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Balance IPYSVe | Siete días de desconexión en Venezuela por cortes de luz

  • IPYS Venezuela constató al menos 196 casos de vulneraciones a libertad de expresión durante el primer trimestre de 2019

  • Solo durante el mes de marzo se registraron un total de 17 casos que afectaron los derechos digitales de periodistas y ciudadanos en Venezuela

  • Los patrones de censura y desinformación predominaron durante una semana consecutiva debido a las fallas generalizadas en el servicio de energía eléctrica que afectaron los servicios de telecomunicaciones y de internet en todo el país

Daniela Alvarado Mejias y Juan Pablo Lares
Equipo de corresponsales de IPYS Venezuela (José Leonardo Barreto, Anzoátegui; María Eugenia Díaz, Apure; Gregoria Díaz, Aragua; Wolman Linares, Barinas; Dayrí Blanco, Carabobo; Adriana Pérez Gilson, Falcón; Keren Torres, Lara; María Fernanda Rodríguez, Mérida; Luis Bazan, Portuguesa, Nairobys Rodríguez, Sucre; Lorena Arráiz, Táchira, José Ocanto, Trujillo: Ana Karolina Mendoza, Zulia)

 

Fotografía: Odalys Sucre

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela observa con preocupación el alza de casos de vulneraciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública, luego de que el primer trimestre del año sumó al menos 196 de casos que dificultaron el derecho de los periodistas y ciudadanos venezolanos a difundir y consultar libremente informaciones, ideas y opiniones a través de medios de comunicación social tradicionales y de internet. De esta cifra, el totalizador del mes de marzo acumuló un total de 65 incidencias, mientras que en enero y febrero se contabilizaron 59 y 72 casos, respectivamente.

La falta de acceso al servicio eléctrico, básico para el desarrollo de la vida humana, limitó los servicios de telecomunicaciones y el libre acceso a internet en los últimos 24 días. Un nuevo apagón generalizado dejó en la penumbra al menos 20 entidades del país desde la tarde del lunes 25 hasta el jueves 28 de marzo, a tan solo tres semanas de que toda Venezuela quedara a oscuras por más de 100 horas durante los primeros días del mes. Cuando la energía eléctrica parecía haber sido restablecida, el viernes 29 y el sábado 30 otros dos cortes de energía que se extendieron en algunas regiones hasta por más de 48 horas sumaron cuatro apagones nacionales en marzo de 2019.

Ante la crisis de energía eléctrica, el domingo 31 de marzo el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el inicio de un plan de racionamiento eléctrico que durará 30 días. El día anterior, a través de un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se refirió a las últimas interrupciones de energía en el país y aseguró que Venezuela fue víctima de “dos nuevos ataques programados y sincronizados”, los días viernes 29 y sábado 30 de marzo.

En marzo además predominaron los hechos intimidatorios, las amenazas de acciones legales y los discursos agraviantes de voceros oficialistas con la finalidad de amedrentar a los trabajadores de la prensa. También destacó la censura de programas informativos y de opinión en radio y televisión ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Regiones incomunicadas

El observatorio de interferencia en internet, Netblocks, reportó una desconexión de 90% que afectaba a 22 estados del país, y aseguró que la tercera falla energética en Venezuela ocasionó que solo 10% de la población accediera a internet desde conexiones móviles el viernes 29 de marzo. Esta organización también denunció nuevos bloqueos desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), a los servicios de búsqueda en internet Google y Bing, que además afectó a la aplicación de transmisiones en vivo Periscope.

Estas medidas de censura se suman a las restricciones para la navegación en internet, así como de los servicios de llamada y mensajería instantánea que se registraron en los últimos siete días debido a la falta absoluta e intermitencias severas del servicio eléctrico nacional, y que fueron evidenciadas a través de las informaciones que aportó la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela.

Caracas. En la capital venezolana usuarios reportaron intermitencia en los servicios de internet de CANTV y fallas en Movilnet y Digitel.  La señal de Movistar se mantuvo activa. El archivo digital mostró que la portada del Diario 2001 estuvo disponible del 25 al 28 de marzo. Mientras que la portada de Últimas Noticias y El Universal no fueron publicadas desde el lunes 25 de marzo. Asimismo, las emisoras de Caracas estaban operativas y al mediodía del jueves 28, 10 estaciones transmitieron en simultáneo un balance ofrecido por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación.

Aragua. Durante el segundo apagón ocurrido el lunes 25 de marzo, en el estado Aragua las los servicios de telefonías Digitel y Movilnet presentaron fallas totales, mientras que Movistar funcionó de manera intermitente. La energía eléctrica se restableció paulatinamente a partir de las 5 de la tarde del miércoles 27 de marzo, luego de más de 30 horas sin luz. Aunque el  internet ABA CANTV se restableció en algunas zonas de la región, las operadoras Inter, Supercable y Netuno operaron con intermitencia, según el reporte de la periodista Gregoria Díaz del día jueves 28 de marzo.

