IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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El Índice IPYSve de Libertades Periodísticas, presentado por segundo año consecutivo por esta organización, constató que la opacidad y la violencia fueron los mayores riesgos que atentaron en contra de la libertad de expresión en Venezuela. Según la percepción de los 253 periodistas encuestados, el acceso a la información fue calificado con 39 puntos, mientras que las condiciones de seguridad fueron valoradas con una puntuación de 51
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IPYS Venezuela advierte que el abuso del poder estatal, las restricciones a los derechos digitales y agresiones, junto al cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos representaron un retroceso histórico en las libertades informativas en el país
Las agresiones, las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación, la opacidad y diversas formas de censura, marcaron el 2017 como el año de los mayores obstáculos para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Fue así como los resultados del sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) evidenciaron al menos 518 casos que acumularon 1087 violaciones a la libertad de expresión.
En 2017 las restricciones en la labor periodística fueron mayores a las registradas en el 2016, cuando ocurrieron 331 casos que comprendieron 763 violaciones. Este aumento en el número de limitaciones se dio en un contexto de sostenidos conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de una crisis profunda de derechos humanos, que afectó diversos sectores del país.
Dulce María Ramos se encontraba en Catia haciendo un trabajo de campo sobre el mercado negro de productos en situación de escasez, cuando fue secuestrada por paramilitares
Las órdenes de censura, el abuso de poder estatal, las restricciones a los derechos digitales y agresiones, así como el cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos marcaron un retroceso en la historia de la libertad de expresión en Venezuela.
Los hechos comprendieron 507 agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 283 limitaciones de acceso a la información pública, 250 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 22 acciones legales administrativas, 10 casos de censura interna, 8 casos de censura previa, 6 agresiones con el uso de normas que dificultan la libertad de expresión, y un caso de impunidad.
Expresión en riesgo
El mayor número de violaciones se registró en el primer semestre del año, pues 63% de los casos ocurrió de enero a junio, lapso en el que se contabilizaron 327. Entre enero y marzo la cifra se mantuvo entre los 22 y 33 casos, siendo durante este período cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó mediante una sentencia la nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, elegida por el voto popular en diciembre de 2015.
A partir del mes de abril hubo un repunte significativo de las alertas, alcanzando un total de 104 casos, de los cuales 87 sucedieron durante la cobertura de protestas. Estas limitaciones coincidieron con la ola de manifestaciones a nivel nacional e internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, causadas por la ruptura del hilo constitucional en Venezuela a raíz de que el 29 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia dictara la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones que le corresponden al parlamento nacional, y extendiera los poderes del presidente Maduro.
En el período de protestas que se desarrolló entre marzo y julio, IPYS Venezuela contabilizó 332 incidentes y al menos 74%, es decir 245 casos, fueron responsabilidad del Estado, con el poder ejecutivo como el principal victimario. Solo en la cobertura de manifestaciones se cometieron 539 violaciones a la libertad de expresión según el monitoreo de esta organización.
Las acciones intimidatorias y la censura impidieron el seguimiento informativo de al menos 329 trabajadores de medios durante las protestas ciudadanas convocadas por la oposición venezolana en distintas regiones del país, en las que se exigía la restitución de las atribuciones constitucionales al parlamento nacional y la realización de elecciones.
A pesar de que en varias oportunidades el Gobierno Nacional ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la libre información y expresión en el contexto de manifestaciones públicas están garantizadas en el país, el seguimiento que realizó IPYS Venezuela demuestra que desde los distintos niveles del poder ejecutivo se incumplen y se desconocen las sugerencias que hizo esta instancia internacional. En el capítulo sobre Venezuela de su informe anual del 2016, la CIDH exhortaba al Estado a tomar medidas urgentes para garantizar estos derechos.
Durante el segundo semestre del año la mayoría de las limitaciones fueron causadas por el cierre arbitrario de medios de comunicación radiales, dificultades con el papel periódico en medios impresos de distintos estados y detenciones arbitrarias de trabajadores de los medios.
En agosto, IPYS Venezuela registró diversos incidentes contra 12 emisoras de radio y estaciones de televisión privadas en Mérida, Trujillo, Aragua y Caracas. En estas cuatro entidades se redujeron las ventanas noticiosas luego de las órdenes de cierre e investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como por ataques y robos cometidos por grupos de desconocidos y de delincuencia organizada.
En septiembre las medidas de censura se siguieron ejecutando en los espacios informativos y de opinión mientras prevalecía el contexto de conflicto que se había registrado los primeros meses de 2017. Hasta esa fecha, Conatel había sacado del aire 55 medios de comunicación, incluyendo 49 emisoras de radio nacionales y cinco televisoras internacionales que por orden de Conatel fueron vetadas del país.
IPYS Venezuela constató que, desde agosto de 2013 hasta a febrero de 2018, dejaron de circular 35 diarios debido a los problemas en la adquisición del papel periódico y otros insumos requeridos para la producción informativa. De esta cifra, 18 periódicos salieron definitivamente del mercado mediático nacional y los otros 16 suspendieron sus ediciones impresas temporalmente. A ello se suman otras dificultades como la reducción del tiraje, la cobertura de circulación, la supresión de algunos cuerpos que fueron medidas a las que acudieron diversos medios para sortear la crisis, debido a que el papel prensa se ha convertido en un bien escaso en Venezuela.
Otros de los hechos predominantes que afectaron la labor periodística ocurrieron en el contexto electoral. Durante la cobertura de los comicios de gobernadores del 15 de octubre IPYS registró 18 casos de violaciones contra la libertad de expresión por abusos de poder, restricciones en la cobertura periodística, agresiones y utilización de medios públicos con fines proselitistas. Además los venezolanos padecieron las restricciones de la infraestructura de los servicios de navegación de internet, las cuales limitaron sus derechos a informarse y expresarse acerca de los asuntos electorales. Solo 3,85% de las conexiones se situaron por encima de los 4 Mbps, aun cuando la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) ha señalado como promedio de velocidad en la región latinoamericana 4,7 Mbps.
Una situación similar ocurrió durante la jornada electoral efectuada el 10 de diciembre de 2017 para escoger a los alcaldes de 335 municipios, en la que además del proselitismo político destacó la baja velocidad de navegación de internet para los venezolanos, ubicada en aproximadamente 1,52 Mbps, que de acuerdo a los criterios definidos por IPYS Venezuela representa una conexión media.
