La venta del principal grupo editorial del país, en apariencia a un grupo de inversores británico, además de contravenir la normativa venezolana sobre la propiedad de medios, dejó trunco un proyecto de innovación periodística sin precedentes. Ahora Últimas Noticias, el diario de mayor circulación, y sus publicaciones hermanas de la antigua Cadena Capriles, quedaron reducidos al ejercicio de la precaución y la complacencia con el poder

Despidos y renuncias

se produjeron en cadena

Los periodistas se mostraron indignados con la analogía formulada por su nuevo presidente: un periódico no es una fábrica de helados, reclamaron durante la asamblea realizada el 6 de marzo de 2014 en la sala de redacción. David De Lima –político afecto al chavismo,

ex gobernador de Anzoátegui, sin experiencia previa en medios de comunicación, pero designado el 26 de febrero de ese año al frente de la empresa editorial más grande del país- insistía en que los reporteros debían agradecer su presencia en la reunión, así como su disposición a responder todas sus dudas. Todas menos una: quiénes son los nuevos dueños de la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias. “No estoy autorizado para decirlo (…) La cara visible soy yo”.

 

Se jactó, sin embargo, de ser el gerente de medios más sincero, de contar lo que nadie decía: que los periódicos eran instrumentos comunicacionales al servicio de los intereses de sus propietarios, y que debían arrojar “números azules”, refiriéndose a sus réditos. Que ningún presidente discute la gerencia de una empresa con sus empleados. Y que aun así él estaba ahí, frente a ellos, para asegurarles que la línea editorial no cambiaría, que nada sería censurado. “(…) mientras esté dentro de la constitución”, se apresuró a advertir. Y dio un ejemplo: dijo que las guarimbas -en referencia a las protestas contra del Gobierno nacional que se desarrollaban desde el 12 de febrero en distintas partes del país- eran inconstitucionales, parte de un golpe de Estado.

 

La preocupación invadió los rostros de los periodistas de los tres diarios -Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios, y Líder En Deportes- que conformaban y todavía conforman el conglomerado comunicacional. Manifestaron su temor a incurrir en un desequilibrio informativo a favor del gobierno. “Hay 43 páginas”, respondió De Lima  varias veces a las preguntas relacionadas con la jerarquización de noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y los actos de Estado merecerían, a su juicio, un tratamiento relevante. Una bomba en la Asamblea Nacional, en cambio, un espacio pequeño en la sección de Sucesos, dijo. “Los planes golpistas no irán en primera página”, sentenció.

 

Esa tarde, después de la asamblea, todos siguieron trabajando, aún sin saber para quién lo hacían. Se lo preguntan desde el 25 de octubre de 2013 cuando la empresa anunció la concreción de la venta. Latam Media Holding, una compañía inscrita en Curazao (una isla del Caribe vecina a Venezuela, antigua colonia holandesa y paraíso fiscal) un mes antes -el 26 de septiembre- es la nueva propietaria oficial. El registro mercantil del Grupo Últimas Noticias (nombre oficial de la Cadena Capriles) así lo confirma, pese a que el Decreto Nº 2.095 -aprobado el 13 de febrero de 1992 para regular las inversiones extranjeras- establece que los periódicos en idioma castellano quedan reservados a las empresas nacionales.

 

Latam Media Holding fue creada por TMF Group (capítulo Curazao), una firma de asesoría de empresas que, según su portal digital, opera en más de 75 países y brinda apoyo a las compañías que desean expandirse con inversiones internacionales. Su mayor oferta de servicio es el dominio de las regulaciones locales y aun así representa a una empresa que compró un medio venezolano, en contra de lo establecido por la legislación venezolana. Una petición de información al respecto fue entregada a la sede venezolana de TMF, pero hasta la fecha no hubo respuesta.

 

Latam, sin embargo, no es más que una empresa intermediaria –con funciones de adquirir, vender, traspasar, administrar otras empresas- al servicio del Grupo británico Hanson (Hanson Group o también llamado Hanson Asset Management Ltd), con inversiones en diferentes países de Europa, Asia y América, indica una nota publicada por Últimas Noticias. Fue registrada en Londres el 23 de marzo de 2010 y hasta el primer trimestre de 2013 sólo contaba con seis empleados, según la base de datos DueDil sobre empresas de Reino Unido e Irlanda. Se solicitó a través de correo electrónico, una entrevista con algún representante de Hanson Group para este trabajo, pero no contestaron.

