martes , marzo 19 2024

Reporte Especial IPYSve | Apagones y desinformación en Telesur

Jeanfreddy Gutiérrez, especial para IPYS Venezuela
  • Telesur realizó una cobertura con rasgos de desinformación mediante la omisión de fuentes informativas y contrastes sobre los apagones de marzo en Venezuela
  • El canal multiestatal se limitó a citar a voceros oficiales, usó de forma interesada e incompleta las fuentes documentales y omitió cualquier análisis, opinión, informe o antecedente que respaldara las críticas por falta de mantenimiento, conclusión de obras o fallas causadas por la impericia del personal de Corpoelec

La propagación de desinformación, noticias manipuladas y contenido falso es una preocupación global. Especialmente cuando se sospecha o se ha encontrado su uso como un arma geopolítica de intromisión electoral, como se ha encontrado en Cataluña, Reino Unido y Estados Unidos. Y hay un sospechoso habitual: Rusia, por medio de sus canales estatales como RT (antigua Rusia Today) y Sputnik, laboratorios y granjas de bots en redes sociales, según diversas investigaciones entre las que destacan las que ha realizado la revista The Economist. Estos riesgos son tan elevados que han llevado a la creación del Observatorio Europeo de Desinformación, con un enfoque en el papel de Rusia.

El investigador español Javier Lesaca, quien cuenta con un postdoctorado en estrategias de comunicación y desarrolla estudios para la Universidad de Columbia, describe este fenómeno como “intentos de desestabilización” de la opinión pública, bajo un patrón que utiliza de manera “automatizada y tramposa las plataformas de comunicación social”, como parte de “batallas por condicionar y manipular de manera artificial” las conversaciones públicas. Considera que estas prácticas “representan un arma cada vez más poderosa para erosionar la cohesión social de un país y el pacto social que une a los ciudadanos con sus instituciones”.

Entre los peligros está la verosimilitud de la desinformación, la cual según las dos acepciones dadas por la Real Academia Española, constituye “dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” y “dar información insuficiente u omitirla”. Entonces no se trata de información deliberadamente falsa sino también de lo que no se dice, no se difunde o se dice a medias. La media verdad como mentira.

En el caso de Venezuela, los contenidos falsos corresponden a un entramado de propaganda, abuso de poder para provocar censura de medios independientes y una saturación de noticias oficiales, de acuerdo a un reportaje publicado por la organización Medianálisis. Esto cuenta con  el uso de dinero y recursos públicos por parte del Ministerio de Comunicación e Información para una gran diversidad de medios oficiales.

En el artículo se exhibe que Telesur y otros medios oficiales venezolanos, así como RT y Sputnik, coincidieron en una serie de artículos que apoyaban la tesis que señalaba que el cáncer por el que falleció el presidente Hugo Chávez fue inducido por armas tecnológicas. Y que también difundieron la tesis de un posible complot de Colombia y Estados Unidos para asesinar a Simón Bolívar, como tesis histórica alternativa a la causa de muerte por tuberculosis. Ellos acompañado de un nuevo rostro de El Libertador, la película protagonizada por Édgar Ramírez y una noticia falsa sobre su nominación al Óscar como Mejor Película Extranjera.

La señal del Sur

Fundado en 2005 con sede en Caracas, Venezuela, Telesur nació como un canal multiestatal de noticias con enfoque en el hemisferio sur y contando como socios a los gobiernos de entonces de Bolivia, Argentina, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Su lema “nuestro norte es el sur”.

El canal ha sido acusado de una cobertura interesadamente a favor de los gobiernos que lo patrocinan. Así lo revela el reportaje “Telesur, un canal instrumentalizado” del medio alemán DW y “El doble estándar de los medios chavistas para cubrir la represión en Venezuela y Argentina” del portal argentino Infobae. En ambos casos se critica la cobertura sobre las protestas antigubernamentales así como la campaña electoral en la que fue electo Mauricio Macri en comparación con situaciones similares en Venezuela. También el sitio de verificación Verifikado, que es una iniciativa venezolana, lo tildó de “órgano de propaganda”, recordando la difusión de un falso comunicado de la Unión de Naciones Africanas en respaldo a Nicolás Maduro.

El fundador del canal, el uruguayo Aram Aharonian, consideró en una entrevista de 2017 que el canal había perdido su rumbo para ser un canal exterior del gobierno de Venezuela, que no tenía voluntad política para rescatar lo hecho en los primeros años de funcionamiento.

