Balance IPYSve | Periodismo tras las rejas

Al inicio de 2025, el ejercicio del periodismo en Venezuela estuvo signado por la profundización de las hostilidades contra la prensa independiente en el país, incrementadas por las tensiones políticas del ciclo electoral en curso.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sobrevino una represión sin precedentes. El mismo gobierno se encargó de destacar que más de 2.000 personas habían sido detenidas, particularmente en el contexto de manifestaciones contra los resultados electorales oficiales que le otorgaron la victoria a Nicolás Maduro, a pesar de las pruebas exhibidas por la oposición sobre el triunfo de Edmundo González Urrutia. 

Esta especie de razzia contra toda persona percibida como adversaria del oficialismo, incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024. Sin embargo, la prisión contra representantes de la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel.

Antes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas, también como resultado de la persecución política que, de manera sistemática, ha desarrollado el oficialismo contra quienes se dedican profesionalmente a informar. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo y los déficits democráticos en el país.

La toma de posesión de Maduro como presidente de la República reelecto estaba prevista para el 10 de enero. El acto caldeó los ánimos nuevamente, pues se planteó la posibilidad de que González Urrutia regresara a Venezuela el 9 de enero e intentara juramentarse como presidente. Finalmente, González Urrutia permaneció en el exilio y la juramentación de Maduro se realizó sin mayores contratiempos el 10 de enero.

Sin embargo, desde el oficialismo se repitieron las versiones sobre planes de desestabilización política promovidos por la oposición, y sobre esa base, se reactivó el plan gubernamental denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el cual incluía la actuación coordinada entre agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y civiles adeptos al oficialismo para neutralizar nuevas protestas antigubernamentales. 

En el contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela registró 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y  el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.

A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo alertas oportunamente y en enero de 2025 publicó un detallado informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral, así como la aplicación de “prácticas de terrorismo de Estado”, la represión contra la prensa independiente no ha cesado.

Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos y venezolanas comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.

La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Durante los primeros meses de 2025, las organizaciones no gubernamentales venezolanas han afrontado la ejecución de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Dicha ley, aprobada en 15 de noviembre de 2024, es un instrumento adicional para la persecución por motivos políticos. Muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.

En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad perversa de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas y abusa del poder para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces  siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas. 

Panorama general 

Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.

Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.

Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones desproporcionadas como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.

Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta.

Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares. 

En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora. 

El actual escenario es el resultado de una política sistemática de erosión de las garantías informativas, que se ha venido consolidando a través de marcos normativos ambiguos, la inacción de las instituciones de justicia, y el uso instrumental del sistema penal como herramienta de castigo.

Desde 2023, en el marco del ciclo electoral, esta dinámica se ha intensificado con medidas más agresivas contra la prensa independiente. La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.

 

El aparataje judicial contra la prensa

La prisión prolongada como escarmiento es lo más distintivo de la escalada represiva contra la prensa independiente en Venezuela durante el primer semestre de 2025. Se trata de una profundización del patrón de hostigamiento judicial, que incluye el encarcelamiento de periodistas como mecanismo extremo de censura y de generación de autocensura.

Discurso estigmatizante

Por lo general, el propósito deliberado de poner a periodistas tras las rejas se origina en un discurso estigmatizante generalizado contra quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social en el país. Este modo de proceder también ha sido identificado como un patrón de agresión por organizaciones nacionales y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El discurso estigmatizante es una modalidad del discurso de odio, en tanto se fundamenta en la identidad de las personas periodistas. Inicialmente se les estigmatiza por lo que son, más que por lo que hacen. Es un mensaje erga omnes; es decir, está dirigido a todas las personas periodistas, independientemente de lo que hayan hecho. Quienes desde el oficialismo estigmatizan a los representantes de la prensa independiente en Venezuela no toleran la crítica periodística de las ejecutorias gubernamentales, aunque esté suficientemente fundamentada en hechos verificados.

En un Estado, como el venezolano, donde no existen los pesos y contrapesos que definen el sistema democrático, las personas periodistas son percibidas y tratadas como “enemigos internos” que, en una lógica militar, hay que neutralizar. La novedad es que tal neutralización se ejecuta con la saña del sufrimiento prolongado de 15 periodistas que permanecen tras las rejas, el cual se extiende a sus familiares y, aún más, a todo el gremio periodístico venezolano.

Prisión que, en algunos casos, se convierte en desaparición forzada, como el caso de Rory Branker, pues, transcurridos cinco meses de su detención, las autoridades estatales no han informado sobre su paradero y las condiciones en que se encuentra. La incertidumbre genera un duelo más inquietante.

