IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La aprobación de una estructura jurídica regresiva, la persecución policial y militar, ataques a portales de organizaciones civiles y medios de comunicación, daños y fallas contra la infraestructura de telecomunicaciones, las deficiencias de conectividad, detenciones arbitrarias por expresión, blackouts en la red, y el discurso agraviante del Estado pusieron en riesgo la libertad en Internet. En el Día Mundial de Internet, IPYS Venezuela publica este reporte para exigir una internet segura, accesible y neutral
Los ciudadanos, los activistas DDHH, los periodistas en Venezuela navegaron en la red frente a continuas limitaciones de una Internet que ha perdido libertad, pluralidad, diversidad y equidad de condiciones. Los derechos digitales también estuvieron en riesgo a lo largo de 2017.
La libertad de expresión en Internet encontró obstáculos ante la aprobación de varias normativas restrictivas, la persecución policial que se manifestó a través de detenciones arbitrarias por la opinión de ciudadanos en las redes sociales, los ataques a diversos portales de medios digitales y organizaciones de la sociedad civil, bloqueos selectivos a portales web, amenazas a periodistas, ataques contra la infraestructura de telecomunicaciones, así como la creación de estructuras oficiales (tal vez el mejor ejemplo sea el “Ejército de troles” creado por el Ministerio para Interior, Justicia y Paz) que avalan la vigilancia y el seguimiento bajo esquemas policiales y militares en la red.
En este periodo se vieron vulnerados los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático. En Venezuela se vieron afectadas siete de las categorías fundamentales que convierten a la libertad de expresión en Internet en una salvaguarda fundamental para el ejercicio de los derechos humanos en línea.En los doce meses de 2017 ocurrieron 50 casos que derivaron en 63 violaciones a los derechos digitales, documentados por esta organización a través de su sistema de categorías de libertad de expresión en Internet, sistema que recoge y permite hacer seguimiento continuo al cumplimiento de los estándares internacionales de las garantías de DDHH en la red en Venezuela.
A lo largo de este año fueron recurrentes los ataques a ciudadanos, periodistas, instituciones autónomas y organizaciones de derechos humanos (13), así como medidas expresas de restricciones en la red que derivaron en censura (11). Hubo limitaciones para el acceso a Internet y también a la información que circula en las plataformas digitales (9); decisiones que debilitaron las garantías jurídicas de la expresión y la información en internet (9).
Fueron evidentes las persecuciones de los cuerpos de seguridad del Estado hacia las opiniones críticas y a las denuncias ciudadanas (4). Se dieron episodios de bloqueos informativos en Internet (3) y se aprobó una resolución que viola el derecho a la privacidad en la red, y que pone en riesgo la protección de los datos personales, que deberían ser de carácter privado.
El año 2017 cerró con 119 víctimas en materia de restricciones a los derechos digitales. En los 50 casos fueron afectados 93 medios de comunicación digitales, portales de organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones universitarias, principalmente. Otros 26 afectados fueron periodistas, activistas de derechos humanos, manifestantes, líderes políticos, funcionarios públicos, estudiantes universitarios, así como también ciudadanos en general.
Internet bajo conflicto
Los primeros seis meses del año fueron los de mayores obstáculos para los derechos digitales en Venezuela. Este lapso coincidió en meses continuos de alta conflictividad social por las protestas de calle y decisiones gubernamentales que que debilitaron la institucionalidad y atentaron contra el Estado de derecho. Justo en el mes de marzo hubo un quiebre en las libertades democráticas, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), elegida por el voto ciudadano en diciembre de 2015 y que trajo como consecuencia una ola de protestas.
En consecuencia, 62% de los 50 casos registrados en el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela ocurrió entre enero y junio de 2017. La mayoría de estos hechos estuvieron asociados a la cobertura informativa y la expresión en plataformas digitales en torno a las manifestaciones públicas, decisiones y declaraciones que atentaban contra la labor de los medios y periodistas.
También hubo acciones que afectaron la difusión de información en materia de derechos humanos y se puso en riesgo las plataformas educativas. Hubo medidas restrictivas para la libertad de expresión en Internet que se dieron desde el gobierno nacional a propósito del control político.