Telesur ha enfrentado varias controversias en redes sociales. Más notablemente por la cobertura de su periodista Madelein García pero  también por tuits que se popularizaron por las inconsistencias descubiertas y difundidas por usuarios. Esto incluyó una publicación con una fotografía sobre una presunta marcha en apoyo a Nicolás Maduro en Yaracuy que correspondía realmente a Caracas y otra en la que aparecía el fallecido diputado Robert Serra. Y esto último se repitió en un tuit que mostraba al exministro Ernesto Villegas en el cierre de campaña por la Asamblea Nacional Constituyente.

Verificando la cobertura del apagón

Durante la sucesión de apagones nacionales del mes de marzo de 2019, en los cuales pudieron afectarse hasta 22 de los 24 estados del país y una desconexión del 96% de las redes de telecomunicaciones del país, de acuerdo al monitoreo de Netblocks.

Venezuela se quedó a oscuras en ese momento y aún un gran porcentaje de parroquias del país viven con racionamientos eléctricos, según una investigación realizada por Prodavinci. La crisis eléctrica que afecta a Venezuela impacta negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos, según han reportado organizaciones como Provea, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Observatorio de Servicios Públicos. Una encuesta realizada durante el mes de mayo por Datanálisis da cuenta que 90% de encuestados dijeron tener problemas con el suministro de agua mientras el 86% también sufre de intermitencia en el servicio eléctrico.

En medio de las fallas generales de electricidad que tomaron el país a lo largo de marzo, se pronunció la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidida actualmente por Michelle Bachelet. Consideró que el “prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”. Esta instancia mostró su preocupación por “la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”. Bachelet agregó: “Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.

¿Pero cuánta verdad hay en los contenidos publicados o producidos por la cadena Telesur al respecto?

Para dar respuesta a esta interrogante, se seleccionó un reportaje, siete noticias y tres entradas de blogs publicadas durante el mes de marzo de 2019 bajo la etiqueta “Apagón en Venezuela”. Todos los contenidos fueron analizados por la metodología de fact-checking -verificación de datos y hechos- del portal argentino Chequeado, que también ha sido adoptado y adaptado por varios otros medios latinoamericanos, incluyendo Colombia Check y EfectoCocuyo en Venezuela.

El método incluye pasos que van desde seleccionar una frase dicha por un vocero de la esfera pública, corroborar que realmente se dijo como los medios la han difundido, pasando por contrastar la misma con bases de datos y fuentes oficiales, internacionales y alternativas hasta finalmente contextualizarla y calificarla con un veredicto, según una escala asumida por cada medio de comunicación dedicado al factchecking.

Cobertura bajo lupa

En el reportaje “¿Cómo ocurrió el ataque cibernético?” del 12 de marzo de 2019, el sumario de la noticia reza “Desde el 7 de marzo, Venezuela enfrentó uno de los peores ataques de la derecha nacional e internacional”, una afirmación ideológica y uso de adjetivos, ajenas al género periodístico del reportaje.

La nota de Telesur señala que el apagón se produjo por un “ataque cibernético al control automatizado de regulación Ardas” de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar. Se cita la versión del ministro Jorge Rodríguez, quien aseguró que fueron saboteados tres de los cinco generadores de respaldo. El vocero también señaló como pruebas de culpabilidad los tuits del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó; el senador estadounidense por Florida, Marco Rubio y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. El reportaje agrega que la opinión difundida por el senador estadounidense “parecía ser premonitoria”.

La principal fuente usada es un artículo de opinión del experto en Big Data e Inteligencia Artificial, Kalev Leetaru, en Forbes, llamado “Could Venezuela’s Power Outage Really Be A Cyber Attack?” (en español: Podría el apagón en Venezuela ser realmente un ataque cibernético). Telesur cita en su reportaje los argumentos a favor de la posibilidad del gobierno de Estados Unidos de realizar un ataque de este tipo, incluso como parte de una invasión no convencional para debilitar al adversario o facilitar un cambio de gobierno.

Omisiones varias

La nota omite uno de los últimos párrafos que reza textualmente: “It is extremely likely that this past week’s blackout in Venezuela was the simple result of the country’s own infrastructure problems rather than a targeted cyber action by the United States designed to oust President Maduro” que se traduce: “Es extremadamente probable que el apagón nacional en Venezuela fuese el simple resultado de los problemas de infraestructura del país en vez de una acción cibernética por parte de Estados Unidos, diseñada para sacar al presidente Maduro” como publicó Tal Cual en un chequeo de esta afirmación, que fue publicada por varios medios de comunicación estatales, así como anunciado en cadena nacional por Maduro el mismo 12 de marzo.