El discurso estigmatizante fomenta una animadversión generalizada contra la prensa independiente en Venezuela, a partir de información descontextualizada y tergiversada que opera como una sentencia anticipada. Suele ser replicado y amplificado por ejércitos digitales al servicio del oficialismo en procura de legitimación de un ambiente cada vez más hostil contra las personas periodistas. 

El propósito inconfesable del discurso estigmatizante es justificar la intervención de los actores del sistema de administración de justicia venezolano, los cuales, según lo ha establecido desde 2021 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas, actúan como ejecutores directos de la persecución y represión de todas las personas percibidas como adversarias políticas, entre ellas las periodistas.

Libertad en riesgo

La detención arbitraria consiste en la privación de la libertad de una persona al margen del debido proceso establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que la libertad personal es inviolable y, por lo tanto:

“1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas.”

La norma constitucional también establece que “toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse”.

Por su parte, Naciones Unidas y, más específicamente el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ha establecido tres categorías para determinar cuándo una privación de libertad es arbitraria:

a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad.

b) cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades.

c) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario.

La detención arbitraria de personas periodistas era una práctica excepcional en Venezuela. Pero en los últimos años y, sobre todo en el contexto del ciclo electoral 2023-2025, es el rasgo más distintivo de la persecución y represión de la prensa independiente en el país.

Sobre la base de las normas nacionales e internacionales referidas, destacan las siguientes circunstancias de la detención de periodistas:

1. Generalmente se prescinde de la orden judicial, formalmente emitida por un tribunal competente, como requisito para ejecutar la aprensión.
2. En la mayoría de los casos, las detenciones no corresponden a la presunta comisión flagrante de delitos y, ni siquiera, a momentos en que la persona esté desarrollando actividades relacionadas con el ejercicio del periodismo.
3. En muchos casos, los ejecutores de las detenciones no están plenamente identificados.
4. En todos los casos, los y las periodistas detenidos son sometidos a incomunicación y a desaparición forzada que puede ser de corta o larga duración, de modo que familiares y abogados de confianza no saben de su paradero ni de las condiciones físicas y mentales en que se encuentran.
5. Por lo general, no se respetan los lapsos para que las personas periodistas detenidas sean presentadas y puestas a la orden del Ministerio Público y de un tribunal competente.

Juicio injusto

En Venezuela, el oficialismo ha construido un aparataje legislativo que restringe la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Son leyes que incluyen sanciones penales privativas de la libertad, en contravía de los estándares internacionales de protección del derecho a expresarse, a informar y a estar informado.

Una de las leyes más controversiales es la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. La Ley contra el odio ha operado como una “huida hacia adelante”, en la medida en que los agentes estatales que promueven el odio, por ejemplo, mediante el discurso estigmatizante contra periodistas, resemantiza la noción de odio en función de sus intereses y, en la práctica, para darle un barniz jurídico a la persecución, represión y encarcelamiento de los y las comunicadores sociales.

Sin embargo, lo más grave es que para el enjuiciamiento penal de periodistas se ha echado mano de otras dos nociones también resemantizadas por el oficialismo y aplicadas arbitrariamente por las autoridades judiciales: la delincuencia organizada y el terrorismo. Investigar, juzgar y sancionar a periodistas por delitos establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, impide su enjuiciamiento en libertad, pues tales delitos son considerados muy graves y acarrean penas mayores a los 10 años de cárcel. Dicho de otro modo, la prisión es un destino inevitable.

 

Por lo general, las imputaciones fiscales contra periodistas son genéricas y no se adecúan a las circunstancias de tiempo, modo y lugar específicas de cada caso. Y también por lo general, esas imputaciones son automáticamente convalidadas por los jueces de la jurisdicción especial contra el terrorismo, integrada por cinco tribunales que tienen su sede en Caracas y competencia nacional.

En Venezuela, los jueces antiterroristas operan como “jueces sin rostro”. En ningún caso, dan la cara para informar sobre sus ejecutorias. Son funcionarios poco conocidos por la opinión pública, pues no hay suficiente información disponible sobre sus trayectorias, sus modos de proceder y sus decisiones. 

En el enjuiciamiento penal de periodistas operan los mecanismos de control formales e informales sobre los jueces y juezas venezolanos, “como el uso de directivas e instrucciones por parte de los magistrados del TSJ y otros jueces con funciones administrativas, que buscan presionar a los jueces para que tomen determinadas decisiones en los casos”, según lo ha establecido la Comisión Internacional de Juristas 

Armando.Info publicó un reportaje sobre la jurisdicción antiterrorista, que “pasó a actuar como una virtual fuerza de tarea para procesar de manera expedita e implacable a cualquier persona fichada como opositora”, entre ellas periodistas. 

