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Sujetos armados robaron sede del medio digital Crónica Uno

El 22 de agosto de 2016, sujetos armados y encapuchados ingresaron a la sede del portal digital Crónica Uno, ubicada en el centro de Caracas, ciudad capital, sometieron a dos de sus trabajadoras y robaron varios de los equipos de trabajo que allí se encontraban.

Así quedó la oficina de Crónica Uno luego del robo de sus equipos. Foto Cortesía de Espacio Público
Así quedó la oficina de Crónica Uno luego del robo de sus equipos. Foto Cortesía de Espacio Público

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, declaró a IPYS Venezuela que el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:45 de la mañana, cuando dos sujetos que portaban armas de fuego sometieron a dos empleadas y las encerraron en el baño. El medio independiente Crónica Uno es una iniciativa de esta organización no gubernamental.

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Según Correa, los sujetos se llevaron diez computadoras y una lapto. También se tuvo conocimiento de que fueron robados un televisor, un decodificador, dos routers y una memoria externa.

Celina Carquez, editora del portal informativo, publicó en su cuenta en la red social Twitter que a pesar del robo, Crónica Uno seguirá trabajando.
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Esta alerta a la libertad de expresión representa un ataque contra la sede de un medio de comunicación e información y contra los bienes del periodista, vinculado a un robo de equipos.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2016, IPYS Venezuela registra al menos 23 robos a medios de comunicación. IPYS expresa su preocupación ante estos hechos delictivos que obstruyen la labor informativa.

Los derechos a la libre expresión y a estar informado se encuentran contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa nacional establece que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información que sea de su interés, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.

Los ataques, agresiones y amenazas con fines intimidatorios que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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