Las libertades informativas de los ciudadanos y trabajadores de medios se mantuvieron restringidas en noviembre, cuando se registraron 20 casos de alertas que comprendieron acciones intimidatorias contra periodistas y defensores de DDHH, y ataques a servicios de telecomunicaciones que afectaron la señal de internet en el país.
En los últimos días del año el mayor número de casos fue resultado de las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que limitaron la labor de los periodistas y los derechos ciudadanos para la cobertura de asuntos de interés público y la consulta de información a través de los medios tradicionales y digitales.
Realizado desde la apreciación de los propios periodistas, el Índice IPYS de libertades periodísticas 2017 evidenció que las condiciones de la labor del periodismo están marcadas por dos factores fundamentales: la opacidad y la violencia. Según los resultados, las categorías que se vieron más vulneradas fueron las de acceso a la información (39 puntos) y seguridad (51 puntos). En la escala de medición, 100 puntos representaba una situación óptima con amplias libertades, mientras que 0 es el nivel de mayor gravedad, con restricciones absolutas.
Esta medición, que llevó a cabo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela por segundo año consecutivo, contó con la participación de 253 periodistas y trabajadores de medios. Lo que significa un soporte estadístico que retrata las restricciones que tienen las libertades informativas en el país.
Silencio con “odio”
El punto de inflexión de este año ocurrió cuando se establecieron penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “discursos de odio”, las cuales podrán ser aplicadas a los venezolanos a través de la nueva “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, una norma sin rango constitucional aprobada el 8 de noviembre de 2017 por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que confiscó las funciones constitucionales de una Asamblea Nacional electa por seis millones de venezolanos en diciembre de 2015.
El proyecto de esta norma se mantenía en discusión desde agosto de 2017, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales rechazaron reiteradas veces su aprobación. Seis días después del nombramiento de Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez— como ministro para la Comunicación y la Información, la normativa fue ratificada.
Elaborado y avalado por unanimidad en la ANC, instancia con una totalidad de parlamentarios oficialistas, el documento legal establece medidas de abuso de poder en materia de comunicación, restricciones de acceso a la información, garantía de censura, además de sanciones penales, administrativas y tributarias contra ciudadanos, medios de comunicación tradicionales y digitales, organizaciones civiles y políticas y prestadores de servicio de radio, televisión e Internet en Venezuela. La ley contempla además restricciones a la libertad personal y la violación del debido proceso, que fueron expresamente solicitadas por el presidente de la República Nicolás Maduro.
Testimonio de Gerardo López, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Experimental Francisco de Miranda en el estado Falcón
La legislación fue una propuesta personal realizada a la ANC el 10 de agosto por el Presidente Maduro, como presunta medida para acabar con los mensajes de odio social que a su juicio fueron el desencadenante de la ola de protestas contra el Gobierno Nacional que vivió el país entre los meses de abril a agosto, y que culminó con un saldo de al menos 163 fallecidos, de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
El texto legal también se basa en la regulación de las redes sociales abordada a principios de 2017 en América Latina por la administración Boliviana de Evo Morales, seguida por el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su proyecto de “Ley para regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet”, y más adelante por el Gobierno Chileno a cargo de Michelle Bachelet. Todas con el establecimiento de sanciones de tipo penal, de acuerdo al análisis que realizó la organización Derechos Digitales.
El análisis que realizó IPYS Venezuela determinó que al menos ocho artículos de esta ley perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red.
Las relatorías de libertad de expresión de la OEA y la ONU, han enfatizado que las expresiones de odio, de acuerdo con el derecho internacional y regional, tienen que encuadrarse en los siguientes estándares: Nadie debe ser penado por decir la verdad, ni por divulgar expresiones de odio, a menos que se demuestre que las divulga con la intención de “incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.
Para la sociedad venezolana esta ley representa una nueva restricción que vulnera los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión y los derechos cívicos, así como los principios de Internet como derecho humano y los basamentos de la Constitución venezolana que defienden la comunicación libre y plural.
Esta normativa tiene un impacto regresivo para la libertad de expresión en Venezuela y sus niveles de riesgo son de amplia magnitud. Así lo observó IPYS Venezuela al determinar que este instrumento desconoce 20 de las 22 recomendaciones que aceptó el gobierno nacional y se comprometió a cumplir, en marzo de 2017, ante diversos países en el marco del Examen Periódico Universal, la evaluación de DDHH más importante que se realiza ante Naciones Unidas.
En menos de ocho meses las autoridades venezolanas le dieron la espalda a las sugerencias hechas por los gobiernos de Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, Uruguay, Perú, Sudán, Georgia, Nicaragua, Japón, Francia, Guatemala, Nueva Zelanda, Italia, Noruega, Austria, Brasil, Chile y Estonia. Este grupo de países le insistieron a Venezuela garantizar las condiciones de la libertad expresión, mejorar la regulación a nivel de radiodifusión, proteger la seguridad de los periodistas y defensores de DDHH, salvaguardar el derecho a la protesta, permitir el acceso a la información pública y honrar los compromisos internacionales. Estas recomendaciones tienen dificultades de aplicación desde el momento en el que entró en vigencia la normativa del odio.
Mimetismo y control
Los patrones de desinformación y opacidad que pusieron en riesgo el ejercicio periodístico independiente fueron los principales puntos de preocupación de los resultados del Índice IPYS de libertades periodísticas 2017, en el que el acceso a la información obtuvo una puntuación de 39 que da cuenta de las agudas restricciones que existen en el país en el manejo de los datos oficiales, los cuales escasean en diversos ámbitos de la vida nacional. Esto indica que la opacidad se intensificó con respecto al año 2016, cuando esta categoría tuvo un ligero margen de mayor libertad, con cuatro puntos por encima.
Al desagregar este indicador se evidencia que la situación de mayor riesgo que incluyó este componente fue el cierre y las limitaciones de las fuentes de información pública en entes estatales y privados, al recibir una valoración de 25, tres puntos por debajo del valor designado en el 2016, y que constituye un nivel muy elevado de restricciones a las libertades periodísticas.
