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Abusos de poder impiden cobertura informativa de denuncias ciudadanas | Balance semanal

Restricciones en la cobertura informativa, amenazas verbales y detenciones arbitrarias a reporteros marcaron las limitaciones a las libertades informativas durante la tercera semana de julio de 2018 | En Lara se agotan los inventarios de papel El Informador y La Prensa | Robo de equipos dejó sin Internet y servicio telefónico móvil y fijo a los usuarios de Cantv y Movilnet en Guatire y en la parroquia Santa Maria de Cariaco, estado Sucre

Nueve casos de abuso de poder de funcionarios de seguridad del Estado, robo de equipos de telecomunicaciones, agresiones verbales a periodistas e incidentes que afectan el ejercicio periodístico en cuatro estados del país vulneraron la libertad de expresión durante la tercera semana de julio, según el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.

En los estados Lara y Trujillo hubo restricciones arbitrarias de acceso a la información pública a periodistas que cubrían protestas intergremiales para exigir aumentos salariales y mejores condiciones de vida. Pero además los impresos El Informador y La Prensa de Lara se vieron obligados a reducir sus días de circulación por falta de papel.

Funcionarios de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hicieron uso abusivo del poder que vulneró los derechos de periodistas y actores políticos en Caracas y Carabobo.

En materia de telecomunicaciones, como consecuencia del robo de equipos y cables de fibra óptica, hubo una suspensión temporal de los servicios de Cantv y su filial de telefonía móvil, Movilnet, que dejó sin Internet y servicio telefónico móvil y fijo a los usuarios de Guatire, estado Miranda, y la parroquia Santa Maria de Cariaco, estado Sucre.

Carabobo | Gobierno inició persecución política contra  Neidy Rosal

La exdiputada del Consejo Legislativo del estado Carabobo, Neidy Rosal, denunció el martes 24 de julio que el Gobierno inició un proceso de persecución política en su contra.

Rosal dijo a través de una nota de prensa que están violando sus derechos fundamentales de participación política aprovechando que ya no cuenta con inmunidad parlamentaria, y una vez que cesó sus funciones en el Consejo Legislativo fue inhabilitada por la Contraloría General de la República por un período de tres años, según señala la resolución 01.00-000393 de fecha 26 de junio de 2017.

La diputada explicó que estas acciones son consecuencia de denunciar hechos de corrupción ante distintos órganos del Estado, señalando que se le pretendía inhabilitar conforme a una Ley que fue anulada por el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en tanto que la Sala Constitucional “declaró la nulidad absoluta de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los altos funcionarios del Poder Público por razones de inconstitucionalidad”, de acuerdo con la sentencia N° 686 del 14 de Agosto de 2017.

“Existe una retaliación por el trabajo realizado en contra de la corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales”, señaló Neidy Rosal, quien  el 31 de mayo de 2018 interpuso una denuncia formal frente a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, de fecha 31 de mayo de 2018.

En el documento se detallan todas las actuaciones de Rosal dentro de sus funciones parlamentarias frente a los hechos de corrupción y las violaciones de derechos humanos fundamentales, como la libertad, la alimentación y la educación.

“En vez de investigar al denunciado, se acosa al denunciante a través de la inhabilitación, discriminación y cercenamiento de sus derechos políticos”, declaró Rosal al final del comunicado.

IPYS Venezuela condena enérgicamente las acciones estatales de intimidación y persecución que atenten en contra de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos, así como de aquellos que buscan promover y proteger los derechos humanos fundamentales de todos los venezolanos en el país. Estas actuaciones sólo vulneran las garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión.

Trujillo | Retienen a periodistas en hospital de Valera durante visita del gobernador

Periodistas de distintos medios de comunicación fueron retenidos en el Hospital Central de Valera, estado Trujillo, cuando el gobernador de esa entidad, Henry Rangel Silva, estaba siendo abucheado por los familiares de los pacientes el jueves 19 de julio. El hecho fue reportado por periodistas y medios de la región a través de la red social Twitter.

El Diario de Los Andes denunció la situación en su cuenta de Twitter (@diariodlosandes), e incluyó un vídeo en el que los periodistas denuncian que están encerrados mientras transcurre la visita del gobernador.

Ese día se llevó a cabo la reinauguración del área de medicina interna del hospital. No obstante, durante el evento los pacientes y familiares decidieron protestar por la escasez de insumos médicos y el estado de deterioro en el que se encuentra el centro de salud.

Aunque es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de acceso a la información de interés público que tienen los periodistas, al menos 62 casos de uso abusivo del poder estatal durante la cobertura periodística han sido registrados por IPYS Venezuela en lo que va de año. También se han contabilizado 27 limitaciones de acceso a la información pública.