El medio especializado en periodismo de investigación reconstruyó la trayectoria de los jueces Carlos Liendo, Ángel Betancourt, Franklin Mejías, Joel Monjes y Edward Briceño, para demostrar que han favorecido incondicionalmente los intereses del oficialismo. En correspondencia con los hallazgos de la Comisión Internacional de Juristas, Armando.Info advirtió que estos cinco jueces siguen a pie juntillas los lineamientos que les imparte  la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Gómez Moreno, cuya sobrina fue pareja de Walter Gavidia Flores, hijo de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. 

Según la relación de hechos realizada por el equipo de Armando.Info las sentencias condenatorias son anticipadamente dictadas desde Miraflores y la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas y ex fiscal del Ministerio Público, Katherine Haringhton, se encarga de garantizar que los jueces antiterroristas las ejecutarán sin chistar.

Como los tribunales que juzgan delitos de terrorismo tienen su sede en Caracas, las personas detenidas en lugares pueden quedar sometidas a dos situaciones: 1) que los actos procesales, como la audiencia de presentación para examinar los cargos fiscales y formalizar el decreto de privación de libertad preventiva, sean realizados vía telemática, lo cual dificulta el pleno ejercicio del derecho a la defensa, y 2) que sean trasladadas a la región capital y, por lo tanto, distanciadas de familiares y personas de su entorno que podrían prestarle ayuda.

La violación del debido proceso contra periodistas detenidos y detenidas se prolonga en los tribunales porque en la mayoría de los casos no se les ha permitido ser asistidos jurídicamente por abogados de su confianza. En su lugar, se les designa un defensor público, que al ser un funcionario estatal obligado a preservar los intereses del oficialismo, no realizan una defensa efectiva de los y las periodistas, sino, por el contrario, contribuyen al propósito final de encarcelarlos.

Sin un abogado de confianza que los defienda, los trabajadores y trabajadoras de la prensa detenidos quedan en un estado de desventaja extremo, a efectos de impedir que los envíen a prisión. En el caso que se les permitiera hablar y fueran escuchados por el juez que los juzga, ningún argumento sería suficiente para librarse de la condena anticipada que, a todo evento, no corresponde a motivaciones jurídicas sino principalmente políticas.

Las personas periodistas detenidas por motivos políticos, por ser periodistas, también quedan sujetas al retardo procesal, como un vicio estructural del sistema de administración de justicia venezolano. Los lapsos para la realización oportuna de cada acto procesal se relajan y los diferimientos son habituales en perjuicio de las personas detenidas. Las razones obedecen a una burocracia ineficaz, pero también al propósito deliberado de extender el proceso judicial. De esta forma, el proceso, en sí mismo, se convierte en una condena. 

Prisión prolongada

Mientras una persona periodista permanezca en prisión, la intimidación mantiene su efecto. El aforismo reza: “nadie escarmienta en cabeza ajena”, pero es que el encarcelamiento de periodistas no es un asunto ajeno para cualquiera que ejerza la profesión en Venezuela. Quizás cobre mayor vigencia otro aforismo: “cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”.

En un estudio de IPYS Venezuela publicado el 4 de junio, el miedo a ser detenido arbitrariamente, juzgado sin garantías de defensa y encarcelado indefinidamente es el temor más recurrente entre las personas consultadas, pues los hechos recientes, sobre todo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, indican que el riesgo de prisión prolongada está latente. De hecho 11 periodistas han sido detenidos arbitrariamente durante 2025, de los cuales 8 permanecen tras las rejas. 

La prisión prolongada es una amenaza real que implica un sufrimiento prolongado, que se extiende al entorno de la persona encarcelada, así como a todo el gremio periodístico venezolano. Lo peor de la situación es que el silenciamiento total de una persona periodista mediante su encarcelamiento causa un efecto inhibitorio generalizado y, en definitiva, autocensura. De esa forma, el periodismo afronta mayores desafíos en términos de medidas de protección y estrategias de resiliencia.

Venezuela encabeza la lista de países con mayor número de periodistas presos y presas, según un reporte del Comité para la Protección de los Periodistas, publicado en enero de 2025. Para ese momento, la organización apenas contabilizaba tres periodistas venezolanos tras las rejas.