Estos datos contrastan con los hechos que registró el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. De acuerdo al registro del monitoreo de 2017, ocurrieron 283 restricciones de acceso a la información de interés público. El poder del gobierno se dedicó a condicionar las libertades informativas a través de las fuerzas de seguridad del Estado. Así fue que en la categoría de acceso a la información a los cuerpos policiales, militares y de inteligencia se le atribuyeron 146 casos, seguidos por los simpatizantes oficialistas con 26, y los civiles armados con 23 limitaciones.
Testimonio de Eva Riera, periodista del monitoreo de los centros de atención preventiva en la organización no gubernamental Una ventana a la libertad, sede del estado Falcón
En este año se repitió el patrón de negativas constantes de funcionarios públicos de ofrecer declaraciones sobre asuntos de interés social. De acuerdo con los datos del Índice, esta condición fue ponderada con 27 puntos, en donde también se ve reflejado el aumento de las violaciones a las garantías informativas respecto al 2016, año en el que ya se había situado dentro de los niveles más elevados de obstáculos para la labor de los periodistas, con una valoración de 30 puntos.
Las dificultades para consultar documentos o datos oficiales en instituciones y plataformas digitales tampoco cesaron. En esta circunstancia prevalecieron la desinformación y la opacidad, debilitando las condiciones del ejercicio del periodismo así como el derecho que tiene la sociedad venezolana de conocer información acerca de asuntos cotidianos.
Los voceros y personalidades de instituciones privadas e independientes se rehusaron, de forma más reiterada, a proporcionar datos que deberían estar a disposición de los ciudadanos para que estos puedan tomar decisiones informadas. Según la percepción de los periodistas en 2017 este eslabón disminuyó a los 45 puntos, denotando un incremento considerable de estas limitaciones si se comparan con los 52 que obtuvo en 2016.
De acuerdo al número de casos registrados por el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela, la fuente de información más afectada por el mutismo fue la cobertura de protestas (191), seguida por la fuente electoral (28). Mientras tanto, las entidades con mayores restricciones al acceso a la información fueron el Área Metropolitana de Caracas (156), y los estados Monagas (17) y Aragua (9).
Sobre las acciones que imposibilitaron a periodistas y reporteros gráficos la recopilación de material periodístico, el monitoreo de alertas de IPYS Venezuela contabilizó 15 alertas por las limitaciones arbitrarias de acceso a lugar, y 2 por el derecho de preguntar de los periodistas. También se registraron restricciones en las acreditaciones a reporteros que otorga el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la cobertura de las elecciones regionales del 15 de octubre.
Justamente, la Comisión Interamericana Americana alertó que en Venezuela “existe una política de secreto y control de información sobre asuntos públicos, que tiene graves consecuencias para la exigencia y promoción de otros derechos humanos en muy diversos ámbitos”. En este sentido, las investigaciones de IPYS Venezuela demuestran que los asuntos económicos, sanitarios y de justicia fueron los que más resintieron las restricciones para el acceso a la información pública.
Testimonio de Jesymar Añez, corresponsal de El Pitazo en el estado Monagas
Por lo menos, en 2017 hubo 4 casos de limitaciones arbitrarias al derecho de acceso a los centros hospitalarios debido a que los funcionarios del poder ejecutivo negaron la cobertura de información en materia de salud a los trabajadores de medios. Uno de estos hechos ocurrió el 18 de septiembre una reportera fue expulsada del Hospital Universitario de Caracas de la UCV (HUC) por el escolta de la directora del centro y exministra de salud, Antonieta Caporale, cuando se realizaba una protesta de pacientes en las instalaciones del lugar para denunciar demoras en las intervenciones quirúrgicas.
La reportera fue llevada a la oficina del subdirector del hospital donde el escolta no le permitió hacer llamadas, y la amenazaron con trasladarla hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Santa Mónica, bajo el argumento de que había infringido la ley al grabar dentro de una institución pública sin autorización.
La evasión de información también se hizo presente a lo largo de cinco meses, entre el 6 de marzo y el 12 de julio, cuando un total de 17 solicitudes de entrevistas e información fueron presentadas a autoridades nacionales del Ministerio de Salud, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Ministerio de Alimentación para la realización del proyecto de investigación de salud infantil Huérfanos de la Salud, que desarrolló IPYS Venezuela. Al cierre del año, no había habido respuesta de esas peticiones.
La opacidad también tuvo impacto en materia económica. El viernes 3 de noviembre de 2017 el Fondo Monetario Internacional afirmó que el gobierno venezolano incumplió las normas de entrega de información de los datos económicos para permitir el control de su evolución macroeconómica en el organismo multilateral. La declaración fue hecha pública un día después de que el gobierno anunciara su intención de reestructurar la deuda externa.
Desde 2013 instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no entregan cifras imprescindibles para el análisis económico. José Manuel Puente, economista e investigador venezolano, declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo al Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo. “La gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse”.
Carlos Ñañez, profesor de la Universidad de Carabobo
Otras de las limitaciones se concretaron en los 76 casos analizados por Acceso a la Justicia, de los cuales 72, la mayoría del TSJ, resultaron en sentencias negativas según un informe presentado por esa organización fundada en 2010 y dedicada a analizar, sistematizar, monitorear y difundir la información sobre la administración de justicia en Venezuela.
Ante estas restricciones, los periodistas en Venezuela consideran que es necesario establecer un marco legal en el país que garantice el derecho al acceso a la información. Así lo refirió 93% de 253 periodistas que fueron consultados por IPYS Venezuela a propósito del índice de libertades periodísticas de 2017.
La CIDH se hizo eco de esta misma propuesta y recomendó al Estado venezolano “adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático”.
El escudo de la violencia
Los ataques y agresiones fueron los mayores riesgos que debieron enfrentar los periodistas. Esta fue otra de las categorías de mayor preocupación en el índice de las condiciones del ejercicio periodístico, pues los consultados señalaron que en 2017 su seguridad, libertad e integridad durante el cumplimiento de sus labores informativas, estuvieron bajo restricciones agudas, y ponderaron esta condición con 51 puntos, lo cual infiere una restricción intermedia.
Los periodistas tuvieron que tomar mayores medidas de protección ante la inseguridad y temor a las agresiones de calle, sobre todo en el marco de la cobertura de protestas. A partir de la ola de manifestaciones ciudadanas las garantías constitucionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información fueron vulneradas sin discreción. Por eso en 2017 los trabajadores de medios de comunicación calificaron esta situación con una puntuación de 39, en los indicadores específicos de esta categoría. Esto refleja un incremento de estas restricciones respecto a 2016, cuando ya se hallaban en un nivel elevado de 42 puntos.