Los meses de febrero (6), marzo (8) y abril (6) fueron los que concentraron el mayor número de casos en el primer semestre del año. En este lapso, fueron recurrentes las declaraciones agraviantes a través de plataformas digitales en contra de activistas de DDHH, principalmente. También, fueron repetitivas las amenazas de regulación de redes sociales por parte de autoridades públicas, y la legalización de los bloqueos, que se concretaron en el segundo semestre del año 2017.
Mientras tanto, en el segundo semestre del año ocurrieron 19 del total de casos de violaciones a los derechos digitales registrados en el año. Esto indica que 3 de cada 10 casos ocurrieron entre julio y diciembre de 2017.
Estos meses estuvieron marcados por la discusión y la posterior aprobación de la normativa contra el odio, que significó una medida regresiva y de mayor riesgo para la libertad de expresión en Internet. Esta norma contempló procedimientos para bloquear contenidos desde proveedores estatales y privados, sanciones administrativas y tributarias contra portales digitales, y delitos penales que se traducen en un atentado contra los derechos digitales.
Las fallas en la infraestructura de Internet que limitaron las condiciones de la navegación de los ciudadanos en la red también se hicieron sentir en los últimos meses del año. No solo se reportaron bajos niveles de conectividad, sino que también hubo denuncias de robo de equipos y fallas en la red fija y móvil, lo cual derivó en episodios de desconexión y desinformación en distintos estados del país.
Ataques en la red
Los hechos de mayor recurrencia en materia violaciones a los derechos digitales fueron los ataques en la red, que se dieron por la vulneración de la seguridad de portales web (10); y por la intercepción de las comunicaciones personales (3) de periodistas, activistas políticos y defensores de derechos humanos.
Una de las modalidades de ataques fue la denegación de servicio (DDOS) pues se registraron 10 casos por este mismo patrón. El procedimiento consistió en atacar a los servidores de los sitios web de 52 medios y organizaciones civiles hasta hacerlos colapsar, la mayoría de ellos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela. Algunos sitios fueron afectados en diversas oportunidades.
Entre los afectados estuvieron los portales de medios digitales como Tal Cual, El Pitazo, el Correo del Caroní, El Cambur, Aporrea, Caraota Digital, Maduradas, entre otros. Mientras que los portales de organizaciones civiles como Provea, Acción Solidaria, Espacio Público, el Foro Penal Venezolano, Civilis Derechos Humanos, Amigos Trasplantados de Venezuela, Asamblea de Educación, y diversos centros de derechos humanos también resultaron perjudicados.
IPYS Venezuela consideró que esta fue una forma de censura y no hubo ninguna respuesta del Estado para atender este tipo de hechos, a pesar de que el informe sobre Libertad de Expresión en Internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los Estados están obligados a investigar estas agresiones informáticas y reparar los daños de forma adecuada, en tanto que estos ataques pueden estar dirigidos a personas o medios de comunicación, lo que a su vez puede vulnerar el ejercicio a la libertad de expresión.
Los incómodos
Estos hechos evidencian que los portales independientes, tanto de medios informativos como de organizaciones no gubernamentales, fueron los que presentaron mayores riesgos en materia de derechos digitales a lo largo de 2017.
Por diversas violaciones se vieron afectados en 63 oportunidades representantes, e incluso la infraestructura online, de medios digitales independientes. Mientras tanto, hubo hechos restrictivos en contra de 12 organizaciones, 10 medios privados, 5 medios u organizaciones estatales, y 3 portales de noticias extranjeros. Esta cifra muestra el incremento de las agresiones hacia espacios informativos que han venido cobrando fuerza en los últimos años en Venezuela, a propósito de la reconfiguración del ecosistema informativo venezolano. Las plataformas digitales se han convertido en parte fundamental para el consumo ciudadano de información ante el fenómeno de reducción de estos espacios en los medios tradicionales, como resultado de las políticas restrictivas y las diferentes formas en las que se ha manifestado la censura en Venezuela.
No fue fortuito que a lo largo de 2017 los periodistas hayan catalogado como intermedia la libertad de expresión en Internet, de acuerdo a los datos del Índice de libertades periodísticas de IPYS Venezuela, que contó con la participación de 253 profesionales de la comunicación y trabajadores de medios de distintos estados del país. Esta valoración se debió, principalmente, a las dificultades para el acceso y la libre consulta de contenidos en la red.