La cárcel como advertencia

En Venezuela, la detención de periodistas y comunicadores se ha convertido en una estrategia deliberada del Estado para disuadir la labor informativa, castigar el pensamiento crítico y sembrar el miedo en todo el ecosistema comunicacional. Entre enero y junio de 2025, al menos nueve trabajadores de la prensa fueron privados de libertad de forma arbitraria, sometidos a procesos penales con imputaciones desproporcionadas como terrorismo o instigación al odio, y algunos hasta bajo desaparición forzada. A estos se suman detenciones recientes de expertos y académicos que cumplen un rol clave como fuentes confiables para comprender la situación nacional. 

El uso instrumental del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad para encarcelar sin garantías a quienes informan constituye una forma extrema de censura que, además de vulnerar derechos individuales, busca enviar un mensaje ejemplarizante: quien incomode al poder, será castigado. Esta política de represión sistemática configura un entorno cada vez más adverso para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

Carlos Marcano

El 23 de mayo de 2025, el periodista y profesor universitario Carlos Marcano fue detenido arbitrariamente por funcionarios de seguridad del Estado, quienes irrumpieron en su residencia, ubicada en la urbanización Miranda del municipio Sucre, sin orden judicial.

Marcano, egresado de la Universidad Monteávila y colaborador en el área comunicacional de diversas organizaciones venezolanas, fue posteriormente señalado por el ministro Diosdado Cabello como presunto integrante de una supuesta célula opositora liderada por Juan Pablo Guanipa, acusada de planear acciones violentas durante los comicios del 25 de mayo.

El 4 de junio, tras permanecer más de una semana en situación de desaparición forzada, la madre de Marcano logró ubicarlo en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara. Sin embargo, el 5 de junio fue nuevamente trasladado, sin notificación oficial, desde la sede de Zona 7 a un destino desconocido.

El caso de Marcano evidencia la instrumentalización del aparato judicial y policial a efectos de la persecución política, especialmente en períodos electorales. Su detención busca desalentar la fiscalización periodística regional y ejemplifica los riesgos a los que se enfrentan comunicadores que abordan temas sensibles vinculados al poder político.

Nakary Ramos y Gianni González

El 10 de abril de 2025, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas ordenó la privación de libertad de la periodista Nakary Ramos, reportera del medio Impacto Venezuela, y de su esposo Gianni González, asistente de cámara. Ambos fueron acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de instigación al odio y difusión de noticias falsas, luego de la publicación de un reportaje sobre el aumento de robos en Caracas.

El contenido audiovisual, firmado por Ramos, fue criticado por el medio oficialista Venezuela News y posteriormente mencionado por el ministro Diosdado Cabello, quien anunció una “investigación profunda” sobre su difusión en redes sociales. Inicialmente se informó que Ramos sería trasladada al INOF, pero posteriormente se conoció que se encontraba detenida en una sede del CICPC, mientras que González fue recluido en el centro penitenciario El Rodeo II. La pareja tiene una hija de cinco años.

Este caso deja en evidencia el uso selectivo del sistema judicial para castigar coberturas incómodas y ejercer control sobre el discurso público. La detención de una pareja de comunicadores por la publicación de un reportaje representa una grave amenaza contra el derecho a informar e investigar, y expone los planos familiar y personal del daño que genera la represión.

Juan Francisco Alvarado

El 20 de marzo de 2025, el estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro (núcleo Araure) Juan Francisco Alvarado  fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la GNB en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó que fue acusado de instigación al odio por publicaciones críticas al gobierno en redes sociales, especialmente en Facebook.

El 25 de marzo fue presentado ante un tribunal del estado Portuguesa, que ordenó su reclusión en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de la Guardia Nacional ‘La Cascada’, ubicado en la autopista José Antonio Páez, a la altura del municipio Agua Blanca, en el estado Portuguesa.

Román Camacho

El periodista de la fuente de sucesos Román Camacho fue detenido al mediodía del 4 de marzo de 2025 en el este de Caracas, y trasladado a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Hatillo, estado Miranda. Según el SNTP, la detención estaría vinculada a su cobertura sobre un asesinato ocurrido en el barrio Petare.

El 5 de marzo fue trasladado al Palacio de Justicia para su audiencia de presentación ante el Tribunal 25 Estatal, bajo responsabilidad de la Fiscalía 61 Nacional, especializada en delitos contra el odio. Sin embargo, la audiencia fue diferida sin explicación y Camacho permaneció privado de libertad más de 48 horas. Posteriormente se conoció que  la Fiscalía le imputó los presuntos delitos de instigación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de noticias falsas.

En la madrugada del 6 de marzo, el periodista fue excarcelado bajo medidas cautelares, según confirmó él mismo en su cuenta en la red social X. Camacho indicó que “la investigación continúa” y que le fue prohibido declarar públicamente sobre el caso.

