IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El periodista Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, detenido arbitrariamente el 20 de febrero de 2025, permanece privado de libertad. Desde su detención, su caso ha estado marcado por opacidad institucional, desapariciones forzadas reiteradas y criminalización del ejercicio periodístico.
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Branker ha estado en desaparición forzada en al menos dos oportunidades. Tras permanecer detenido en El Helicoide, luego en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7), fue trasladado sin notificación previa a sus familiares ni abogados, y actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua.
Se conoció que la Fiscalía le imputó los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y conspiración, acusaciones graves y desproporcionadas que han sido utilizadas de forma recurrente para silenciar voces críticas y justificar la persecución penal contra periodistas y comunicadores.
Desde el momento de su arresto, el caso de Branker ha evidenciado múltiples irregularidades. Su detención estuvo acompañada de un allanamiento sin orden judicial en su residencia, durante el cual funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) incautaron equipos de trabajo y pertenencias personales.
El 26 de febrero de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó públicamente que el periodista era investigado por presunta extorsión y difusión de información falsa, sin presentar pruebas, reforzando un discurso estigmatizante que expone a periodistas a mayores riesgos y legitima su persecución.
Para Alberto Federico Ravell, cofundador y director de La Patilla, la detención de Rory Branker no es un hecho aislado, sino una estrategia de presión política contra el medio y su línea editorial. Ravell ha calificado a Branker como un “rehén”, denunciando la incomunicación, la ausencia de garantías judiciales y el impacto personal y familiar que ha tenido su detención prolongada.
La permanencia de Rory Branker en prisión ocurre en un contexto en el que el Estado venezolano ha anunciado excarcelaciones selectivas, presentadas como gestos de distensión política frente a presiones internacionales. IPYS Venezuela ha advertido que estas liberaciones no responden a un cambio estructural en las prácticas represivas, sino a decisiones coyunturales vinculadas a negociaciones políticas, mientras otros periodistas y ciudadanos continúan detenidos arbitrariamente o sometidos a procesos penales injustos.
IPYS Venezuela rechaza de forma categórica la detención arbitraria, las desapariciones forzadas, los traslados sin notificación y la imputación de delitos infundados contra Rory Branker. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, vulneran el derecho a la libertad de expresión y forman parte de una estrategia de intimidación y castigo ejemplarizante contra quienes ejercen labores informativas en el país.
IPYS Venezuela exige al Estado venezolano informar de manera inmediata y transparente sobre la situación jurídica y las condiciones de reclusión de Rory Branker, garantizar su integridad física y psicológica, permitir el acceso pleno a sus abogados de confianza y cesar la criminalización del ejercicio periodístico.