Violencia estatal
El discurso agraviante, la remoción o suspensión arbitraria de contenido de interés público fueron dos de las maneras que encontró el Estado venezolano para restringir los derechos digitales. Altos funcionarios del gobierno nacional, diputados oficialistas y también representantes del ente regulador de Internet (Comisión Nacional de Telecomunicación, Conatel) mantuvieron una actitud hostil hacia ciudadanos, periodistas y activistas de derechos humanos que ejercieron la expresión en la red.
Los actores estatales se convirtieron así en los principales victimarios de los derechos digitales a lo largo de 2017.
Los cuerpos de seguridad de Estado tuvieron una actuación irregular en 6 casos de violaciones de derechos digitales y se convirtieron junto las instancias ministeriales -que aparecieron también en 6 alertas- en los actores que más atentaron contra las libertades en red.
A pesar de ser el árbitro en materia de Internet, Conatel también tuvo un comportamiento que afectó a las libertades en línea en 5 ocasiones, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela. Hubo actuaciones regresivas de la Presidencia de la República (2), la Asamblea Nacional Constituyente (1), simpatizantes oficialistas (1), así como los tribunales (1).
Los proveedores de Internet también emprendieron acciones que interfirieron en la red. El año 2017 resaltó por la actuación de personas no identificadas, quienes bajo perfiles desconocidos actuaron en 13 oportunidades para atentar contra los derechos digitales.
Expresión bajo arresto
Estos datos reflejan que a lo largo de 2017 se impuso la persecución policial como represalia a las expresiones en línea. El patrón más evidente fueron cuatro detenciones arbitrarias que se dieron por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como también medidas de espionaje e interceptación de comunicaciones personales que violaron el derecho a la privacidad.
Uno de estos hechos fue la detención arbitraria de Manuel Felipe Castro, técnico radiólogo, en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, el 1 de septiembre de 2017, por la publicación de mensajes en su cuenta de Facebook en los que expresaba su opinión en contra del gobierno nacional y denunciaba las deficiencias en la atención de salud pública de esa entidad. Castro se convirtió en la primera víctima por la publicación de mensajes de presunta “incitación al odio”. El hecho ocurrió durante las primeras sesiones de discusión del proyecto de ley de la norma contra el odio, antes de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y en la que se establecieron delitos penales.
Un mes después, el 3 de octubre, en el estado Lara funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Lenny Josefina Martínez González, una trabajadora del Hospital Pastor Oropeza de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Martínez González fue señalada como presunta responsable de la divulgación de unas fotografías en las cuales se muestra a un grupo de mujeres en labores de parto en la sala de espera, imágenes que despertaron el estupor de la ciudadanía y la condena por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Un día antes habían sido detenidas las estudiantes de medicina Miriam Carolina Valiño Perozo y María Josefina Brizuela Medina, junto a otros 5 miembros del personal del centro de salud, por investigaciones del mismo caso.
A la par de la agudización del modelo policial para restringir los derechos digitales, en Venezuela surgieron nuevas estructuras de vigilancia de contenidos. Tal fue el caso del “ejército de trolls”, que conformaron unas brigadas comunicacionales y la milicia digital, según un documento al cual tuvo acceso IPYS Venezuela en mayo de 2017, en el cual el Ministerio para Interior, Justicia y Paz planteó un manual de uso interno con la finalidad de definir tácticas de organización militar y de inteligencia para restringir y cohibir el debate ciudadano que se genera en las redes sociales.
Según el documento, el “ejército digital” se distribuye en escuadra, pelotón, compañía, batallón y brigada de trolls, personas dedicadas a emitir burlas, engaños e insultos a través de la web con el propósito de obstaculizar, bloquear, desvirtuar y opacar a personas o hechos, así como de minar el ambiente digital con informaciones ambiguas y no verificadas.
Estos grupos, bajo la lógica militarista, tienen entre sus tareas la creación de contenidos informativos y de propaganda, generación de diseños, creación de cuentas en las redes sociales y creación de aplicaciones web. Los denominados “flames” fueron definidos como “incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a la oposición”. A juicio de IPYS Venezuela esto viola el derecho a la información y promueve la difusión de informaciones falsas por parte del gobierno para contaminar el espacio digital, y como consecuencia se abona el terreno de la desinformación en la red.