Caracas | Impiden cobertura de protesta al periodista Pedro Leal

El miércoles 18 de julio, durante una protesta de pensionados y jubilados en la Avenida Urdaneta, ciudad de Caracas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que estaban acordonando la zona instaron al periodista Pedro Eduardo Leal a que dejara de de cubrir la manifestación. Así lo denunció el reportero a través de su cuenta de Twitter (@PedroELeal).

En la protesta los ciudadanos obstaculizaron el tránsito en ambos sentidos para reclamar porque en las agencias bancarias solo les están cancelando Bs 2.000.000 en efectivo, de los Bs 8.400.000 que el Gobierno destinó para los pensionados este mes.

IPYS Venezuela rechaza las limitaciones arbitrarias por hostilidad del gobierno, que constituyan una violación del derecho de acceso a la información pública y atenten contra el deber de informar de los periodistas.

Amazonas | Solicitud de información sobre el Arco Minero aún sin respuesta

El domingo 22 de julio, la asociación civil Espacio Público denunció, a través de su cuenta de Twitter (@espaciopublico), que el Estado venezolano todavía impide el acceso a la información sobre el Arco Minero del Orinoco. Pese a las solicitudes realizadas en 2016 por esa organización en conjunto con una serie de integrantes de pueblos indígenas de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y de una demanda realizada el 17 de junio de ese mismo año contra el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, y la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal –ambos en el cargo para ese entonces– , hasta el día de hoy, 23 de julio de 2018, no ha habido una respuesta por parte de los funcionarios de ambos ministerios.

En una nota de prensa publicada por Espacio Público en noviembre de 2016, la organización explica que las peticiones realizadas a los ministerios de Ecosocialismo y Aguas, así como al de Pueblos Indígenas se refieren a las actividades de minería ilegal, a la ejecución del proyecto del Arco Minero y cómo este afecta a los pueblos indígenas, además de la constante discriminación que sufren estos grupos por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El derecho  de acceso a la información pública está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de acuerdo con el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas las personas tienen el derecho de acceder a la información en poder del Estado. “Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”. De igual manera, el principio 2 establece que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de comunicación e información.

Sucre | Dos locutores en Carúpano fueron amedrentados por el Gobernador

Pedro Miguel Olivier, productor y conductor del programa “Aquí está Pedro Miguel”, transmitido de lunes a viernes entre las 11:00 a.m. y 2:00 p.m. y Raúl Lira, productor y conductor del programa “Un Cafecito con Lira”, al aire de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. de lunes a viernes,  denunciaron amedrentamiento por parte del gobernador de la entidad, Edwin Rojas.

La mañana del miércoles 4 de julio, los locutores Pedro Miguel Olivier y Raúl Lira, moderadores de dos programas de opinión transmitidos por la emisora Solar 101.5 FM en Carúpano, capital del municipio Bermúdez en el estado Sucre, recibieron la visita de funcionarios funcionarios policiales vestidos de civiles, que acudieron a la sede de la emisora en Carúpano.

Los funcionarios policiales, dijo Lira, solicitaron copias de los programas recientes de ambos locutores, y les anunciaron que serían llevados “ante el Gobernador”. El propietario de la emisora Solar 101.5 FM, Alido Hernández, se negó a entregar copias de los programas ante la falta de documentación oficial por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Lira indicó que ese mismo día, miércoles 4 de julio, la emisora salió del aire por fallas técnicas. “No sabemos por qué ocurrieron las fallas y los técnicos no han podido solucionarlas. Es algo que escapa de la emisora”, explicó.

Desde el mes de febrero de 2018, según Lira, el mandatario regional habría solicitado la salida del aire de los dos programas de opinión, y el propietario de la emisora Solar 101.5 FM recibió amenazas de confiscación de la empresa.

Los locutores que están cesantes desde la visita de los policías, ni pueden desempeñar labores en otras estaciones radiales. “Los propietarios de otras emisoras no quieren contratarnos por temor a represalias del Gobernador”, dijo Lira.

Lara | Dos periódicos disminuyen circulación por falta de papel

El Informador de Barquisimeto, periódico fundado hace 50 años, redujo por segunda vez en el año sus días de circulación. Desde la segunda quincena de julio sale a la calle solo de miércoles a domingo, con el objetivo de ahorrar los insumos que se agotan, puesto que la última provisión de bobinas de papel periódico les fueron despachadas en el mes de marzo.

Desde la Corporación Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), único importador autorizado a recibir dólares preferenciales para importar materia prima para la impresión de periódicos, no ha habido respuesta a las peticiones por escrito.

Tampoco fueron atendidos los representantes de El Informador, cuando se trasladaron hasta la sede del CEAM, ubicada en Caracas. Ya en el mes de febrero habían anunciado una reducción del tiraje y la eliminación de dos días de circulación: viernes y sábado. Ahora la circulación estará limitada desde el domingo hasta el miércoles, hasta agotarse la existencia del papel. A lo sumo, informaron, podrán continuar dos a tres semanas.

