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Funcionarios de la GNB y colectivos agredieron a reportertos y trabajadores de medios durante cobertura en las afueras del TSJ

  • La periodista Elyangelica González denunció que fue agredida por un grupo de 10 funcionarios policiales, quienes le impedían resguardarse en la sede del Poder Judicial

  • Ipys Venezuela registró 38 casos de agresiones contra periodistas y ataques contra medios de comunicación entre enero y febrero de 2017

Funcionarios militares, simpatizantes oficialistas y  presuntos colectivos agredieron y limitaron la cobertura a trabajadores de cinco medios de comunicación social en las afueras del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo venezolano (TSJ), el 31 de marzo de 2017.

La periodista Elyangelica González, corresponsal de Radio Caracol Colombia, fue agredida físicamente y su equipo de trabajo destruido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado.

González fue abordada violentamente por los funcionarios militares cuando, a las 9:00 de la mañana, realizaba una transmisión telefónica para el medio de comunicación colombiano sobre la manifestación estudiantil que se desarrollaba cerca del TSJ contra la reciente sentencia que ha agudizado la crisis institucional en Venezuela al anula las competencias del parlamento y abrogárselas al Poder Judicial.

González contó a Ipys Venezuela que realizaba la cobertura de la manifestación estudiantil y aguardaba a las afueras del TSJ el inicio de la rueda de prensa convocada por la Cancillería de la República en la sede del Poder Judicial, ubicada en el centro de Caracas, cuando un grupo de personas –presuntos colectivos- llegaron a enfrentarse con los manifestantes.

En ese momento, dijo la periodista, la GNB comenzó a represar a los estudiantes para que la manifestación cesara. La presencia de una persona armada en el lugar motivó a González a retirarse y buscar resguardo en la sede del TSJ. Sin embargo, cuando intentaba ingresar al lugar uno de los militares a través de un parlante advirtió que la periodista era “uno de ellos” (manifestantes). Los militares la abordaron de forma violenta. Estaban presentes cuatro funcionarias mujeres y seis hombres.

González relató que “estaba un mayor (militar) que me conoce, al que siempre veo en las pautas y me dijo que me moviera de lugar. Me fui a las puertas del TSJ a resguardarme porque me dio miedo el hombre que estaba armado en la manifestación. Inicie la transmisión telefónica con Caracol Radio y en ese momento me interrumpieron y comenzaron a agredir. Me pidieron el celular y me negué. Me lo arrancaron de la mano. Uno de los militares decía: ‘rómpele el teléfono, quítaselo”. Lo tiraron al suelo, lo pisaron, le rompieron la pantalla”.

La periodista contó que incluso los militares quemaron parcialmente su herramienta de trabajo con un yesquero. “En una actitud  muy violenta quemaron la base del teléfono. Intenté grabar lo que me ocurría con otro teléfono y también me lo quitaron”.

“Ellos me empezaron a agarrar a golpes, puños, rasguños. Me dieron un golpe en el cuello”, relató la corresponsal quien precisó que durante ese momento estuvo sola.

A la fuerza los militares la llevaron a otro lugar donde se encontraba detenido el camarógrafo de Vivo Play, Andry Rincón, agredido también por los funcionarios militares en el marco de la cobertura en las inmediaciones del TSJ. Cuando González quiso irse del lugar los funcionarios se lo impidieron bajo el argumento de que estaba detenida. “Me dijeron que estaba detenida. Cuándo pregunté ¿por qué? me respondieron ‘porque a mí me da la gana”. González estuvo 15 minutos retenida e incomunicada.

“Primera vez en 18 años de carrera que me ocurre esto en una cobertura de calle. Nunca había recibido una paliza así, menos de la autoridad”, indicó la periodista.

González no fue la única trabajadora de la prensa agredida durante la cobertura en el TSJ que inicio el jueves, 30 de marzo, luego de conocida la sentencia N° 156. Otros seis trabajadores de la prensa también resultaron agredidos por funcionarios militares en distintos momentos y puntos de la cobertura informativa.

Iván Reyes, reportero del portal digital Efecto Cocuyo, relató a IPYS Venezuela que funcionarios de la Guardia Nacional intentaron arrebatarle su cámara en dos oportunidades; la primera, cuando registraba fotografías en las inmediaciones del TSJ. “Giré para que no me quitara la cámara y alcanzó a darme un manotazo en la cara. Yo seguí trabajando”, dijo.

El efectivo militar regresó al piquete que impedía el paso de manifestantes en la avenida. A los pocos segundos, robaron la videocámara del equipo de Globovisión.