Este fenómeno generó preocupación a la luz de los estándares de libertad de expresión en Internet. Las relatorías especiales de libertad de expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en 2017 manifestaron que “los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda)”.
Estas organizaciones rechazaron “las maniobras de algunos gobiernos para intentar suprimir el disenso y controlar las comunicaciones públicas a través de normas represivas relativas al establecimiento y funcionamiento de medios de comunicación y/o sitios web; injerencia en el funcionamiento de medios públicos y privados, incluso negando la acreditación a sus periodistas e impulsando acciones penales contra ellos por motivos políticos; leyes que estipulan restricciones indebidas acerca de qué contenidos no podrán ser difundidos; la imposición arbitraria de estados de emergencia; controles técnicos a las tecnologías digitales como bloqueos, filtros, congestionamiento y cierre de espacios digitales; y esfuerzos tendientes a “privatizar” las medidas de control, presionando a los intermediarios para que realicen acciones que restrinjan contenidos”.
Red bloqueada
Aunque con diversas líneas informativas y audiencias, los portales CapitolioTV; Vivoplay; Venezolanos por la Información TV; y Maduradas corrieron la misma suerte a lo largo de 2017. Sus dominios fueron bloqueados desde los servicios de internet fijos y móviles en Venezuela, ofrecidos por los principales proveedores estatales y privados como CANTV, Inter, Movistar, Movilnet y Digitel. Evidencias técnicas levantadas por IPYS Venezuela y la organización Venezuela Inteligente, bajo los protocolos técnicos del Observatorio Abierto de Interferencias de Internet (OONI, por sus siglas en inglés) así lo demuestran.
Estas medidas fueron de las más álgidas que afectaron los derechos digitales, en tanto configuraron hechos de censura en Internet que restringieron la deliberación sobre los conflictos sociopolíticos en Venezuela que marcaron pauta a lo largo de 2017.
Este patrón de silenciamiento se dio bajo la modalidad de bloqueo por DNS, lo cual no permite una conexión efectiva ni la consulta de contenidos de esos portales, porque las solicitudes IP (petición de conexión a una dirección de un portal en Internet) que hacen los usuarios no encuentran el dominio web, que ha sido bloqueado. Una particularidad de estos hechos es que se dieron de forma selectiva y con diversas expresiones según las regiones y los proveedores. Incluso, se demostró que algunos proveedores de internet, incluyeron a estos portales en una lista de dominios con “contenido ilegal”.
El esquema de censura en Internet se presenta en Venezuela desde el año 2014, y su práctica masiva ha sido documentada por IPYS Venezuela, y ha sido reconocida por autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quienes en diversas oportunidades alegaron que han ordenado bloquear portales que difunden informaciones “desestabilizadoras” o forman parte una “guerra mediática” en contra del gobierno nacional. En los hechos que ocurrieron en 2017 sin embargo no hubo pronunciamientos oficiales, ni providencias, por lo cual estos hechos ocurrieron bajo un contexto de ilegalidad y violación del debido proceso.
El primer hecho de censura por DNS se dio en febrero, cuando fue bloqueado el portal de Maduradas, un agregador de noticias con una tendencia crítica hacia la gestión presidencial de Nicolás Maduro. El cerco contra los contenidos de esta plataforma digital alcanzó a Caracas (Distrito Capital), Cumaná (Sucre), Coro (Falcón), Maracay (Aragua), San Cristóbal (Táchira), Trujillo (Trujillo) y Maracaibo (Zulia), de acuerdo al monitoreo que realizó IPYS Venezuela a través de su Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores, entre las 12 del mediodía y las ocho de la noche del miércoles 8 de febrero.
En el contexto de protestas fueron bloqueadas, de manera simultánea y bajo la misma modalidad, tres televisiones digitales (Vivoplay, CapitolioTV y VPI) que transmitían en vivo las conflictos de calle y los hechos de violencia que ocurrían en distintos estados del país. El mismo patrón de bloqueo se repitió en el mes de octubre con el portal de noticias El Pitazo, que primero fue bloqueado por CANTV, luego por Movistar y Digitel así como por otros proveedores, según las denuncias públicas que hicieron sus directivos en el mes de abril de 2018.
