IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El informe sobre los ataques a la prensa durante 2006, que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) presenta en esta edición, es un registro imparcial y minucioso sobre hechos que, tomados como conjunto, pueden dar una idea bastante cercana del estado de las libertades informativas en Venezuela.
Pero, como están las cosas, una idea completa no puede resultar únicamente de este escrutinio.
Hoy es necesario revisar los cimientos mismos del sistema político del país en busca de la radiografía más importante. Pues, si hay fallas en la estructura de la democracia, este recuento que hacemos todos los años organizaciones como IPYS se vuelve tan previsible como el clima de las estaciones.
En sí, el informe es un registro de actos restrictivos de la libertad de prensa y de otros que pueden afectar la libertad de expresión. Como sabemos, esta última es mucho más amplia que la primera y corresponde más bien a las posibilidades que tienen los ciudadanos -no sólo los medios y los periodistas- de dar y recibir información. El gran detalle es que estas posibilidades pueden ser afectadas por medidas de carácter gubernamental, legislativo o empresarial que no siempre anuncian su verdadera naturaleza. En un lugar como Venezuela, donde la polarización política es tan alta, incluso pueden interpretarse de manera muy distinta. Así, voceros del gobierno de Hugo Chávez sostienen que el país avanza hacia una sociedad con mayor libertad de expresión. Lamentablemente, los hechos que muestra este reporte indican lo contrario.
Una parte de los ataques a la prensa se relacionan con lo que podríamos llamar agresiones directas, producto de turbas, reacciones irracionales, disturbios, o medidas arbitrarias de ciertos funcionarios que abusan de su autoridad. Este tipo de restricciones son comunes en casi toda América Latina y resultan no necesariamente de un Estado donde las libertades fl aquean, sino de conflictos sociales o abusos de poder aislados, algunos provenientes de particulares. La singularidad de Venezuela es que los abusos provenientes del Estado han pasado a formar parte de una conducta sistemática. Nadie lo duda: tarde o temprano, un medio opositor será víctima de alguna represalia.
Y esta represalia tendrá un marco de legalidad. No estamos en una situación en la que proliferan actos ilícitos contra la prensa ante los cuales se espera que un Poder Judicial autónomo establezca sanciones adecuadas para, precisamente, garantizar el respeto a la ley. No, aquí la norma misma se sale de los cauces democráticos. De hecho, casos de abusos judiciales que se citan en el año 2006 en el informe de IPYS Venezuela, se amparan en las sanciones desmesuradas de legislaciones comola Leyde Responsabilidad Social dela Televisióny dela Leyde Reforma Parcial del Código Penal.
Peor aún, los tribunales no son independientes. Esto cierra el círculo de la libertad de prensa en Venezuela: hay abusos, principalmente cometidos por el Estado, y el sistema no ofrece una forma de castigarlos. En una situación así, donde cada vez más se percibe el poder sin contrapesos del jefe de Estado, hasta causas justas pueden ser distorsionadas. Una de ellas es la democratización del espacio radioeléctrico, que en América Latina fue entregado discrecionalmente y para uso casi eterno a grandes monopolios, principalmente de televisión. IPYS opina que es el momento de cambiar esta situación, para que los ciudadanos tengan mayor variedad informativa, más voces y más diversidad. Pero al hacerlo, el Estado debe establecer mecanismos transparentes y una administración despolitizada de las frecuencias. ¿Qué valor puede tener una reforma que hace pasar de un monopolio a otro -el del gobierno- a la televisión? Precisamente una de las últimas alertas recogidas en este informe por IPYS Venezuela, durante el período enero de 2006-mayo de 2007, estuvo referida al impresionante anuncio del presidente Hugo Chávez de que no renovaría la licencia de RCTV. Es un tema, claro, de libertad de prensa, pero más propiamente un tema de libertad de expresión, y más propiamente aún un tema de libertades democráticas. Como en el Perú de los años 90, si los hechos siguen el curso que observamos, en Venezuela los periodistas pedirán cada vez menos libertad de prensa, porque el término resulta demasiado estrecho. Pedirán simplemente democracia: la cuestión previa.
Ricardo Uceda
