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Ataques a periodistas y ONGs dentro de la actualización oral de Michelle Bachelet

  • La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ofreció una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Detalló que los ataques hacia comunicadores sociales, opositores y manifestantes se dan bajo una retórica que “justifica la violencia y desacredita a las víctimas” 

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció este martes 10 de marzo una actualización sobre la realidad de los derechos humanos en Venezuela. La funcionaria de la ONU, quien dio a conocer el 4 de julio de 2019 un primer reporte sobre el panorama venezolano, habló de los eventos ocurridos recientemente en el país. 

Durante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Bachelet reveló que “su oficina ha documentado agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuarán para evitarlo”. “El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara”, declaró la Alta Comisionada.

Asimismo, detalló que “han registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONGs, y oficinas de medios de comunicación”, refiriéndose a las amenazas de acciones legales del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello hacia las organizaciones no gubernamentales y de forma directa contra la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

“Las agresiones  suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”, puntualizó la también ex presidenta de Chile. Bachelet se mostró preocupada por la iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que pretende sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior y por el señalamiento público que ha recaído sobre las ONGs.

Se refirió a “las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición”, a quienes “desde el 5 de enero las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a la sede de la Asamblea Nacional”. Bachelet también lamentó la detención del diputado Gilber Caro y de su asistente, el comunicador Víctor Ugas, ocurrida a finales de 2019 en la ciudad de Caracas.

IPYS Venezuela reitera el llamado al Estado venezolano para que cumpla con las recomendaciones que ha realizado la Oficina del Alto Comisionado desde su primer informe publicado en julio de 2019. La libertad de expresión como derecho humano y el resto de las exigencias de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales deben ser garantizadas por el Estado en pro de una sociedad democrática.

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