Durante los conflictos de calle que se extendieron en todo el país, las actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del Estado se intensificaron y fueron un catalizador de las restricciones del ejercicio periodístico. Esto se evidencia en los resultados del índice que muestran una valoración moderada de 45 puntos, según la percepción de los periodistas encuestados.
Testimonio de Ronny Rodríguez, periodista del diario La Verdad de Monagas
Los datos también demuestran que de enero a diciembre de 2017 se registraron un total de 507 violaciones, que comprendieron principalmente 162 agresiones físicas contra equipos reporteriles que hacían cobertura de calle, 118 hechos de intimidaciones, 61 cierres, suspensiones e incautaciones de medios de comunicación. Además ocurrieron 54 robos, 41 ataques contra sus herramientas de trabajo, 26 ciberagresiones y 14 amenazas de agresión fìsica, de acuerdo al sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.
De acuerdo al registro de esta organización los más perjudicados fueron los reporteros al ser víctimas en 276 casos. Esta cifra corresponde a 52% de los incidentes de todo el año. Luego se encuentran los reporteros gráficos que alcanzaron 107 alertas y, en tercer lugar, aparecieron los camarógrafos quienes fueron afectados en 38 casos.
También se registraron restricciones, señalamientos y amenazas contra corresponsales extranjeros (35), ciudadanos (18), choferes de transporte de medios (13), locutores (8), directivos de medios (7), productores (6), activistas de DDHH (3), editores (2), articulistas (2), dirigentes políticos (2).
El total de afectados fueron 510 personas. Al igual que en 2016 los más vulnerables fueron los hombres, pues 365 de ellos, que significó un 71,57%, fueron afectados por desempeñar su labor periodística ejerciendo sus libertades informativas y de opinión. Mientras que a 145 (28,43%) mujeres también se les violó su libertad de expresión.
Las empresas comunicacionales no escaparon de estos ataques. Por lo menos 239 empresas de medios, instituciones de gestión de comunicaciones y telecomunicaciones aparecieron en el registro de casos de IPYS Venezuela. Los medios privados acumularon la mayor cantidad de violaciones y sumaron 319 incidentes, lo que corresponde 55,87% del total de hechos.
Los medios independientes sufrieron 120 violaciones, duplicando la cifra con respecto al año anterior. Este patrón guarda relación con el fenómeno de la migración de equipos periodísticos a plataformas digitales que ha sido acelerado en Venezuela en los últimos años, producto de los cambios forzados en el ecosistema de medios a nivel nacional.
Mientras tanto, los medios extranjeros fueron afectados en 74 oportunidades, y en los medios estatales se registraron 40 casos de violaciones a la libertad de expresión. Además se ejecutaron 13 acciones contra las organizaciones políticas, nueve contra medios privados, estatales y comunitarios, y cinco contra los ciudadanos.
Testimonio de Gregoria Díaz, corresponsal del portal de noticias Crónica Uno y del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en el estado Aragua
En 2017 se produjo un cambio en la tendencia histórica que ha registrado IPYS Venezuela en la que los medios impresos tradicionalmente sufren los ataques más frecuentes, siendo ahora los más afectados los medios digitales con un total de 281 casos. En comparación con el 2016, cuando este sector se vio restringido en 229 ocasiones, hubo una disminución de las acciones directas en contra de los medios impresos, sumando esta vez 85 incidentes. También se contabilizaron 75 hechos contra televisoras y 42 contra radioemisoras, y 10 acciones contra todos los medios.
Injusticia generalizada
Los distintos actores del Estado no dieron tregua a los periodistas y medios de comunicación en el 2017. Esta organización contabilizó 250 alertas sobre uso abusivo del poder estatal que vulneraron los derechos a la libre expresión y a estar informados, garantías ciudadanas consagradas en la constitución nacional.
Esta cifra comprende, principalmente, 92 limitaciones de la cobertura informativa por ataques e intimidación, 54 detenciones arbitrarias, 18 limitaciones de la función cambiaria y de la regulación del comercio exterior, 17 de la función electoral, 15 declaraciones agraviantes, 10 restricciones de la función militar, policial y de inteligencia, 4 seguimientos y 4 interceptaciones arbitrarias de las comunicaciones, entre otros.
Al menos 74% del total de casos registrados, es decir 399 incidentes, fueron responsabilidad de los poderes públicos. El principal victimario fue el poder ejecutivo, por lo que las autoridades de gobierno, en distintos niveles, cometieron 345 casos de violaciones a la libertad de expresión, 123 más de las registradas en 2016, año en el que se contabilizaron 247 casos. El poder electoral, por su parte, sumó 9 incidentes, seguido por el poder legislativo con 7, el poder judicial con 6, la Asamblea Nacional constituyente con 6 y el poder ciudadano con 2.
El carácter represivo que había marcado al año anterior se agudizó en el 2017, convirtiéndose en el período con más limitaciones en las labores de investigación y denuncia de periodistas y trabajadores de medios. Este retroceso en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país también significa un atentado al derecho que tienen los ciudadanos de saber y tomar decisiones informadas sobre temas cotidianos.
Testimonio de Perkins Rocha, abogado y ex magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
Entre los victimarios destacaron los cuerpos de seguridad del Estado con al menos 178 casos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con 51 y los simpatizantes oficialistas con 37 violaciones. Estos hechos, en los que también hubo una participación de victimarios no estatales, afectaron la cobertura en las fuentes de protesta, política, medios, electoral y comunidad.
Al menos 10% de los casos —que representó 57 incidentes— fueron perpetrados por victimarios desconocidos. La persistencia de este tipo de atacantes favorece a que se continúe restringiendo la libertad de expresión desde instancias que se amparan en el anonimato, obstaculizando la labor informativa de reporteros y medios de información al participar en actos de agresión física, intimidaciones, amenazas de agresión, robos y hurtos de equipos, hackeos, ataques contra sedes de medios y ciberagresiones.
El árbitro de la censura
Las regulaciones de Conatel en los espacios de radio y televisión pusieron fin a las transmisiones de 54 medios de comunicación en Venezuela. Estas sanciones se implementaron bajo un patrón de opacidad al no respetar el debido proceso, constituyendo en actos discriminatorios que vulneran el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso a la información.
