IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
David Matos y Mariengracia Chirinos
IPYS Venezuela presenta una síntesis de las exigencias que le hizo la CIDH a Venezuela, en su Informe Anual 2014
“Abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidas a silenciar la labor informativa” de los periodistas, fue la sugerencia que le hizo al gobierno de Venezuela la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 2014. Este llamado surgió ante el deterioro de las garantías fundamentales de los ciudadanos en el Estado venezolano en materia de libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
La CIDH rechazó las presiones constantes del Estado venezolano para restringir las libertades periodísticas con la finalidad de favorecer intereses gubernamentales. La comisión expresó que las limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información afectaron, principalmente, a los ciudadanos quienes, en diversos hechos, no tuvieron acceso a informaciones y opiniones diversas y plurales, a través de los distintos medios de comunicación.
El organismo internacional dio cuenta del inicio de procedimientos administrativos y judiciales contra periodistas y medios de comunicación, así como despidos arbitrarios por la cobertura de noticias durante los conflictos de calle, que marcaron el panorama nacional durante los primeros 5 meses del año 2014. La CIDH levantó su voz de alerta por la continua estigmatización que llevaron adelante altos funcionarios de gobiernos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos; la censura del canal colombiano NTN24 y los bloqueos al acceso de medios de comunicación a través de Internet, así como el incremento en las agresiones, amenazas y detenciones a periodistas que se encontraban realizando su labor informativa en el marco de las protestas sociales. Esta instancia también mostró su preocupación por la creación y modificación de normas jurídicas que limitan y restringen el acceso a las fuentes de información en Venezuela.
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno del Presidente de la República Nicolás Maduro “promover la modificación de leyes penales ambiguas que limiten el ejercicio de la libertad de expresión de manera desproporcionada”, así como las leyes “destinadas a proteger la honra y la reputación”, y las que “pretenden proteger la seguridad nacional o la paz pública”. La CIDH considera necesaria la “derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, debido a que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático”.
El organismo determinó la evidente estigmatización que caracteriza el discurso de funcionarios públicos en contra de los periodistas y medios de comunicación. Estos procesos, según reseña esta instancia internacional, estuvieron acompañados por amenazas penales y administrativas que pretendieron criminalizar la labor periodística, y que a su vez, reducen cada vez más los espacios para el debate público. La CIDH destacó que estos procesos de criminalización derivan en la autocensura, un fenómeno que desde IPYS Venezuela se ha considerado como el eslabón más alto de la censura.
Durante el año 2014, IPYS Venezuela registró, a través de su sistema de alertas y monitoreo sobre libertades informativas, 341 casos que acumularon 662 violaciones a la libertad de expresión. Esta cifra comprende 295 agresiones físicas contra periodistas y ataques a medios de comunicación; 163 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones; 89 limitaciones de acceso a la información pública; 56 casos de censura interna en los medios de comunicación; 38 agresiones con el uso de normativas vigentes; 17 incidentes de censura previa y órdenes estatales, y la aprobación y ejecución de normas que restringen la expresión.
IPYS Venezuela determinó que los mayores incidentes fueron cometidos por parte de Cuerpos de Seguridad del Estado (83), ministerios y organismos gubernamentales (81). Estos dos actores acumularon la responsabilidad en 44% de los incidentes, y es una tendencia que se mantiene desde 2013, cuando estos mismos actores cometieron 72% de los casos de violaciones a la libertad de expresión.
La CIDH dio cuenta de los hechos de violencia que afectaron el trabajo periodístico durante febrero y abril de 2014, período de conflictividad sociopolítica registrado en Venezuela que dejó al menos 41 fallecidos y 819 heridos. Según la comisión en este lapso hubo un incremento de las agresiones, amenazas y detenciones de reporteros y trabajadores de medios que se encontraban cumpliendo funciones informativas en el marco de las protestas sociales. Estos hechos violentos estuvieron de una actitud hostil por parte de funcionarios de seguridad del Estado, quienes impidieron el trabajo de los reporteros y, en varios casos, le confiscaron de las herramientas de trabajos a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
El organismo sugirió al Estado venezolano garantizar a los medios de comunicación nacionales y extranjeros las trasmisiones en directo de manifestaciones y actos públicos, así como la adopción de mecanismos para prevenir la violencia en contra de los trabajadores de la prensa, entre estos, el entrenamiento y capacitación de los funcionarios públicos, específicamente de las fuerzas policíacas y de seguridad, durante situaciones de normalidad o contextos de conflictividad. Asimismo, se enfatizó sobre el otorgamiento del máximo de garantías a los periodistas en la cobertura de manifestaciones públicas.
En base a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH exhortó al gobierno de Venezuela a evitar la citación de periodistas y comunicadores sociales como testigos por los órganos de justicia, así como el respeto al derecho a la reserva de las fuentes de información por parte de las autoridades.
La Comisión Interamericana también exhortó al Estado venezolano establecer las condiciones necesarias para que el órgano estatal encargado de las políticas públicas de telecomunicaciones –que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)- dirija sus actuaciones como una institución técnica, autónoma e independiente y no responda a los interesas político-partidistas de los funcionarios que actualmente ocupan cargos del Gobierno Nacional.
“En Venezuela no se registra un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, y que diversos factores como los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia fundada en el pluralismo y la deliberación pública. Además, la Comisión ha identificado también como uno de los desafíos para el ejercicio mismo de la democracia en Venezuela la falta de mecanismos para el acceso a la información pública sobre la gestión de los órganos del Estado así como respecto de las cifras que permiten evaluar la efectiva vigencia de los derechos humanos”, consideró la CIDH.
Estas exigencias que formuló la CIDH formaron parte del capítulo IV de su Informe Anual 2014, que se dedica a analizar países con violaciones graves para la realización de los derechos humanos.
Consulte el informe capítulo completo aquí: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/Anual2014-cap4Venezuela.pdf