Esto constituye una primera práctica de desinformación al omitir información de la fuente de información citada con la intención de presentarla como evidencia a favor de la tesis del reportaje, así como de la ofrecida por los voceros oficiales. Pero el reportaje también adolece de fuentes alternativas, que sí fueron consultadas por otros medios de comunicación. Estas prácticas apuntan a la utilización de contenidos engañosos y manipulados, dos de los siete tipos de contenidos falsos que conforman la estrategia de desinformación, según lo define First Draft, una organización dedicada al análisis en el entorno digital.

Efecto Cocuyo produjo un artículo de verificación que consultando con varios expertos expone que los pulsos electromagnéticos (no ataques ni rayos) sólo se pueden producir al detonar una bomba atómica o por fenómenos solares naturales. Y que un ataque cibernético sólo es posible con complicidad interna porque el sistema eléctrico nacional no tiene conexión con redes externas. Los especialistas finalizan señalando que la falta de mantenimiento hace más susceptible al sistema por vientos e incendios.

Sobre la posibilidad que alteraciones causadas por el entorno natural el diario Wall Street Journal publicó un reportaje citando un análisis de la Texas Tech University que usando imágenes satelitales de la NASA varios incendios forestales, entre el 6 y el 8 de marzo, desde Guri hasta la estación San Gerónimo B por donde pasan las líneas principales de transmisión, las de 725v, como posibles causas del apagón. La nota fue reproducida en español por Tal Cual.

“Se confirmó al 100% que los incendios afectaron las líneas de transmisión el 7 de marzo. Eso contradice la narrativa del gobierno y corresponde a la narrativa de los ingenieros”, dijo Carlos Portillo-Quintero, profesor universitario que revisó las imágenes satelitales para el análisis.

También el ingeniero eléctrico Luis Mackencie, extrabajador de Corpoelec, dio detalles sobre el incendio forestal que afectó la línea de transmisión por la falta de poda preventiva. La falta de mantenimiento de los equipos, su longevidad y la impericia de los técnicos llevaron a que el incidente no pudiese ser atendido como en ocasiones anteriores. Como consecuencia hubo una sobrecarga de 950 KV que provocó explosiones en subestaciones, según expliicó en declaraciones a Tal Cual.

Un reportaje del medio independiente zuliano MedioSur del 29 de marzo ahonda en el tema ambiental. Un monitoreo propio les permitió encontrar 70 incendios forestales durante los primeros tres meses del año (hasta el 19 de marzo). Consultado al respecto, Alfredo Gil, ingeniero hidrometeorologista con postgrado en planificación e ingeniería de recursos hídricos alerta que el 75% de incendios, así como la falta de lluvias por alerta de El Niño, ocurrirán hasta abril. Esto según los mapas satelitales del Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais (INPE), que monitorea focos de incendios forestales desde 1998.

MedioSur también hace referencia a una investigación de dos universidades colombianas, publicada por la Revista Semana, que explica cómo el humo producido por 400 mil incendios forestales entre 2006 y 2016 en la Orinoquia colombo venezolana alcanzaron a la población de centros urbanos colombianos.

Hubo más advertencias anteriores. El ingeniero electricista José Aguilar, citado en el trabajo del WSJ, había publicado un artículo en agosto de 2018 llamado “Apagones electrizantes” en el cual descarta la tesis de sabotaje dada por el Ejecutivo para explicar los dos apagones sucedidos un mes antes. El experto y consultor internacional aborda dos argumentos, la triple redundancia de Guri hacia Caracas por medio de las líneas de transmisión de 765, 400 y 230 KV –que por diseño pueden absorber la carga en caso de falla- así como la demanda eléctrica más baja desde 1969, desde cuando se registran estadísticas del sistema interconectado. En 2010 también cuatro ingenieros de la Universidad Simón Bolívar elaboraron un documento con recomendaciones al Ejecutivo ante la caída del nivel del Guri como causa de la crisis eléctrica.

Una reciente investigación de El Estímulo titulada “Las verdaderas causas del colapso eléctrico de Venezuela” resume los problemas del sistema eléctrico de los últimos 20 años. El reportaje revela el viraje del chavismo a la tendencia liberalizadora del sistema eléctrica que se impulsaba desde 1999 por la falta de inversión pública. El propio presidente Hugo Chávez admitía en 1999 la posibilidad de una “emergencia eléctrica”, cuando se estimaba que el 94% del país, así como el 97% de la población, contaban con energía eléctrica. El exdirector de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS), Miguel Lara Guarenas, cuenta que en 2001 se abandonó la política de mantenimientos, se sustituyó al personal calificado, se abultó la nómina con familiares y se congelaron las tarifas.