Los últimos medios afectados por órdenes de Conatel fueron dos reconocidas emisoras venezolanas: 92.9 Tu FM y Mágica 91.1 FM. El 25 de agosto de 2017 el organismo estatal no les renovó la concesión, e inmediatamente después su señales fueron sustituidas por otras emisoras llamadas Radio Corazón Llanero y Radio Vinotinto FM, respectivamente. Poco después, el 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisiones de la estación 88.1 FM de la radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.
Según el registro de IPYS Venezuela durante 2017 ascendió a 49 el número de estaciones de radios nacionales censuradas. Entre ellas figuran: Hit 90.7, Estudio 92.1, Radio Punto Fijo Stereo y Jet 95.3, Yara 104.3, K-ndela 90.3, Más Network 98.9, Rumbera 106.5, Shaddai 101.9, Mix98.3 y Criollisima 104.9, Suena 101.7 FM, Sonora 99.3 FM, Cunaviche 106.3 FM, Top Stereo 90.3 FM y Latín Top 101.1 FM.
Llama la atención que 24 de las estaciones radioeléctricas salieron del aire en el marco de las manifestaciones ciudadanas que comenzaron el 1 de abril, en un contexto en el que fueron confiscadas las libertades ciudadanas en Venezuela, bajo un Decreto de Estado de Excepción.
Los medios televisivos no escaparon de estas inhabilitaciones. El 16 de julio también había sido clausurado por Conatel el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, ULA TV, alegando falta de documentos. En Santa Cruz de Mora y Tovar, en el estado Mérida, el ente además cerró las televisoras locales ZeaTv y Televisora Cultural de Tovar.
Testimonio de Nereyda Pacheco periodista de ULA TV, canal televisivo de la Universidad de los Andes
El 24 de agosto Conatel también retiró de la parrilla de programación a los canales de televisión colombianos Caracol TV y RCN. Entre 2014 y 2017, seis televisoras extranjeras han sido ha salido de la parrilla de programación de las cableras por orden expresa del organismo estatal. Los otros canales de televisión suspendidos fueron: CNN (EEUU), El Tiempo Televisión (Colombia), Todo Noticias (Argentina) y Antena 3 (España).
Estas han sido las medidas más abusivas y desproporcionadas que ha ejercido Conatel en los últimos 12 años, de acuerdo a los análisis que ha realizado IPYS Venezuela. La ola de cierres de emisoras de radio sólo es comparable con la actuación que tuvo esta institución en 2009, cuando ordenó el cierre de 32 medios radioeléctricos, mediante una decisión que firmó Diosdado Cabello, su director en ese momento.
Desde que inició el gobierno de Nicolás Maduro en 2013, se ha retirado la señal de al menos 57 medios del espectro radioeléctrico venezolano. Esta política de control y censura fue masiva en 2017, pues entre 2013 y 2018 ocurrieron 8 decisiones que dejaron fuera del aire a medios radioeléctricos privados y comunitarios.
Este patrón de silenciamiento de espacios radiales y televisivos no es nuevo. La base de datos de IPYS Venezuela registra que a partir de 2005, cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), el gobierno ha censurado 99 medios nacionales de radio y televisión, de zonas urbanas y rurales.
El cierre de canales de información incumpliendo los parámetros legales establecidos tanto en la legislación nacional como en las normas internacionales constituye una violación del derecho a la libertad de expresión y la información de los ciudadanos, a quienes se les limita el acceso a contenidos críticos, plurales y diversos mediante los cuales pueden construir una versión completa y contrastada de la realidad.
IPYS Venezuela rechaza las acciones de censura que son ejecutadas y respaldas por Conatel, y que afectan la circulación libre de información en plataformas radioeléctricas y televisivas.
Papel a discreción
La escasez de papel en Venezuela ha dejado una ola de periódicos sin circulación y a otros los ha obligado a salir definitivamente del mercado nacional. IPYS Venezuela constató que, desde agosto de 2013 hasta febrero del 2018, 35 diarios han dejado de circular debido a dificultades en la adquisición de papel periódico y otros insumos requeridos en la producción informativa. De esta cifra, 18 periódicos han salido de circulación de manera definitiva y los otros 16 temporalmente.
En 2017, el Instituto Prensa y Sociedad registró 16 casos de cierres de medios impresos debido a las fallas en la distribución de la empresa estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). Los últimos cinco diarios impresos que se vieron obligados a suspender su publicación fueron Ciudad Maturín (Monagas), Nuevo País (Caracas), El Mío (Anzoátegui) Tal Cual (Caracas), y La Verdad (Zulia).
La crisis política y económica de estos cuatro años provocó que 11 periódicos de distintos estados del país se vieran obligados a cerrar y desaparecieran como empresas de medios. Otros ocho diarios migraron a la web y siguen activos, con equipos de trabajo mermados y sorteando dificultades.
De acuerdo con los datos del índice de libertades periodísticas, las restricciones para la importación y compra de insumos para la producción informativa fueron valoradas con 58 puntos, que dan cuenta de un año de limitaciones reiteradas en la asignación de recursos necesarios para la labor de los medios de comunicación.
Estos inconvenientes comenzaron en 2013 cuando el gobierno quitó la prioridad de importar papel prensa y monopolizó la compra y distribución a través del CEAM. Desde entonces, han sido reiteradas las denuncias sobre el otorgamiento de insumos a discreción de la tendencia editorial del medio, dependiendo de si es crítica o no al Gobierno Nacional. Como resultado, más de 50 periódicos han tenido que reducir el tiraje, la circulación y sus cuerpos informativos para sortear las carencias no solo del papel periódico sino de todos los insumos necesarios para su producción.
Persecución 2.0
En 2017 IPYS Venezuela registró 35 alertas de restricciones a la libre expresión en Internet. De esta cifra, al menos nueve casos fueron ataques por denegación de servicio (DDoS), lo que representa un aumento respecto a 2016 cuando solo hubo tres incidentes. Las plataformas que se vieron comprometidas por estas agresiones pertenecían principalmente a organizaciones no gubernamentales y medios independientes, entre ellos: El Cambur, Aporrea, Caraota Digital, Provea, El Pitazo, Correo del Caroní.
