IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
IPYS Venezuela constató al menos 12 restricciones al ejercicio periodístico entre el 24 y el 30 de junio de 2026, en el contexto de la cobertura de la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela. Durante ese período se documentaron cuatro impedimentos de cobertura, tres casos de hostigamiento e intimidación, dos amenazas, una detención arbitraria, el decomiso de una credencial de prensa y una medida institucional que buscó condicionar la difusión de información sobre la situación.
La mayoría de estos incidentes ocurrieron mientras periodistas y equipos de prensa documentaban las consecuencias del desastre, en un contexto en el que el acceso a información pública resulta indispensable para las personas afectadas y para la sociedad en general.
El mismo 24 de junio, el locutor Gabriel Tinoco fue amenazado por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras realizaba una transmisión en vivo desde una de las zonas afectadas por el colapso de edificaciones en Caracas. Durante el reporte, el funcionario, quien se identificó como Robinson Navarro, comisario general del Sebin, le exigió abandonar el lugar y lo amenazó con trasladarlo a la sede del organismo si no obedecía. Según quedó registrado en la transmisión, posteriormente intentó interrumpir la grabación al lanzar un manotazo contra el teléfono celular con el que el comunicador realizaba el reporte, lo que derivó en un breve forcejeo entre ambos.
El 27 de junio, la periodista Natalia Roca fue impedida de realizar su trabajo en Altamira, Caracas, por una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Ese mismo día, el periodista Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, fue obligado a interrumpir una cobertura en las afueras del Hospital J. M. de los Ríos, en Caracas. Mientras registraba en video la llegada de ayuda humanitaria y donaciones entregadas por voluntarios para las personas afectadas por el terremoto, un integrante del personal de seguridad del centro de salud cubrió con la mano la cámara de su teléfono celular e interrumpió la grabación, impidiéndole documentar la actividad.
También el 27 de junio, el reportero gráfico Nacho Anzola fue amenazado con ser detenido por funcionarios militares mientras cubría la situación en la urbanización San Bernardino, en Caracas. De acuerdo con la denuncia, los efectivos lo obligaron a retirarse del lugar y restringían además el acceso de voluntarios. Posteriormente, Anzola señaló que, cuando periodistas o ciudadanos preguntaban por las razones de estas medidas, los funcionarios respondían con actitudes hostiles.
Las denuncias registradas ese día coincidieron con el testimonio del periodista Johan Álvarez, quien advirtió que varios reporteros percibían un ambiente adverso por parte de los cuerpos de seguridad durante la cobertura de la contingencia. Según indicó, existía una presunta instrucción para restringir el acceso de periodistas a las zonas afectadas, lo que dificultaba la toma de imágenes y la recolección de testimonios de las personas damnificadas.
El 28 de junio, la periodista Diana Vásquez, de Noticiero Venevisión, fue víctima de hostigamiento por parte del personal de seguridad del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. De acuerdo con la denuncia, dos funcionarios la abordaron para preguntarle reiteradamente cuándo abandonaría el lugar y, poco después, otro funcionario intentó conducirla a la oficina del director del hospital. Estas acciones constituyeron una forma de intimidación dirigida a obstaculizar el ejercicio de la labor periodística.
Las restricciones continuaron el 29 de junio. Los periodistas Francesca Díaz, de Radio Fe y Alegría, y Rafael Ramírez, periodista independiente, denunciaron que personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Manuel Piar, en Ciudad Guayana, obstaculizó su labor periodística mientras intentaban cubrir un incidente relacionado con el impacto de un rayo en las inmediaciones de la Base Aérea Manuel Carlos Piar. Según la denuncia, no se les permitió ingresar a la zona restringida y, durante el intercambio con un funcionario de seguridad, se produjo un altercado cuando Ramírez comenzó a registrar en video la interacción. El incidente ocurrió en un contexto en el que el acceso al área militar permanecía restringido y la información oficial ya había sido difundida mediante un comunicado de las autoridades. Además, se produjo en medio de denuncias de periodistas de la región sobre la exclusión sistemática de medios independientes de las convocatorias y actividades oficiales de la Gobernación de Bolívar, una práctica que, según reportan, se ha mantenido durante los últimos meses.
Ese mismo día, el periodista independiente Yoel Díaz denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le impidieron el paso hacia el estado La Guaira. También el periodista Daniel Álvarez y el equipo reporteril de El Noticiero fueron hostigados mientras realizaban una cobertura en el bloque 1 de Pinto Salinas, en Caracas, una de las comunidades afectadas por los terremotos. Según la denuncia, personas presuntamente vinculadas al equipo del jefe de Gobierno de Caracas, Daniel Aponte, fotografiaron el vehículo del medio, la placa de circulación y a los integrantes del equipo de prensa mientras documentaban la situación en la comunidad.
El 30 de junio, el periodista Emerson Martínez, de Epicentro de Noticias, fue hostigado por una líder de calle del sector 7 de Bicentenario, en el municipio Carirubana, estado Falcón, mientras investigaba la situación de la planta de tratamiento de aguas servidas de la comunidad. Según la denuncia, la mujer lo increpó frente a varios vecinos y le indicó que cualquier consulta o investigación sobre el tema debía realizarse exclusivamente a través de ella, una actuación que buscó condicionar el acceso del periodista a las fuentes de información.
Ese mismo día, la Oficina de Información Regional (OIR) del estado Sucre difundió un comunicado dirigido a periodistas, corresponsales, directores de medios y plataformas digitales en el que exhortó a no “difundir, publicar o replicar ninguna información, lista de damnificados, cifras o reportes sobre la tragedia que no cuenten con la debida verificación y el aval de las fuentes oficiales”. Además, instó a que los periodistas enfatizaran que cualquier ciudadano afectado debía acudir únicamente a los organismos públicos y canales oficiales para informar sobre su situación y gestionar ayudas.
Entre los hechos más graves documentados durante estos días también figura la detención arbitraria del periodista Luis Hugas, quien fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras operaba un dron, pese a contar con los permisos correspondientes. Posteriormente fue trasladado a una sede policial. Asimismo, otro periodista, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, denunció el decomiso de su credencial de trabajo por parte de funcionarios.
IPYS Venezuela documentó además limitaciones impuestas a corresponsales internacionales para acceder a las zonas afectadas en el estado La Guaira mediante un sistema de acreditaciones y traslados controlados por las autoridades, así como la suspensión temporal del acceso de la prensa internacional a esa entidad.
Desde esta organización observamos con preocupación que estas restricciones ocurren en un contexto de emergencia humanitaria, cuando el trabajo periodístico resulta indispensable para informar a la población, documentar las necesidades de las comunidades afectadas y facilitar el acceso a información pública de interés colectivo.
Si bien la verificación constituye un principio esencial del ejercicio periodístico, condicionar la difusión de información al aval de las fuentes oficiales contradice los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información. En situaciones de desastre, el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar datos provenientes de diversas fuentes, documentar de manera independiente lo que ocurre en el terreno y dar voz a las personas afectadas. Del mismo modo, quienes investigan asuntos de interés público en las comunidades deben poder hacerlo sin interferencias, presiones o intentos de controlar sus fuentes de información.
IPYS Venezuela exige a las autoridades a garantizar el libre ejercicio del periodismo, abstenerse de imponer restricciones arbitrarias a la cobertura informativa y asegurar el acceso oportuno a la información pública durante situaciones de desastre. Impedir el trabajo de la prensa no solo vulnera los derechos de periodistas y medios de comunicación, sino también el derecho de toda la sociedad a estar informada en momentos de especial interés público.