Oscuridad estadística

Tener datos sobre la generación y distribución de energía eléctrica en Venezuela es un misterio. Lo que se corresponde con una política de opacidad estadística, que no sólo escondió los datos macroeconómicos por seis años sino que incluye indicadores de salud, asignaciones presupuestarias, gestión gubernamental o explotación minera.

En el tema eléctrico, no sólo se desconoce la cota del Guri desde mayo de 2016. La web de Corpoelec no actualiza las cifras de demanda y oferta eléctrica desde un año antes. Entonces las termoeléctricas debían producir 35% de la energía consumida en el país. Según el ente oficial, el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con 21 plantas termoeléctricas, cuatro plantas hidroeléctricas y más de 50 subestaciones. El apagón nacional del 7 de marzo pone en sombra de dudas el funcionamiento del resto de la infraestructura.

También en 2015 fue la última Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica, en el que cual se revela que no se ejecutó el 100% del dinero de ninguno de los proyectos implementados. Resalta también el incumplimiento de distintos proyectos, en los destaca “Modernización de los despachos de carga” con 0% de avance, “Fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas del personal del ministerio” con 54,73% de logros o “Fortalecimiento de la infraestructura informática del Ministerio” con un 40% pendiente de finalizar.

Al revisar las metas y logros de Corpoelec para 2015, los resultados aún son peores. Los proyectos para expandir infraestructura de generación termoeléctrica en oriente y occidente con 1.720 y 2.580 MW respectivamente acumularon un avance nulo en ambos casos a pesar de haber consumido el 47,26% y 51,79% del presupuesto en cada caso. Lo mismo en el plan de expandir la generación alternativa (proyecto solar “Sembrando Luz” y parques eólicos) dejando otros 3.010 MW sin respuesta. Incluso, la rehabilitación y mejora de la infraestructura hidroeléctrica dejó 14% sin ejecutarse habiendo gastado sólo 22% del dinero asignado, mientras que el “Proyecto de Rehabilitación y Mejoras de Infraestructura de Generación Distribuida” se anotó un doble cero: no usaron el presupuesto ni avanzaron físicamente. Uno de los proyectos que en 2015 quedaron pendientes fue Tocoma.

Para reducir la dependencia y sobreexplotación del Guri, el presidente Hugo Chávez anunció una serie de hidroeléctricas en el bajo Caroní. El proyecto de Tocoma fue promovido en 2002 pero se terminó formalmente en 2014 a un costo de más de 9 mil millones de dólares, según el exministro Luis Motta Domínguez, pero a pesar de haberse diseñado para producir el 70% de la energía eléctrica del país, no funciona. Las fallas en su construcción, incluyendo trabajos inconclusos, así como los retrasos en su ejecución la dejaron sin terminar. Un reportaje de Clímax repasa los problemas financieros, legales y de ejecución que dejaron una incompleta represa agrietada.

La Memoria dice que para 2015 había avanzado menos del 40% a pesar de haberse gastado casi el 60% del dinero asignado: 9.300 millones de bolívares fuertes.

Otra serie de reportajes consultaron distintos expertos, documentos, declaraciones oficiales y proyectos para señalar la corrupción, compra de equipos obsoletos, mala gerencia y falta de mantenimiento, así como la escasez de combustibles para generar electricidad en las centrales termoeléctricas, como la causa del apagón de 2019, así como todos los anteriores desde 2006, cuando se nacionalizó y centralizó el sistema eléctrico en la Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec). Medios como Univisión, Deutsche Welle o The Guardian dieron explicaciones documentadas.

La propia Memoria muestra el retraso de las centrales termoeléctricas regionales, que llevaron a un apagón nacional por la alta dependencia del Guri. La Planta Termozulia III sólo avanzó 2,7%, la subestación San Francisco-Maracaibo no se instaló, la Planta El Vigía un 12%, La Vueltosa acumulaba entonces sólo 56% y Planta Cumaná un poco menos de 75% de los avances esperados.

Otras obras importantes también se exhibieron paralizadas o incompletas. La línea de transmisión Angostura de 400/115v no avanzó nada, tampoco el cable sublacustre de 400v en el Lago de Maracaibo, tampoco la expansión de transmisión y distribución para el sur-oriente del país y la línea de transmisión de 400v de Buena Vista-El Venado apenas avanzó 4%. Desde entonces se desconoce oficialmente el avance presupuestario y físico de los proyectos eléctricos del país.

Telesur omitió toda posible causa o explicación alterna al “ataque cibernético” sin brindar otras explicaciones o datos suficientes ni contraste a las versiones oficiales del gobierno de Nicolás Maduro. No consultó expertos ni siquiera voceros chavistas disidentes como Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, quien denunció mal manejo de la industria eléctrica y petrolera o incluso los documentos, webs y proyectos anunciados.