El alcance de la censura y otras formas de restricciones a la libertad de expresión en Internet fue calificado en el índice con 59 puntos. Si se compara con la valoración de 70 que obtuvo en el 2016, y a pesar de mantener todavía un amplio margen de libertad, el resultado demuestra que las restricciones para el acceso y la consulta de contenidos en Internet son cada vez más frecuentes.
IPYS Venezuela además confirmó a través de su Red Nacional de corresponsales, que en abril de 2017 los usuarios en cinco ciudades del país no pudieron acceder a la cobertura de protestas ciudadanos que ofrecían los portales de noticias VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV. Estos canales de televisión por internet fueron censurados por parte de cinco proveedores de internet, estatales y privados.
La organización Venezuela Inteligente, a través de pruebas técnicas, pudo corroborar que se debió a bloqueos de contenidos por DNS, lo cual impide a los venezolanos acceder a estos sitios web desde el servicio de Internet de Cantv, Movilnet (proveedores estatales), Movistar, Inter, y Digitel (proveedores privados). Estos casos se ejecutaron sin las garantías del debido proceso, un derecho constitucional, debido a que no hubo una orden expresa de censura por parte del Estado o de las teleoperadoras.
Las garantías que también se vieron limitadas por el Estado venezolano fueron la libertad de acceso y elección de los usuarios de Internet al enviar, recibir, buscar y ofrecer cualquier tipo de contenidos en la web. Los ciudadanos tienen derecho a navegar sin ningún tipo de condicionamiento o restricción por medio de bloqueo, filtración o interferencia, no obstante, el 1 de septiembre fue detenido Manuel Felipe Castro, técnico radiólogo de San Felipe, estado Yaracuy, presuntamente por mensajes publicados en su cuenta de la red social Facebook, donde expresaba su opinión en contra del gobierno y se quejaba por las deficiencias en la atención de salud pública en la entidad.
Otra víctima de las acciones de inteligencia policial fue Lenny Josefina Martínez González, trabajadora del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, estado Lara, detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 3 de octubre de 2017, al ser señalada como presunta responsable de las fotografías divulgadas en redes sociales el 30 de septiembre, en las cuales se observa a un grupo de mujeres en labores de parto en la sala de espera del recinto. Estas detenciones arbitrarias solo empeoran la situación de hostigamiento que restringe los derechos digitales de los venezolanos.
Regiones vulnerables
La mayoría de los incidentes en materia de libertad de expresión se concentraron en ocho estados cuyos gobiernos regionales están bajo las directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A lo largo de 2017 en estas entidades predominaron las restricciones y acciones de violencia contra periodistas. Al menos 72% de los 518 casos registrados fueron responsabilidad de las autoridades gubernamentales, y territorialmente se ubicaron en Caracas, Bolívar, Aragua, Falcón, Táchira, Zulia, Mérida y Monagas.
Caracas
Las limitaciones de acceso a la información, las agresiones físicas y ataques contra medios, las amenazas de acción legal por parte de autoridades públicas a medios de información y el uso abusivo del poder estatal fueron tendencias en el Área Metropolitana de Caracas durante todo el año.
El número de agresiones y ataques contra medios representó el 44,89%, con 211 violaciones que vinculan a los cuerpos de seguridad estatal, simpatizantes oficialistas, motorizados, civiles armados y personas desconocidas como principales victimarios. Mientras que los casos vinculados al acceso de información de interés público representaron 33% de los registrados en esta región, con 156 violaciones.
Al menos 176 limitaciones de los 236 casos registrados en esta entidad por IPYS Venezuela ocurrieron durante la cobertura de protestas. Por lo menos, 41% de las restricciones realizadas en las manifestaciones, que equivale a 73 incidentes, fueron consecuencia del abuso de poder de los cuerpos de seguridad del Estado. Entre los hechos denunciados por los periodistas destacan las detenciones arbitrarias, el robo de equipos, intimidaciones y amenazas, impactos por bombas lacrimógenas y agresiones físicas.
Bolívar
La segunda entidad con el mayor número de casos fue Bolívar que sumó 18 alertas a lo largo de 2017. Robo de equipos, limitaciones de acceso por hostilidad de funcionarios de seguridad estatal contra los trabajadores de medios durante la cobertura de calle, hechos de intimidación, así como ataques y medidas contra medios de comunicación fueron predominantes en este estado.
En comparación con el 2016, cuando se registraron 20 casos, la cifra de alertas se mantuvo. Entre las denuncias registradas por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en esta entidad, hubo 12 acciones dirigidas a intimidar la labor periodística durante la cobertura de las protestas ciudadanas. Estas amenazas y restricciones ocurrieron mayormente por la hostilidad de cuerpos militares y simpatizantes oficialistas.
En mayo, al menos cinco trabajadores de medios fueron detenidos y agredidos cuando ejercían su trabajo periodístico en las manifestaciones realizadas en la región de Ciudad Guayana. Así fue que cuando tomaba fotografías de la represión y los enfrentamientos de manifestantes con militares, el periodista del Correo del Caroní, Germán Dam, fue detenido arbitrariamente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Pese a estar identificado como periodista fue rodeado por los militares, quienes lo obligaron a arrodillarse para luego llevárselo en una tanqueta.
Un grupo de manifestantes encapuchados atacó a las periodistas Oriana Faoro y María Ramírez, al fotógrafo Wilmer González y al conductor Roberto Lira en las inmediaciones del sector Yara Yara, donde había enfrentamientos entre la GNB y manifestantes. Faoro contó a IPYS Venezuela que caminaron hacia la barricada con las manos arriba para que los encapuchados vieran que no tenían armas y gritando que se trataba de la prensa. Pero los manifestantes encapuchados buscaron piedras para atacarlos, y además tuvieron que correr porque los amenazaron con quemarle el carro.
Falcón
El estado Falcón también sumó 18 casos en 2017. En esta entidad ocurrieron 20 violaciones por agresiones físicas, ataques contra medios de comunicación y cierre de emisoras de radio por órdenes de Conatel, entidad estatal que fue responsable de 11 de estas limitaciones. Dos de las denuncias recibidas involucraron la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. También hubo cuatro restricciones de acceso a la información, una declaración agraviante de las autoridades públicas y un caso de uso abusivo de poder durante la cobertura de los comicios electorales del 15 de octubre.