Un equipo reporteril del canal de noticias Globovisión, conformado por la reportera Zuhé Rodríguez y el camarógrafo Oscar Graterol, fue despojado de su videocámara por un grupo de 40 personas, entre ellos, militares y presuntos colectivos que los abordaron a las afuera de la sede. Los reporteros lograron recuperar la videocámara con el equipo de prensa del TSJ. Algunos trabajadores de Globovisión aseguraron que el camarógrafo tenía lesiones visibles en su espalda.

A los pocos minutos, un funcionario militar intentó despojar de su cámara a Reyes, cuando registraba el testimonio de dirigentes estudiantiles en el Palacio de Justicia. “Le grité que no me tocara porque estaba haciendo mi trabajo”, aseguró el reportero, quien calificó de irregular la actuación de los cuerpos militares en su contra y otros trabajadores de medios de comunicación social ese día.

Iván Reyes también registró en imágenes la agresión contra el reportero gráfico de Reuters, Marco Antonio Bello, cuando tres funcionarios militares lo persiguieron e intentaron despojarlo de su cámara.

El reportero denunció en su cuenta de Twitter que perdió un zapato durante la persecución. IPYS Venezuela intentó contactarlo. Pero no tuvo éxito.

Andry Rincón, reportero gráfico de la televisora digital Vivo Play, relató a IPYS Venezuela funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lo halaron por el cuello de la camisa y lo tiraron al suelo con el fin de despojarlo de la cámara con la que grabó la protesta de estudiantes a las afueras del TSJ.

“Yo rodeé la cámara con mis brazos. Intentaban quitármela, los funcionarios querían arrancarme el caso de la cabeza. Uno de los funcionarios gritó que dejaran ‘quieto’. Fue ahí cuando me llevaron adentro”, recordó el reportero.

Rincón preguntó a los funcionarios la razón por la cual lo estaban deteniendo. Uno de ellos les dijo que por intentar agredir a los funcionarios militares. Los efectivos revisaron su cámara. No vieron nada. El reportero había alcanzado a sacar la memoria con la que registró los hechos minutos antes.

Al funcionario percatarse que no había nada en la cámara, amenazó al reportero con ‘partir’ el equipo fotográfico, si no le entregaba la información. El reportero entregó dos memorias. A los pocos minutos, luego de ser testigo de la agresión perpetrada contra la periodista Elyangelica Gonzalez, corresponsal de Caracol Radio y Univisión, fue liberado.

En la tarde del 4 de abril de 2017, la periodista Elyangelica González informó en su cuenta de Twitter @ElyangelicaNews que introdujo su denuncia ante la Fiscalía por la agresión perpetrada en su contra.

Ipys Venezuela registró 38 violaciones a la libertad de expresión y la información relacionadas con agresiones físicas contra periodistas y ataques contra medios de comunicación entre enero y febrero de 2017.

Los ataques contra trabajadores de la prensa por ejercer su labor representan el 44,20 por ciento de las violaciones registradas en la base de datos de la organización durante los primeros dos meses del año y constituyen el patrón con más vulneraciones. La mitad de estas violaciones fueron perpetradas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, simpatizantes oficialistas y personas desconocidas.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, condenó estos hechos a través de su cuenta en la red social Twitter.

El jueves, Lanza llamó a estar “alerta por las consecuencias para los DDHH, defensores y libertad de expresión” que representaba el “quiebre institucional” en Venezuela.

El Estado venezolano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la integridad y protección de los trabajadores de la prensa, actualmente en riesgo ante la hostilidad gubernamental y la violencia de la que son objeto durante manifestaciones públicas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos parapoliciales.

Ipys Venezuela condena enérgicamente estos actos de violencia, intimidación y destrucción del material de trabajadores de la prensa que constituyen una violación a los tratados internacionales que protegen y garantizan la libertad de expresión y la información. El gobierno venezolano está obligado a investigar estos hechos y establecer responsabilidades.

La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Ministerio Público investiga caso de Elyangélica

(04/04/2017 ) El Ministerio Público designó a los fiscales 34º nacional y 126º del Área Metropolitana de Caracas, ambos con competencia en materia de derechos fundamentales, Ramón Diamont y Luis Dordelly, respectivamente, para investigar las agresiones cometidas contra la periodista Elyangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Venezuela.

El hecho ocurrió el pasado viernes 31 de marzo en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los fiscales entrevistaron a la profesional de la comunicación, quien narró que acudió al TSJ a cubrir una protesta estudiantil y una rueda de prensa para la cual fue convocada por la cancillería venezolana.

En este caso, el Ministerio Público, a través de los expertos de la División de Medicina Forense, practicaron el reconocimiento médico forense a la periodista.

Adicionalmente, para apoyar dicha investigación, el Ministerio Público también comisionó a la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.

Ver: https://goo.gl/xilQiJ

 

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