Rory Branker

El periodista Rory Branker, editor del portal informativo La Patilla, fue detenido arbitrariamente el 20 de febrero de 2025 por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Desde ese momento, por lo cual se trata de uno de los casos de desaparición forzada más prolongada. Su familia y allegados emprendieron una extensa búsqueda por distintos centros de detención, como El Helicoide (SEBIN), Maripérez (PNB), Boleíta (DGCIM) y la sede de Zona 7 (PNB), sin obtener información oficial sobre su situación.

El 25 de febrero, sus familiares intentaron presentar un recurso de habeas corpus, el cual fue rechazado sin justificación. Siete días después, el 27 de febrero, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió a Branker en su programa Con el Mazo Dando, acusándolo de extorsión y otros delitos, sin informar dónde se encontraba recluido. Un mes más tarde, volvió a hacer señalamientos públicos en su contra, pero manteniendo la opacidad institucional respecto a su paradero.

Según el informe Detenciones sin rastros publicado por Amnistía Internacional en julio de 2025, todos los intentos realizados por sus familiares, su pareja y su entorno cercano entre marzo y junio de 2025 para obtener información a través del sistema judicial y de las instancias del Ministerio Público fueron infructuosos. La organización considera que la detención de Branker podría tener como objetivo castigar al medio La Patilla, reconocido por su línea editorial crítica.

Julio Balza

El 9 de enero de 2025, Julio Balza, del equipo del Comando con Vzla, fue detenido arbitrariamente en Caracas tras cubrir una manifestación convocada por la oposición. Según denuncias de su familia, cuando Balza y su hermano salían del estacionamiento en Chacao, una camioneta les bloqueó el paso. Varios hombres con el rostro cubierto lo obligaron a descender del vehículo y subir a otro, sin presentar orden judicial. El 14 de enero, el SNTP informó que un recurso de habeas corpus interpuesto por su defensa fue rechazado por tribunales de Caracas. Al cierre de este informe, su familia continúa sin recibir información oficial sobre su ubicación ni su estado de salud.

Leandro Palmar y Belises Cubillán 

También el 9 de enero, pero en el estado Zulia, el periodista Leandro Palmar (LUZ Radio) y el asistente audiovisual Belises Cubillán fueron detenidos arbitrariamente por efectivos de la GNB mientras cubrían una manifestación ciudadana en la Plaza de la República, en Maracaibo.

Ese mismo día se reportó además la detención del periodista y profesor universitario Edinson Castro, por parte de la PNB. Castro fue liberado horas más tarde, pero la acción policial contra comunicadores durante coberturas en calle dejó evidencia de un patrón de represión inmediata contra el ejercicio informativo, especialmente en contextos de protesta.

Carlos Correa

El 7 de enero de 2025, el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, fue detenido arbitrariamente por funcionarios encapuchados y vestidos de negro cerca de las 5:00 p.m. en el centro de Caracas. Desde ese momento y durante ocho días, Correa permaneció en condición de desaparición forzada, sin que sus familiares, abogados ni colegas pudieran confirmar su paradero.

Durante ese período, el Estado negó sistemáticamente información sobre su detención, impidió el acceso a su defensa de confianza y rechazó el recurso de habeas corpus, vulnerando su derecho al debido proceso y a la comunicación con sus allegados. Recién el 15 de enero, un fiscal del Ministerio Público informó de forma verbal a su esposa que Correa había sido presentado el 9 de enero ante el Tribunal Cuarto de Control con competencia en materia de terrorismo, con defensa pública impuesta y sin acceso a expediente ni detalles sobre los delitos imputados.

En la madrugada del 16 de enero, Carlos Correa fue excarcelado con medidas cautelares, aunque no se ha informado oficialmente el alcance de dichas medidas ni se ha permitido el acceso al expediente judicial.

La detención de Correa generó una amplia movilización nacional e internacional, con pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos, gremios y figuras públicas que reconocieron su trayectoria de más de 30 años como promotor del derecho a la información y la libertad de expresión en Venezuela.

El mes de enero de 2025 marcó un punto de inflexión en la ofensiva represiva contra el periodismo venezolano. En solo cuatro días, entre el 7 y el 10 de enero —en vísperas de la juramentación presidencial de Nicolás Maduro— IPYS Venezuela documentó 25 ataques a la prensa, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas, desapariciones forzadas y restricciones de acceso a internet. Esta escalada de violencia institucional no fue un exceso coyuntural, sino una política deliberada de silenciamiento orientada a controlar el relato sobre una toma de poder profundamente cuestionada por la ausencia de garantías electorales. 

