A las redacciones de al menos tres medios impresos de Caracas llegaron llamadas directas

del ministro de Comunicación e Información del momento, Ernesto Villegas. Apenas el día anterior, el vicepresidente –encargado de la presidencia- Nicolás Maduro había anunciado

por televisión el fallecimiento del líder de la autodenominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, tras tres de meses de una agonía nunca fue transparente para los venezolanos,

ni desde La Habana ni desde el Hospital Militar de Caracas.

 

Villegas procuraba advertir a sus interlocutores al teléfono, todos editores y responsables

de medios informativos, en torno a las consecuencias que sus coberturas noticiosas podrían tener en un momento en que la frustración de los partidarios de Chávez y la incertidumbre

en la que el país se sumía tenían, sumados, los visos de un material inflamable.

 

Mientras el país contenía la respiración desde las cuatro de la tarde del 5 de marzo de 2013,

la fecha oficial del deceso de Chávez, el Gobierno advertía a los medios con algo que sonaba como: “Mucho cuidado con lo que vayas a decir”.

 

El fin de la parábola política y vital de Hugo Chávez coincidió con el inicio de un ciclo de cambios para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Veintiún meses en los que se intensificaron la censura y el acallamiento de la prensa independiente.

 

 

Los rasgos

 

La noche del 5 de marzo –poco más de 24 horas después del anuncio de la muerte del presidente-, la alta gerencia en ese entonces de Globovisión denunció que la televisora recibió el mandato gubernamental de “moderar” las noticias en relación al suceso. La orden, dieron, fue insistente. En el canal registraron al menos siete llamadas de Villegas, “en tono intimidante”, según contó María Fernanda Flores, la vicepresidenta del canal. El ministro les dijo que si en el país ocurría cualquier acto “de desobediencia civil”, los directivos de esa televisora iban a ser los principales responsables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta no era cualquier advertencia para un medio que mantuvo una línea editorial crítica hacia la gestión de Hugo Chávez. Entre 2002 y 2013 Globovisión acumuló 13 investigaciones

y sanciones por parte del Estado venezolano. Era una planta televisiva a la que el gobierno criticaba constantemente.

 

Con la misma intención de controlar las versiones sobre la muerte del líder revolucionario,

el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua –actual ministro para las Comunas-, dos días más tarde instó a los medios, a través de la señal de la principal televisora del Estado,  a “manejar con cuidado” las informaciones sobre el fallecimiento de Chávez y a “no convocar a la desestabilización”: “Este no es el momento para darle eco a análisis políticos que pudieran constituirse en una provocación para este pueblo adolorido”, diagnosticó con una amenaza apenas velada, pero tampoco abierta del todo.

 

 

Los bordes

 

A partir de entonces esos exhortos estatales, que conservaron un mínimo de pudor y bordearon la censura, fueron tan continuos hasta evidenciar algunos temas que el periodismo no podía abordar, para evitar generar inconvenientes con el Gobierno. Muchos medios se sintieron reducidos a escoger entre el silencio y el eufemismo.

 

Así lo sustentan los datos del Estudio de Censura y Autocensura que presentó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) en octubre de 2014. De los 225 periodistas consultados, 38% denunció limitaciones a su derecho a informar tras amenazas directas dirigidas desde gobierno nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de carácter cuantitativo, que abarcó la percepción de periodistas de medios privados, estatales y comunitarios e independientes, de los trece principales estados de Venezuela, reveló también la existencia de órdenes oficiales que afectan la labor informativa, según lo hicieron constar las respuestas afirmativas de 42% de los participantes de esta consulta.

 

Estas presiones implicaron modificaciones de ediciones informativas en las que los periodistas estuvieron trabajando. Estas medidas obedecieron con frecuencia a presiones desde el Poder Ejecutivo -en sus distintos niveles-, al que 34% de quienes participaron en esa investigación señaló como el mayor censor.

 

“Estas órdenes, evidentemente, afectan las libertades informativas, vulnerando las garantías que deben tener periodistas y editores para realizar un proceso de jerarquización y valoración noticiosa”, precisó IPYS Venezuela.

 

Estas acciones coercitivas que se han vuelto naturales “han transformado a Venezuela en una sociedad desinformada donde prevalece la opacidad, y se ha comprometido la autonomía de sus instituciones, incluso aquellas que escrutan el poder”, dijo Marianela Balbi, directora ejecutiva de esta organización.

 

 

El patrón

 

Los 21 meses posteriores a la muerte de Hugo Chávez estuvieron marcados por el cambio de propiedad en algunos medios de comunicación, tanto en Caracas –unos de alcance nacional- como en el interior del país.

