 2026. La magnitud del desastre puso de manifiesto la necesidad de que la población pueda acceder de manera oportuna a información diversa, independiente y verificable sobre las labores de rescate, la respuesta humanitaria, los riesgos para la población y las decisiones adoptadas por las autoridades. Sin embargo, la reducción progresiva de las fuentes informativas disponibles, producto del cierre de medios nacionales, los bloqueos a plataformas digitales, la expansión de los desiertos de noticias y la exclusión de canales internacionales, limita las posibilidades de que las audiencias contrasten versiones y accedan a coberturas especializadas precisamente en un momento en el que la información constituye un recurso esencial para la protección de la vida, la seguridad y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Justamente, la cobertura de la tragedia también ha movilizado a corresponsales y equipos de prensa internacional que se han trasladado a las zonas afectadas. Sin embargo, esas informaciones no están disponibles para las audiencias venezolanas a través de las señales de televisión por suscripción que fueron retiradas de las parrillas de programación en los últimos años. Esta situación evidencia una de las consecuencias concretas de la reducción del pluralismo informativo. En un momento de especial necesidad de información, las audiencias dentro del país cuentan con menos vías para acceder a las miradas y contenidos producidos por medios internacionales sobre una emergencia que ocurre en su propio territorio.
Desde 2010, al menos catorce (14) canales internacionales han sido retirados de la programación de televisión por suscripción en Venezuela. En un contexto marcado por el cierre de medios nacionales, los bloqueos a sitios web y plataformas digitales y la expansión de los desiertos de noticias, la disminución de las fuentes internacionales de información ha restringido las opciones informativas disponibles para la ciudadanía y ha contribuido a configurar un ecosistema mediático cada vez menos diverso y más vulnerable al control de la información.
La secuencia de suspensiones muestra cómo este proceso se ha mantenido a lo largo de más de una década. La salida más reciente ocurrió el 4 de marzo de 2024, cuando la señal del canal alemán Deutsche Welle (DW) fue retirada de las parrillas de diversas operadoras de televisión por suscripción. La medida se produjo pocas horas después de que el presidente Nicolás Maduro acusara al medio de participar en una campaña para “manchar” la imagen de Venezuela y de su gobierno.
Las declaraciones fueron una respuesta a un contenido audiovisual que hacía referencia al informe de Transparencia Internacional de 2023, según el cual Venezuela ocupó el segundo lugar entre los países percibidos como más corruptos del mundo, y a investigaciones y denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios con redes de crimen organizado. Tras los señalamientos de Maduro y del entonces ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, usuarios reportaron que la señal de DW había dejado de estar disponible en SimpleTV, SuperCable y NetUno Go. Al igual que en otros episodios de exclusión de canales internacionales, no se conoció una providencia administrativa pública de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que explicara el fundamento jurídico de la medida, su alcance o los mecanismos disponibles para su revisión.
Esta no fue la primera restricción impuesta a DW en Venezuela. En abril de 2019, la señal de DW Español fue bloqueada temporalmente durante la transmisión del documental Venezuela: la huida de un Estado fallido, una producción sobre la crisis política, económica y social venezolana. Aunque la señal fue restituida posteriormente, el hecho puso de manifiesto la fragilidad de la permanencia de los medios internacionales en las parrillas de programación venezolanas y su exposición a decisiones de carácter discrecional.
También en febrero de 2019, la señal chilena 24 Horas TVN fue retirada de las parrillas de diversas operadoras mientras transmitía el concierto Venezuela Aid Live y los acontecimientos relacionados con el intento de ingreso de ayuda humanitaria por la frontera colombo-venezolana. La cobertura en directo ofrecía a las audiencias venezolanas una perspectiva alternativa sobre uno de los sucesos políticos y humanitarios más relevantes de ese año.
En 2017 se produjo uno de los mayores eventos de exclusión simultánea de medios internacionales. Las señales de El Tiempo TV, Noticias RCN y Caracol TV, de Colombia; TV Azteca, de México; Todo Noticias, de Argentina; y CNN en Español, de Estados Unidos, fueron retiradas de las parrillas de televisión por suscripción.
En el caso de RCN y Caracol, las operadoras informaron que la medida obedecía a una orden de Conatel que prohibía la transmisión de ambas señales en el país. Las autoridades argumentaron que los medios habían reproducido mensajes que supuestamente instigaban al odio e incitaban al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, no se conoció una providencia administrativa pública del ente regulador que explicara los fundamentos de la decisión, su alcance o las posibilidades de apelación. Aunque el entonces director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, aseguró posteriormente que la medida se había adoptado mediante un procedimiento administrativo y una medida cautelar, la ausencia de información oficial detallada impidió el escrutinio de una decisión que restringió el acceso de las audiencias venezolanas a dos de las principales fuentes informativas sobre la realidad del país disponibles en la televisión por suscripción.
