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La periodista Zuleyka Rosales y los reporteros gráficos Luis Ovalles y Félix Barreto, además de los trabajadores Diana Ochoa, Alexis Monasterios y Marcos Torres, todos empleados del diario El Siglo de Maracay resultaron agredidos durante una medida de desalojo por parte de la Juez Ismelda Mendia Villegas y un juez del municipio Girardot, en el estado Aragua, según orden del juez IV civil, Mazzei Rodríguez.
El procedimiento judicial se llevó a cabo el miércoles 27 de julio aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana, cuando funcionarios del tribunal acompañados de efectivos de la Policía de Aragua y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpos de seguridad del Estado, ejecutaban el desalojo de un terreno de unos 4.700M2, que le ha servido de estacionamiento a la sede del diario el siglo por muchos años y que el ciudadano Félix Manuel Tineo arrendó a la empresa editora.
Mientras se ejecutaba la medida, trabajadores, periodistas y reporteros gráficos del medio salieron a dar cobertura al evento, cuando una funcionaria del tribunal, aparentemente la secretaria de la jueza, agredió físicamente a la periodista Zuleyka Rosales. Ante ello, trabajadores del siglo salieron en defensa de la periodista, lo que resultó en más agresiones, esta vez, por parte de un funcionario que mordió la muñeca derecha de Diana Ochoa, adscrita al departamento de Recursos Humanos.
Durante el forcejeo, ambos funcionarios intentaron arrebatarle la cámara fotográfica al reportero Félix Barreto y lanzaron contra el piso un teléfono y una cámara de video que portaba Alexis Monasterios, adscrito al portal web del diario El Siglo.
El jefe de seguridad del medio, Marcos Torres también resultó agredido, mientras que al reportero gráfico Luis Ovalles, le arrebataron su credencial sin que se la hayan devuelto.
Con procedimiento viciado secuestraron parte de las instalaciones de elsiglo: https://t.co/O556OJDHYI vía @YouTube
— elsiglocomve (@elsiglocomve) 27 de julio de 2016
Gisela Tabares, Gerente de administración del diario el Siglo, junto a otros directivos, intentaron mediar durante el procedimiento en el que a decir de la periodista Andreina León, reportera de deportes en el medio y miembro de la junta directiva del CNP Aragua, fue ejecutado en medio de mucha agresividad por parte de los funcionarios del ministerio público, impidiendo en todo momento el trabajo reporteril.
Los agraviados acudieron a la sede del CICPC en Maracay para formular la denuncia y solicitar una revisión por parte de la medicatura forense. Posteriormente se trasladaron hasta la sede del Ministerio Público en la región para materializar la denuncia en contra de los funcionarios del tribunal 3ero de control de ejecución del estado Aragua.
El Siglo, publicó en horas del mediodía, en su portal web, que la “orden fue ejecutada con procedimientos viciados, que obligarían al diario, a desocupar parte de las instalaciones y a colocar candados para impedir el acceso y salida de la misma.”
Este hecho representa una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público por hostilidad de los funcionarios de los organismos de justicia vinculados a agresiones físicas.
IPYS Venezuela hará seguimiento.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, IPYS Venezuela registró al menos 31 agresiones físicas contra trabajadores de medios en el cumplimiento de sus funciones. Para el mismo período se registran 36 limitaciones de acceso a la cobertura de calle por hostilidad de funcionarios policiales y de inteligencia.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Por su parte, el numeral 9 establece que los hechos intimidatorios coartan severamente la libertad de expresión.