 

Estos vuelcos en el ajedrez de accionistas y los cambios editoriales -que también han ocurrido en distintas regiones del país- rondaron entre las principales preocupaciones que identificaron los periodistas de Venezuela. Así lo demostró la percepción de 20% de los consultados en el estudio de censura.

 

Este dato también evidencia la construcción de un patrón: ventas acompañadas de rumores y opacidad. “Podemos inferir, entonces, que esta situación da cuenta de unas transacciones que no han sido debidamente informadas tanto a los periodistas como a la ciudadanía en general”, determinó el estudio.

 

Los cambios de mano

 

Seis días después de la muerte de Hugo Chávez, Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, confirmó la venta del único canal de Venezuela que dedicaba 24 horas de programación a las noticias y los análisis de opinión.

 

Este canal se ubicaba entre los actores que marcaban la polarización política del país, pues no escondía su simpatía por las fuerzas políticas de oposición. Sin ruborizarse, Zuloaga admitía, en una carta abierta a los trabajadores de la planta, que la televisora se las había jugado todas para que Henrique Capriles ganara las elecciones presidenciales en las que se enfrentó a Hugo Chávez, el 7 de octubre de 2012. “En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo logramos, pero la oposición perdió”, confesó.

 

La venta de Globovisión se materializó sin inconvenientes aparentes. El medio continuó sus operaciones bajo la misma habitación otorgada por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, aun cuando el artículo 17 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que los permisos no son intransferibles. Hubo, eso sí, algunas turbulencias importantes en la plantilla, de la que desaparecieron algunas de sus caras más reconocidas.

 

Las movidas continuaron. Tres meses después, el 3 de junio, Miguel Ángel Capriles, presidente de la Cadena Capriles, convocó a sus trabajadores a una reunión en la redacción. El motivo era confirmar la compra de la empresa por parte de nuevos accionistas que vendrían a manejar los diarios Últimas Noticias, Líder en Deportes y El Mundo, Economía y Negocios. Hasta ese momento, esta era la corporación de medios más grande del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las inhibiciones

 

La censura en la Cadena Capriles comenzó a sentirse en el diario El Mundo -especializado en temas económicos- cuando despidieron a su director Omar Lugo, en noviembre de 2013, luego de que él se negara a cumplir con la orden que le querían imponer para “suavizar” la línea editorial. Las alarmas de la censura se encendieron a raíz del titular “¡Rebajas! Llegan a las reservas del BCV”, que era el resultado de un reportaje que demostraba un descenso en las reservas internacionales de Venezuela, sustentado en cifras oficiales emitidas por el propio Banco Central.

 

Esta orden de bajarle el tono a las informaciones, que  costó el puesto de trabajo a Omar Lugo, llegó una semana después de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró que los medios eran responsables de la “guerra económica” que se vivía en Venezuela.

 

El caso de Lugo no fue una excepción en esta coyuntura de censura. Al menos 39% de quienes fueron consultados en el estudio de IPYS afirmaron que recibieron órdenes expresas de cambiar la redacción de sus informaciones.

 

“Más allá de respetar los estándares lingüísticos y éticos, estas imposiciones pueden representar cambios de significaciones, que podrían llegar a suavizar o modificar conceptos que son compartidos por la sociedad, con la finalidad de no incomodar a las fuerzas de poder”, asentó IPYS en su estudio.

 

Esto se pudo notar en situaciones en las que prevalecieron las órdenes de silencio. El 13 de febrero de 2014, 96 trabajadores de la Cadena Capriles condenaron la modificación del titular principal del diario Últimas Noticias. Entonces la portada del tabloide privilegió la versión oficial: “Enfrentamos un golpe de Estado”. De esta manera, se minimizaba el resultado de las protestas del 12 de febrero ocurridas en Caracas, cuando murieron tres ciudadanos en medio de manifestaciones callejeras, por acción de los cuerpos de seguridad estatales.

 

Situaciones como esta llegaron a generalizarse. En el Estudio de Censura, los periodistas indicaron que 43% de ellos recibieron lineamientos destinados a prohibir la cobertura de algunos asuntos públicos sobre temas concretos -por parte de las empresas de los medios y de fuerzas gubernamentales.

 

El 12 de febrero de 2014 marcó el comienzo de tres intensos meses de protestas y conflictos de calle que alteraron la agenda del país y dejaron como saldo 43 personas fallecidas, 873 heridos, y 3210 investigados, según los datos del Ministerio Público.

