IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
José Peralta para IFEX | Con base en informes de miembros de IFEX ARTÍCULO 19 , Centro Nacional de Comunicación Social ,Comité por la Libre Expresión , Comité para la Protección de los Periodistas , Espacio Público , Fundación para la Libertad de Prensa , Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela , Reporteros sin Fronteras (RSF) , Asociación Nacional de la Prensa
Hay poco de prometedor en el comienzo de 2019. Al panorama complicado que dejó el 2018 para América Latina y el Caribe, se sumaron nuevos agravantes en apenas 30 días del nuevo año.Los titulares y miradas del mes estuvieron concentrados casi unánimemente en Venezuela y su último sacudón sociopolítico. Como cada 23 de enero, los venezolanos celebraron su “retorno a la democracia” y conmemoraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Así, seis décadas más tarde, los miles de venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro tomaron las calles con la esperanza de que sucediera algo similar en 2019.
Por eso, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, invocó artículos de la Constitución y juró tomar poderes presidenciales para llamar a nuevas elecciones, muchos vieron este 23 de enero como un nuevo retorno a la democracia en la historia del país.
El hecho derivó en un caos político y diplomático, con países reconociendo a Guaidó como el nuevo presidente interino y otros manteniéndose del lado de Nicolás Maduro. Las manifestaciones continuaron de modo intermitente y los análisis llovieron dentro y fuera del país. Sin embargo, lo que devendrá el futuro político del país sigue sin estar claro.
Con este mar de fondo, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país se vio seriamente deteriorado, según constataron y denunciaron varias organizaciones locales e internacionales. De hecho, las 23 organizaciones que integran la red IFEX-ALC para defender la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, condenaron las violaciones a la libertad de expresión y las graves limitaciones al ejercicio del periodismo que ocurrieron durante los acontecimientos políticos de los últimos días en Venezuela.
Entre las violaciones a la libertad de expresión, constataron las organizaciones, hubo varias detenciones arbitrarias de al menos doce periodistas y colaboradores en los últimos días. Entre ellos figuran Ana Rodríguez y Maiker Yriarte, junto a sus colegas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona de de la cadena 24 Horas TVN. Alargan la lista el periodista brasilero Rodrigo Lopes, del grupo RBS y el equipo de la agencia EFE, integrado por el periodista español Gonzalo Domínguez Loeda, la periodista Mauren Barriga Vargas y el fotógrafo Leonardo Muñoz.
También hubo ordenes de censura a conductores de espacios radiales y allanamientos de televisoras regionales, además de ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones, advirtió IFEX-ALC.
Otro aspecto importante fueron los bloqueos a sitios de internet, o directamente la caída del servicio. Un informe de varias organizaciones locales de Venezuela, entre ellas nuestro miembro IpysVenezuela, revelaron que los bloqueos incluyeron desde bloqueos a Wikipedia días antes de las manifestaciones, hasta obstrucciones de redes sociales días después durante las protestas. A medida que aumentaba la tensión política, aumentaban también los ataques.
Sin embargo, aunque todavía dentro del panorama sombrío, los defensores de la libertad de expresión no descansan. Así, el 14 de enero IFEX-ALC presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apoyando a Tulio Álvarez, el abogado y profesor universitario venezolano sentenciado a dos años de prisión por escribir una columna de opinión. En su columna, Álvarez se refería a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno.
El Amicus fue tenido en cuenta en la audiencia del caso que se celebró este 28 y 29 de enero en Costa Rica. El caso es uno de los tantos en los que el gobierno o los poderosos utilizan al derecho penal y civil para amedrentar, censurar y perseguir a medios y periodistas.
La criminalización del periodismo es el arma sin balas de muchos gobiernos de América Latina y el Caribe.
Mientras la audiencia del caso Álvarez tenía lugar, la Corte Suprema de Honduras ratificaba un fallo de 2016 con el que se condenaba por difamación al periodista David Romero Ellner a una pena de 10 años de cárcel.
El revuelo venezolano sacó del candelero a Nicaragua. Sin embargo, la lamentable situación del país centroamericano no ha mejorado en nada. Durante todo enero continuaron los ataques y la persecución a medios. Están en la mira los periodistas y activistas sociales que cuestionen al régimen de Daniel Ortega.
El 20 de enero el Comité para la Protección de los Periodistas junto a más de 200 profesionales del gremio le entregaron una carta a Ortega en la que manifiestaban su profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país. De acuerdo con ese numeroso grupo, en el 2018 se registraron decenas de asaltos a medios de comunicación.
También tuvo lugar la expulsión de dos organismos de monitoreo independientes establecidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) apenas el día anterior de la publicación de su informe. Dicho informe daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas que empezaron en abril de 2018. Para los evaluadores, este fue “otro ejemplo perturbador de la indiferencia de su gobierno a la transparencia y las normas internacionales de los derechos humanos”.
Por su parte, los periodistas del canal noticioso 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, acusados de múltiples cargos contra el Estado, pudieron ver a sus abogados y familia el miércoles 30 tras pasar un mes incomunicados. Pero esto fue apenas una caricia: el proceso sigue adelante y ahora los periodistas han sido trasladados a unidades penitenciarias.
Además, el célebre periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico de la gestión de Ortega, resolvió exiliarse del país para escapar de la persecución política nicaragüense. Cabe destacar que su padre, el también periodista Pedro Chamorro, fue asesinado durante el régimen de Somoza décadas atrás.
Más impunidad
En Bolivia la impunidad en casos de agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios informativos privados han marcado una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico. Así lo revela el análisis de nuestro miembro local, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
Mientras tanto, el 23 de enero, desconocidos amenazaron al diario boliviano Opinión con poner una bomba si publicaban una nota.
Al mismo tiempo, en México, continúan los asesinatos y la desaparición forzada de periodistas. El caso más reciente es el de Rafael Murúa Manriquez, que había sido desaparecido y fue luego asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero. Murúa Manriquez era el director de la radio comunitaria Radio Kashanay, que es a su vez miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur.
Pero no todo está perdido: gracias al duro y constante trabajo de varias organizaciones, entre ellas nuestro miembro, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), se alcanzó una nueva e importante instancia en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima.
Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos.
Con este informe se abre la puerta a que el gobierno de Colombia pueda ser juzgado por su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