La salida del aire de CNN en Español, por su parte, se produjo tras la emisión del reportaje Pasaportes en la sombra, una investigación que reveló presuntas irregularidades en la expedición de documentos venezolanos a ciudadanos del Medio Oriente. De igual manera, las salidas de El Tiempo TV y Todo Noticias ocurrieron en un contexto de crecientes cuestionamientos oficiales a las coberturas internacionales sobre la situación venezolana.
Tres años antes, en febrero de 2014, NTN24 fue retirado de las parrillas de televisión por suscripción mientras transmitía en vivo las protestas antigubernamentales que se desarrollaban en Caracas y otras ciudades del país. La señal colombiana mantenía una cobertura continua de las manifestaciones y de la respuesta de las fuerzas de seguridad, hasta que fue sacada del aire. Posteriormente, también fue bloqueado el acceso al portal web del medio desde Venezuela. Al igual que en otros casos, la medida se ejecutó sin que se conociera un procedimiento administrativo público previo o una resolución formal que permitiera identificar las razones jurídicas de la decisión o los mecanismos de revisión disponibles.
Los primeros antecedentes de este proceso se remontan a 2010, cuando fueron retiradas las señales de TV Chile, América Network, Ritmo Son, Momentum y América TV. Aunque estas medidas se justificaron bajo el argumento de que los canales habrían incumplido obligaciones aplicables a los «productores nacionales audiovisuales» y algunas señales fueron restituidas días después al aclararse su condición de canales internacionales, estos episodios marcaron el inicio de una progresiva reducción de la oferta de canales internacionales disponibles para las audiencias venezolanas.
La pérdida de estas señales ha disminuido las posibilidades de que la ciudadanía venezolana acceda a información diversa e independiente y pueda contrastar distintas narrativas sobre asuntos de interés público. Sus efectos resultan aún más profundos en un contexto caracterizado por el cierre de medios nacionales, las restricciones al trabajo periodístico, los bloqueos a sitios web y plataformas digitales y la expansión de los desiertos de noticias.
Los casos documentados permiten identificar como otro elemento común la opacidad de los procedimientos mediante los cuales se materializan las suspensiones. Aunque Conatel es el organismo con competencias regulatorias sobre las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales en Venezuela, en la mayoría de los casos de exclusión de canales internacionales no se conocen resoluciones administrativas públicas, procedimientos sancionatorios previos, motivaciones jurídicas detalladas ni mecanismos claros de impugnación para las empresas afectadas. Por el contrario, las suspensiones se hicieron visibles cuando las señales desaparecieron de las parrillas de programación o cuando las operadoras informaron que habían recibido instrucciones para retirarlas.
Incluso en los incidentes en los que las autoridades reconocieron la intervención de Conatel, la información disponible ha sido insuficiente para determinar con claridad el fundamento jurídico de las medidas y el procedimiento seguido para adoptarlas. Esta ausencia de transparencia impide el escrutinio ciudadano y debilita las garantías de debido proceso en decisiones que tienen un impacto directo sobre el derecho de las audiencias a acceder a información plural e independiente.
En consecuencia, resulta necesario que las autoridades venezolanas y las empresas prestadoras del servicio de televisión por suscripción restablezcan las señales internacionales retiradas de las parrillas de programación y se abstengan de adoptar medidas que restrinjan arbitrariamente el acceso de la población a fuentes informativas diversas e independientes. Asimismo, cualquier decisión que afecte la distribución de contenidos audiovisuales debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizar la transparencia de los procedimientos y respetar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
El restablecimiento de estas señales constituye una medida necesaria para ampliar las opciones informativas disponibles para la ciudadanía y avanzar en la recuperación del pluralismo informativo. Garantizar el acceso a fuentes internacionales de información resulta especialmente relevante en un contexto de restricciones acumuladas al ecosistema mediático venezolano y forma parte de las obligaciones del Estado de proteger el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin injerencias arbitrarias. La disponibilidad de fuentes diversas y de perspectivas múltiples sobre los asuntos de interés público constituye, además, una condición esencial para que la información pueda cumplir su función de servicio público en una sociedad democrática.
IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