Carabobo. Desde el estado Carabobo, la periodista Dayrí Blanco informó que en esta entidad no hubo servicio de internet de Cantv desde la noche del lunes 25, y tampoco funcionó la señal de Digitel durante el apagón. Solo estuvieron disponibles los servicios de Movistar y Movilnet, de forma muy intermitente y en algunos sectores específicos. Aunque en Carabobo las emisoras de radio se mantuvieron al aire gracias al uso de plantas eléctricas, al igual que medios digitales como El Carabobeño y Noticiero 52, el único periódico de este estado que aún sobrevive a la crisis de papel, diario La Calle, dejó de circular desde ese día.

Lara. En el caso del estado Lara, hubo reportes de fallas con la señal Movilnet y Digitel. Mientras que Movistar estuvo operativo pero con intermitencias. Además, la falta de energía eléctrica en esta región obligó a las emisoras radiales que no tenían otras fuentes de energía a unirse a la emisora de Promar, que pudo mantener su programación. Radio Minuto, emisora informativa, disminuyó el horario de transmisión para racionar la electricidad que le suministraba la planta eléctrica. Por lo que salió al aire en tres bloques: mañana, tarde y noche. En cuanto a los medios televisivos, el canal Promar TV continuó con su transmisión habitual. Así lo reportó la periodista Keren Torres el 28 de marzo.

Portuguesa. En esta entidad el jueves 28 de marzo se restableció el servicio eléctrico por zonas a partir de las 4 de la mañana. El periodista Luis Javier Bazan informó  que los servicios de telecomunicaciones se fueron restableciendo progresivamente pero la señal del servicio ABA de Cantv presentó fallas. Las operadoras Movistar y Digitel estuvieron disponibles de forma intermitente. Una vez que volvió la electricidad las estaciones de radio iniciaron operaciones transmitiendo solo música.

Táchira. La zona andina del país también se vio afectada por las fallas eléctricas. Desde que se inició el segundo apagón nacional del lunes 25 de marzo, en la región tachirense el internet que provee Cantv dejó de funcionar en varios municipios. La telefonía fija también se vio afectada al igual que los datos móviles de Movistar. Además, los medios de comunicación radiales salieron del aire al no contar con plantas eléctricas o gasoil para abastecer a las mismas, según informó el jueves 28 la periodista y corresponsal de esta organización, Lorena Arráiz.

Anzoátegui y Apure. De acuerdo con información del periodista José Leonardo Barreto del jueves 28 de marzo, en esta entidad el servicio de internet presentó fallas, sobre todo el de Cantv y Movilnet. Algunas zonas de este estado no tuvieron datos móviles desde el lunes 25 en la tarde, las emisoras de radio quedaron fuera del aire por varios minutos. En el estado Apure estuvieron suspendidos los servicios de telefonía e internet de Movilnet y Cantv desde el lunes 25, según informó la periodista María Eugenia Díaz.

Barinas y Falcón. En Barinas, el periodista Wolman Linares reportó que el internet de Cantv funcionó de manera intermitente, mientras que las operadoras Movilnet y Digitel presentaron fallas en sus servicios. La señal de Movistar fue la que permaneció más activa pese a las fallas eléctricas. Desde la ciudad de Coro, capital de Falcón, la periodista Adriana Pérez Gilson reportó que no hubo servicio de internet de ABA de Cantv desde el lunes 25 de marzo. Además la emisora de mayor alcance que es Radio Coro tampoco pudo operar sin luz, y solo circuló el diario Nuevo Dia.

Mérida y Sucre. La periodista María Fernanda Rodríguez reportó desde el estado Mérida que no hubo servicio de telefonía e internet por parte de la compañía estatal, Cantv. También fue intermitente la señal de Movistar y Digitel. Además cesaron las transmisiones de  tres emisoras radiales (ULA 107.7 FM, Radio Fe y Alegria 105.9 FM, Studio 102.7 FM) y una televisora regional (Canal V), por daños en los equipos de computación, grabación y transmisión. En el estado Sucre, las emisoras radiales estuvieron fuera del aire desde el lunes 25, al igual que las estaciones locales de televisión. En esta entidad no hay prensa escrita actualmente. Igualmente, el servicio de ABA de Cantv estuvo suspendido y la señal de Movistar y Digitel fue intermitente, según señaló la periodista Nairobys Rodríguez.

Trujillo y Zulia. En el estado Zulia, la periodista Ana Karolina Mendoza informó que el servicio ABA de Cantv no estuvo disponible, y la señal de Movistar, Digitel y Movilnet fue intermitente. Entretanto, en el estado Trujillo, el periodista José Ocanto reportó que los servicios de telefonía móvil y fija también estuvieron intermitentes desde que se generaron las fallas eléctricas el lunes 25 de marzo.