 

Nuevos dueños, nuevas órdenes

 

Un tuit de Idania Chirinos, periodista del canal internacional NTN24, ‘tubeó’ –término usado en el argot periodístico en referencia a quien da la primicia- a los trabajadores de la Cadena Capriles. “(…) Lo habría comprado un banquero, cuya inicial es la de un canal de TV”, publicó en mayo de 2013. Se refería al dueño y presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), Víctor Vargas Irausquín. La entidad financiera lo negó a los tres días: “No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”, indicó la cuenta de Twitter de BOD. Eso no fue, sin embargo, lo que Vargas dijo a algunos periodistas en octubre, cuando se reunió con los distintos jefes del medio de comunicación, en representación de la nueva gerencia. Miguel Ángel Capriles –ex presidente de la Cadena Capriles y vocero de la antigua composición accionaria que lo incluía a él y a sus seis hermanas- señaló, ante las preguntas, una silla ocupada minutos antes por Vargas. “Yo hice los negocios con el señor que estaba sentado aquí”, afirmó Capriles, de acuerdo con testimonios de periodistas que presenciaron la escena, entre ellos, Omar Lugo,
el primero en ser despedido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rumores no estuvieron muy alejados de la realidad: el BOD fue el principal financista en la compra de la empresa editorial. Siete meses antes, de hecho, la compañía británica reportaba un valor neto de 2 millones 49 mil 313,56 dólares, según los registros de DueDil, por lo que Hanson habría comprado una empresa venezolana a un precio que superaba 47 veces su propio patrimonio: el Grupo Últimas Noticias fue vendido por 614 millones 812 mil 320 bolívares -97 millones 589 mil 159,55 dólares al cambio oficial-, de acuerdo con su expediente mercantil.

 

El documento indica que este banco, en su carácter de principal acreedor financiero, designó

a dos de los miembros de la nueva junta directiva. “Una vez pagada la totalidad de las referidas acreencias, la Asamblea de Accionistas será el órgano facultado para el nombramiento de la totalidad de los directores de la compañía”, reza el documento.

 

Después de la venta, la directiva de la compañía quedó conformada por Carlos José Acosta López (quien formaba parte de la antigua junta y además es presidente de H.L. Boulton S.A.C.A. C.A., de importación y exportación de diversos productos y equipos), Pedro Rendón Oropeza (abogado del BOD), René Brillembourg Capriles (sobrino de los antiguos propietarios, con amplia trayectoria en el sector financiero), Robert Hanson (presidente de Hanson Group), Christian Patrick Teroerde (director general de Hanson Group), Juan Isidro Señor Boguña (integraba la antigua junta directiva y es vicepresidente de la empresa española Innovation International Media Consulting Group, SL), Manuel Cristóbal Saucedo (propietario de la compañía española Saufive Sociedad Limitada), Diego Lepage (abogado de Víctor Vargas), Ricardo Castellanos (presidente ejecutivo en la antigua directiva) y José Antonio Gil Yépez (director de la encuestadora Datanálisis).

 

El Acta de Asamblea del Grupo Últimas Noticias que registra el cambio de propiedad, además, da cuenta del nombramiento de Desireé Santos Amaral, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como nueva consejera editorial. Dirige una emisora adscrita al Ministerio de Comunicación e Información (Minci), el primer organismo del gobierno en dar señales de presión a mediados de 2013 a través de correos electrónicos con sugerencias editoriales. El director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, y la vicepresidenta de Medios, Nathalie Alvaray, manifestaron su descontento. Los emails cesaron, mas no la incidencia gubernamental: Lugo fue destituido de su cargo como director del diario El Mundo Economía y Negocios el 18 de noviembre de 2013, días después de que el mandatario nacional criticara una de las portadas de ese periódico durante una transmisión televisiva. “Cuando los intereses del gobierno tienen cómo llegar a una redacción, significa que tiene mayor presencia de la normal, que tiene capacidad de decisión y eso viene dado por una capacidad accionaria”, considera Lugo. La publicación hacía alusión a la reducción de las reservas internacionales, con base en datos oficiales del Banco Central de Venezuela. Lugo, antes de su salida, recibió recomendaciones –indirectas desde la alta gerencia, dice- para proteger a algunas figuras del gobierno. “Cuidar” a Nelson Merentes, presidente del BCV, y abstenerse de mencionar que el hermano de la primera dama, Cilia Flores, era el nuevo tesorero nacional, fueron algunas de las sugerencias.

