Hermetismo sobre datos prevalece en Venezuela en el Día Internacional del Acceso Universal a la Información

• Al menos 33 violaciones al derecho de acceso a la información pública se registraron en el país entre enero y el 27 de septiembre de 2022, reveló monitoreo de IPYS Venezuela

IPYS Venezuela, septiembre de 2022. La política de control y hermetismo sobre los datos públicos en el territorio venezolano ha mermado la posibilidad de la ciudadanía de saber sobre asuntos de interés colectivo. Esta realidad quedó de manifiesto una vez más en lo que va de año, según el balance “Información pública en Venezuela: un derecho bajo control y silencio”, publicado por IPYS Venezuela, el cual señaló que 33 violaciones al acceso a la información pública se registraron en el país entre enero y el 27 de septiembre de 2022.

El balance publicado a propósito del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, proclamado cada 28 de septiembre a través de la Resolución 38 C/57 de la Unesco, detalló que estas limitaciones afectaron a 57 trabajadores de la prensa: 43 reporteros, nueve reporteros gráficos y cinco camarógrafos. El balance de IPYS Venezuela también reflejó que al menos 45 solicitudes formales de información no fueron respondidas por el Estado durante el último año, de acuerdo con una consulta realizada en el mes de septiembre por esta organización.

Las vulneraciones al derecho de acceso de la información que ocurren en Venezuela han sido subrayadas por diversas organizaciones a lo largo de 2022. A principios de septiembre, la red Voces del Sur publicó su Informe Sombra 2021 titulado “Los efectos diferenciados de la violencia contra la prensa”. Según este reporte, de las 380 violaciones a los derechos informativos que se registraron en el país el año pasado, 75 correspondieron a restricciones de acceso a la información.

El informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el informe realizado por las organizaciones de la sociedad civil en el marco del 3er Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado por el Estado venezolano en enero de 2022 también incluyeron exhortaciones al derecho de acceso a la información pública.

El 17 de marzo de 2022 Michelle Bachelet ofreció una Actualización oral sobre la situación en Venezuela en la que manifestó seguir preocupada por la falta de disponibilidad de información pública en el territorio venezolano. Posteriormente, en junio de 2022, en un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, Bachelet exhortó al Estado venezolano a asegurarse de que “los datos oficiales e información desglosada de interés público, sea disponible, accesible y se difundan de manera proactiva”.

Pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público cumplió el 20 de septiembre de 2021 un año de haber sido promulgada, no ha representado mayores avances en la materia. En el reporte “Leyes para silenciar”, publicado por IPYS Venezuela en agosto de 2022, se señalaron algunos de los aspectos controversiales de esta legislación como la ausencia de una consulta pública y plural para su aprobación, la discrecionalidad excesiva y el régimen de excepciones impreciso, entre otros puntos.