IFEX | AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, Race and Equality y Voces del Sur condenan el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y exhortan a las autoridades nicaragüenses a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa

Es preocupante observar el trato diferenciado, excluyente y discriminatorio que prevalece en contra de periodistas independientes, a quienes se les impide realizar su trabajo, se les niega el acceso a información pública—incluidos datos confiables sobre la pandemia de COVID-19,  y que además son blanco permanente de todo tipo de agresiones y violaciones a sus derechos. Dicha situación ha sido documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y los mismos medios de comunicación.

Expresamos nuestra solidaridad y reconocemos la valentía, coraje y el compromiso inquebrantable demostrado por periodistas y trabajadores de medios nicaragüenses en su vocación de informar, seguir buscando y compartiendo información de calidad a pesar de las agresiones, difamaciones, uso del lenguaje estigmatizante y venciendo la cultura del secreto, como estrategia de comunicación impuesta por el gobierno actual.

En los últimos meses se han conocido varios casos de periodistas que enfrentan procesos judiciales en su contra con el objetivo de silenciar sus voces. Uno de esos casos es el de la periodista Kalúa Salazar jefa de Prensa de Radio La Costeñísima, quien además de los procesos judiciales en su contra ha sido víctima en reiteradas ocasiones de asedio policial en grandes dimensiones, campañas de desprestigio en redes sociales, criminalización, y,  hasta agresiones físicas. Todo esto como consecuencia de ejercer su derecho a informar.

Como organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión y de prensa, nos sumamos a las múltiples voces que exigen el esclarecimiento del asesinato en abril de 2018 del periodista Ángel Eduardo Gahona, urgimos al Gobierno de Nicaragua, la aplicación de una justicia plena que identifique y castigue a los verdaderos responsables de su muerte, para así poner fin a tres años de impunidad.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante el incumplimiento por parte del estado nicaragüense de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a periodistas y familiares. De igual manera, la falta de implementación de las 48 recomendaciones recibidas en el Tercer Ciclo de Evaluaciones del Examen Periódico Universal orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. El estado también ha incumplido las recomendaciones realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación a que se establezca un diálogo fundado en los estándares internacionales, entre el gobierno y la oposición para abordar la crisis multidimensional que afronta el país.

Hacemos un llamado al estado de Nicaragua para que, en el contexto de las elecciones generales previstas a realizarse en noviembre 2021, garantice medidas especiales de protección para los y las periodistas que estarán dando cobertura a cada una de las etapas del proceso electoral. Hasta la fecha, hacer cubrimiento de temas electorales como precandidaturas y presentación de bloques de la oposición en diferentes espacios del país, ha significado el aumento de los niveles de abuso y restricción de la libertad de prensa.

La CIDH y su Relatoría Especial para la libertad de expresión, han expresado que, “[e]l sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus partidos y sus propuestas durante el período que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación, de los candidatos, y de quienes deseen expresarse. Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar”.

Por último, urgimos al Estado de Nicaragua, la derogación de las leyes de ciberdelitos y de agentes extranjeros, las cuales contradicen los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La existencia de estas leyes ha obligado a organizaciones de sociedad civil como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a cesar sus operaciones.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, emplazamos vehementemente al Estado nicaragüense a garantizar la seguridad de los y las periodistas; abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para hostigar y censurar las voces críticas; y cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.