 

En esos días de protestas, por decisión del director de Últimas Noticias, se censuró el reportaje “Lo que hay detrás de las guarimbas”, en el que la periodista Laura Weffer hacía una crónica de las protestas en la plaza Altamira de Caracas y cómo se organizaban los grupos que las lideraban. Este hecho fue el detonante de la renuncia de la jefa de la Unidad Centralizada de Investigación (UCI), Tamoa Calzadilla, y a cuentagotas, de la subsiguiente partida de todos los integrantes del equipo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro hecho que similar ya había ocurrido en Globovisión. Inmediatamente después de la venta del canal comenzó una estrategia dirigida a la prohibición de temas y espacios para la opinión y la denuncia comunitaria. Los periodistas consultados por IPYS Venezuela relataban que había una lista de personas que no podían invitar a los programas porque la nueva gerencia los había “vetado”. Empezaron a restringir reportajes de largo aliento, hasta que desarticularon la Unidad de Investigación, que producía contenidos que se difundían todos los domingos.

 

En Caracas esta práctica de cambio de propiedad  y opacidad se replicó 16 meses después de la desaparición física de Hugo Chávez. El 4 de julio de 2014, el diario El Universal anunció la compra de este periódico por nuevos accionistas. A pesar que la directiva garantizó que se mantendrían las condiciones para el ejercicio del periodismo, en los meses posteriores IPYS Venezuela registró casos de censura interna que afectaron a reporteros y articulistas. Desapareció la iniciativa de televisión digital de este medio, que era llamada EUTV, y hacía sus transmisiones a través de un portal vinculado a esta empresa de medios.

 

La censura también afectó a Rayma Suprani, caricaturista de El Universal. Su despido llegó, en agosto de 2014, a raíz de un dibujo en el asociaba la firma del fallecido Hugo Chávez con el deplorable estado de la salud pública en Venezuela.

 

La opacidad

 

Entre 2013 y 2014, la salud fue un asunto opaco en Venezuela. Los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud no reportaron los casos de personas con Chicungunya, una fiebre de origen africano que adquirió carácter de epidemia en el país en los últimos ocho meses. Ante los reportes de alerta realizados por el gremio médico, la respuesta del Gobierno fue la amenaza, como estrategia para prohibir que se trataran estos temas en los medios.

 

Lo mismo ocurrió con el brote de la influenza AH1N1, entre mayo y junio de 2013. Luego de que la ministra de Salud, Isabel Iturria, dijera en una entrevista de televisión que las estadísticas sobre este virus no eran importantes, 11 reporteros de distintas regiones denunciaron a IPYS Venezuela que los despachos regionales de salud restringían la información oficial, específicamente, las estadísticas de decesos a causa de esta enfermedad.

 

Estas restricciones no extrañaron a nadie en un país en el que la misma información oficial sobre la salud del, a la postre, fallecido presidente Hugo Chávez, fue oscura e intermitente.

 

Las limitaciones de acceso a la información pública han puesto en alarma al periodismo. Los periodistas consultados por IPYS Venezuela para el estudio de censura señalaron que éste es uno de los principales “obstáculos que enfrenta, actualmente, la labor periodística”.

 

La opacidad, además, se percibe como “una práctica constante en instituciones estatales, que niegan información, según la opinión del 79% de los consultados. Esto quiere decir que, a 178 de los 225 periodistas y trabajadores de medios que participaron en el estudio, se les ha impedido el acceso a la información pública por parte del Estado. Esta misma situación persiste en instituciones privadas, de acuerdo a las indicaciones de 32% de las opiniones recorridas, y 11% determina la misma actuación en instituciones independientes”.

 

“A mayor opacidad, mayores son los riesgos y las desviaciones de la sociedad, por complicidad y corrupción”, refirió IPYS Venezuela, organización que al mismo tiempo diagnosticó que “la opacidad de la información de interés público es un mecanismo de censura, porque el interés de mantener ocultos los datos que debería conocer la colectividad, se vuelve orden y se institucionaliza, al punto que se torna natural”.

 

La autocensura

 

Las presiones y las medidas coercitivas que afectan al periodismo en Venezuela generan “un escenario propicio para la autocensura, en el que los periodistas y trabajadores de los medios ceden ante órdenes e intimidaciones”,  destaca el informe de IPYS Venezuela.

 

En el estudio que realizó esta organización, 29% de los periodistas admitieron que se han autocensurado.

 

“En una sociedad democrática el fenómeno de la autocensura debe significar un síntoma que hay que atender, debido a que es un indicador de excesivos controles y permanentes órdenes de silencio. Es, pues, el nivel más avanzado en el que opera la censura. Un rango en el que no se percibe el miedo ni las voluntades para no informar, porque las decisiones para declinar en las funciones informativas se toman como la decisión más lógica y natural. La inhibición se vuelve costumbre, y con ella se va desdibujando el rol del periodista como voz de la denuncia
y actor que escruta, por naturaleza, al poder”, consideró IPYS Venezuela.

 

Entre 2002 y 2013 Globovisión acumuló 13 investigaciones y sanciones por parte del Estado venezolano. Era una planta televisiva a la que el gobierno criticaba constantemente