Este clima de hostilidad extrema generó un efecto inhibidor inmediato sobre la labor periodística en todo el país. Las detenciones de comunicadores durante coberturas de calle, como ocurrió el 9 de enero en al menos cinco estados, evidencian que informar en contextos de protesta es considerado una amenaza por parte del poder. El hostigamiento no se limitó al terreno físico: el bloqueo de 58 plataformas digitales, incluyendo TikTok, Telegram, servicios de DNS, VPN y el navegador Tor, demuestra que la censura también se extendió al ámbito digital para limitar el acceso a contenidos críticos y eludir la vigilancia ciudadana. Esta combinación de violencia directa y censura tecnológica configuró un entorno profundamente adverso, que busca no solo castigar a quienes informan, sino disuadir al resto del ecosistema periodístico de ejercer su labor.

En junio, las detenciones arbitrarias de los economistas Rodrigo Cabezas, Gerardo Cacique y Daniel Cadenas confirman que el hostigamiento ya no se limita a periodistas y medios de comunicación, sino que se ha extendido a fuentes expertas que ofrecen análisis fundamentales para entender la situación del país. Los economistas detenidos fueron privados de libertad sin explicaciones oficiales, en un contexto de creciente opacidad institucional.

Este tipo de persecución representa una amenaza directa al ecosistema informativo y al derecho colectivo a comprender la realidad venezolana. En medio de un contexto donde el conocimiento técnico es esencial para el escrutinio ciudadano, criminalizar a quienes producen y comparten evidencia crítica implica censurar el pensamiento riguroso y desalentar el debate público informado. Desde IPYS Venezuela, advertimos que este tipo de acciones consolidan un régimen de censura estructural que persigue no solo a quienes informan, sino también a quienes explican, analizan y contextualizan lo que el poder pretende silenciar.

De la autocensura a la cooptación

La hostilidad del oficialismo contra el periodismo independiente en Venezuela varía según los estilos personales y dinámicas particulares del ejercicio del poder político y económico en las diversas regiones y localidades del país. 

A pesar de que existen unos lineamientos generales que emanan del poder centralizado en Caracas, quienes gobiernan estados y municipios tienen cierto margen de discrecionalidad para hostigar a medios de comunicación y periodistas. 

En las regiones más distantes de la capital, gobernadores y alcaldes, y en menor medida directivos de organismos públicos descentralizados, son los que determinan a quién reprimir, cuándo, cuánto y cómo. 

“La autocensura va principalmente en temas políticos. Cuando alguna persona quiere poner una denuncia, pero de forma anónima, no la difundimos, así tengamos las pruebas y toda la información que confirma lo que se está denunciando. Si la persona no asume la denuncia en nombre propio, la omitimos por el temor que hay entre los periodistas”.

Siempre hay el riesgo adicional de que los ejecutores de la represión y, en particular, los cuerpos de seguridad de cada estado o municipio, hagan una libre interpretación de las instrucciones y causen más daño.

Para este reporte semestral, IPYS Venezuela exploró los mecanismos más frecuentes de autocensura y sus efectos en nueve estados del país. 

La autocensura emerge como una opción ante el temor bien fundado de los y las periodistas de perder la libertad. No obstante, como veremos, ello desvirtúa la función social del periodismo y conduce a dinámicas que aumentan las fallas del sistema democrático en el país y perjudican a la ciudadanía.

“Uno de los obstáculos más recurrentes es el temor a abordar temas sensibles, como el uso indebido de recursos públicos en campañas electorales. Eso no se puede tocar, porque te colocas en el foco del ataque”.

Noticias prohibidas

A veces, la censura se ejerce de manera explícita, con indicaciones de asuntos específicos que el oficialismo obliga a excluir de la oferta informativa. A veces, el mensaje es más genérico: no hablar mal del gobierno en sus ámbitos nacional, estadal y municipal, lo cual implica no hacer crítica alguna a la gestión pública en manos del oficialismo. 

Precisamente, cuando la censura se ejerce y se asume una prohibición genérica de contrariar los intereses del gobierno o del partido de gobierno, se abre espacio a una especie de sobrecumplimiento de las restricciones. Por la vía de la autocensura, queda silenciado cualquier asunto, por más intrascendente que parezca, que se supone pudiera incomodar a quienes ejercen el poder. 

“Los medios y periodistas del estado no tocan temas sociales sensibles, como el caso de tragedias naturales y sus afectaciones, a menos que inicialmente difundan informaciones oficiales. Por lo general tienen restricciones para realizar entrevistas a afectados que hagan denuncias directas con el accionar del Estado y sus funcionarios”.