El hecho de mayor impacto en esta entidad fue el cierre de 11 estaciones radiales como consecuencia del abuso de autoridad empleado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Seis de estas emisoras operaban en Paraguaná, tres en Coro, una en Churuguara y una en Dabajuro. Entre ellas están: Hit 90.7 FM, Jet 95.3 FM, Studio 92.1 FM, Punto Fijo stereo 93.7 FM, Península 93.3 FM, Radio San José Obrero, Extrema 92.5 FM, Festiva 89.3 FM, Radio Dabajureña 92.9 FM.
Andrés Eloy Méndez, nacido en Falcón, y quien ocupaba en ese entonces la dirección de Conatel, aseguró el 25 de mayo de 2017 en una entrevista para Unión Radio que su despacho evaluaba sanciones contra 15 emisoras por el tratamiento informativo que hacían de las protestas en en el país.
“La mayoría de los medios, sobre todo los televisivos, con algunas excepciones, han tenido un comportamiento entendible con respecto a la situación política que se vive en el país, pero en la radio no ha sido así. Tenemos un porcentaje de radios que han llegado a lenguaje que implica violación de la norma, sobre todo la instigación al odio”, declaró Méndez, actualmente representante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
IPYS Venezuela reitera que estas acciones por parte de Conatel agudizan la desinformación al desconocer su deber de garantizar y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad, así como el derecho de los ciudadanos de contar con espacios de radiodifusión a través de los cuales puedan manifestar sus denuncias comunitarias, y conocer todo tipo de informaciones e ideas.
Táchira
En el estado Táchira se registraron 17 alertas de violaciones a la libertad de expresión. Ocho de estos casos se vincularon con amenazas y agresiones durante la cobertura de manifestaciones ciudadanas, y entre los victimarios aparecen funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, simpatizantes opositores y desconocidos. Además hubo un caso de declaración agraviante fue cometido por el gobernador José Gregorio Vielma Mora, y una amenaza de acciones legales por parte de Ramón Cabezas, director de seguridad ciudadana de esta entidad.
Testimonio de Lorena Arráiz, corresponsal de El Universal en el estado Táchira
Otros tres casos se le atribuyen a los problemas de adquisición de papel periódico. Debido a estas fallas, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) fue responsable del cierre por unos meses del Diario Católico, y de la suspensión temporal de Diario La Nación. Este último es el único medio impreso de periodicidad diaria en el estado Táchira.
En octubre, la censura apagó la señal de una de las emisoras más importantes de la región. La radio Cultural del Táchira (1.190 AM / 100.3 FM) quedó fuera del aire luego de que Conatel les retirara el transmisor y otros equipos con los que operaban.
Hubo, además, un caso de robo de equipos a una corresponsal de El Pitazo cuando realizaba el seguimiento informativo de los comicios del 15 de octubre, y dos alertas de censura interna en el que los directivos de la emisora radial Ecos del Torbes, y los del Diario La Nación limitaron la cobertura de la fuente política de sus trabajadores.
Zulia
En el estado Zulia también se contabilizaron 17 casos en 2017, que significaron casi el doble de alertas de las registradas en 2016. Por lo menos seis de estos hechos fueron detenciones arbitrarias ejecutadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a periodistas que cubrían protestas y la fuente electoral.
Tres de los reporteros afectados laboraban para el partido político de tendencia opositora al gobierno Voluntad Popular, mientras que los otros dos pertenecía a la organización no gubernamental Transparencia Venezuela y al canal televisivo Televen.
Otra manera de amenazar la cobertura de asuntos de interés público fueron los tres casos de intimidación y agresiones físicas contra un corresponsal de El Pitazo, y un reportero y un fotógrafo del medio impreso Versión Final. También se registró un robo a mano armada y un ataque a los equipos de transmisión de la reconocida emisora Radio Fe y Alegría, ambos delitos cometidos por delincuencia organizada.
El periódico La Verdad de Zulia debió suspender su circulación temporalmente por dificultades con el abastecimiento de insumos para la producción que no fueron atendidas oportunamente por el CEAM.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones aplicó, además, dos procedimientos administrativos que afectaron la señal de las radioemisoras Eclipse 88.3 FM y Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Aragua, Mérida y Monagas
En 2017 no hubo cambios significativos en el número de casos hacia el oriente y el occidente del país. Así se evidenció en las entidades de Mérida y Monagas, en donde se contabilizaron un total de 14 alertas a la libertad de expresión. Mientras tanto en el estado Aragua se registraron 16 incidentes, lo que representa una disminución respecto a 2016 cuando se denunciaron 22 casos.
En Aragua predominaron las agresiones físicas y ataques contra las herramientas de los periodistas que sumaron 12 violaciones. También hubo 9 incidentes en los que se vio vulnerado el acceso a la información pública, mientras que el uso abusivo del poder estatal estuvo presente en 8 casos. Un hecho que destacó en esta entidad fue la detención arbitraria del reportero Jesús Medina Ezaine, y de los corresponsales extranjeros Filippo Rossi y Roberto Di Matteo, en el Destacamento 421 de la Guardia Nacional Bolivariana que está ubicado en la parte superior del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón.
Las agresiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias sumaron seis casos en Mérida. Estos ataques fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, simpatizantes oficialistas, civiles armados, y uno de los casos constituyó una acción intimidatoria por parte del gobernador de ese estado, Alexis Ramírez, hacia los medios que difundieron información sobre las protestas en abril de 2017
Testimonio de María Fernanda Rodríguez, corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y profesora en la Universidad de los Andes (ULA)
En Mérida, además, el Complejo Editorial Maneiro provocó la suspensión temporal de la circulación del diario Frontera, mientras que el diario Los Andes de Mérida salió de circulación de manera definitiva en agosto.
La censura se sintió cuando Conatel extinguió la señal de las estaciones de radio Estudio 102.7 FM, CNV 95.3 FM y ULA 107.7 FM. El organismo estatal también sacó del aire e incautó los equipos del canal de televisión ULA TV, a pesar de que el medio cumpliera con todo los requerimientos del proceso administrativo.