 

Las nuevas órdenes, no obstante, han sido principalmente dirigidas a Últimas Noticias, uno de los periódicos de mayor circulación en el país, con un promedio de 210 mil ejemplares diarios, y reconocido por su alta incidencia en los sectores populares. Hilda Carmona, ex jefa de Información, explica, por ejemplo, las presiones sobre la portada desde la presidencia del medio. En los titulares no podía llamarse ‘Maduro’ a secas, sino presidente Maduro, lo que implica un problema de espacio en un periódico tabloide. Había que protegerlo: “Una vez quisimos titular diciendo ‘Maduro pide una ayudaíta para gobernar’, con el lenguaje coloquial que solemos usar en Últimas Noticias. Pero mandaron a cambiarlo porque dijeron que eso hacía ver débil al presidente”, explica. Los antiguos propietarios, afirma, no solían intervenir en las portadas de los periódicos. Eso quedaba a cargo de los directores y jefes de información. La diagramación y jerarquización de noticias empezaron a destacar las versiones gubernamentales sobre las demás, hasta el punto que algunos reporteros optaron, a modo de autocensura, por adaptarse. “Me decían: es que esta información me la van a mandar a bajar. Y yo les respondía: pero déjala arriba, no eres tú el que debe bajarla; si después de argumentar y dar la pelea, te la mandan a bajar, ni modo”, recuerda Carmona. Lo importante, al menos para la periodista, era tratar de que todas las informaciones salieran publicadas, aunque algunas contaran, por consideraciones ajenas al ejercicio periodístico, con mayor amplitud que otras. “Pero las sacábamos”, dice.

 

Juan Carlos Figueroa, quien se desempeñó como reportero de la fuente política, afirma que fueron suprimidas algunas notas sobre los sectores de la oposición venezolana y la vocería chavista crítica de las decisiones gubernamentales. Trabajos escritos por él y sus compañeros no lograban el permiso de publicación de Díaz Rangel si éstos carecían de la versión oficial, lo cual -si bien era en una consideración tradicional del director en aras de garantizar el equilibrio informativo- se acentuó luego de la venta, explica Figueroa.

 

La violencia también fue minimizada en el diario. Los titulares destacados en la última página, generalmente referidos a noticias de la sección Sucesos –el nombre que en Venezuela se da a la fuente de Policía y Tribunales-, variaron de temática. El argumento era apostar a la cultura de la paz y no de la violencia. “Que la noticia de Sucesos pueda representar una política de gobierno fracasada, bueno, por supuesto (…). Pero es tan importante que muera un taxista como que muera un escolta”, defendía Carmona, quien renunció, resignada, tras 15 años de trayectoria en la empresa. La nueva línea editorial había alcanzado la fuente de Ciudad: empezó a ser un problema, por ejemplo, publicar varios reportajes sobre los huecos en las calles. Las reporteras de esta sección sufrieron mayores atropellos –trabajos censurados, amenazas de demanda- desde que inició la gestión del presidente Héctor Dávila, técnico electoral del Psuv, designado el 20 de mayo de 2014. Es el tercero –después de De Lima, a su vez sucesor de Carlos Acosta- en ocupar la presidencia de la Cadena Capriles tras la venta (los últimos dos bajo la figura de presidente-editor). Una semana después del ingreso de Dávila, fueron despedidos Jován Pulgarín, director del diario Líder En Deportes, y Erys Alvarado, director general de la Redacción Única. Carmen Riera, directora de Periodismo Gráfico y Audiovisual, renunció ese mismo día en solidaridad con sus compañeros.

 

Las presiones sobre la fuente deportiva empezaron durante los Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014. Pulgarín considera que la cobertura estuvo ajustada a la dimensión del evento. “Se trataba de un campeonato pequeño (…) No era para abrir todos los días con eso”, explica. Pero las reprimendas del mandatario nacional una vez más tuvieron consecuencias. Maduro acusó a los medios de invisibilizar la competencia en sus portadas, lo cual motivó la salida de Pulgarín. El Súper Desk, una figura que agrupaba a ocho directores, fue desmantelado paulatinamente.