IPYS Venezuela enfatiza que la falta de acceso a los servicios básicos como electricidad e internet contribuyen a la desinformación en la Red e impiden la libre circulación de ideas y opiniones a través de plataformas digitales de comunicación, medios que en la actualidad la ciudadanía venezolana frecuenta como fuentes de información oportunas ante el cierre y la censura de espacios radiales y televisivos.

Prevalecieron limitaciones en la cobertura

Las restricciones en internet no fueron los únicos obstáculos para los periodistas. La labor del periodismo también se vio vulnerada debido a agresiones, detenciones arbitrarias, y acciones intimidatorias ejercidas por simpatizantes oficialistas.

El día 30 de marzo el periodista de Notired, Danilo Gil,  fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Municipal de Lagunillas cuando el cuerpo policial irrumpió una protesta por la falta de servicio eléctrico para privar de libertad al diputado de la AN Juan Carlos Velazco.

Gil fue detenido por orden del director policial Ilder Peralta mientras grababa el intento de detención contra el parlamentario.  El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) aseguró que el periodista fue agredido físicamente durante el forcejeo para detenerlo, y reportó que fue liberado el 1 de abril luego de estar detenido ilegalmente durante 48 horas.

En el estado Lara, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana limitaron la cobertura de asuntos de interés público al equipo reporteril de La Prensa de Lara cuando disparó perdigones contra el transporte del medio mientras realizaban cobertura de protestas ciudadanas por escasez de servicios básicos como la luz y el agua.

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1112448808078790656

El mes culminó con dos agresiones contra los trabajadores de prensa Dayanna Krays y Alexander Olvera en el Área Metropolitana de Caracas y en el estado Cojedes, respectivamente. Krays fue amedrentada por simpatizantes oficialistas armados en la avenida Fuerzas Armadas cuando registraba los hechos violentos ejecutados en contra de los manifestantes que reclamaban sus derechos básicos al servicio eléctrico y al suministro de agua. Olvera fue víctima del robo de sus pertenencias así como de un intento de secuestro también durante la cobertura de manifestaciones sociales en exigencia de derechos fundamentales.

Estos ataques también afectaron a  medios de comunicación nacionales y extranjeros  que cubrían la sesión de la Asamblea Nacional (AN), así como a la caravana del diputado, Juan Guaidó, durante su salida del recinto parlamentario el martes 26 de marzo. El SNTP denunció que los periodistas agredidos pertenecían a los medios Efecto Cocuyo, El Estímulo, Venezolanos por la Información TV (VPI tv), Vivoplay y TV Venezuela.

Los equipos prensa de Vivoplay y TV Venezuela fueron atacados en los vehículos donde se transportaban cuando se hallaban en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, luego de salir de la sede parlamentaria tras horas sitiados por grupos del oficialismo. Además resultaron afectados los trabajadores de la prensa internacional de las agencias Reuters y AP Noticias al ser víctimas de robo por los mismos ciudadanos de tendencia oficialista.

Ese mismo día en el estado Lara los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana también detuvieron a la periodista Andreína Ramos de VPI tv, mientras hacía cobertura periodística en el Hospital Pastor Oropeza del Instituto Venezolano de Seguridad Social. Durante la detención, los funcionarios obligaron a la reportera a borrar el material audiovisual del que tenía registro porque aseguraron que en la zona no se podía grabar.

Keren Torres, corresponsal de esta organización en el estado Lara, denunció que la cobertura informativa de salud en esta entidad también estuvo restringida debido a las negativas del director de salud, Javier Cabrera, a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación independientes sobre la situación de los recintos hospitalarios durante el segundo apagón nacional que inició el lunes 25 de marzo.

Ministerio Público inició acciones contra autores de “crímenes de odio”

El fiscal general, Tarek William Saab y la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, anunciaron el inicio de investigaciones solicitadas al Ministerio Público para sancionar a ciudadanos venezolanos por “crímenes de odio”, el miércoles 22 de marzo de 2019. La petición, liderada por Díaz en la ANC, exigió a la fiscalía procesar a los ciudadanos que incurran en los delitos contemplados en la “Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.

Durante una transmisión en vivo en el canal Venezolana de Televisión (VTV) desde la sede del Ministerio Público, Saab hizo un llamado a quienes usan las redes sociales “para instigar el odio” a que detengan esa práctica, y afirmó que “no van a permitir que este fenómeno siga escalando para propiciar una intervención militar en Venezuela”. El fiscal también señaló que buscará a los autores intelectuales de estas violaciones con el apoyo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En su alocución Díaz  acusó de difundir “mensajes de odio” al comediante venezolano José Rafael Guzmán (@JoseRGuzman) y al psicólogo Alberto Barradas (@Psicovivir), y mostró a los medios de comunicación unas imágenes de publicaciones en sus cuentas de Twitter en las que presuntamente incitaban al odio.