Esta forma de censura se repitió el 28 junio, aún en el contexto de protestas, cuando fueron bloqueados por una hora el acceso a las plataformas de redes sociales de Youtube, Facebook, Instagram y Periscope. Usuarios de Internet de Venezuela tuvieron dificultades para acceder a estas plataformas en horas de la noche. Las pruebas realizadas por el equipo de IPYS Venezuela y Venezuela Inteligente demostraban un error de conexión por un bloqueo de DNS, que impedía abrir las plataformas de Twitter.
Estos hechos se insertan en un patrón de bloqueos parciales o totales, que fueron motivo de preocupación en 2017, debido a que derivaron en una forma de censura que afectaron los derechos digitales, no solo de los portales sino de sus audiencias dentro del país.
Estas instancias, también, advirtieron que el bloqueo de sitios web enteros, direcciones IP, puertos o protocolos de red dispuesto por el Estado son medidas extremas que solo podrán estar justificada cuando se estipulen por leyes y resulten necesarias para proteger un derecho humano u otro interés público legítimo, lo que incluye que deberá ser proporcionada, y ser un último recurso ante las medidas alternativas menos invasivas que pudieran preservar ese interés que se intenta proteger, ademàs,deberá respetar las garantías mínimas de debido proceso.
La norma de la censura
Estas medidas de censura ocurrieron antes de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una instancia creada al margen de la Constitución venezolana que cuenta con la totalidad de parlamentarios oficialistas, aprobara el 8 de noviembre de 2017 la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, una normativa que establece penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “discursos de odio”, y establece mecanismos legales que obligan a las instancias estatales y a proveedores privados a ejecutar bloqueos de contenidos en Internet.
El documento normativo contempla restricciones en materia de libertad personal y la violación del debido proceso, y al menos ocho artículos menoscaban los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red. El texto legal continúa la tendencia de normas de regulación de las redes sociales abordadas en Latinoamérica a principios de 2017 por el gobierno del presidente Evo Morales, y del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su proyecto de “Ley para regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet”, así como del proyecto del gobierno Chileno a cargo de Michelle Bachelet. Todos los documentos normativos estipulaban sanciones de tipo penal, de acuerdo al análisis realizado por la organización Derechos Digitales.
Este instrumento que vulnera los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión y los derechos cívicos, se ha convertido en una nueva restricción a las libertades digitales de los venezolanos en menoscabo de los principios de una comunicación libre y plural.
El gobierno nacional había hecho un experimento, previo a esta normativa que avala los bloqueos y la censura en Internet. En mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto de extensión del Estado de Excepción y de Emergencia Económica vigente desde mayo 2016, que contemplaba la implementación de medidas de censura y control de Internet con el fin de evitar presuntas “campañas de desestabilización”.
Atentado a la privacidad
Otro hecho que preocupó en materia de derechos digitales fue la providencia administrativa Nº 171 de Conatel. Esta normativa, que entró en vigencia a finales de octubre de 2017, atenta contra el derecho a la privacidad y fue sancionada sin haber cumplido los procedimientos regulares de controles legislativos de acuerdo a un análisis que hizo Marianne Díaz, abogada, especialista en asuntos de Internet y miembro del equipo de investigación de Derechos Digitales.
La normativa estableció la nueva información que será solicitada en el momento de la contratación de una línea telefónica. Esta providencia vino a reemplazar la Nº 572 sancionada el 21 de marzo de 2005, donde se establecía que los ciudadanos debían consignar el documento de identidad, firma, huella dactilar, y proporcionar nombre completo y domicilio del contratante.
En el nuevo documento se establece que se deberá presentar adicionalmente el Registro Único de Información Fiscal (RIF), el correo electrónico y una foto tamaño carnet, que deberá ser tomada en el sitio de la contratación del servicio.
Con la entrada en vigencia de la providencia se obliga a los proveedores de servicios al desarrollo de un nuevo sistema de “registro de los abonados”, donde convergerá la información del número telefónico de los usuarios más el del IMEI (identificativo del dispositivo) e IMSI (International mobile subscriber identity) que identifica a la línea telefónica. Todo ello permitirá adelantar una base de datos donde se detalle la titularidad de las líneas telefónicas, con información de ventas y traspasos. De esta forma cualquier operadora podrá identificar y localizar a cualquier usuario, dispositivo y línea telefónica de forma rápida.
