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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su más reciente informe sobre la situación de Venezuela en el que expresó que “existen restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión”
IPYS Venezuela, julio de 2020. Este jueves 2 de julio Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su más reciente informe sobre la situación venezolana en materia de Derechos Humanos, correspondiente al período entre junio de 2019 y mayo de 2020.
Durante el 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet detalló que su oficina ha seguido documentando “restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas”. También indicó que se siguen suscitando “ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra periodistas, opositores y manifestantes”, ante la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado. Igualmente, manifestó que “los trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo víctimas de amenazas y acoso”, así como de detenciones, intimidación y difamación pública.
La funcionaria de la ONU alertó sobre los ataques que reciben los comunicadores en entornos digitales y citó un caso concreto. “Las manifestaciones organizadas por la oposición en el mes de noviembre de 2019 vinieron precedidas y seguidas de actos de intimidación en las redes sociales contra algunos periodistas por parte de presuntos simpatizantes del Gobierno y funcionarios públicos. También se recibieron denuncias de bloqueo del acceso a las redes sociales en torno a las fechas más señaladas de las manifestaciones”, reza textualmente parte del informe.
Bachelet se refirió a la limitación del acceso a los datos públicos y la frecuente autocensura por miedo a las represalias presente en Venezuela, algo que ha sido recurrente durante la pandemia por Covid-19. En ese sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que en el país hay una “aplicación discrecional del ‘Estado de Alarma’ por parte de los militares, las fuerzas del orden y las autoridades locales”. Además, denunció que “existen restricciones indebidas del acceso a la información y la libertad de expresión, que se tradujeron en la detención por parte de las fuerzas de seguridad de periodistas, manifestantes, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos”. En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, el informe reveló que “los funcionarios de alto nivel hicieron declaraciones negativas para desacreditar a diversos defensores de los derechos humanos y ONG”.
Finalmente, el informe exhorta al Estado venezolano a “respetar, proteger y hacer plenamente efectivos los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos”. De igual forma, recomienda “abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación”. El reporte también exige “adoptar medidas eficaces para proteger a estos grupos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos”.
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