En los casos más extremos, la autocensura conduce al abandono de la función social del periodismo como espacio para el debate de hechos y procesos de interés social, a efectos de que la ciudadanía disponga de mayores argumentos a la hora de ejercer su deber y derecho a participar en asuntos públicos. 

Precisamente, ciudadanos y ciudadanas son quienes más pierden. La imposibilidad de buscar y difundir información plural, verificada y contrastada conduce a un estado de indefensión ante eventuales atropellos en el ejercicio del poder y de la autoridad.

“Desde hace unos meses se evita hacer publicaciones de los procedimientos hechos por el Sebin, independientemente si se trata o no de detenciones a dirigentes de oposición”.

La lista de noticias prohibidas por el hostigamiento sistemático del oficialismo a la prensa independiente en Venezuela incluye: violaciones de derechos humanos, presos políticos, corrupción, irregularidades en procesos electorales, actividades de la oposición, opiniones e informaciones suministradas por líderes de oposición, deficiencias de servicios públicos y criminalidad fuera del control de las autoridades. Nada que pueda provocar críticas sobre el desempeño de los gobernantes será noticia.

Esquivar la responsabilidad social del periodismo y anular a priori, mediante la autocensura, las contribuciones que está llamado a hacer para la promoción y defensa de los derechos humanos profundiza los déficits democráticos en Venezuela. La libertad de expresión y el derecho a la información pierden su talante instrumental; es decir, derechos para ejercer otros derechos.

“Los filtros sobre quienes se pueden o no consultar como fuentes se acentuaron tras el proceso electoral, pero ya desde antes con las primarias opositoras del mes de octubre de 2023 había alertas en directores y periodistas sobre quiénes podrían salir o no, qué declarar y sobre qué temas hablar”.

Propaganda en vez de periodismo

La censura y la autocensura dejan vacíos que se suelen llenar con desinformación o con propaganda. En los nueve estados abordados para esta sección del balance sobre la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información, de enero a junio de 2025, encontramos que medios que tenían líneas editoriales e informativas independientes ahora forman parte del aparato propagandístico del oficialismo. 

“La autocensura no solo corresponde a una decisión individual de periodistas que buscan protegerse, pues es el resultado de una dinámica institucionalizada que se articula desde el Sistema de Comunicación del Estado. Este ente no solo difunde la gestión del gobernador, sino que controla activamente la narrativa informativa de todas las instituciones públicas, bajo la premisa de que todo lo que se comunique debe alinearse con el plan de gobierno regional”.

Además de inhibirse de difundir información que pueda poner en evidencia la responsabilidad de los agentes estatales por acciones u omisiones en el ejercicio de la gestión pública, medios y periodistas se esfuerzan por complacer a líderes y entidades gubernamentales, mediante la mayor difusión posible de información sobre los logros y avances de las autoridades nacionales, estadales y municipales.

A tales efectos, el mecanismo es sencillo: replicar información oficial sin incorporar elementos de contexto, análisis ni fuentes alternas que puedan ofrecer versiones distintas a la oficial. Esta genuflexión que desnaturaliza al periodismo afecta la posibilidad de que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la academia, puedan hacer aportes para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general y la visibilización de las inquietudes, necesidades y expectativas de grupos constituidos en función de identidades diversas.  

En definitiva, el debate público signado por la autocensura se limita a la difusión sin cuestionamientos del relato construido desde el poder nacional, estadal o municipal, en función de intereses particulares y no necesariamente en beneficio de la población.

No informar sobre asuntos de interés social es grave, pero más grave aún es solamente informar sobre lo que conviene a quienes ejercen el poder. De esta manera, el relato político oficial se amplifica y se trata de imponer como una verdad única e indiscutible, lo cual es inaceptable en sociedades auténticamente democráticas. Se trata de la noción de hegemonía comunicacional que está en la base de los esfuerzos sostenidos del oficialismo para monopolizar el control de la conversación pública en Venezuela.

“La censura no solo alcanza a los comunicadores: también se extiende a los ciudadanos que aún creen en el poder de los medios para visibilizar sus realidades. Una comunicadora que entrevistó a damnificados fue testigo de cómo, tras la publicación de la información, representantes de las autoridades locales visitaron a los entrevistados para exigirles que se retractaran. Este tipo de intimidación genera miedo y desalienta futuras denuncias. En definitiva, son invisibilizadas las problemáticas locales contadas por sus protagonistas”

En la nómina del oficialismo

En cuatro de los nueve estados explorados para el análisis de la autocensura, IPYS Venezuela documentó y verificó casos de medios de comunicación y periodistas que reciben pagos de entidades gubernamentales a cambio de sumarse al aparato de propaganda oficialista que opera en las regiones. En dichas entidades, no son casos aislados sino una política deliberada de cooptación.

