IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El anuncio del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el viernes 9 de octubre de 2025, encontró a Venezuela con un ecosistema informativo jaqueado por la hostilidad sostenida contra la prensa, la judicialización selectiva y los bloqueos. El silencio o la cobertura mínima que rodeó esta noticia en los medios nacionales no fue un hecho aislado, sino la expresión visible de una censura estructural y de una autocensura flagrante de los principales medios tradicionales del país.
Desde IPYS Venezuela expresamos preocupación por las nuevas órdenes de censura y control editorial en circuitos radiales con cobertura nacional, que han derivado en suspensiones y prohibiciones temáticas dirigidas a periodistas y programas informativos. Estas restricciones impiden abordar asuntos periodísticos de evidente interés público y se inscriben en un patrón sostenido de silencio institucional por parte de los medios tradicionales y de difusión abierta en el país.
En los últimos días se han reportado represalias contra comunicadores que mencionaron en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Estos hechos reflejan el avance de una censura estructural que condiciona la agenda informativa y borrar de la conversación pública los temas que incomodan al poder.
Pero la censura no se limita a las redacciones. Como documenta La Hora de Venezuela en su crónica “Un Nobel para la Paz que se celebra en silencio”, los ciudadanos también viven esa contención y se abstienen de expresar libremente su derecho a opinar. En Caracas, los sentimientos por el reconocimiento a Machado se manifestaron en voz baja: muchas personas expresaron orgullo y esperanza, pero también temor a mostrarlo públicamente. La nota describe un país donde incluso celebrar se percibe como un acto peligroso, y donde la censura ha permeado la vida cotidiana hasta convertir el silencio en reflejo cultural.
El mutismo mediático ante el Nobel no solo evidencia la pérdida de pluralidad informativa, sino el grado de control que el poder ha alcanzado sobre el flujo de la información y las emociones públicas. No informar se convierte en un acto que contraviene los deberes del periodismo de informar sobre noticias de interés público, y no celebrar, en una muestra de obligada prudencia política. El premio internacional, concebido como un símbolo de esperanza democrática y que fue noticia en todo el mundo, se topó con un país donde la libertad de expresión se ejerce entre rejas, amenazas y bloqueos.
A comienzos de 2025, el ejercicio del periodismo ya se encontraba bajo una presión sin precedentes. Según el reporte semestral de IPYS Venezuela, las hostilidades contra la prensa independiente se profundizaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Aquel proceso, cuestionado por la oposición y señalado por organismos internacionales como carente de garantías, desató una ola represiva que también alcanzó a periodistas y comunicadores.
Entre julio y diciembre de 2024 fueron encarcelados once periodistas, mientras que entre enero y julio de 2025 se sumaron nueve nuevos casos. Hoy, quince periodistas permanecen privados de libertad en Venezuela: ocho detenidos en lo que va de 2025, seis durante 2024 y uno desde 2022. Esta cifra, inédita en la historia contemporánea del país, refleja el riesgo real de ejercer el periodismo y las profundas carencias democráticas que atraviesan sus instituciones.
Todas las instituciones del Estado, cooptadas por el oficialismo, actúan articuladamente para imponer la censura en Venezuela. El Ejecutivo recurre al discurso estigmatizante de periodistas, el Legislativo elabora leyes restrictivas de la libertad de la libertad de expresión y el Judicial aplica el llamado Derecho Penal del Enemigo. Los procesos judiciales contra los representantes de la prensa independiente se desarrollan al margen del debido proceso y la prisión prolongada es una amenaza para todo el gremio periodístico. Estas prácticas, sumadas al retardo procesal y al uso de tribunales antiterroristas opacos, convierten el proceso penal en una forma prolongada de censura y castigo, y consolidan la prisión de periodistas como una herramienta de control político.
La censura estructural es asumida sin resistencia por los medios tradicionales de radio y televisión de señal abierta y con concesiones activas que se suman a las directrices emanadas desde las oficinas del ministerio de información y comunicación. A ella se suma la autocensura de periodistas, la cual responde al miedo alimentado por los continuos ataques y amenazas a la integridad física y la libertad personal. Muchos medios han optado por omitir deliberadamente temas considerados “sensibles”, entre ellos las violaciones de derechos humanos o las actividades de la oposición política. El silencio ante el Nobel de la Paz otorgado a Machado se inscribe en esa lógica: brindar cobertura amplia a un reconocimiento internacional de esa magnitud, que contradice la narrativa oficial de estabilidad y legitimidad, supone un costo que pocos pueden asumir.
Este episodio, uno más pero esta vez más visible, confirma la eficacia de un modelo autoritario que ha hecho del control comunicacional una herramienta de gobierno. Documentar el silencio se vuelve tan necesario como registrar la censura directa, porque permite comprender hasta qué punto el miedo, la autocensura y la represión moldean el derecho a la información en Venezuela.