En el estado Monagas, entretanto, destacaron las cinco limitaciones en la cobertura de hechos de interés público durante las jornadas electorales, realizadas en julio y octubre de 2017. En este estado Conatel dejó fuera del aire a las radioemisoras Suena 101.7 FM y Sonora 99.1 FM. Asimismo, los diarios La Prensa de Monagas, El Periódico de Monagas, La Verdad de Monagas, El Oriental y El Sol de Oriente, dejaron de circular temporalmente desde el 15 de diciembre, como una estrategia para ahorrar papel y contar con los insumos suficientes para circular en enero de 2018.
Un índice en Estado de coma
Las medidas de censura, la violencia contra periodistas, la opacidad, los hechos de intimidación y las presiones contra los medios de comunicación fueron las categorías que conformaron las restricciones evaluadas en el Índice IPYS sobre las libertades periodísticas de 2017, elaborado por IPYS Venezuela para este informe anual.
La valoración global de la medición fue de 65 puntos, que revelan un paisaje de libertades regulares para la cobertura informativa. Al desagregar las categorías se evidenciaron distintos niveles de gravedad, algunos de mayor riesgo y otros de manera selectiva, en el comportamiento de las libertades informativas a lo largo del año. Si bien la evaluación fue similar al valor asignado en el 2016, cuando obtuvo 66 puntos, es importante mirar estos resultados teniendo en cuenta las variaciones en el contexto anual de 2017 determinado por altos niveles de conflictos.
Si se compara la apreciación moderada de los periodistas para construir este indicador con los datos del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela —que demostró que el 2017 cerró con 1087 violaciones del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública— el contraste de esta valoración puede deberse, entre otros factores, a que hay una naturalización de los factores que atentan contra el ejercicio periodístico en Venezuela debido a las constantes presiones del Gobierno contra los medios de comunicación.
Otra de las consecuencias que estas acciones de intimidación han arraigado es el temor a la denuncia. Si analizamos la tendencia de los casos según las cifras registradas, esta nos dice que el hostigamiento contra los periodistas y medios de comunicación a través de las acciones de inteligencia policial así como de procedimientos judiciales, ambos mecanismos emprendidos por las figuras de poder del Estado, solo se ha intensificado en los últimos años.
En un país con diversas urgencias en materia de derechos humanos, las libertades informativas y periodísticas pasan a un segundo plano. Por lo que es evidente que los datos muestren una realidad en donde la labor del periodismo está sujeta a medidas cada vez más regresivas que imposibilitan su óptimo desempeño.
Metodología
Los datos presentados y analizados en el Informe Anual 2017 son el resultado del sistema de alertas de IPYS Venezuela. Se trata de un registro sistemático, crítico y eficaz que realiza esta organización en todo el país a partir de 10 categorías, que incluyen sus respectivas subcategorías, basadas en los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información pública, normas restrictivas, agresiones físicas, agresiones normativas, uso abusivo del poder estatal, censura previa, censura indirecta, censura interna e impunidad, así como las libertades en las plataformas digitales.
El trabajo periodístico de campo y levantamiento de información se llevó a cabo de forma directa por la Red Nacional de Corresponsales y el equipo de monitoreo de IPYS Venezuela, presente en 79% del territorio nacional, y conformada por periodistas en ejercicio que se encargan de confirmar y documentar cada uno de los casos que forman parte del sistema de alertas de libertad de expresión y acceso a la información. Esta labor se sostiene, además, en la consulta de fuentes primarias y documentos oficiales, así como de los estudios de organizaciones no gubernamentales.
Por segundo año consecutivo el Índice IPYS de libertades periodísticas sirvió para complementar la labor de monitoreo y caracterización de la situación de la libertad expresión en Venezuela. Esta medición de rigurosidad científica y carácter estadístico, calificó la libertad en el ejercicio periodístico en una escala del 0 al 100, en la que cero indica una restricción absoluta del derecho y 100 un estado óptimo y sin restricciones de la libertad de expresión.
El índice de libertades periodísticas que mide el nivel de este derecho humano en el Venezuela es el resultado de una serie de cuestionarios y consultas en línea realizadas entre el 17 de octubre al 5 de noviembre a 253 periodistas en 21 estados del país, como parte del trabajo de campo del Estudio de censura y autocensura. Esta evaluación contó con la participación de un equipo integrado por periodistas y trabajadores de medios.
Mediante 26 ítemes, el índice ofrece una valoración global de las condiciones del ejercicio del periodismo en Venezuela y se desagrega en cuatro categorías específicas que tienen que ver con las restricciones del acceso a la información pública, la violencia contra periodistas, las medidas que derivan en censura, así como las acciones de hostigamiento. Para la ponderación se utilizaron cinco rangos, que van desde ninguna restricción hasta una restricción absoluta, en el siguiente orden de la escala: 80 – <100; 60 – <80; 40 – <60; 20 – <40; 0 – <20.
Equipo de trabajo
Dirección ejecutiva: Marianela Balbi | Dirección de libertades informativas: Mariengracia Chirinos | Investigación y redacción: Daniela Alvarado Mejias y Mariengracia Chirinos | Monitoreo de Libertades informativas y derechos digitales: Indira Ramírez, David Matos, Daniela Alvarado Mejias, Scarlet Clemente, María Victoria Fermín | Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela: Ana Karolina Mendoza (Zulia), Keren Torres (Lara), Gregoria Díaz (Aragua), Adriana Pérez Gilson (Falcón), Alba Perdomo (Bolívar y Delta Amacuro), Luis Javier Bazán (Portuguesa), Lorena Arráiz y Daniel Pabón (Táchira), Andrés Astudillo (Anzoátegui), Ronny Rodríguez (Monagas), Dayrí Blanco (Carabobo), Nairobi Rodríguez (Sucre) Miguel Cardoza (Apure), Aylin Hidalgo y Raúl Segovia (Trujillo), María Fernanda Rodríguez (Mérida) | Diseño y construcción del Índice de las Libertades periodísticas: Carolina Carrera, Carlos Medina, Bárbara Sosa | María Fernanda Rodríguez (Mérida)| Trabajo de campo: María Victoria Fermín, Kira Al Assad, Roraima Grillet, Alfonzo Rodríguez, Julián Rodríguez y Mariengracia Chirinos | Visualización de datos: Alimié Torres | Contenidos multimedia: Francisco Colmenares | Producción de podcast: Aura García, edición Melanie Aponte de Humano Derecho Radio| Dirección de comunicaciones: Maruja Dagnino | Jefe de campañas: Aura García