Insumos como planchas y tintas, que también debería importar la Corporación Maneiro, tampoco han sido despachadas. El costo en el mercado paralelo de estos materiales hacen inviable la continuidad de la impresión de los diarios.

La diáspora también ha afectado a los medios de comunicación tradicionales, por las continuas renuncias, a pesar del esfuerzo de algunas empresas de hacer aumentos de salarios frecuentes.

La Prensa de Lara ha sido otro medio afectado por la falta de suministros de insumos a través del CEAM, razón por la cual también ha tenido que reducir en dos ocasiones los días de circulación durante el año 2018. A partir del 24 de febrero dejó de circular los días sábado, porque “el cupo asignado por el gobierno no es suficiente para garantizar las operaciones los siete días de la semana”, según refleja el editorial publicado en esa ocasión.

A mediados de julio anunciaron un nuevo recorte. La Prensa de Lara se queda sin la edición dominical. Desde la Corporación Editorial Alfredo Maneiro no han tenido respuesta sobre el despacho de insumos para la impresión del periódico. Ahora saldrá solo de lunes a viernes, según explica Luis Grisanti, director del medio de comunicación, quien mencionó que los inventarios de papel se agotan.

Nicolás Maduro, en sus alocuciones, refirió que “están haciendo esfuerzos para traer papel” y prometió reactivar la planta de fabricación de pulpa de papel en el país, sin embargo las respuestas directas de la CEAM a los dueños de periódicos ha sido nula.

Los trabajadores y directores de estos medios viven en incertidumbre, mientras el inventario se agota.

“Es una situación generalizada de todos los diarios del país, cada semana vemos como deja de circular un periódico. Mientras la dependencia sea exclusiva de la CEAM la situación será difícil, porque no hay información de cuándo va a llegar el papel”, aseveró Grisanti.

Derechos digitales 

Guatire | Incomunicado por falta de servicio de Netuno y Cantv

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) ha sufrido varios robos de cables de fibra óptica en todo el país, y en el estado Miranda se repite el hecho por segunda vez en el año. Según información del El Pitazo, este hecho ocurrió nuevamente en el municipio Zamora de Guatire –primero en agosto de 2017 y luego en mayo y junio de 2018– para un total de tres meses sin servicio telefónico y de Internet.

Los habitantes aseguraron que Cantv no ha respondido ante la problemática y que no ofrecen ningún tipo de soluciones por la escasez de técnicos y materiales para reparar las averías. La empresa estatal pide a los ciudadanos “paciencia” ante la larga espera. A su vez, por la misma situación de estar incomunicados, muchos de los vecinos adquirieron servicios de la compañía Netuno para solventar el problema. Sin embargo, los mismos denunciaron que el servicio es deficiente porque es frecuente la desconexión del Internet, y además tampoco dan respuestas ante las solicitudes de reconexión por las fallas.

En el transcurso de 2018 IPYS ha registrado 31 alertas de violaciones a los derechos digitales, al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión de los ciudadanos. Tres de estos casos fueron por restricciones de acceso a Internet, bloqueo de DNS a un medio digital e interrupción a los servicios de telecomunicación por parte  de Cantv.

Cumplidos 20 días del mes de julio, Cantv no ha respondido a los usuarios por lo que se estima que este será el cuarto mes del municipio Zamora sin comunicación de telefonía fija y sin servicio de Internet.

Sucre | Robo de equipos Cantv y Movilnet dejó incomunicados a pobladores

Desde el 9 de julio de 2018, la parroquia Santa Maria de Cariaco, un poblado rural en el municipio Ribero, al oeste del estado Sucre, carece de servicio telefónico móvil y fijo dispensado por la empresa gubernamental de telecomunicaciones Cantv y Movilnet, su filial de telefonía móvil.

Según reportó el periodista Félix Bejarano desde Cariaco, ocurrió un desmantelamiento de la estación tecnológica instalada en la región cercana de Sabana de Piedra, en el estado Monagas, sitio desde el cual se emite la señal que da cobertura a varias poblaciones de la parte alta de Ribero, al oeste de la entidad que limita con Monagas.

Bejarano corroboró la información con residentes de Santa María de Cariaco, ubicado a unas dos horas de Cumaná, la capital de la entidad. Uno de los habitantes del poblado afectado, Gustavo Farías, explicó que la comunicación telefónica sólo se realiza si los usuarios se trasladan hasta las poblaciones de Caripe en el estado Monagas, a una hora de Santa María o en Cariaco, a una hora del poblado, pero en Sucre.

Sin embargo, planteó que para los usuarios es difícil acceder a los poblados cercanos para hacer llamadas telefónicas o conectarse a Internet, debido al alto costo de los pasajes en transporte público y a la dificultad para obtener dinero en efectivo, única modalidad de pago para este sistema de transporte.

Los usuarios consultados instan a que Cantv y Movilnet repongan los materiales y equipos robados, que ocasionaron caída del servicio que hasta este jueves 19 de julio sumaba diez días.

 

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