 

Protestas y renuncias

 

Nathalie Alvaray, junto con Miguel Ángel Capriles, impulsó la integración de los tres periódicos en la Redacción Única. En 2012 fue inaugurada una nueva sede de la empresa en La Urbina, en el extremo oriental de Caracas, tras décadas en su antiguo sitio de la Torre de La Prensa, hoy día sede del Minci, como parte de un proceso de transformación e innovación. El proyecto de la Cadena Capriles, además, incluía nueve unidades distintas de negocio. “Miguel Ángel quería que los periodistas también nos formáramos como gerentes y yo, con mucho gusto, tuve que aprender del negocio”, relata Alvaray. Al frente de la Vicepresidencia de Medios, también promovió la consolidación de la Unidad Centralizada de Investigación (UCI) al servicio de los distintos diarios. La defensa de un video de la UCI, de hecho, fue motivo de una de sus últimas peleas en la compañía: el equipo de investigación logró una reconstrucción gráfica de los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero de 2014 después de una marcha estudiantil en contra del Gobierno nacional. El reportaje develó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) dispararon a los manifestantes y fueron responsables de la muerte del joven Bassil Dacosta, de 23 años. “Me estuvieron presionando para que bajara el video de la web, pero yo me negué”, afirma. Estas órdenes cesaron cuando el presidente Maduro reconoció en televisión nacional el comportamiento irregular de los efectivos del Sebin. El mandatario cambió, de esta manera, su primera versión, en la que había atribuido las muertes de ese día a actos de violencia de los propios manifestantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaray puso fin a su trayectoria en la empresa un día después de que De Lima desestimara, durante la asamblea con los periodistas, la gerencia anterior en la que ella había sido una figura clave. “El periodismo primero”, dijo al despedirse de sus colegas. La frase se convirtió en bandera de las denuncias de censura y fue impresa y puesta en la mayoría de los asientos de la sala de redacción. Fue una forma de protesta frente a los cambios. Otra consistió en publicar, por varias semanas, artículos sin firmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un buen tema para investigar es quién financia las guarimbas”, propuso De Lima frente a todos y Díaz Rangel asignó la pauta a la UCI, encabezada por Tamoa Calzadilla, quien, días después, le advirtió sobre la dificultad de probar las denuncias que hacía el Gobierno nacional al respecto. El reportaje consistió, entonces, en una crónica sobre las dos caras -manifestantes y guardias nacionales- de las guarimbas –nombre popular asignado a las barricadas y bloqueos de vías por parte de manifestantes opositores-. El director exigió una serie de condiciones: “Que torciera la investigación para decir que eran grupos financiados por grupos extranjeros. Que las condenara, pero nunca entendí bien en qué términos quería que eso pasara. Y que no les llamara manifestantes sino que usara calificativos peyorativos contra ellos”, enumera Calzadilla. Ante la negativa de la periodista, Díaz Rangel declinó la publicación y el trabajo censurado se filtró y fue ampliamente difundido por Internet. La jefa de la UCI renunció el lunes siguiente, así como también lo harían paulatinamente los demás miembros del equipo según transcurrieron los meses. Las despedidas pasaron a ser cada vez más comunes en la Redacción Única.

 

Dávila no contestó a las peticiones de entrevista para esta nota. Tampoco Díaz Rangel, el único director de periódico que se mantiene desde la gerencia anterior, ahora involucrado en denuncias de censura. Las órdenes editoriales, con el transcurrir de los meses, son cada vez más directas: dos escoltas de Dávila esperaron detrás del asiento del coordinador web, Andrés Tovar, mientras éste modificaba una nota digital a petición del presidente, relata Rafael Mata, reportero web. Funcionarios de seguridad también protagonizaron atropellos contra el periodista de Política, Odell López, a quien intentaron desalojar de la sala de redacción, luego de que la gerencia de la empresa pidiera su renuncia, por considerarlo ‘incómodo’ y éste se negara.

 

“Me molesta que nos llame tontos útiles que enriquecíamos a una familia. Mi pregunta es: ¿ahora a quiénes vamos a enriquecer?", preguntó molesto a De Lima un reportero en su asamblea de presentación. No aclaró su interrogante. Tampoco lo ha hecho Dávila. Una cláusula de confidencialidad avala sus silencios y deja en desconcierto a los trabajadores del “diario del pueblo”.

 

 

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