“Los chavistas les dijeron que debían estar ‘del lado correcto de la historia’. A todos los periodistas de ese medio los metieron en el grupo que reciben un dinero mensualmente a cambio de no publicar denuncias ni reseñas de protestas. Desde entonces, tampoco entrevistan a políticos opositores ni acuden a actos políticos que ellos planifiquen”.

Si medios de comunicación y periodistas que antes ejercían sus labores de manera autónoma e independiente ahora aceptan recibir pagos a cambio de silenciar al periodismo y, peor, convertirlo en propaganda, constituye una situación peor que la autocensura. Se trata de una relación de supeditación determinada por el dinero. Se trata de ponerle precio a la autocensura y transformarla en un negocio.

En algunos casos, los medios y periodistas que, lamentablemente, han optado por  vender su silencio suelen involucrar a las personas que sirven como fuentes informativas. Por ejemplo, se atreven a sugerir a quienes entrevistan que se abstengan de hacer críticas al gobierno y a altos funcionarios. Otra opción es solo darle cabida a personas que, con seguridad, brindarán elogio a quienes detentan el poder. 

“En su mayoría, los medios están supeditados a los ingresos económicos que perciben por concepto de publicidad y propaganda de instituciones oficiales, principalmente de la Gobernación y las alcaldías”.

Recomendaciones

En vista de la consolidación de un patrón sistemático de criminalización del ejercicio periodístico en Venezuela, expresado en las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada temporal y la instrumentalización de leyes antiterroristas para silenciar voces críticas, IPYS Venezuela formula las siguientes recomendaciones:

Al Estado venezolano:

• Cesar de inmediato la persecución penal contra periodistas y trabajadores de la prensa, así como la criminalización del ejercicio del derecho a informar.
• Liberar a todas las personas periodistas privadas de libertad por razones vinculadas a su labor informativa, y archivar los procesos judiciales abiertos contra ellas sin base legal suficiente.
• Garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa de confianza, evitando la designación arbitraria de defensores públicos que vulneran la imparcialidad y la equidad procesal.
• Detener el uso indebido de leyes como la Ley contra el Odio y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo para imputar cargos desproporcionados a periodistas.
• Restituir plenamente las garantías constitucionales en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública y libertad de prensa.
• Investigar de manera independiente, imparcial y efectiva los casos de desaparición forzada, detención arbitraria, estigmatización y violencia contra periodistas, y sancionar a los responsables.

A organismos internacionales:

• Mantener un seguimiento activo y sostenido sobre la situación de libertad de expresión y prensa en Venezuela, con énfasis en los patrones de judicialización y represión institucional.
• Exigir al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y denunciar los casos de prisión arbitraria y desaparición forzada de periodistas ante instancias regionales y universales.
• Reforzar mecanismos de protección internacional y medidas cautelares para periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo.
• Intensificar la presión diplomática para que se libere a periodistas encarcelados injustamente y se reviertan las medidas legales que habilitan su persecución.

A medios de comunicación y periodistas:

• Actualizar y aplicar protocolos de seguridad física, digital, legal y psicoemocional ante escenarios de detención arbitraria, hostigamiento y censura.
• Documentar de forma rigurosa e inmediata cualquier forma de amenaza o agresión, y activar redes de acompañamiento jurídico y de visibilización.
• Fortalecer la articulación con redes nacionales e internacionales de apoyo al periodismo y organizaciones defensoras de derechos humanos.
• Desarrollar prácticas de resiliencia editorial y trabajo colaborativo que permitan sostener coberturas en contextos de alto riesgo sin exponer innecesariamente a equipos locales.

A organizaciones aliadas y sociedad civil:

• Aumentar la visibilización internacional de los casos de periodistas detenidos arbitrariamente, desaparecidos o judicializados, y promover campañas de solidaridad activa.
• Impulsar procesos de documentación, análisis y denuncia sistemática de las restricciones a la libertad de prensa como evidencia de violaciones estructurales a los derechos humanos en Venezuela.
• Ofrecer formación, asesoría legal y acompañamiento psicosocial a periodistas y medios perseguidos, especialmente en regiones donde el aislamiento y la autocensura son más profundos.
• Reforzar las alianzas entre actores del movimiento de derechos humanos y del periodismo independiente, con una agenda común para la defensa de las libertades informativas y la reconstrucción del espacio cívico.