Esta norma vulnera el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Adicionalmente, establece que los plazos de retención de estos datos pasaron de ser de dos años desde la fecha de obtención de la línea y tres meses luego de la extinción del contrato a ser retenidos durante cinco años después de la finalización del contrato. De esta forma quedaría Venezuela junto a Colombia entre los países con períodos de retención de datos más largos en Latinoamérica, tal como lo ha denunciado en febrero de 2018 la Organización chilena Derechos Digitales.
Opacidad en registros públicos
La opacidad también se hizo sentir en este periodo. En el mes de septiembre el Sistema Nacional de Contrataciones (SNC) informó a través de un comunicado en su página web que, debido a trabajos realizados de forma mancomunada con el Ministerio Público (MP) y organismos de seguridad del Estado, se había modificado la información que hasta ese momento era pública y podía consultarse en el portal digital. A partir de esta decisión no se pudo acceder a información pública relacionada con los datos de los directivos y accionistas de las empresas. Según el comunicado, solo las empresas estatales tendrán acceso electrónico a datos detallados de las empresas.
Argumentaron que la medida se basó en denuncias recibidas por los contratistas acerca de la utilización de información de la web como insumo para actividades del crimen organizado, tales como extorsión y secuestro. Y, por tal motivo, se restringió la información de las contratistas del Estado al nombre de la empresa, el registro de información Fiscal (RIF), estatus de la empresa y naturaleza de las actividades.
La comunicación difundida establece que cualquier ciudadano que desee realizar alguna consulta al Sistema Nacional de Contratistas deberá efectuar una solicitud por escrito a las autoridades, cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas.
Lentitud a 1,5
Las precariedades en la conectividad fue otra de las restricciones para la libertad de expresión y el derecho de los venezolanos a informarse en Internet. En los contextos electorales celebrados en los meses de octubre (elecciones de gobernadores) y diciembre (elecciones de alcaldes) de 2017, IPYS Venezuela constató restricciones en cuanto a los servicios de navegación de Internet.
En una jornada de medición colaborativa adelantada el 15 de octubre para indagar sobre las condiciones de navegabilidad de los ciudadanos a través de la realización de pruebas de velocidad mediante un test alojado en nuestra página web, se pudo constatar que, luego de 208 pruebas procesadas, únicamente 3,85% (8 pruebas) presentaron buena conexión registrando mediciones por encima de 4 Mbps, un 31,73% presentó conexión media de 1 Mbps hasta 4 Mbps, y 64,42% limitada/baja conexión” por debajo de 1 Mbps.
El promedio de navegación fue de 1,58 Mbps, registro que representa solo la mitad del promedio de navegación de la región latinoamericana según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
Durante los comicios del 10 de diciembre de 2017 donde se elegía a los alcaldes de 335 municipios, los venezolanos padecieron las restricciones de la infraestructura de los servicios de navegación de Internet a la hora de informarse y expresarse. La velocidad de navegación promedio se ubicó en 1,52 Mbps, que de acuerdo a los criterios definidos por IPYS Venezuela representa una conexión media.
Los resultados obtenidos tras 326 pruebas registradas arrojaron que 8,2% (27 pruebas) presentaron “buena conexión”, registrando mediciones por encima de 4 Mbps; 24% (79 pruebas) presentó una conexión media, que osciló entre 1 y 4 Mbps, mientras que 67,8 % (220 pruebas) limitada/baja conexión” por debajo de 1 Mbps, lo que representa un ligero aumento con respecto al 15 de octubre durante las elecciones de alcaldes y gobernadores, 64,42% de los ciudadanos participantes reportó una conexión limitada.
El Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos establece en su principio de acceso universal la necesidad por parte del Estado de garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada a la infraestructura de Internet y a los servicios de las TIC, en todo el territorio nacional.
Las fallas en la conexión a internet son una preocupación constante, debido a la precariedad de la infraestructura, el rezago de las divisas autorizadas a los proveedores y la falta de una política pública concertada en materia tecnológica.
Red obstruida. Índice sobre libertades periodísticas
Este panorama de condicionamientos a los derechos digitales no fue ajeno para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Los periodistas y trabajadores de medios denunciaron obstáculos para el ejercicio de la libertad de información y expresión en Internet, debido a patrones de violencia, discurso agraviante, interceptaciones ilegales, así como diversas manifestaciones de censura.