Sin plantas eléctricas

En la nota de denuncia de Rodríguez, que ofrece como pruebas los tuits de Guaidó, Pompeo y Rubio, el ministro aseguró que no había habido ningún fallecido durante los apagones porque el presidente Maduro había ordenado la instalación de plantas eléctricas en los hospitales.

Esto contrasta con las declaraciones ofrecidas por el doctor Julio Castro, vocero de Médicos por la salud, quien enunció que al menos la mitad de las emergencias hospitalarias no cuentan con plantas eléctricas. Esto se confirma con la entrega de seis plantas eléctricas a hospitales capitalinos por parte de la Cruz Roja Venezolana tras el ingreso de la ayuda humanitaria bajo su supervisión, de acuerdo a declaraciones de su presidente.

Médicos por la salud contabilizaron 21 muertes causadas por el apagón, recordando que según la Encuesta Nacional de Hospitales en 2018 hubo 78 decesos por distintas fallas eléctricas en centros hospitalarios.

De acuerdo al diputado José Manuel Olivares no hay plantas eléctricas en hospitales de La Victoria, la Maternidad de El Valle y el Hospital General del Sur de Maracaibo, así como la Unidad de Diálisis La Pastora de Barquisimeto. Una visita de la agencia EFE a siete centros públicos de salud de Caracas encontró a cuatro de ellos cerrados por falta de electricidad durante el apagón.

Por otro lado, la ONG Codevida pudo verificar la muerte de 20 personas con insuficiencia renal por no recibir atención médica urgente. De los mismos, nueve habrían fallecido en el estado Zulia.

La declaración de Rodríguez sobre las plantas eléctricas fue imprecisa al no aclarar si las plantas estaban instaladas sólo por haberse ordenado, resultando en falsa al haber varios hospitales sin una instalada.

Paz dudosa

El reportaje de Telesur también señala “La población venezolana ha reaccionado de manera cívica y en calma. Las familias han optado por mantenerse en sus casas o visitar las plazas más cercanas a sus hogares”, añadiendo que hubo una organización vecinal para buscar agua de forma ordenada. Sobre la paz, la nota incluye un video de la exdiputada por el PSUV, Erika Ortega Sanoja, sobre la entrega de unas cajas CLAP con vecinos dando gracias a Maduro.

Según los criterios de First Draft, estas afirmaciones refieren prácticas desinformativas, por omitir deliberadamente testimonios y eventos que fueron cubiertos por otros medios de comunicación.

El New York Times publicó una crónica sobre la anarquía en una ciudad donde se reportaron más de 600 locales saqueados, un importante centro comercial y decenas de heridos de bala y vidrios rotos de vidrieras. En medio del apagón muchos dueños de casas y negocios optaron por defenderse con armas de fuego.

El Pitazo informó que en Maracay la policía antimotín debió intervenir en las colas que se formaron en los distintos puntos informales de recolección de agua en tuberías matrices mientras que la ONG Foro Penal contabilizó 68 arrestos por protestas y otros 90 por saqueos durante los apagones en todo el país. Así mismo, la ONG Codevida denunció que 15 personas murieron por falta de electricidad para realizarse diálisis y otras 26 habrían fallecido en hospitales públicos por causas asociadas a la falla nacional.

Con el apagón las redes de telecomunicaciones del país estuvieron desconectadas hasta en un 96%, de acuerdo al monitoreo de Netblocks, por lo que varias emisoras radiales decidieron hacer operativos especiales para comunicar a ciudadanos con sus familias, así como brindar variados servicios públicos relacionados, hasta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exhortó a dejar de hacerlos a Unión Radio y La Mega de acuerdo a los periodistas Óscar Medina y Víctor Amaya.

IPYS Venezuela lo documentó en su especial “100 horas de oscuridad informativa”, así como en el balance “Siete días de desconexión en Venezuela por cortes de luz”, en el cual se da cuenta de 17 casos que afectaron los derechos digitales de periodistas y ciudadanos en Venezuela durante el mes de marzo.

Otro de los ángulos de la intranquilidad de esos días estuvo en la imposibilidad de hacer pagos electrónicos, incluyendo puntos de venta o transferencias bancarias por Internet. Y ante la escasez de efectivo, la compra de alimentos, medicinas o agua fue transado exclusivamente con dólares en efectivo como reportaron Descifrado, Efecto Cocuyo, Aporrea y Banca y Negocios.