Entre las denuncias de crímenes de odio Saab mencionó el caso de los tres hombres detenidos por agredir a la alcaldesa Betzabeth Gandica del municipio San Judas Tadeo, en el estado Táchira, a quien, según el fiscal, amenazaron de muerte e incendiaron su casa. También señalaron la agresión contra Luis Gutiérrez Moreno, padre de la periodista de La Radio del Sur, Vanessa Gutiérrez, que fue golpeado por uno de sus vecinos presuntamente “por ser chavista”.

Tania Díaz denunció además lo sucedido a la periodista del canal TeleSur, Madelein García, a quien presuntamente varios usuarios de Twitter intimidaron con una amenaza de muerte y diversos insultos contra su persona, luego de que compartiera dos fotografías con las cuales afirmó que supuestos manifestantes, afectos a la oposición venezolana, fueron los responsables del incendio de dos camiones que entrarían desde Colombia a Venezuela con cargamentos de ayuda humanitaria el sábado 23 de febrero de 2019.

Al hacer referencia de estos casos de “delitos de odio”, Diosdado Cabello, presidente de la ANC,  incurrió en discurso agraviante con utilización de recursos y plataformas comunicacionales del Estado el domingo 21 de marzo durante el programa número 245 de Con el Mazo Dando, y aseguró que los promotores de estos presuntos crímenes son “periodistas de la derecha” a los cuales también calificó como “influencers” de las redes sociales.

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1108846950944829446

La aplicación de normas restrictivas contra la libertad de expresión contraviene a los sistemas de protección de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana y así también a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.

Días previos, el 20 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) rechazó que en Venezuela se apliquen normas restrictivas que limiten el derecho a expresar libremente ideas u opiniones, a acceder información oportuna, veraz y equilibrada, así como el goce de los derechos digitales. En la presentación del informe anual en Ginebra, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, calificó la Ley Contra el Odio como una medida que censura y procesa legalmente a periodistas desde el año 2017.

Autoridades regionales de Apure descalificaron a periodista

Luego de que el periodista Alexander Medina informara a través del programa “Claro y Raspado”, transmitido por Radio Fe y Alegría, que presuntamente había fallecido un pastor evangélico en el Hospital Pablo Acosta Ortíz por fallas en la máquina de oxígeno, en San Fernando de Apure, el diputado Orlando Zambrano llamó a la emisora en transmisión en vivo para rebatir la información e insultar al comunicador social.

Posteriormente, en el programa “En Batalla”, el miércoles 13 de marzo el periodista fue calificado como “mercenario de la comunicación”, por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente Orlando Zambrano y Lisandro Solórzano, y el representante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Apure, Oscar Vivas.

Después de 12 días, el lunes 25 de marzo, el propio gobernador del estado Apure Ramón Carrizález, junto a Oscar Vivas y Lisandro Solórzano, envió un mensaje indirecto a Medina en su programa “En Batalla” y dijo: “Ud. pide derecho a réplica y todos los días tiene un micrófono todo el día, responde por allí lo que tengas que responder a quien sea porque las opiniones son personales”.

“Quieren que los traten como periodistas y emiten opiniones políticas, por tanto están incurriendo en política. Entonces aguanta lo que te viene de la política. Dan información con sesgo. Nosotros al contrario cuando decimos algo tenemos argumentos válidos para hacerlo. En nuestro programa solo hablamos de actores políticos. Los periodistas durante entrevistas solo hablan ellos”, manifestó Carrizález.

Conatel sacó del aire el programa “Más allá de la noticia”

El periodista Juan José Acosta, director del canal Isla TV que se transmite desde la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, decidió suspender desde el jueves 21 de marzo su programa, “Más allá de la noticia”, ante las fuertes presiones de las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Acosta informó a IPYS Venezuela que recibió numerosas llamadas en las que funcionarios del ente comunicacional solicitaron revisar sus expresiones y “bajarle el tono”. Finalmente, tras considerar la posibilidad de un cierre del canal, el periodista prefirió sacar del aire su espacio informativo para así evitar afectación a otros trabajadores.

En lo que va de 2019 IPYS Venezuela ha contabilizado 24 casos de medidas de censura impuestas por Conatel a medios de comunicación radiales, televisivos y digitales. Esta organización reitera que estas acciones por parte de Conatel agudizan la desinformación al desconocer su deber de garantizar y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad, así como el derecho de los ciudadanos de contar con espacios a través de los cuales puedan conocer todo tipo de informaciones e ideas.

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