IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
En el marco de la XI Reunión Regional Preparatoria del Foro de Gobernanza de Internet que se lleva a cabo en Buenos Aires, IPYS Venezuela conversó sobre los desafíos que tiene el país en materia de políticas públicas de internet y su impacto en los derechos digitales de los ciudadanos
Entre los temas que se expusieron se cuentan el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones, las políticas públicas y su vinculación con la restricción del acceso, las evidencias recabadas sobre bloqueo y filtrado de contenidos, el uso de propaganda automatizada para contaminar el debate público en-línea, así como también las prácticas relacionadas con el control biométrico y la retención de datos personales.
Mariengracias Chirinos, investigadora, periodista y directora de libertades informativas de IPYS Venezuela, profundizó en torno a los patrones que se han encontrado en colaboración con aliados internacionales como MLAB y OONI, que “reflejan que la desconexión y la desinformación en el entorno digital, que han aparecido con mayor intensidad en la agenda de los problemas públicos en Venezuela en los primeros seis meses de 2018, específicamente, ante el deterioro masivo de la prestación de los servicios básicos, como la luz, el gas doméstico, el transporte y la electricidad”.
En este contexto, explica Chirinos, las restricciones del servicio de Internet han sido así por dos fenómenos fundamentales: El primero de ellos, asociado a un problema de infraestructura, por la precariedad de la conectividad de Internet en las redes fijas y móviles, por parte de proveedores privados y estatales. Y la segunda causa ha sido por motivaciones políticas, ante las medidas de censura explícita que han derivado del bloqueo de portales de medios informativos, principalmente.
IPYS recibió 198 reportes de ciudadanos de fallas de internet y telefonía móvil y fija en 22 estados del país entre marzo y abril, desde los servicios de Cantv, Movilnet, Movistar, Digitel, Intercable y Supercable, por fallas del servicio, robo del cableado y también por las fallas de electricidad, que ha dejado sin Internet sectores, localidades, poblados y ciudades enteras, en periodos de horas y de días. Ello deriva en un problema de desinformación para los ciudadanos.
Las precariedades de la conectividad también se hicieron sentir en el contexto electoral del mes de mayo, en las que se reeligió a Nicolás Maduro. Esta organización, también junto con MLAB, laboratorio de mediciones de Internet, evidenció que el promedio de navegación móvil se ubicó en 0,45 megabits por segundo, desde diversas zonas urbanas, suburbanas y rurales del país.
Ello demuestra un deterioro progresivo de la velocidad de conexión en Venezuela, cuando se compara con el promedio de Banda Ancha Móvil (BAM) para el primer cuatrimestre de 2017, cuando Venezuela solo alcanzó 2,8 mbps según los datos de Akamai, que en su último reporte anual ya alertaba que este país tenía una de las peores condiciones de Internet. Solo le seguían conexiones bajas de Costa Rica, con 3,7 mbps. Mientras tanto, entre el 19 y el 21 de mayo de 2018, en promedio, la velocidad de conexión fue de 1,67 mbps, lo cual ubica a Venezuela por debajo de los índices de navegación de Bolivia y Suriname.
La lentitud de la navegación en Venezuela se ha completado con medidas de censura política en internet. Entre 2017 y 2018, IPYS Venezuela y el Observatorio Abierto de Interferencia en Internet (OONI) han documentados 7 casos de bloqueos a sitios de información noticiosa en Venezuela y a medios de comunicación digitales, que ha provocado censura en internet en materia de denuncias de corrupción e información económica, ante las restricciones del control cambiario que se aplica en Venezuela y que ha dominado la economía del país.
Solo en 2018, han sido bloqueados los portales de tres medios independientes El Pitazo, El Nacional y La Patilla. Estos han sido bloqueos temporales que se han aplicado por proveedores privados y estatales que ofrecen servicios de internet y se ha hecho de manera discrecional, violando el debido proceso, pues se han ejecutado sin ninguna orden judicial. Estos bloqueos han surgido bajo la modalidad de censura por DNS y HTTP, con lo cual se bloquean de manera intermitente los puertos de conexión, principalmente, desde CANTV, Movistar, Movilnet, y Digitel. En 2017, también ocurrió el bloqueo en simultáneo de tres televisoras privadas que fueron Vivoplay, VPI, y Capitolio TV, cuando transmitían en vivo protestas de calle, que se dieron en abril, en un contexto de alta conflictividad política
Un ejemplo de ello, ha sido el bloqueo de El Pitazo, medio al que le bloquearon dos dominios entre en 7 meses, sin ningún tipo de explicación, desde las principales conexiones móviles y fijas del país. IPYS y OONI levantaron evidencias que este hecho se dio bajo el bloqueo de DNS, que mostraba un error de conexión, y también por HTTP, con el que aparece un error de no respuesta y que ofrece un bloqueo de puertos, por horas, que se da de manera temporal.
César Batiz, su director, lo explica en este video
Estas medidas de censura en Internet se han dado bajo un marco normativo que le ha dado rango legal a los bloqueos en Venezuela. En 2017, se autorizó en un decreto presidencial, la censura de portales que difundieran información económica. Pero el punto de inflexión vino con la aprobación de la Normativa contra el odio, que es un instrumento legal contempla asuntos regresivos en materia normativa de los medios de comunicaciones tradicionales y digitales.
Esta normativa, establece la posibilidad de a efectuar el bloqueo de portales sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados y que a juicio del gobierno sean considerados mensajes de odio o inciten a la violencia. En el caso de medios electrónicos y redes sociales, se prohíben los mensajes que sean considerados de “incitación al odio” y no sean retirados por los responsables de los sitios web en un período de hasta 6 horas, recaerá sobre la persona jurídica responsable una multa económica. Incluso, la normativa establece penas de prisión, que van entre 10 y 20 años, para quienes inclumplan con estas disposiciones que derivan en censura.
Melanio Escobar, moderador del foro, explicó los riesgos de la normativa contra el odio que contempla penas de cárcel hasta de 20 años y que puede afectar las libertades en la red. Iria Pouyosa habló de la contaminación de la agenda pública con la utilización de grupos de cuentas en Twitter que posicionan etiquetas y se alinean con los temas que imponen las agencias gubernamentales. Andrés Azpúrua comentó cómo ha ocurrido la censura de @torproject en Venezuela, con el bloqueo de puertos específicos #LACIGF.