Según datos del Banco Central de Venezuela, para el 22 de febrero de 2019 había en circulación el equivalente a 149 mil 711 millones de bolívares soberanos en billetes y monedas. Esta cantidad representa sólo el 5,6% de toda la liquidez bancaria, que es complementada con depósitos bancarios (94%) y otros instrumentos financieros.

Al cambio oficial de Bs. 3.300 por dólar, entonces todo el efectivo en manos del público y los bancos equivalía a 45.367.063 dólares. Si se calcula en base a los 20,5 millones de  inscritos en el Registro Electoral, entonces hablamos de 2,21 dólares –Bs. 7.293- por cada persona durante los apagones. Una cifra que muestra lo insuficiente de los bolívares en efectivo para las transacciones comerciales cotidianas.

La paz reportada por Telesur estuvo signada por saqueos, protestas, arrestos y aguda escasez de agua así como la imposibilidad de hacer transacciones para compras de alimentos y medicinas en bolívares. Esto permite señalar la cobertura como incompleta, dudosa y parcializada, por tanto, fuente de desinformación.

Auto-fuente

En esta revisión se pudo determinar que Telesur suele usar sus propios periodistas y directivos como fuentes de información, sin publicar ningún otro contraste o complemento.

El 29 de marzo Telesur publicó “Presidente Nicolás Maduro: Ataque al sistema eléctrico fue un incendio provocado con fusil” en la que el mandatario asegura que un incendio en el patio de autotransformadores de la Hidroeléctrica Simón Bolívar provocó los apagones del 25 y el 26 de marzo. La nota cita a Maduro con un tuit de la misma Telesur con la etiqueta #VenezuelaResiste.

En el caso de la nota “Nuevas fallas eléctricas se registran en Venezuela por otro ataque al sistema” lo hace con su periodista Luis Tavera @LTavera_teleSUR, y en “Venezuela registra secuelas del ataque al sistema eléctrico” cita a sus reporteros Patricia Villegas y Madelein García. Esta última aseguró en un tuit –insertado en la nota- que el servicio eléctrico se había restablecido en 93%.

La cifra se puede contrastar con el reporte detallado de Netblocks, una iniciativa social especializada en hacer seguimiento de la censura y caídas de los servicios de Internet en el mundo que ha hecho un monitoreo de los apagones en Venezuela al hacer un símil entre la conectividad digital y la disponibilidad de energía eléctrica. En el mismo se puede observar que desde las 12 de la noche del día 29 hasta las 4 de la tarde, la conectividad en internet del país fluctuó entre el 80% y poco más del 95% pero sin estabilidad. También muestra una recuperación variable desde el 27 de marzo, para luego caer nuevamente el 30 y el 31 de marzo.

Sin embargo, no hay forma de corroborar el dato ofrecido por García o algún vocero oficial por el oscurantismo arriba explicado sobre la gestión eléctrica. Eso es, por tanto, inchequeable. Esto según las metodolofías de Chequeado y Cocuyo Chequea implican que no hay bases para corroborar o negar la información por falta de datos.

En la nota de Telesur titulada “Rusia: Apagón de Venezuela fue originado en el extranjero” profundizan en esta práctica. Citan dos tuits de otro de sus periodistas sobre las declaraciones de María Zajarova, portavoz de la cancillería rusa, a dos agencias estatales rusas. La funcionaria rusa además dice que la información que posee proviene de los voceros del “Gobierno legítimo encabezado por Maduro”.

Telesur citó tuits de sus propios empleados para repetir y reseñar únicamente declaraciones oficiales, lo que hace estas informaciones imprecisas, incompletas y dudosas en su elaboración, origen y objetividad. Es decir, se conforman como desinformación.

Algo similar sucede con los argumentos de Rodríguez sobre las pruebas del sabotaje mediante tuits publicados en esta nota. Estos fueron citados de nuevo en el reportaje seleccionado para su verificación sin ningún contraste. Así mismo, el fragmento de la declaración de Rodríguez sobre las muertes en hospitales fue brevemente ampliado en otra publicación, sin aportar mayores datos o profundidad.

Sin seguimiento

La falta de contraste y seguimiento a la vocería oficial se hace más evidente ante las promesas y anuncios realizados.

El 24 de marzo se publicó una nota sobre una declaración de Nicolás Maduro, en la que prometía que repondría los electrodomésticos averiados durante el apagón mediante el programa especial Mi Casa Bien Equipada. La entrega sería directa por medio del carnet de la patria, según el mandatario.

Aixa López, coordinadora del Comité de Afectados por los Apagones, recordó en una entrevista con TalCual que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece la compensación de parte de Corpoelec por daños causados, a propósito de la promesa de reactivar Mi Casa Bien Equipada. Entonces habían contabilizado para el 30 de marzo la cantidad de 9.455 electrodomésticos dañados. Aunque faltaba la información de varios estados.