Así lo demostró la percepción de 30% de los 253 periodistas que fueron consultados entre octubre y noviembre de 2017. Tres de cada 10 participantes afirmaron que fueron víctimas de amenazas, mensajes intimidatorios o campañas de criminalización en plataformas digitales.
También se impuso la opacidad: 27% de los encuestados manifestó ser víctima de bloqueos en redes sociales por parte de actores estatales, no estatales o desconocidos.
Otro de los obstáculos fue la exposición ilegal de datos personales en plataformas digitales como manera de intimidar a la cobertura periodística, según lo identificó 9% de los entrevistados.
Es motivo de alarma que un grupo de consultados, también tuvo la percepción de la imposición de noticias falsas como estrategia de desinformación, alentada por actores estatales, no estatales y desconocidos, de acuerdo a 19% de los consultados. Hubo órdenes de remoción de contenidos, lo cual fue una forma de censura que afectó el ejercicio periodístico, de acuerdo a lo que manifestó 13% de ellos.
Preocupan a IPYS Venezuela las crecientes restricciones que enfrentan tanto los ciudadanos como las organizaciones de la sociedad civil, los medios digitales y los periodistas en Venezuela.
1. Urge en el país la elaboración de un plan articulado de políticas públicas para la promoción del acceso a un Internet de calidad de amplia cobertura nacional.
2. Que las autoridades actúen a favor de la igualdad de oportunidades, dado que aproximadamente 40% de los venezolanos sigue sin tener acceso a Internet, especialmente en las zonas rurales.
3.Que las autoridades trabajen en la promoción de herramientas que incentiven y fomenten la inversión de actores públicos y privados, la sana competencia, y el despliegue de redes de fibra óptica en todo el territorio nacional.
4. Inmediata eliminación de los marcos normativos que atenten contra la libertad de expresión y opinión de los venezolanos, violentando los principios y derechos humanos de la libertad en la red.
5. Generación de mecanismos para la protección de los datos personales y la posibilidad de ejercer el anonimato en la red.
7. Eliminación de prácticas y normativas que deriven en bloqueos y censura de contenidos en Internet por parte del Estado, proveedores, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
8. Que con carácter obligatorio el Estado fomente un entorno libre, plural y diverso para garantizar la libertad de expresión en Internet.
9. Eliminación de prácticas que deriven en desinformación, como la propagación de noticias falsas en la red. Garantizar el acceso a la información de interés público a través de las plataformas digitales.
Tejemos la red
Estas variables a su vez se desagregan en patrones y subpatrones que forman parte de los fundamentos del monitoreo sistemático de la libertad de expresión en Internet y están destinadas a analizar los riesgos y amenazas que obstruyen los derechos digitales de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los periodistas. IPYS Venezuela pretende visibilizar las amenazas que afecten el entorno digital abierto, libre y plural, así como la universalidad y reciprocidad de acceso para todos.
Este sistema está en construcción y este reporte es el primer resultado que se deriva de este sistema de monitoreo, que pretende perfeccionarse en el tiempo, para responder tanto a las necesidades del contexto nacional y global.
Este trabajo fue posible por el seguimiento diario y los esfuerzos de investigación que dedica el área de derechos digitales de esta organización al monitoreo. El trabajo periodístico de campo, el levantamiento y el proceso de verificación de las informaciones referidas en las alertas se llevó a cabo de forma directa por la Red Nacional de Corresponsales y el equipo de monitoreo de IPYS Venezuela, conformada por periodistas en ejercicio que se encargan de confirmar cada uno de los casos que forman parte del sistema de alertas de libertad de expresión y acceso a la información.
IPYS Venezuela combinó sus fuentes de información y recogió información sobre la situación de los derechos digitales de los periodistas en la consulta anual sobre censura y autocensura a lo largo de 2017, la cual es una estudio cuantitativo que pretende realizar una radiografía del ejercicio de la libertad de expresión en el país. El trabajo de campo fue realizado entre el 17 de octubre al 5 de noviembre, con la participación de 253 periodistas en 21 estados del país. Esta evaluación contó con la participación de un equipo integrado por periodistas y trabajadores de medios.
Equipo de Trabajo
