martes , abril 30 2024

Alerta IPYSve | Efectivos del CICPC limitaron cobertura periodística en Nueva Esparta

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Porlamar, en el estado Nueva Esparta, impidieron a reporteros de 10 medios de comunicación hacer fotos y videos a unos 50 metros de la sede policial durante un motín que estaba ocurriendo en los calabozos de esa institución el jueves 15 de febrero.

Los afectados por esta limitación a su trabajo informativo fueron los periodistas Silvimar Campos (Canal i, Impacto Venezuela); Mario Guillén (Noticias Todos Ahora, Atarraya); Gustavo Novoa (Notiespartano); María Marcano (Venevisión); Nelmary Salazar (Globovisión); Lisbeth Miquilena (Televen); Ana Carolina Arias (VPItv, Reporte Confidencial) y el camarógrafo Lenis González (Televen, Globovisión).

Cuando se supo del motín, los reporteros Silvimar Campos y Mario Guillén fueron al sitio, notaron que el área estaba limitada y los funcionarios les dijeron que no podían filmar ni hacer imágenes. Los familiares de las personas privadas de libertad, que estaban en el lugar, también pidieron no ser grabados y argumentaron que los detenidos podrían sufrir represalias si ellos salían en los medios de comunicación.

Minutos después llegaron los reporteros Lisbeth Miquilena, Ana Carolina Arias, María Marcano, Gustavo Novoa y Lenis González, y los oficiales reiteraron que no podía hacerse ninguna imagen del área y dijeron que era mejor que se retiraran hasta que alguna autoridad declarara sobre la situación. 

Ante la limitación de acceso, los trabajadores de la prensa decidieron tomar los registros audiovisuales a aproximadamente 150 metros de la entrada de la sede. Aunque los funcionarios comunicaron la instrucción de buena manera, tener que grabar desde lejos obstaculiza la labor informativa porque a esa distancia se pueden perder detalles de lo que ocurre, así como la oportunidad de entrevistar a fuentes pertinentes en el momento.

IPYS Venezuela rechaza esta restricción del trabajo noticioso por parte de efectivos de cuerpos de seguridad del Estado. Es deber de los funcionarios públicos garantizar el acceso a la información pública, en especial durante la cobertura de hechos de interés colectivo. 

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