Crónica.Uno consultó varios vecinos de Antímano para encontrar que sólo a los poseedores del carnet de la patria que cobran el bono Hogares de la Patria les aparece la opción en el portal Patria.org.ve para solicitar la reposición del electrodoméstico. Sin embargo, los vecinos se quejaron de la falta de información sobre si deben entregar el aparato dañado y si deben pagar otras cuotas como parte de pago.

Un reporte de Reuters del 2 de mayo detalló el impacto de perder un electrodoméstico en Venezuela, ahora cotizados en dólares en medio de una hiperinflación y con escasez de repuestos para reparar los viejos. Incluía la falta de detalles sobre el anuncio presidencial realizado cinco semanas antes. El Programa Mi Casa Bien Equipada se detuvo en enero de 2018 “por corruptelas detectadas” de acuerdo a declaraciones de Maduro, por lo que sería relanzado mediante el Carnet de la Patria.

Telesur no contrastó ni hizo seguimiento de este anuncio, omitió el contexto de la suspensión y relanzamiento del programa social así como la opinión de Aixa López u testimonios de personas afectadas por los electrodomésticos dañados. Una cobertura dudosa o engañosa por incompleta, lo que conforma una desinformación.

Opiniones interesadas

Las columnas de opinión y blogs que mantiene el web del canal no sólo funcionan como apoyo de las tesis narrativas practicadas por el canal. Se repiten los argumentos, las citas incompletas y la omisión de fuentes diversas, en la misma línea editorial. Esto a pesar del anuncio al final de los textos que dice “teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección”.

Uno de los casos es el del periodista franco-argentino, residenciado en Caracas desde 2013, Marco Teruggi, quien también funge como columnista de webs como 15yÚltimo (del exministro de Economía, Luis Salas) y CubaDebate, sitio cuyo lema es “contra el terrorismo mediático”.

El 9 de marzo, cuando aún Venezuela sufría por importantes fallas eléctricas, el argentino publicó en Telesur el artículo “Venezuela a oscuras: crónica de un sabotaje”. En sus primeros párrafos repasa los mismos argumentos que tres días más tarde serían citados por el canal en su reportaje “¿Cómo ocurrió el ataque cibernético?” con los que el ministro Jorge Rodríguez señaló a Marco Rubio, Juan Guaidó y Mike Pompeo de estar detrás del presunto ataque: haber tuiteado detalles de las fallas y opiniones sobre la salida del poder de Maduro en relación a la falla eléctrica nacional. Repitió, como Rodríguez, que el servicio estaba siendo restablecido desde el viernes en la noche mientras el sábado 9 fue de movilizaciones política.

Una pieza que puede ser verificada como apresurada, pues hubo nuevo apagón ese mismo sábado, así como el lunes siguiente.

El 26 de marzo Teruggi también publicó otra pieza llamada “Nuevo apagón en la guerra eléctrica contra Venezuela”. Aquí asegura que hay una relación directa entre la proclamación de Guaidó el 23 de enero y el anuncio de entrada de ayuda humanitaria un mes después con el inicio de los apagones de marzo como un plan “como una forma de presionar en el escenario de caotización, desgaste, presión económica sumada a los ataques financieros que han recrudecido en los últimos días, en particular sobre diferentes bancos”. De la misma forma ambigua habla de “voceros de la derecha” que estarían promoviendo “intervención militar” sin hacer diferencia entre quienes sostenían estas ideas.

Vale resaltar el uso del término “escenario de caotización”, acuñado por Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, como en el informe “Caotizar, neurotizar y destruir”. El término ha sido usado por el analista, siendo también usado en un titular de Telesur de enero de 2015 sobre una entrevista realizada al experto.

Otro autor, esta vez en la sección de blogs, Atilio Borón, politólogo argentino que prologó el libro “Mañana será historia” sobre la Revolución Bolivariana escrito por Teruggi, publicó el 11 de marzo la pieza “El apagón de Venezuela: un crimen de lesa humanidad”, en la que repite las citas incompletas e interesadas de las fuentes como el reportaje de Telesur.

Borón cita el reportaje del New York Times que encontró que la quema de uno de los camiones de ayuda humanitaria fue accidente provocado involuntariamente por uno de los jóvenes que apoyaba su ingreso en Cúcuta. Sin embargo, el bloguero describe que la nota “demostró” que fue “obra de los mercenarios contratados por la oposición” para ocultar lo que no eran insumos médicos “sino materiales para futuros atentados o brotes de violencia” aunque no hay en el reportaje ni en otra fuente ninguna evidencia de tal cosa. En la misma tónica también cita la nota de Leetaru en Forbes, pero asegurando que el artículo dice que aunque lo más probable es que la falta de mantenimiento sea la causa de la falla no se puede descartar el ataque cibernético, a pesar que el autor lo redactó con el sentido contrario. El “cyber attack” es posible pero no probable.

El autor insiste en que el apagón es parte de un ataque de los Estados Unidos por sacar del poder a Maduro mediante un “caos indescriptible que afecte la totalidad de la vida social porque en el mundo actual, desde la provisión de agua y la iluminación hasta el acceso a la internet, la telefonía, el combustible, el pago con tarjetas de débito o crédito, utilizar ascensores, movilizar el metro, prácticamente todo depende de la energía eléctrica”.

Pero omitiendo de nuevo las denuncias locales, vale aclarar que la casi completa caída de la red de telecomunicaciones ante la masiva falla eléctrica es novedoso, pues no había sucedido en apagones anteriores. Esto se explica en la ola de hurtos sobre las repetidoras de distintas operadoras, así como la desinversión por la falta de acceso a divisas y control de precios sobre las tarifas. Las compañías se han quedado sin fondos para reparar o reemplazar plantas eléctricas y baterías en sus radioestaciones, así como adaptarse a las nuevas tecnologías, según explicaron distintos especialistas, así como el propio gremio de cableoperadoras, a EfectoCocuyo.

A pesar que admite que no existen pruebas, apela a anteriores historias de intervención psicológica, económica y militar de EEUU en Centroamérica o Medio Oriente como prueba de la estrategia de sabotaje para sacar a Maduro del poder. Cierra el artículo calificando a la oposición –con apellidos que van de Borges a López para terminar en Machado- como “cipaya” mientras describe a Venezuela como “patria de Bolívar, de Miranda, de Zamora y de Chávez”. Finaliza con otra aseveración falsa: “no se ha registrado ni un solo saqueo, ni un solo disturbio” e incluso que en los barrios del este de Caracas “hay tensa calma pero más nada”.

Una pieza que puede calificarse, con base en los criterios de First Draft, como premisas falsas, manipuladas o usadas anteriormente de forma incompleta y sesgada.

Un caso curioso es la columna “Caracas: y todo a media luz” del colombiano Víctor de Currea-Lugo, quien emplea un tono crítico contra el gobierno, aunque dándole aún la razón sobre las causas del apagón. Haciendo una amplia descripción de las consecuencias del apagón que contrasta con “la país en paz”, como la cola de carros en las autopistas para conseguir cobertura telefónica y la recolección de agua en las laderas del Ávila, también coloca la hiperinflación como causa de la escasez de efectivo e incluso critica el encendido de alumbrado público durante el día.

Sin embargo, insiste que un apagón tan grande no puede ser producto de la falta de mantenimiento –aunque la admite- sino que debe ser cierta la tesis del sabotaje en el software porque un ataque a las turbinas hubiese retrasado aún más la recuperación del servicio, de acuerdo a técnicos que habría consultado.

Así que aunque también muestra molestia por la falta de seguridad sobre la infraestructura estratégica del país, la excesiva dependencia y centralización de la generación así como la inexistencia de proyectos de energías alternativas, como la solar o la eólica, la corrupción y el robo de tendido eléctrico, asegura que “es real el poder del sabotaje”. También a contrapelo de Rodríguez y el propio Telesur califica el tuit de Guaidó, en el que dice que la luz volverá con el cese de la usurpación, como oportunista en lugar de prueba de su protagonismo.

Rasgos de desinformación

Durante el análisis, usando el método de factchecking adoptado en Latinoamérica, se determinó una práctica sostenida de producción de contenidos desinformantes por parte de Telesur. Los mecanismos más usuales son la omisión de fuentes alternativas de información o citas incompletas e interesadamente sesgadas; la falta de el contraste o seguimiento de las declaraciones oficiales; el uso de sus periodistas empleados en el medio para sustituir a la fuentes originales; la reiteración de los mismos contenidos para generar un mayor número de publicaciones; el uso de adjetivos como “sabotaje” y “derecha venezolana” para generalizar así como el soporte de presuntas opiniones ajenas al canal para resaltar las tesis oficiales difundidas como ciertas e inequívocas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por el creciente fenómeno de la manipulación y contaminación de la agenda pública a escala global y ha dicho que “la diseminación intencional de desinformación, que involucra tanto a Estados como a individuos y plataformas de internet, es un fenómen”, que atenta contra “los principios fundamentales de la deliberación pública”.

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